TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 681/2015         - L                                                                 Sucre:         13 de agosto 2015                                                                         Expediente:         LP-106-11-S                                                            

Partes: Basilia Paucara Mamani.         c/ Alfredo Mamani, Valentín Ibáñez Mamani y

            Máxima Mamani de Ibáñez

Proceso: Reivindicación, restitución y Entrega.                                

Distrito: La Paz.

VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 321 a 332, interpuesto por Valentín Ibáñez Mamani por sí y en representación de Máxima Mamani de Ibáñez, y el de fs. 334 a 343 y vta., interpuesto por Alfredo Mamani contra el Auto de Vista Nº S-331/11 de fecha 22 de Junio de 2011, cursante de fs. 312 a 314 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de Reivindicación, seguido por Basilia Paucara Mamani contra Alfredo Mamani y otros, la concesión del recurso de fs.350; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, emitió la Sentencia Nº 432/2009, de fecha 22 de diciembre de 2009, cursante de fs. 261 a 262 y vta., declarando PROBADA la demanda de fs. 25 a 26 de obrados, consiguientemente dispuso que los demandados Alfredo Mamani, Valentín Ibáñez Mamani y Máxima Mamani de Ibáñez, restituyan el inmueble lote signado con el N° 6 del manzano N°104 con una superficie de 248 mts2., ubicado en la urbanización  Amig Chaco de El Alto a su propietaria Basilia Paucara Mamani, en un plazo de 10 días de ejecutoriada dicha resolución bajo alternativa de expedirse el mandamiento de desapoderamiento en caso de negativa. Con costas.

Contra la referida Sentencia, Alfredo Mamani y Valentín Ibáñez Mamani, interpusieron Recurso de Apelación cursante de fs. 266 a 268 y vta., y de fs. 271 a 278 y vta., respectivamente.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº S-331/11 de fecha 22 de Junio de 2011, cursante de fs. 312 a 314 y vta., por el que CONFIRMÓ la Sentencia recurrida, así como la Resolución N° 273/08 de fs. 71 y las providencias cursantes a fs. 62, 127, 151 vta., y 153 de obrados, con costas. Asimismo, dicho Tribunal ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda, por Alfredo Mamani, Valentín Ibáñez Mamani y Máxima Mamani de Ibáñez, emitió el Auto de fecha 28 de Julio de 2011, cursante a fs. 318, por el que dispuso no ha lugar a dicha solicitud.

Resoluciones que dieron lugar a los Recursos de Casación, interpuesto por Valentín Ibáñez Mamani por sí y en representación de Máxima Mamani de Ibáñez y Alfredo Mamani; el mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del recurso de casación de Valentín Ibáñez Mamani y Máxima Mamani de Ibáñez:

En el fondo:

Acusan una errónea e incorrecta interpretación de los arts. 1453 y 87 del Código Civil por haber dispuesto la procedencia de la reivindicación sin que se haya cumplido uno de los requisitos sine quanon cuál es la demostración de la pérdida de la posesión, refiriendo que la parte actora nunca estuvo en posesión del señalado bien inmueble, por lo que señalan que no podría haber pedido la reivindicación de algo que no ha poseído.

En la forma:

Acusan que el Auto de Vista recurrido que confirma la Sentencia de primera instancia, no responde a los términos de la demanda, existiendo vulneración del art. 190 y 236 del Adjetivo Civil, arguye que la parte actora demanda la reivindicación, restitución y entrega del terreno objeto de la litis, sin embargo a dicha pretensión, los de instancia habrían fallado disponiendo la restitución de la entrega del inmueble, bajo alternativa de expedirse mandamiento de desapoderamiento en caso de incumplimiento.

Aducen que la demanda es oscura, ambigua y contradictoria, porque la parte actora no hizo referencia alguna de haber estado en posesión del inmueble objeto de la litis, requisito que sería necesario para la procedencia de la reivindicación, empero, acusa que el Juez A quo en vez de admitir la demanda debió solicitar se aclare la misma.

Denuncian que el Juez A quo al dictar el Auto de Relación Procesal no señaló que la parte demandante demuestre haber perdido la posesión del inmueble.

Acusan que el Tribunal de Alzada no cumplió con su labor fiscalizadora al no haber subsanado las omisiones expuestas supra.

Denuncia que el Tribunal Ad quem, vulneró el art. 24 núm. 3) de la Ley 1760 al haber desestimado los recursos de apelación en el efecto diferido interpuestas a fs. 72-73 subsanada a fs. 78, el de fs. 80-83 y el de fs. 155 a 156. 

Por las razones expuestas solicita anular obrados o alternativamente casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda cursante de fs. 25 a 26 de obrados.

Del recurso de casación de Alfredo Mamani:

En la forma:

Denuncia vulneración del art. 190 del Código de Procedimiento Civil porque el Tribunal de Alzada al confirmar la resolución recurrida confirmó el hecho de expedirse el mandamiento de desapoderamiento, extremo que acusa que no fue solicitado en la demanda por la parte actora.

Acusa la inobservancia del art. 333 del Adjetivo Civil, porque al ser la demanda oscura y contradictoria el Juez A quo no observó la demanda y admitió la misma 

Denuncia que el Juez A quo no señaló en el Auto de Relación Procesal que la parte demandada demuestre haber estado en posesión del bien inmueble objeto de la litis, requisito que considera indispensable para la procedencia de la acción de reivindicación.

Señala que el Tribunal de Apelación no cumplió con su labor fiscalizadora, pues refiere que no subsanó los errores anteriormente señalados.

Refiere que los jueces de segunda instancia vulneraron el art. 24 num. 3) de la Ley 1760 por haber desestimado los recurso de apelación en el efecto diferido interpuestas a fs. 72-73 subsanada a fs. 78, el de fs. 80 A 83 y el de fs. 155 a 156. 

En el fondo:

Acusa que el Tribunal de Alzada realizó una incorrecta y errónea interpretación del art. 1453 del Código Civil, arguyendo que no correspondía declarar la procedencia de la reivindicación sin que se haya cumplido uno de los requisitos sine quanon que sería la demostración de la perdida de la posesión.

Por las razones expuestas solicita anular obrados o alternativamente casar el mismo y deliberando en el fondo declarar improbada la demanda cursante de fs. 25 a 26 de obrados.

CONSIDERANDO III:                                                         FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En virtud del análisis de los recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestos por Valentín Ibáñez Mamani por sí y en representación de Máxima Mamani de Ibáñez, así como el interpuesto por Alfredo Mamani, se advierte que los mismos, contienen los mismos reclamos tanto en el fondo como en la forma, por lo que se resolverá los mismos de manera conjunta. En ese sentido se ingresará a considerar previamente los reclamos acusados en la forma, toda vez que de ser evidentes los mismos ya no será necesario considerar los reclamos expuestos en el fondo:

En la forma:

Respecto a la vulneración de los arts. 190 y 236 del Adjetivo Civil, porque la parte actora únicamente habría pretendido la reivindicación, restitución y entrega del terreno y no así la emisión de un mandamiento de desapoderamiento, sobre el particular debemos señalar que al ser la acción reivindicatoria una acción de defensa del derecho propiedad, esta cuando es declarada probada, el Juez de la causa con la finalidad de que dicha resolución sea cumplida a cabalidad y pueda consiguientemente el titular del derecho propietario que se reivindicó, ejercer este su derecho plenamente, con la única finalidad de asegurar el cumplimiento efectivo de la resolución emanada, puede disponer la emisión de dicho mandamiento de desapoderamiento, el cual conforme a lo señalado en la parte resolutiva de la Sentencia de primera instancia, la cual fue confirmada por el Tribunal de Alzada, está sujeta a una condición de que la parte perdidosa no entregue el bien reivindicado dentro de un determinado plazo. Por lo tanto el hecho de que se haya dispuesto la emisión de dicho mandamiento no vulnera los artículos citados supra, al ser el mismo una consecuencia lógica de la pretensión de la parte actora que es recuperar la posesión de la cosa.

Con relación a que la demanda sería oscura, ambigua y contradictoria, razón por la cual el Juez A quo debía observarla y no así admitirla; corresponde señalar que el proceso se encuentra conformado por etapas que se abren y cierran en forma correlativa, impidiendo retrotraer el trámite a etapas que concluyeron, siendo esta una característica propia del proceso que se encuentra consagrado en el principio de preclusión, sobre cuya base se determina que si las partes no hicieron uso de un derecho procesal oportunamente, deviene la pérdida de esa facultad, que luego no puede ser alegada ni usada en otra etapa del proceso; es así que, si los recurrentes consideraban que dicha demanda tenía las características acusadas, ellos conforme lo establece el art. 336 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, debieron interponer la excepción de oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda, empero conforme a la revisión de obrados se tiene que los mismos, únicamente interpusieron la excepción de falta de acción y derecho de la demandante, por lo que la etapa en la cual debieron haber acusado dicho extremo precluyó.

Respecto a la desestimación de los recursos de apelación que fueron concedidos en el efecto diferido e interpuestas de fs. 72 a 73 subsanada a fs. 78, de fs. 80 a 83 y de fs. 155 a 156; conforme a la norma que consideran vulnerada, es decir el art. 24 num. 3) de la Ley 1760, se tiene que al haber sido declaradas improbadas las resoluciones contra las cuales interpusieron recurso de reposición con alternativa de apelación, estas fueron concedidas de manera correcta en el efecto diferido, empero las mismas al haber sido confirmadas por el Tribunal de Alzada, por las razones expuestas en la resolución recurrida, los reclamos que versan sobre las mismas, no admite recurso de casación, como es el caso de la objeción al Auto de Relación Procesal, toda vez que no se encuentran comprendidas dentro de ninguna de las causales de procedencia establecidos en el art. 255 del Adjetivo Civil.

Finalmente, con relación a que el Tribunal de Apelación no habría cumplido con su labor fiscalizadora, debemos señalar que por las razones expuestas supra, dicho Tribunal no incumplió dicha labor pues en base al análisis de cada reclamo que fue formulado, se concluyó que los mismos carecen de sustento pues en la tramitación del presente proceso, conforme a lo señalado, los errores acusados no resultan ser evidentes.

De esta manera, por las razones expuestas en lo referente al recurso de casación en la forma, corresponde fallar conforme lo prevén los arts. 271 num. 2 y 273 del Adjetivo Civil.

En el fondo:

Respecto a la vulneración del art. 1453 del Código Civil, corresponde señalar entre las acciones de defensa de la propiedad tenemos a la acción reivindicatoria, acción que nuestra normativa civil, en el artículo acusado como vulnerado, en el parágrafo I refiere que: “El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, entendiéndose consiguientemente a la reivindicación como aquella acción real que permite al propietario el reconocimiento de su derecho y a consecuencia del mismo la entrega de la cosa, en ese sentido uno de los requisitos que hace viable la procedencia de dicha acción es la existencia del derecho de propiedad sobre la cosa que se pretende reivindicar de quien la posee, derecho propietario que conforme lo refiere el art. 105 del Código Civil, le permite usar, gozar y disponer de la cosa, lo que da lugar a la posesión civil o “ius possidendi” y a la posesión corporal o “jus posesionem”, pudiendo esta última ser o no ejercida por el titular del derecho propietario, por lo que no resulta necesario que quien pretenda reivindicar deba estar en posesión física de la cosa, puesto que el derecho propietario, que debe ser demostrado como ya se señaló anteriormente, le otorga la posesión civil que basta para reivindicar su propiedad, extremo que se encuentra inmerso en varios Autos Supremos como en el Nº 80 de 04 de noviembre de 2004 pronunciado por la Sala Civil Segunda, entre otros, el cual refiere: “En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…”.

En ese sentido, la determinación asumida por el Tribunal de Alzada de confirmar la Sentencia de primera instancia, resulta correcta, pues al haber demostrado la parte actora su derecho propietario sobre el bien inmueble objeto del litigio que se encuentra ocupado por terceros, la misma resulta procedente, careciendo consiguientemente de sustento lo acusado por los recurrentes respecto a la vulneración del art. 1453 del Sustantivo Civil.

Por las razones expuestas, el recurso de casación en el fondo resulta también infundado, correspondiendo fallar en la forma prevista en los arts. 271 num. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 321 a 332, interpuesto por Valentín Ibáñez Mamani por sí y en representación de Máxima Mamani de Ibáñez, y el de fs. 334 a 343 y vta., interpuesto por Alfredo Mamani, ambos contra el Auto de Vista Nº S-331/11 de fecha 22 de Junio de 2011, cursante de fs. 312 a 314 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz. Con costas.

Se regula los honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo