TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 664/2015 - L

Sucre: 12 de agosto 2015

Expediente:         B-22-10-S

Partes: Carmen Cuellar Rivero de Lens. c/ María Luisa Endara Escalante. Proceso: Modificación de proceso ejecutivo.                                                            Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 404 a 408 interpuesto por Enrique Franco Méndez por Carmen Cuellar Rivero de Lens, contra el Auto de Vista Nº 96/2010 de 21 de septiembre de 2010 de fs. 400 a 401 vta.,  pronunciado por la Sala Civil de la ex Corte Superior de Justicia del Beni, en el proceso ordinario de Modificación de proceso ejecutivo, seguido por Carmen Cuellar Rivero de Lens contra María Luisa Endara Escalante, el Auto de concesión de fs. 419, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                                               ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto de Riberalta-Beni dictó la Sentencia Nº 102/2010 de 07 de abril de 2010, cursante de fs. 375 a 378 y vta., declarando Improbada la demanda con costas.

Resolución que es apelada por la parte actora Carmen Cuellar Rivero de Lens por escrito de fs. 380 a 383 y vta., que merece el Auto de Vista Nº 96/2010 de 21 de septiembre de 2010, cursante a fs. 400 a 401 y vta. , que confirma en todas sus partes la Sentencia venida en apelación. Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que exponen los recurrentes:


En el fondo:


1. Acusa la violación del art. 1286 del Código Civil, al no haber apreciado y valorado la prueba documental de fs. 1-2, tal como ha sucedido con la A quo, incurriendo en error de hecho.

2. Denuncia la violación del art. 507 inc. 7) del Procedimiento Civil y 351 inc. 1) del Código Civil, porque hasta el cansancio ha justificado y demostrado que la deuda se encontraba cancelada, aún en contra de su voluntad y de la ley.


3. Acusa la violación del art. 1321 del Código Civil y art. 404 del Código de Procedimiento Civil, porque el Tribunal de alzada al igual que el A quo no han hecho una valoración de la confesión provocada presentada por la demandada, incurriendo en error de derecho.


4. Agrega la violación de los art. 513 del Procedimiento Civil, 24 de la Constitución Política del Estado y 116 del Código de Familia, pues con el argumento de que la ahora demandante no puede realizar una petición de revisión de proceso ejecutivo con respecto a la tercería de dominio excluyente, por haber vencido el término, incurriendo en aplicación indebida de la ley.

Por lo expuesto, solicita casar el Auto de Vista recurrido y declarar probada la demanda en todas sus partes.


CONSIDERANDO III:                                                                   FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


1. Antecedentes jurídicos:

1.1. Al tratarse la presente causa de una demanda de ordinarización de proceso ejecutivo interpuesta al amparo del art. 490 Código Procedimiento Civil sustituido por el art. 28 de la Ley 1760; se hace necesario realizar algunas consideraciones respecto a los alcances en la resolución de este tipo de procesos con relación al proceso ejecutivo ya resuelto.

La Jurisprudencia Constitucional delineada en la SC Nº 0264/2011-R de 29 de marzo, ha razonado que la dilucidación del proceso ordinario debe circunscribirse precisamente a lo resuelto en la Sentencia ejecutiva; es decir, lo determinado con relación a la demanda de pago en base a un título ejecutivo y/o sobre las excepciones opuestas como medio de defensa legal, ya que el juicio ejecutivo al ser breve, no puede por su propia naturaleza permitir como en un juicio de conocimiento, demostrar la certeza de la pretensión o de la excepción; sin embargo ésta situación en tratándose de cobro de dineros, no debe entenderse como una vía procesal más para lograr el pago, es decir lo que no pudo ser cobrado en la vía ejecutiva será finalmente cobrable por la vía de la ordinarización; pues esta instancia, aunque tramitada mediante otro proceso como es el ordinario, es una continuación del proceso ejecutivo para dilucidar sobre la pretensión de modificarse lo resuelto y declarar en su caso, la obligación o no del pago.

Sin embargo, lo resuelto en el proceso ejecutivo puede ser modificado en un proceso ordinario posterior, mismo que tiene como objeto esencial examinar el cumplimiento de los requisitos del primero, o sea, la competencia del Juez, si la demanda se sustenta en una obligación de plazo vencido y sobre todo la calidad del título ejecutivo; también revisará la legitimación de las partes, las excepciones planteadas y su resolución, para concluir en las resoluciones asumidas por el órgano jurisdiccional.

No obstante, en la tramitación de un proceso ejecutivo -como en cualquier otro- suelen alegarse vulneraciones a derechos fundamentales como el debido proceso, aspecto que en el proceso ordinario no puede restituirse ni mucho menos corregirse las deficiencias de procedimiento en las que se hubieran incurrido en la tramitación del proceso ejecutivo; en caso de existir dichas deficiencias, es factible reclamar esa situación directamente mediante la tutela que brinda la acción de amparo, sin necesidad de recurrir a la aplicación del art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF); en ese sentido dicha Sentencia Constitucional, delimita el ámbito de tratamiento respecto a la ordinarización de los procesos ejecutivos.

2. En relación a los agravios de fondo descritos por la ahora recurrente:

2.1. Sobre su denuncia de error de hecho en la valoración de la prueba documental de fs. 1 a 2 y violación del art. 1286 del Código Civil.

Del contrato de reconocimiento de deuda de fecha 14 de junio de 2004 (fs. 1 a 2), de su cláusula primera se conoce que el monto adeudado de $us. 2.627, debe ser cancelado en el plazo máximo de seis meses a partir de la suscripción del contrato, sin que en dicho plazo de seis meses se haga el cobro de interés alguno, no obstante, en la cláusula segunda se establece que en caso de que la deudora no pague el préstamo en el plazo estipulado, se acuerda el pago de intereses del 3% por el total de lo debido a la fecha del vencimiento, es decir, que las partes acuerdan que a partir de la fecha del vencimiento que se operaba en fecha 14 de diciembre de 2004, corren los intereses acordados por el total del saldo adeudado, sin que exista constancia alguna de modificación de dicho término.

Si bien en la cláusula tercera del referido contrato las partes establecen también pagos a cuenta por lo que la deudora otorga poder para que la acreedora haga el cobro del 20% de sus haberes mensuales que percibe como jubilada, sin embargo, el interés al monto devengado a la fecha del vencimiento no está supeditado a éste último acuerdo, sino solamente al término del vencimiento, por lo que su cumplimiento es imperativo al tenor de los arts. 341 inc. 1) y 347 del Código Civil, por lo mismo correspondía a la parte ahora demandante (deudora) gestionar dicho cumplimiento a objeto de no ingresar en mora y de que no le corran los intereses convenidos, porque de la prueba arrimada a obrados no se evidencia que el préstamo asumido hubiera sido cumplido en fecha 14 de diciembre de 2004, tampoco que su acreedora hubiere realizado el cobro del 40% de sus haberes mensuales que percibe como jubilada, razón por la que no es evidente su denuncia de la existencia de cláusulas ambiguas. No obstante, de las resoluciones de instancia se evidencia que los Tribunales de grado han realizado una interpretación integral del contrato de reconocimiento de deuda, por lo que en ese antecedente las determinaciones asumidas han sido correctas.

Por otra parte, en relación a su denuncia de que la deuda provenía desde el mes de abril del 2003 y que en el documento de fs. 1 a 2 se incurrió en anatocismo y usura, porque resulta totalmente falso que su mandante hubiere recibido $us. 2.627; corresponde referir que estos extremos no han sido parte de la pretensión principal, tampoco de la contestación y reconvención, menos de la relación jurídica procesal, y peor fundamento del recurso de apelación, por lo que el Tribunal de alzada no ha considerado dichos aspectos, en ese antecedente, conforme al principio del “per saltum”, este Tribunal no puede referirse a dichas presuntas infracciones.

2.2. En relación a su denuncia de violación del art. 507 inc. 7) del Procedimiento Civil y 351 inc. 1) del Código Civil.

De manera aclaratoria corresponde referir que las normas aludidas por la ahora recurrente (arts. 507 inc. 7) del Procedimiento Civil y 351 inc. 1) del Código Civil), no han sido mencionadas ni aplicadas en el Auto de Vista, por lo que no podrían ser violadas como erróneamente acusa la ahora recurrente.

Asimismo, si bien, refiere en la presente denuncia que ha demostrado que su deuda se encontraba cancelada, empero de manera contradictoria refiere también que canceló la deuda la gestión 2005 hasta enero de 2006, y que inclusive realizó el depósito judicial por el saldo deudor de $us. 209, 25 e intereses de $us. 9 (en fecha  08 de junio de 2009, (fs. 42), es decir que éste último depósito fue efectuado luego de la declaratoria de mora y después de iniciado el proceso ejecutivo.

Por otra parte, corresponde concretar que la excepción de pago documentado en el proceso ejecutivo ha sido interpuesto por la ahora recurrente de forma extemporánea, motivo por el cual ha sido rechazada, sin que la misma interponga recurso de alzada contra la resolución de rechazo, por lo que al presente su derecho al respecto ha precluido. Sin embargo, no existe infracción alguna en dicha determinación.

2.3. En relación a su acusación de violación del art. 1321 del Código Civil y art. 404 del Código de Procedimiento Civil, porque no se ha valorado la confesión provocada de la demandada, incurriendo en error de derecho.

De manera aclaratoria corresponde referir que la procedencia del recurso de casación en el fondo se encuentra enmarcada en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo a objeto de viabilizar la procedencia del recurso se debe realizar una cabal interpretación de dichas causales que en interpretación correcta disponen: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos. Si bien la parte recurrente de manera confusa acusa violación y error de derecho, empero no concreta la infracción denunciada, incumpliendo de esta manera el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil.


Ahora bien, en la especie, remitiéndonos al punto 1 del presente considerando, debemos concretar que el recibo por la suma de $us. 1.000 (fs. 41), así como el cobró del 20% de sus haberes (fs. 43, 274), y la confesión provocada de la demandada (fs. 100 y vta.), en observancia del principio de comunidad de la prueba, han sido tomados en cuenta y han sido debidamente valorados por los Tribunales de instancia. No siendo además, en consecuencia, evidente la infracción acusada.


2.4. Sobre su denuncia de violación de los art. 513 del Procedimiento Civil, 24 de la Constitución Política del Estado y 116 del Código de Familia.

Al respecto corresponde referir que la parte ahora recurrente no tiene legitimación procesal para denunciar presuntos agravios que afectarían a la parte tercerista en relación a la tercería de dominio excluyente interpuesto en el proceso ejecutivo. Máxime, si éste último, al haber sido rechazada dicha tercería en el proceso ejecutivo no ha interpuesto recurso de apelación y una vez ejecutoriada dicha resolución tampoco ha observado el parágrafo II del art. 366 del Código de Procedimiento Civil que dispone: “II. Las resoluciones de las tercerías interpuestas…en proceso ejecutivo tendrán el valor de cosa juzgada y podrán ser anuladas o modificadas por otro proceso ordinario que deberá formalizarse dentro del plazo fatal de treinta días de ejecutoriado el auto que rechazare la tercería”, razones por las cuales el agravio denunciado deviene en impertinente.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 núm. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO recurso de casación en el fondo de fs. 404 a 408, interpuesto por Enrique Franco Méndez por Carmen Cuellar Rivero de Lens, contra el Auto de Vista Nº 96/2010 de 21 de septiembre de 2010 de fs. 400 a 401 vta., pronunciado por la Sala Civil de la ex Corte Superior de Justicia del Beni. Sin costas por no existir contestación.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo