TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 633/2015 - L

Sucre: 4 de Agosto 2015

Expediente: LP 152 10 - S

Partes: Ramiro Jacobo Calderón Luna y otro c/ Corporación del Seguro Social

            Militar  (COSSMIL)

Proceso: Cese y devolución de descuentos mas pago de daños y perjuicios

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 200 a 201, interpuesto por Wálter Arteaga Zeballos en su calidad de Director de Asuntos Jurídicos de COSSMIL contra el Auto de Vista N° 242, de 30 de julio de 2010 que cursa de fs. 192 a 193, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la ex Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de La Paz, en el proceso de cese y devolución de descuentos más pago de daños y perjuicios seguido por Ramiro Jacobo Calderón Luna y otro contra Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), la concesión de fs. 205, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Jueza de Partido Sexto en lo Civil, pronuncia la Sentencia signada con la Resolución Nº 280, de 12 de octubre de 2009, que cursa de fs. 169 a 171 declarando probada en parte la demanda de fs. 53 a 56 ampliada a fs. 57, subsanada de fs. 58 a 59 y de fs. 83 y 84, respecto al cese y devolución de descuentos e improbada en relación a los daños y perjuicios.

Asimismo declara improbada la acción reconvencional formulada por Corporación del Seguro Social Militar.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación y elevada en grado de consulta la misma que es resuelta por Auto de Vista de fs. 192 a 193, que confirma la Sentencia apelada, fallo que a su vez es recurrido de casación por Corporación del Seguro Social Militar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Cita como leyes violadas los arts. 450, 454 y 519 del Código Civil, describiendo el contenido de dichas disposiciones, luego -en criterio del recurrente- trascribe el contenido del numeral 8 del contrato debatido, para señalar que las resoluciones de grado han violentado las normas citadas, alegando que no es cierto que los descuentos realizados en los haberes de los actores, sean ilegales, sino que los mismos fueron aceptados y consentidos conforme al contrato de préstamo reconocido saliente a fs. 2 a 3, pues los actores se han constituido en calidad de garantes solidarios y mancomunados conforme el art. 433 del Código Civil.

2.- Acusa error en la apreciación de las pruebas, refiriendo que por Auto de fs. 92 complementado por Auto de fs. 98 la Jueza estableció como puntos de hecho a probar que se demuestre el hecho del descuento mensual a cada uno en la suma de Bs. 532 a partir del mes de febrero, empero por las boletas de pago de fs. 30 a 35 y de fs. 93 a 94, no se observa que la parte actora habría sido sujeto de descuentos a partir del mes de febrero de 2006 a la fecha, tampoco acompañan certificación alguna acerca de la totalidad de los supuestos descuentos ilegales, señalando que los descuentos no habrían sido probados.

Asimismo señala que en el Auto referido señala se demuestre que a la muerte del deudor el contrato ya no tiene eficacia jurídica para los garantes, extremo que tampoco fue demostrado en el proceso, al contrario el documento de fs. 2 a 3 consigna como garantes solidarios y mancomunados a la parte actora, demostrando que los mismos se encontraban obligados conforme al art. 351 del Código Civil, norma que no ha sido considerada.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 106 de la ley Nº 439 Código Procesal Civil, aplicable al caso de Autos por la permisión establecida en la disposición transitoria segunda de dicha ley, faculta a este Tribunal efectuar una revisión del proceso.

Consiguientemente se dirá que la causa, conforme a la admisión de la demanda, la contestación y Sentencia se deduce que ha sido interpuesta en contra de una entidad pública, razón por la cual el Juez al momento de conceder el recurso de apelación mediante Auto de fs. 187 vta., dispuso que la Sentencia sea elevada en grado de consulta ante el Tribunal de apelación.

Posteriormente se dicta el Auto de Vista de fs. 192 a 193 en el decisorio del Ad quem, tan solo verificó el recurso de apelación, sin haber dado cumplimiento a la norma establecida en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente: “Sentencias contra el Estado).- Todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse…”, la norma exige que el fallo sea revisado por el Tribunal de apelación al momento de resolver la apelación tramitada, que corresponde ser saneada.

El criterio expuesto precedentemente, no es nuevo sino que el mismo se remonta a antecedentes de bastante dada, a tal efecto podemos citar el Auto Supremo Nº 343 de 24 de Septiembre 2012, en el que se ha señalado lo siguiente: “La consulta de las Sentencias dictadas contra el Estado o instituciones públicas, no se trata de un simple formalismo, su finalidad es lograr que el Juez o Tribunal que conoce en grado de consulta, realice una revisión integral de todo el proceso, así como determinar la existencia o no de vicios manifiestos en los trámites esenciales del procedimiento; todo ello en aras de una mayor protección y garantía a los derechos del Estado; la consulta no participa de la categoría del recurso por cuanto éste es un medio de impugnación ante el agravio que les ocasiona la decisión de la Autoridad jurisdiccional a las partes litigantes; en tanto que la consulta es independiente y no requiere de agravio alguno, el Juez o Tribunal de alzada que conocen en grado de consulta tiene amplias facultades para el conocimiento del proceso pudiendo decretar nulidades de oficio y revocar el fallo de primera instancia e incluso rever cuestiones de procedimiento esenciales sin que importe la etapa decisoria ya cumplida ni el consentimiento que hayan prestado quienes son parte en el proceso, habida cuenta que la consulta no constituye un recurso procesal, sino el examen oficioso de la Sentencia dictada a fin de asegurar su legalidad. Sobre el particular la Ex Corte Suprema de Justicia con la cual se comparte criterio ha sentado jurisprudencia en los siguientes Autos Supremos: A.S. Nº 31 de 19 de febrero de 2001; A.S. Nº 50 de 12 de marzo de 2001; A.S. Nº 92 de 29 de marzo de 2001; A.S. Nº 301 de 11 de octubre de 2002; A.S. Nº 191 de fecha 11 de septiembre de 2006, entre otros”.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme a lo previsto en el art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista N° 242, de 30 de julio de 2010 que cursa de fs. 192 a 193, pronunciado por la Sala Civil Tercera, y dispone que dicha Sala, sin espera de turno y previo sorteo pronuncie nueva Resolución conforme a lo razonado en el presente fallo.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil Tercera signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.

En virtud a lo previsto por el artículo 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución, al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo