TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 625/2015 L

Sucre: 3 de Agosto 2015        

Expediente: LP-147-10-S

Partes: María del Rosario Paredes Tapia por sí y en representación Gabriel

            Alejandro Paredes Tapia c/ José Miguel  Barahona Rosquellas  y

            Eduardo Flores Rodríguez

Proceso: Reivindicación, posesión restitutoria, mejor derecho propietario, acción 

               negatoria, daños y perjuicios

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 249 a 252, impugnando el Auto de Vista Nº S-237, de fecha 11 de agosto de 2010, de fs. 240 a 242 y vta., pronunciado por  la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de  Reivindicación, posesión restitutoria, mejor derecho propietario, acción negatoria y daños y perjuicios, seguido a instancia  de María del Rosario Paredes Tapia por sí y en representación de Gabriel Alejandro Paredes Tapia contra José Miguel Barahona Rosquellas y Eduardo Flores Rodríguez, la respuesta al recurso de casación de fs. 257 a 258, la concesión de fs. 259, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

María del Rosario Paredes Tapia en nombre propio y en representación de Gabriel Alejandro Paredes Tapia interpuso demanda de reivindicación restitución posesoria, mejor derecho propietario, acción negatoria y daños y perjuicios contra José Barahona Rosquellas y Eduardo Flores Rodríguez, argumentando que ostentan derecho propietario sobre el inmueble ubicado en la calle Abdón Saavedra Nº 1926 interior, zona Sopocachi, derecho propietario que lo han adquirido por sucesión hereditaria al fallecimiento de sus padres Abdón Paredes y Marina Tapia Vda. de Paredes, sin embargo, indica que se encuentran en posesión José Miguel Barahona Rosquellas de una habitación que da al callejón o pasillo de servidumbre y que Eduardo Andrés Flores Rodríguez, ocupa dos habitaciones más una cocina, que se encuentra en colindancia con el patio interior del inmueble, ambos detentadores no tienen título propietario, los mismos que se encuentran en posesión de forma abusiva y prepotente.

Contestada la demanda por los demandados por separado interponen excepciones de oscuridad e imprecisión en la demanda e impersonería en el apoderado, las mismas que son declaradas improbadas, por Auto de fecha 19 de septiembre de 2008.

Tramitado el proceso el Juez de la causa pronunció Sentencia Nº 692, de fecha 24 de diciembre de 2009, por la que declaró probada en parte la demanda en cuanto a la reivindicación, disponiendo que los demandados restituyan la fracción del inmueble dentro del plazo de 3 días de ejecutoriarse la Sentencia, ha lugar a los pagos y daños y perjuicios emergentes de la acción reivindicadora, debiendo procederse a su calificación en ejecución de Sentencia e improbada respecto a la acción de mejor derecho propietario y la acción negatoria al no ajustarse a la fundamentación y justificación de la petición por parte de la actora a la naturaleza de estas acciones.

Contra esta Resolución de primera instancia Eduardo Andrés Flores Domínguez  y José Miguel Barahona interpusieron recurso de apelación, en conocimiento de los mencionados recursos la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz pronunció Auto de Vista Nº S-237, de fecha 11 de agosto de 2010, por el cual confirmó la Sentencia con costas.

Contra esta Resolución de segunda instancia los demandantes Gabriel Alejandro Paredes Tapia y María del Rosario Paredes Tapia solicitan aclaración, complementación y enmienda, por el que se aclara que no corresponde considerar la impugnación presentada por José Miguel Barahona Rosquellas por haber sido presentada fuera del término previsto por el art. 220.I num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Contra esta determinación la Resolución de Alzada el demandado Eduardo Andrés Flores Rodríguez interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma el cual se analiza:

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo expresando los siguientes agravios:

En la forma:

Acusa la falta de formas procesales y consecuente nulidad de obrados; acusa la falta de notificación con el Auto de fs. 84, del cual se tuvo conocimiento en forma posterior y que el mismo que niega un recurso a los demandantes y ordena que se notifique con la Resolución de fs. 81 y no se concede el recurso de apelación solicita por la demandante a la reposición que impetra  en el memorial de fs. 83,  y al notificar al recurrente con el Auto de fs. 84 se le corto el derecho a interponer cualquier recurso contra el mismo viciando de nulidad el proceso.

Menciona falta de notificación con el informe pericial de fs. 147 a 150, razón por la cual no ha podido ser objetado el mismo o pedir las aclaraciones, dejando al recurrente en indefensión.

En el fondo:

Falta de valoración de pruebas.- Manifiesta que se interpone recurso de casación en el fondo al amparo del art. 253 incs. 1), 2) y 3). Manifiesta que la prueba de reciente obtención presentada por el codemandado José Miguel Barahona donde se adjunta un plano visado por la Alcaldía Municipal, Dirección de catastro donde se especifica que el supuesto inmueble en el cual se ocupan cuartos es el lote 15 no así el lote 2,  la cual fue admitida por el Juez de la causa, sin embargo ambas instancias no le dieron la miníma apreciación pese a estar admitida y esclarecer de manera precisa la ubicación del inmueble, llamando más la atención del recurrente el hecho de que el Juez de la causa como los de Alzada no apreciaron la prueba producida.

Diferencia de superficie y falta de interpretación legal para que proceda la  acción de reivindicación- Incide en que existen diferencias de superficies y falta de interpretación legal para que proceda la reivindicación, con relación a la diferencia de superficie indica que  el pago de impuesto a la transferencia es por una superficie de 279 m2 y por Escritura Pública de compra venta los padres de los demandantes hubiesen comprado un terreno con una superficie de 217 m2, entonces el recurrente manifiesta que los cuartos que ocupaban su madre y su hermano, no se demuestra con exactitud si corresponden a la superficie de terreno registrada en Derechos Reales, pudiendo corresponder a otro lote de terreno por la diferencia que existe. Asimismo por el registro en Derechos Reales Abdón Paredes y María de Paredes adquirieron un lote de terreno y no así una vivienda con construcciones

Cosa Juzgada y errónea interpretación de la Ley.- Manifiesta que existiera una errónea interpretación del art. 1451 respecto a la cosa juzgada porque indica que su madre Cristina Rodríguez de Flores siguió un proceso ordinario contra Abdón Paredes y Marina de Paredes padres de los demandantes por nulidad de Escritura pública de compra venta resultando improbada la demanda de nulidad de transferencia de 217.16 m2 ubicados en la calle Abdón Saavedra, improcedente la reconvención e improbada la reivindicación y devolución de piezas del inmueble ocupadas por Cristina Rodriguez de Flores, sentencia pronunciada en fecha 3 de febrero de 1975 en la ciudad de La Paz y confirmada por Auto de Vista de fecha 10 de noviembre de 1975, demandándose la devolución de los cuartos a favor de su madre, Cristina Rodríguez de Flores, la misma que fue declarada improbada, confirmándose la Sentencia mediante el Auto de Vista en ese sentido el recurrente entiende que existió cosa juzgada por cuanto en cuanto a los sujetos ahora son los herederos de Abdón Paredes y María de Paredes y también los herederos de Cristina Rodríguez, el objeto es el bien inmueble y la causa es la acción reivindicatoria, existiendo los tres elementos y que destruyen la pretensión de los actores.

Daños y Perjuicios.- Con relación a este punto incide en que existen montos referenciales respecto a pagos de daños y perjuicios con relación a que en el lote  de terreno existe una fracción detentada  por Eduardo Flores de 50.29 m2 y José Barahona de 13.75 m2 que hacen un total de 64.04 m2 cuya valuación inmobiliaria suma al costo de terreno a la suma $us. 20.861.99 valor correspondiente a la propiedad que detentan y de acuerdo al informe pericial presentado por la Auditora Viviana Elizabeth Zegarra Fernández se tiene demostrado que el monto es de 128.985.85 por concepto de daños y perjuicios, que son calculados de acuerdo al informe pericial  presentado por el arquitecto Jorge Aldo Choquetaxi, dicha suma asciende al monto de $us 20.861.99 y de acuerdo al informe pericial de la auditora Zegarra se tiene la suma de $us. 18.172.32, y existe el monto de $us 67.235.85  conforme al informe aclaratorio de fs. 173, sin establecer cuál de estos montos corresponde a los daños y perjuicios aspecto que no ha sido claro en el transcurso del proceso, ya que el informe pericial de la auditoria Zegarra fue objetado pidiendo las aclaraciones correspondientes a fs. 177, 174, 175 y 177, sin que la Juez de la causa valorará dichas objeciones, luego indica que el informe pericial del arquitecto Choquetaxi que fue base para el informe pericial de la Auditora Zegarra el mismo no fue objetado porque ni siquiera se le notificó con el mismo dejando al recurrente en indefensión, en tal sentido el cálculo que hace el Juez respecto al pago de daños y perjuicios es incorrecto y más aún el procedimiento que realiza para este cálculo está totalmente fuera de cualquier acepción jurídica.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Toda vez que el recurso de casación esta interpuesto en la forma y en el fondo, resolveremos primero las impugnación referidas a la forma toda vez que ser ciertas ameritarían una nulidad, ocasionando la imposibilidad de analizar las impugnaciones en el fondo.

En la forma

El recurrente acusa la falta de notificación con el Auto de fs. 84, del cual se tuvo conocimiento en forma posterior el mismo que niega un recurso a los demandantes y ordena que se notifique con la Resolución de fs. 81 y no se concede el recurso de apelación solicitada por la demandante a la reposición que impetra  en el memorial de fs. 83,  y al notificar al recurrente con el Auto de fs. 84 se le corto el derecho a interponer cualquier recurso contra el mismo viciando de nulidad el proceso.

Al respecto diremos que la falta de notificación con el Auto de fs. 84, debía observarla la parte demandante porque directamente dicha falta le faculta impugnar a la demandante y no al demandado, puesto que no puede asumir defensa por la otra parte. De la revisión de obrados se evidencia que a fs. 83 la demandante María del Rosario Paredes Tapia solicito al Juez de la causa la rebeldía de los demandados al haber abandonado el proceso y no haber contestado a la demanda en tiempo oportuno, en mérito a ello el Juez de la causa pronunció el Auto de fs. 84 por el que establece que los demandados José Miguel Barahona Rosquellas y Eduardo Flores Rodríguez comparecieron dentro del proceso apersonándose el primero por cuenta propia y el segundo a través de su representante y en mérito a ello no ha lugar a la reposición impetrada, dicho Auto tiene su antecedente en el decreto de fs. 80 vta., en el que el Juez de la causa dispone estese al decreto de fs. 77 vta., donde también estableció que no ha lugar a la declaratoria de rebeldía de los demandados porque comparecieron dentro del presente proceso señalando sus domicilio conforme lo establece el art. 101 del Código de Procedimiento Civil. De los antecedentes referidos se establece que la no declaración de rebeldía de los demandados, dictada a fs. 84 es un aspecto que debió ser observado por la parte demandante toda vez que ella fue la que pidió la declaratoria de rebeldía, al margen de ello cursa en el proceso a fs. 86 la notificación a José Miguel Barahona Rosquellas y Eduardo Flores Rodríguez con el Resolución Nº 686/2008, de fs. 81 y vta., memorial de fs. 83 y Auto de fs. 84, razón por la cual no puede el recurrente impugnar falta de notificación con el Auto de fs. 84 porque no resulta evidente.   

Respecto a  falta de notificación con el informe pericial de fs. 147 a 150, razón por la cual no ha podido ser objetado el mismo o pedir las aclaraciones, dejando al recurrente en indefensión. De la revisión del expediente se verifica que existe informe pericial cursante de fs. 147 a fs. 150 realizado por el perito Jorge  Choquetaxi Gutiérrez el mismo que fue notificado expresamente a Viviana Elizabeth Zegarra Gutiérrez, quien como perito evaluador, por acta de juramento de perito cursante a fs. 153 juro desempeñar la función de perito evaluador, en base al informe pericial de fs. 147 a 150, teniendo como tarea fundamental calificar el monto de daño emergente y lucro cesantes que ha ocasionado los actores por parte de los demandados al ocupar arbitrariamente el inmueble, el valor de las habitaciones ocupadas por los demandados en el mercado, los valores económicos financieros de los inmuebles motivo de juicio y los que generan en concepto de venta, anticrético o alquileres, así como el cálculo de ingresos que ha dejado de percibir por parte de los actores desde la fecha de ocupación de los inmuebles, dicho informe pericial que fue acompañado a fs. 160, fue observado por la parte recurrente a fs. 167, donde pide aclaraciones y explicaciones al informe pericial de la auditora Viviana E. Zegarra,  disponiendo el Juez de la causa que se notifique expresamente a la Auditora para absolver las aclaraciones solicitadas, de lo que se concluye que el recurrente tuvo pleno conocimiento del informe pericial cursante de fs. 147 a fs. 150, en base al cual la auditora determino valores económicos respecto a las habitaciones que ocupaban los demandados, habiendo incluso observado el recurrente dicho informe y pedido aclaraciones, las mismas que se dieron de fs. 171 a fs. 173, por lo que el reclamo traído a casación no tiene razón de ser, deviniendo su reclamo en infundado.

Con relación al fondo.-

I.- Falta de valoración de las pruebas.- Argumenta el recurrente que el Juez A quo así como los de Alzada no hubiesen valorado la prueba de reciente obtención presentada por el codemandado José Miguel Barahona donde se adjunta un plano visado por la Alcaldía Municipal, Dirección de catastro donde se especifica que el supuesto inmueble en el cual se ocupan cuartos es el lote 15 no así el lote 2,  la cual fue admitida por el Juez de la causa a fs. 156 vta., Al respecto diremos que dicha prueba fue observada por la parte demandante a fs. 165 vta., Al respecto diremos que si bien la valoración de la prueba es esencial en la esfera del debido proceso, la misma que debe diferenciarse desde dos ámbitos el procesal y el sustancial, el primero hace referencia a la falta de motivación probatoria que dará lugar a la existencia de un error formal en el contenido y estructura de la Resolución y que es recurrible en el recurso de casación en la forma; en el segundo al error de hecho o de derecho en la apreciación o valoración de la prueba tiene incidencia directa en la Resolución del conflicto y en consecuencia dará lugar a un error in iudicando recurrible en el recurso de casación en el fondo, razón por la cual el recurrente al indicar falta de valoración de la prueba debía observarla vía recurso de casación en la forma y no el fondo como lo hizo, o en su caso acusar error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, demostrando en que consiste ese error. Sin embargo, de la lectura del recurso de casación se verifica que equivoco la impugnación de falta de valoración de la prueba planteando este aspecto en el fondo cunado debió ser en la forma, razón por la cual este Tribunal no puede considerar la misma por la forma equivocada de su planteamiento.

II.- Diferencia de superficie y falta de interpretación legal para que proceda la  acción de reivindicación- Incide en que existen diferencias de superficies y falta de interpretación legal para que proceda la reivindicación, con relación a la diferencia de superficie indica que  el pago de impuesto a la transferencia es por una superficie de 279 m2 y por Escritura Pública de compra venta los padres de los demandantes hubiesen comprado un terreno con una superficie de 217 m2 entonces el recurrente manifiesta que los cuartos que ocupaban su madre y su hermano, no se demuestra con exactitud si corresponden a la superficie de terreno registrada en Derechos Reales, pudiendo corresponder a otro lote de terreno por la diferencia que existe. Asimismo por el registro en Derechos Reales Abdón Paredes y María de Paredes adquirieron un lote de terreno y no así una vivienda con construcciones. Al respecto diremos que el tribunal de Alzada en el Auto de Vista No S-237/2010 con respecto a este agravio determino que no ha sido objeto de pretensión o reconvención la existencia de dos lotes, puesto que la demanda se basó en la reivindicación del lote 2, siendo que la misma ha sido probada con el registro en Derechos reales bajo la superficie señalada en la demanda principal, por lo que el reclamo del recurrente no tiene asidero legal porque los de instancia se pronunciaron respecto a que los cuartos que ocupan los demandantes se encontraban en el lote 2, razón por la cual este Tribunal no puede pronunciarse respecto a algo que no a sido pretensión en la demanda.

III.- Cosa Juzgada y errónea interpretación de la Ley.- Manifiesta que existiera una errónea interpretación del art. 1451 respecto a la cosa juzgada por los diversos juicios que han existido entre su madre Cristina Rodríguez de Flores que siguió un proceso ordinario contra Abdón Paredes y María Paredes padres de los demandantes, concretamente refiriéndose a un proceso de nulidad de Escritura pública de compra venta resultando improbada la demanda de nulidad de transferencia de 217.16 m2 ubicados en la calle Abdón Saavedra. Al respecto diremos que si el recurrente consideraba que existe cosa juzgada en el presente proceso, la misma debió interponerse como una excepción previa al tenor de lo establecido en el art. 336 num. 7) del Código de Procedimiento Civil, sin embargo no lo hizo así, porque el recurrente interpuso excepciones de impersonería en el apoderado y oscuridad e imprecisión en la demanda, las mismas que fueron resueltas por Auto Nº 568/2008, más no así la excepción de cosa juzgada que en todo caso debió interponer como un mecanismo de defensa dentro del plazo correspondiente y al no haberlo hecho así no resulta viable su análisis así lo determinó el Tribunal de Alzada, por lo que tampoco considera este Tribunal referirse al respecto.

IV.-Daños y Perjuicios.- El recurrente en este punto cuestiona que en el proceso existen aspectos relativos a la calificación de daños y perjuicios con relación al lote de terreno del cual se pretende su reivindicación estableciéndose que en el mismo una fracción detentada  por Eduardo Flores de 50.29 m2  de superficie y de José Barahona de 13.75 m2 que hacen un total de 64.04 m2 cuya valuación inmobiliaria sumada al costo de terreno asciende a  la suma $us. 20.861.99 valor correspondiente a la propiedad que detentan y de acuerdo al informe pericial presentado por la Auditora Viviana Elizabeth Zegarra Fernández dicho monto asciende a la suma de $us. 18.172.32, y existe el monto de $us 67.235.85  conforme al informe aclaratorio de fs. 173, sin establecer cuál de estos montos corresponde a los daños y perjuicios aspecto que cuestiona también en el recurso de casación.

Al respecto de la revisión de la sentencia  Nº 692/2009 cursante de fs. 208 a 210 y vta., el Juez de la causa ha determinado que ha lugar al pago de daños y perjuicios emergentes de la acción reivindicatoria debiendo procederse a su calificación en ejecución de Sentencia, dicha Resolución ha sido confirmada por el Tribunal de Alzada. Como bien lo establece la Sentencia la calificación de daños y perjuicios se establecerá por el Juez A quo en ejecución de Sentencia, fase en la que todavía no se encuentra el proceso, por lo que agotados los recursos, incluyendo el recurso de casación el Juez de la causa procederá a la calificación de los daños y perjuicios, por lo que la competencia de este Tribunal no se encuentra abierta para emitir criterio alguno al respecto.

Por lo indicado concluiremos que, los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 249 a 252, interpuesto por Eduardo Flores Rodríguez, impugnando el Auto de Vista Nº S-237, de 11 de agosto de 2010, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo