TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 622/2015 - L

Sucre: 03 de agosto 2015                                                

Expediente:         LP-158-10-A                                                                                   Partes: Eugenio Limachi Canaviri y Nicanor Rojas Quisbert. c/ H. Alcaldía

            Municipal de la ciudad de La Paz.

Proceso: Resolución de contratos, restitución de precio pagado más daños y

              perjuicios.

Distrito: La Paz.                        

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 99 a 102, interpuesto por Lorenzo Ticona Pacoricona en representación de Eugenio Limachi Canaviri y Nicanor Rojas Quisbert contra el Auto de Vista Nº 289/2010 de 16 de septiembre de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior de Justicia de La Paz, cursante de fs. 69 a 71, en el proceso de Resolución de contratos, restitución de precio pagado más daños y perjuicios, seguido por Eugenio Limachi Canaviri y Nicanor Rojas Quisbert  contra H. Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz, la contestación de fs. 107 a 109 y vta., la concesión de fs. 110 los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Jueza Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió Auto N° 112/2010 de 19 de abril de 2010 de fs. 47 a 48, declarando PROBADA la excepción de prescripción planteada a fs. 45 de obrados, sea con las formalidades de Ley.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por Lorenzo Ticona Pacoricona en representación de Eugenio Limachi Canaviri y Nicanor Rojas Quisbert de fs. 51 a 52, que mereció el Auto de Vista Nº 289/2010 de 16 de septiembre de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior de Justicia de La Paz, de fs. 69 a 71, que CONFIRMA el Auto apelado, fallo que a su vez es recurrida de casación por Lorenzo Ticona Pacoricona en representación de Eugenio Limachi Canaviri y Nicanor Rojas Quisbert, objeto de análisis y estudio.

CONSIDERANDO II:                                                                         DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

Refiere que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación y motivación, solo en el primer considerando se limita a transcribir la parte resolutiva pronunciada por el Juez de primera instancia, como tampoco existe un pronunciamiento sobre la imprescriptibilidad de la acción de Resolución de contrato Bilateral Sinalagmático Perfecto que fue invocado, de esta manera se ha transgredido el num. 1) del art. 192, 236 y 237 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto solicita al Tribunal Supremo  de Justicia anular el Auto de Vista y disponga que el Juez se pronuncie sobre la imprescriptibilidad.

En el fondo.

Acusa al Tribunal de alzada la violación de la Ley sustantiva, señalando que la demanda se trata de Resolución de contrato de venta y no un cumplimiento de obligación, de tal manera que la naturaleza de la acción deducida en lo esencial es el contrato bilateral por incumplimiento culposo del vendedor de no entregar los lotes de terreno vendidos, la consecuencia de la Resolución de contrato por incumplimiento culposo es la indemnización de los daños y perjuicios donde debe tomarse en cuenta el ítem del dinero entregado a la Alcaldía  Municipal de La Paz, de esta manera los de instancia han desconocido el art. 574 del Código Civil.

Por otro lado acusan al Tribunal de Alzada la mala aplicación de los arts. 1493, 1503 del Código Civil, relativos a la prescripción extintiva y liberatoria  en la relación acreedor deudor, argumentando que los recurrentes no interpusieron acción reclamando el pago por más de 20 años, aplicando de manera errónea el art. 1505 del Código Civil, señalando además que el Auto de Vista refiere que “… sin un análisis de su contenido, que expresa claramente que la prescripción  se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho  que haga  aquel contra quien el derecho puede hacerse valer”, que conforme a los documentos consignados de fs. 12 a 15 INFORME D.J.-U.A.L. N° 504/06 de 26 de diciembre de 2006, así como las literales  de fs. 16 a 18, Ordenanza Municipal,  GMLP N° 469/2005 de 19 de septiembre de 2005 y los documentos de Asesoría Jurídica de la alcaldía Municipal de La Paz, demuestran que han realizado un acto de interrupción.

Por lo expuesto termina peticionando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista sobre los puntos apelados.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Corresponde referir que los recurrentes al haber anunciado que plantean recurso de casación, empero en los fundamentos de los mismos se puede evidenciar que de manera confusa esgrimen argumentos de forma y de fondo en total desorden, no obstante, en previsión del principio “pro actione”, y disgregando los agravios de forma y de fondo, se absuelve de manera inicial los agravios de forma, que de ser la Resolución anulable no será necesario ingresar al fondo.

Establecido aquello corresponde precisar:

En la forma

En lo que concierne a este agravio se debe puntualizar que la fundamentación y la motivación son dos elementos integradores del debido proceso y ligado con el de congruencia, se concretiza en la existencia de un fallo justo donde se respondan a cada una de las pretensiones de los litigantes, brindando certidumbre jurídica; es decir, si la Resolución contiene la exposición de los hechos y las razones o motivos con base en disposiciones legales pertinentes de que los administradores de justicia tendrán la certeza de que sus actuaciones estén enmarcados conforme a ley, cabe aclarar, que no se puede exigir como fundamentación una argumentación retórica intrascendente, sino más bien la adecuación de los hechos a la norma jurídica, como consta y se expone en las Resoluciones de las autoridades, así tenemos a la SC. 1684/2010 - R de 25 de octubre de 2010 que señala que: “…la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino más bien, exige una estructura de forma y de fondo que permita a las partes conocer cuáles son las razones que llevaron al juzgador a tomar decisiones”…En ese mismo sentido también el principio de exhaustividad impone a los Tribunales el deber de considerar y resolver todas y cada una de las pretensiones alegadas por las partes en conflicto.

Que de lo expuesto se tiene que la Resolución de alzada cumple, con una debida motivación y fundamentación, describiendo en la parte considerativa, los hechos que motivan la apelación y en base a estos fundamentos el Tribunal de Alzada estableció los hechos en que se funda su determinación, circunscribiéndose al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su reclamo deviene en infundado.

En el fondo

Para ingresar al análisis de la problemática planteada se hace necesario realizar las siguientes consideraciones:

La prescripción es una institución jurídica por la cual se extingue el derecho por el transcurso ininterrumpido del tiempo determinado en ley. El fundamento de la prescripción es de mantener el orden social y resguardar la seguridad jurídica, que hace necesario el de establecer la temporalidad de disposición del derecho, impidiendo el ejercicio intempestivo del mismo.

En ese marco, la doctrina establece dos presupuestos para la prescripción, al respecto Díez-Picazzo y Gullón (Instituciones del Derecho Civil, Vol. I/1, pág. 282) señala que: “Pero el transcurso fijado en ley no es suficiente para perfilar la prescripción. Es uno de sus dos presupuestos. El otro lo constituye la falta de ejercicio del derecho.

La falta de ejercicio del derecho es la inercia o la inactividad del titular ante su lesión (p. ej., acreedor que no reclama el pago de la deuda, propietario que no impide que un tercero usufructúe su finca). No obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene.

En virtud a lo expuesto, la prescripción para surtir el efecto extintivo del derecho debe transcurrir el tiempo determinado en ley, unido a la inactividad del titular ante el incumplimiento de la obligación, y la ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor, conforme establece los arts. 1492 y 1493 del Código Civil.

Teniendo la prescripción como base la inercia o inactividad del derecho, es lógico que el reclamo del derecho imposibilite su acaecimiento, interrumpiendo la prescripción, reponiendo el tiempo establecido debiendo contarse nuevamente por completo, que puede permitir, interrupción de por medio, la duración de un derecho indefinidamente, conforme señala el art. 1506 de la norma Sustantiva Civil.

El art. 1503 del Código Civil señala: “I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”

En tal caso, la norma presenta dos escenarios de interrupción vía judicial y extrajudicial. La primera mediante actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales, aun incompetentes, y la otra, es oponer un acto que sirva para constituir en mora al deudor.

Ahondando en la interrupción extrajudicial y necesidad de constituir en mora al deudor; al efecto debemos señalar que, el art. 339 del Código Civil establece que el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor, notándose que la constitución en mora puede ser mediante requerimiento extrajudicial por medio de un acto equivalente del deudor. Al efecto podemos señalar que la mora es el retardo o retraso culpable e ilegal en el cumplimiento de la obligación; siendo el término vencido y el requerimiento del acreedor, sus presupuestos.

Bajo ese contexto, respecto al requerimiento la Enciclopedia Jurídica Omeba (Tomo XIX, pág.902) nos dice: “El requerimiento puede ser hecho por cualquier medio que suponga una exigencia de cumplimiento al obligado, por carta, telegrama o por medio de un escribano público. No hay exigencias legales al respecto”. Concordante con ese criterio, Raúl Ferrero Costa (Curso de Derecho de las Obligaciones, pág. 347) señala que: “El requerimiento de cumplimiento puede ser judicial o extrajudicial, sin que se requiera formalidad especifica alguna. Basta cualquier acto del acreedor del que se puede inferir su intensión de exigir el pago. La intimación de cumplimiento es una declaración de voluntad recepticia, por lo que produce sus efectos cuando llega a conocimiento del deudor destinatario de la misma”.

Nuestra legislación no define la forma del “acto equivalente” para constituir en mora al deudor, extrajudicial, sin embargo infiriendo de lo manifestado, el requerimiento moratorio no está sujeto a una formalidad específica, bastando cualquier acto del acreedor que tenga la intención de exigir el cumplimiento de la obligación. Bajo lo conceptualizado, el art. 1503 parágrafo II del Código Civil al señalar que la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor, la norma exige que ese acto, extrajudicial, sea el de exigir la obligación, sin sujeción  a una forma precisa, lo que supondrá el ejercicio del derecho lesionado, interrumpiendo de éste modo el plazo prescriptivo. 

Por otro lado, la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga el deudor a favor del acreedor, conforme estipula el art. 1505 del Código Civil, que como efecto lógico de la interrupción hace que se inicie un nuevo periodo quedando sin efecto el transcurrido anteriormente, en aplicación del art. 1506 de la misma norma Sustantiva.

En el caso de Autos, cuando los recurrentes denuncian la errónea aplicación e interpretación del art. 1503 del Código Civil, señalando que la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor, no obstante de ello, al haber presentado literales consistentes en un informe D.J.-U.A.L. N° 504/06 de fs. 12 a 15, como también la Ordenanza Municipal N° 469/2005 de fs. 16 a 18, no eran suficientes para acreditar la interrupción de la prescripción, toda vez que los mismos al haber solicitado esos informes ya habría operado la prescripción, es decir los cinco años conforme dispone el art. 1507 del Código Civil, así como también se tiene de obrados que los ahora recurrentes al haber obtenido sus registros de propiedad en el año de 1983, empero los mismos no realizaron Judicialmente la Resolución tampoco el cumplimiento del contrato con la H. Alcaldía Municipal de La Paz, dejando transcurrir el tiempo por más de 20 años. En tal circunstancia, el Ad quem al momento de asumir tal determinación (Confirmar el Auto apelado), no otorgó la eficacia interruptiva a esos documentos. Sin embargo como se ha explicado, esos actos desarrollados por los recurrentes no fueron para exigir la obligación, por tanto no fueron suficientes los mismos para demostrar la interrupción de la prescripción.

De lo explicado se colige que el recurso de casación, en estricta observancia de los puntos planteados, no tiene el suficiente fundamento para revertir la decisión asumida por el Ad quem, por lo que sus reclamos devienen en infundados.

Por todas las consideraciones realizadas, se concluye que el Ad quem ha realizado un adecuado análisis de los hechos dentro del marco legal y razonable, no advirtiéndose vulneración de las normas legales denunciadas por los recurrente, correspondiendo por ello emitir Resolución en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el  recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 99 a 102, interpuesto por Lorenzo Ticona Pacoricona en representación de Eugenio Limachi Canaviri y Nicanor Rojas Quisbert contra el Auto de Vista Nº 289/2010 de 16 de septiembre de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior de Justicia de La Paz, cursante de fs. 69 a 71. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo