TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 619/2015

Sucre: 3 de agosto 2015

Expediente: LP-71-15-S

Partes: Fuerza Naval c/Gobierno Autónomo Municipal de La Paz                  

Proceso: Nulidad de contrato, cancelación de partida y cumplimiento de   

               obligación legal  

Distrito: La Paz


VISTOS: El memorial de fs. 664 a 673 presentada el 10 de julio de 2015 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Fidel Cruz Aduviri a nombre y en representación del Alcalde Municipal de La Paz Luis Antonio Revilla Herrero, solicitando en etapa de casación se promueva Acción de Inconstitucionalidad Concreta del Artículo Primero y Segundo del Decreto Supremo Nº 16299 de 22 de marzo de 1979 y el Artículo Único de la Ley 2324 de 31 de enero de 2002 y demás antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I:


El impetrante señala como hechos que motivan su acción, ser propietario a título de compra de 7.106 m2., del inmueble Ex Arcenal Central de las FF.AA. amparando su derecho propietario en el D.S. 14493, Resolución Municipal 785/77 de 06 de mayo de 1977 y Testimonio de propiedad Nº 697/1978 inscrito en DD.RR.; indica que la Fuerza Naval alegaría tener derecho propietario de 26.791 m2., en base al D.S. 16299 de 22 de marzo de 1979 elevado a rango de Ley Nº 2324 de 31 de enero de 2002 que dispone la transferencia a título gratuito a favor de dicha Institución; refiere existir error en el objeto de la indicada Ley manifestando que la Fuerza Naval ya tendría el derecho propietario del predio que alega cuya extensión real sería de 14.071 m2., denominado Ex Estación Ferroviaria La Paz y no de 26.791 m2., en cuya extensión no se encontraría comprendido los 7.106 m2., del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, éste último resultaría ser un inmueble diferente e independiente que vendría a ser el Ex Sermec (Ex Arsenal Central del Ejército) y estaría ubicado en la Zona de Challampampa.

Con relación a su solicitud para que se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta  propiamente dicha, identifica como normas infringidas los arts. 339.II; 56.I; 7; 12.I; 14.IV; 109.I.II; 158.I num. 13) de la Constitución Política del Estado, vinculando además principios y valores que tendrían relación con dichas normas constitucionales.

En cuanto a la vulneración del art. 339.I de la C.P.E., indica que siendo el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) titular de 7.106 m2., de terreno, se pretendería de manera arbitraria a través del D.S. 16299 elevado a rango de Ley Nº 2324 que se opere la transferencia a título gratuito del citado inmueble sin control previo de su administración, ni justificación o fundamentación legal y análisis económico de factibilidad.

Refiere vulneración del art. 56.I del C.P.E., señalando que el predio en cuestión cumplía una función social donde se efectuaban trabajos de apertura, ampliación, reparación y mantenimiento de la Terminal de Buses  y debido a una disposición judicial de prohibición de innovar actualmente dicho inmueble se encuentra sin uso y goce del Municipio Paceño derivando en perjuicio al interés colectivo.

Denuncia desigualdad en la aplicación de la Ley indicando que el derecho de propiedad que pretende hacer valer la parte contraria no guarda relación con lo establecido en la C.P.E., toda vez que a través del D.S. 16299 y la Ley 2324 al disponerse la autorización de transferencia a favor de la Fuerza Naval a título gratuito del inmueble de 26.791 m2., sin contraprestación alguna y sin considerar que el GAMLP erogó gastos en su adquisición, se provoca desigualdad en la aplicación de la ley pretendiendo hacer prevalecer intereses de la Entidad castrense por encima de los derechos del GAMLP.

Refiere falta de objeto de la Ley y vulneración del art. 14.IV de la Constitución Política del Estado manifestando que el D.S. 16299 impugnado fuente de la Ley 2324, al margen de ser inconstitucional, no establece la extensión del predio (Estación Guaqui La Paz) cuyo dato recién fue insertado en la indicada Ley, obligando al GAMLP a la transferencia gratuita de un predio inexistente de 26.791 m2., pretendiendo privar de su derecho propietario de 7.106 m2.

Indica existir vulneración e incompatibilidad con los arts. 7, 12, y 158.I num. 13); 109.I.II; de la Constitución Política del Estado, ya que el D.S. 16299 elevado a rango de Ley habría sido emitido en un Gobierno de facto constituyendo un Decreto Ley ilegal que no se encuentra publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, arrogándose el Poder Ejecutivo una potestad que no es asignada ni establecida por la Constitución Política del Estado, provocando invasión de competencias y atentando contra el principio de independencia de poderes previsto actualmente en el art. 12 de la C.P.E.

Que la Ley 2324 no puede tener la validez, legalidad y constitucionalidad porque tendría como fuente directa al Decreto Supremo 16299 que es motivo de impugnación y en caso de declararse la validez de ambas disposiciones legales, se vulneraría el derecho de propiedad del GAMLP ocasionado incertidumbre jurídica y desorden institucional; señala que el indicado Decreto Supremo elevado a rango de Ley, es inconstitucional en el fondo y en la forma.

En cuanto a la inconstitucionalidad en la forma indica que el aludido Decreto Supremo al margen de haber sido emitido por un Gobierno de facto, es perjudicial a los intereses de la Municipalidad de La Paz por la gratuidad que dispone en la transferencia sin establecer extensión superficial, (vulnerando el principio de jerarquía normativa) y la separación de poderes, citando para el efecto jurisprudencia constitucional.

En cuanto a la inconstitucionalidad en el fondo señala que ambas disposiciones (D.S. y Ley) en su contenido y objeto son vulneratorios del derecho a la propiedad, las normas y principios constitucionales; haciendo referencia a las SCP 1868/2012; 0036/2013 indica: un Decreto Supremo constituye una norma auxiliar, que si bien tiene fuerza obligatoria general y permanente, no establece derechos y obligaciones sino los medios para hacerla valer; a diferencia de una ley, un Decreto Supremo solo puede establecer las normas legales específicas que reglamentan las normas generales previstas por la ley, sin poder modificar, desconocer o suprimir los derechos y obligaciones establecidas por ésta; su naturaleza es restringida que tampoco puede regular derechos fundamentales, aspecto que solo está atribuido a las leyes por el principio de reserva legal; concluyendo que el indicado D.S. 16299 elevado a Ley, no debió establecer derechos ni obligaciones por encontrarse restringida su naturaleza normativa.

Citando jurisprudencia constitucional, realiza una diferenciación entre Decreto Ley y el Decreto Supremo, indicando que el primero solo tiene validez temporal, condición que no cumpliría el Decreto Supremo impugnado así como su Ley, esta última por emerger de una disposición legal inconstitucional; señala que en caso de convalidar la vigencia de dicho Decreto, repercutiría negativamente en el principio de seguridad jurídica; bajos esos antecedentes concluye que el aludido Decreto Supremo sería inconstitucional en la forma por haber sido emitido durante un Gobierno de facto, y en el fondo por establecer derechos y obligaciones vulnerando normas de la Constitución Política del Estado.

En su petitorio finaliza manifestando que el Decreto Supremo 16299 en su art. primero y segundo y la Ley 2324 en su art. único serían incompatibles con el derecho de propiedad y vulnerarían el principio de reserva legal, separación de Poderes, la soberanía, seguridad jurídica  y el principio de igualdad establecidos en la Constitución Política del Estado y la resolución del proceso judicial en curso de casación dependería de la declaración de constitucionalidad de ambas normas legales, por lo que solicita promover la acción de inconstitucionalidad concreta de dichas normas legales, dirigiendo su solicitud contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Se deja establecido que mediante Auto de fecha 27 de julio de 2015 se dejó sin efecto la providencia de fecha 10 de julio del mismo año y se corrió en trasladado con el memorial de solicitud de promover acción de inconstitucionalidad concreta a la parte demandante Fuerza Naval Boliviana, quien no contesto a dicha solicitud, por lo que en ausencia de esa respuesta y conforme determina el art. 80.II del Código Procesal Constitucional, se pasa a resolver lo impetrado por la parte demandada.  

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Expuestos los hechos como se encuentran descritos en calidad de resumen en el Considerando que antecede, corresponde a este Tribunal Supremo emitir Resolución en sujeción al siguiente razonamiento:

El art. 132 de la Constitución Política del Estado establece: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”.

Concordante con la norma Constitucional de referencia, se tiene a la Ley Nº 254 Código Procesal Constitucional que en su art. 79 señala: “Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucional Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, dependa de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueva la acción”; el subrayado y resaltado nos corresponde.  

De acuerdo al criterio asumido por José Antonio Rivera Santiváñez en su Obra “Jurisdicción Constitucional”, Tercera Edición 2011 página 252 y 253, donde señala que son dos las condiciones para dar curso a la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta:

1.- “La existencia de una duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto. En efecto, la acción solo será promovida en aquellos casos en los que al tramitarse un proceso judicial o administrativo, surja, en el juez, tribunal o autoridad administrativa y, en su caso, en una de las partes que intervienen en el proceso, una duda razonable respecto a la constitucionalidad de la disposición legal o cualesquiera de sus normas que será aplicada al resolver la causa principal o accesoria del proceso”.

2.- “La vinculación necesaria entre la validez constitucional de la disposición legal que será impugnada con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa en el caso concreto, vale decir, la decisión que deba adoptar el juez, tribunal o autoridad administrativa debe depender de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal. Esto quiere decir que la acción solo procederá cuando la disposición legal, sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en el AC 751/2012-CA de 10 de septiembre, estableció con mayor detalle las condiciones para la admisión de la acción de inconstitucionalidad concreta disgregando en cuatro requisitos a ser cumplidos conforme se describe a continuación:

“Dentro del marco normativo desarrollado precedentemente, se establece que el legislador ha previsto los siguientes requisitos de contenido para la procedencia del incidente de inconstitucionalidad: i) Debe ser promovido dentro de la tramitación de un proceso judicial o administrativo por la autoridad encargada del proceso, ya sea juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a solicitud de alguna de las partes que intervienen en el proceso; ii) La mención de la disposición legal cuya constitucionalidad se cuestiona y el precepto constitucional que se considera infringido; iii) La existencia de duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto y la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la norma con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa; es decir, para la procedencia de este recurso no basta con cuestionar la constitucionalidad de la disposición legal sino que además la misma tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto a ser dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo; y, iv) La presentación del incidente hasta antes de la ejecutoria de la sentencia por una sola vez”.

Sin bien los requisitos enunciados corresponden ser examinados a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin embargo los mismos también deben ser tomados en cuenta por la autoridad correspondiente al momento de conocer una determinada solicitud que tenga por finalidad promover la acción de inconstitucionalidad concreta.

En el caso presente el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) en su condición de Institución demanda y reconventora es quien solicita se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta de los dos únicos artículos del Decreto Supremo Nº 16299 de 22 de marzo de 1979 y del artículo único de la norma legal que lo eleva a rango de Ley Nº 2324 de 31 de enero de 2002 que dispone la transferencia a título gratuito a favor de la Fuerza Naval de 26.791 m2. de terreno (perteneciente al GAMLP) ubicado en Ex Estación Ferroviaria La Paz - Guaqui,  calificándolas a dichas normas legales de ser contrarias a los arts. 339.II; 56.I; 7; 12.I; 14.IV; 109.I.II; 158.I num. 13) de la actual Constitución Política del Estado y principios constitucionales, haciendo énfasis básicamente a la vulneración de su derecho de propiedad por la transferencia gratuita que fue dispuesta.

Por otra parte, la Entidad demandada (GAMLP) y hoy “accionante” alega tener derecho propietario únicamente de 7.106 m2., de terreno que estaría ubicado en el Ex Sermec y Ex Arsenal Central del Ejército, inmueble que se encuentra reconocido a su favor en la Sentencia Nº 414/2013 y confirmada por el Auto de Vista Nº S-308/2014, ambos fallos dictados en el presente proceso; pero es la propia Entidad demandada quien de manera expresa reconoce el derecho propietario de la Fuerza Naval con relación al inmueble ubicado en la Ex Estación Ferroviaria La Paz - Guaqui cuya transferencia fue dispuesta por la indica Ley Nº 2324, manifestando simplemente que la extensión real no sería de 26.791 m2., sino tan solo de 14.071 m2., dentro del cual no se encontraría comprendido los 7.106 m2., indicando que éste inmueble es diferente e independiente que estaría ubicado en la Zona de Challampampa, pero al mismo tiempo de manera contrariamente y confusa manifiesta que se le estaría pretendiendo privar de su derecho propietario de esta última fracción (7.106 m2.).

Por otra parte da a entender que mantiene a su favor la titularidad sobre el inmueble de la Ex Estación Ferroviaria La Paz Guaqui (14.071 m2.), centrando su reclamo básicamente en la falta de compensación económica por la autorización de transferencia gratuita dispuesta por el D.S. 16299 elevado a rango de Ley Nº 2324, denotándose de esta manera que los argumentos del accionante son bastante confusos y reiterativos. 

El art. 339.II de la Constitución Política del Estado al cual se indica principalmente de ser la norma constitucional vulnerada por las disposiciones legales impugnadas, establece que los bienes que constituyen patrimonio del Estado y de las entidades públicas, pueden ser regulados y dispuestos mediante ley; precepto constitucional que tiene relación con el art. 59.I numeral 13) del mismo Texto Constitucional también acusado de infringido; la parte impetrante (GAMLP) debe asumir que se trata de una Entidad pública que forma parte del Estado y los bienes que ostenta son susceptibles de ser dispuestos o transferidos mediante Ley conforme lo establece el art. 339.II de la C.P.E., dicha transferencia puede operar ya sea a título gratuito u oneroso según mejor convenga a los intereses del Estado y sus instituciones públicas que forma parte del mismo como ocurre en el caso presente con la Fuerza Naval; consiguientemente no puede ampararse en el art. 56.I de la Constitución Política del Estado y pedir indemnización por el inmueble, norma Constitucional que está destinada únicamente para la propiedad privada; desde esa perspectiva este Tribunal Supremo no advierte que la Ley Nº 2324 sea contraria a la Constitución Política del Estado toda vez que es la misma Ley Fundamental del Estado la que previene que los bienes que constituyen patrimonio del Estado y de las entidades públicas sean dispuestos o enajenados mediante Ley.   

Si bien inicialmente se dispuso mediante D.S. 16299 de 22 de marzo de 1979 la transferencia de inmueble del Gobierno Municipal de La Paz cuando esta Institución aún no gozaba legalmente de una autonomía; sin embargo posteriormente la indicada norma legal fue elevado a rango de Ley Nº 2324 de 31 de enero de 2002, adquiriendo de esta manera la calidad de una Ley ordinaria emanada del Órgano Legislativo de aquel tiempo, y consiguientemente no se puede seguir hablando de un mero Decreto Supremo como norma legal independiente como lo viene haciendo la Entidad accionante a lo largo de su memorial de solicitud, dirigiendo la misma de manera incorrecta en esta etapa procesal contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Por las consideraciones realizadas, este Tribunal no encuentra duda razonable de la constitucionalidad de la Ley Nº 2324 de 31 de enero de 2002, misma que tiene su antecedente en el Decreto Supremo Nº 16299 de 22 de marzo de 1979, denotándose falta de concurrencia de los requisitos establecidos en el Auto Constitucional 751/2012-CA para promover la acción de inconstitucionalidad impetrada, correspondiendo desestimar la acción planteada, más aún si se toma en cuenta que el memorial de solicitud es bastante confuso en sus argumentos y se encuentra incorrectamente dirigido contra los altos dignatarios de Estado.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 80.IV de la Ley N° 254, RECHAZA PROMOVER la Acción de Inconstitucionalidad Concreta planteada por Gobierno Autónomo Municipal de La Paz representado por Fidel Cruz Aduviri a nombre del Alcalde Municipal Luis Antonio Revilla Herrero por considerar manifiestamente improcedente dicha solicitud.

En cumplimiento del art. 80.III.IV; del Código Procesal Constitucional se eleva en consulta la presente Resolución a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo adjuntarse para el efecto copias legalizadas de las siguientes piezas procesales: Decreto Supremo Nº 16299 de fs. 3 a 4; Ley Nº 2324 de fs. 5 a 6; demanda de fs. 58 a 60 y su modificación y ampliación de fs. 242 a 244 y vta.; contestación y demanda reconvencional de fs. 375 a 380 y vta.; memorial de contestación de fs. 414 a 415; Sentencia Nº 414/2013 de fs. 567 a 588 y vta.; Auto de Vista Nº S-308/2014 de fs. 619 a 620 y vta.; memorial de recurso de casación de fs. 624 a 627 y vta.; Testimonio de Poder Nº 452/2015 de fs. 661 a 663 y memorial que solicita promover la acción de inconstitucionalidad concreta de fs. 664 a 673.

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo