TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 612/2015 - L

Sucre: 03 de agosto 2015

Expediente:         CH-57-10-S

Partes: Jacinta Vallejos Taboada. C/ Gregorio Cuba Flores.

Proceso: Declaración  de interdicción.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Jacinta Vallejos Taboada de fs. 225 a 228, impugnando el Auto de Vista Nº SCII 242/2010  de fecha 05 de octubre de 2010, cursante de fs. 217 a 220 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces  Corte Superior del Distrito de Chuquisaca,  dentro del proceso de Declaración de interdicción, seguido por Jacinta Vallejos Taboada contra Gregoria Cuba Flores, la concesión de fs. 239, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Segundo de Familia de la Capital de Chuquisaca, dicta  Sentencia de fs. 183 a 188, resolución por la cual declara IMPROBADA la demanda de fs. 8-12 de obrados.

Contra esa resolución, Jacinta Vallejos Taboada interpone recurso de apelación de fs. 192 a 194 vta., motivo por el cual la, Sala  Civil Segunda, de la entonces Corte Superior del Distrito de  Chuquisaca emitió el Auto  de Vista Nº SCII 242/2010  de fecha 05 de octubre de 2010 cursante a fs. 217 a 220 por la cual confirma la Sentencia apelada con costas. 

Resolución de segunda instancia  que fue impugnada por Jacinta Vallejos Taboada quien interpuso recurso de casación de fs. 225 a 228 con los fundamentos expuestos en su recurso, mismo que previa sustanciación, fue concedido  y se pasa analizar.

CONSIDERANDO II:                                                                                      DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Aduce  que tanto la Sentencia como el Auto de Vista  hacen caso omiso a lo que dispone el art. 435 del CPC, ya que nombrar al médico forense y el equipo  del IDIF para que cumpla la terea de evaluar y elevar un informe, tal como se dispuso a fs. 12 equivale a un nombramiento de perito de oficio conforme establece el art.432 del CPC, por cuanto en aplicación del art. 435  del mismo código debieron prestar el correspondiente juramento, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

2.- Señala que se no ha valorado correctamente las pruebas periciales producidas vale decir el informe de fs. 4 a 7 y el informe  de fs. 104 a 106 vulnerando  lo dispuesto por el art. 376 y 397 ambos del CPC, ya que los de instancia  al advertir que existía una ligera contradicción en los informes evacuados por el IDIF los mismos no debieron ser tomados en cuenta como pruebas esenciales y decisivas mientras no se cumpla lo que preceptúa el 440 es decir solicitar las aclaraciones del caso

3.- Señala que no ha existido apreciación de acuerdo a la sana critica ya que, de los informes no se establece contradicción, puesto que  ambos informes  establecen que el demandado tiene cambio de personalidad pero estos extremos no fueron considerados  por el A quo o en el Auto de Vista.

4.- De igual manera señala que por la contradicción entre informes debió ser exigida la aclaración al IDIF  y no aun tercer perito  violándose el art. 440 IV del CPC

5.- Asimismo, señala vulneración del art. 431 del CPC, ya que se nombró perito de oficio al Dr. Querejazu, pero en esa designación no se cumple con lo que establece la norma puesto que no se fijan los puntos de pericia

6.- Termina refiriendo que el informe complementario no puede ser considerado, ya que el Juez de primera instancia dispuso que en el plazo de diez días el perito amplié el informe de fs. 88,  empero, este fue presentado fuera del plazo de diez días dados desde la conminatoria, inclusive fuera del plazo probatorio, por lo que carece de valor probatorio.

Solicitando en definitiva casar el Auto de Vista de declarar probada la demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                             FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del contexto del recurso se advierte que este se plantea como recurso de casación en el fondo, empero, del análisis del contexto del recurso se advierte que el recurso acusa errores de forma y de fondo, por cuanto en aplicación del principio pro homine y pro actione se pasa a dar respuesta a los agravios descritos, en principio los de forma ya que, de ser evidente su afirmación, corresponderá disponer la nulidad de obrados sin necesidad de pronunciarse sobre los otros agravios invocados.

EN LA FORMA

Del análisis del recurso se advierte que los agravios 1, 2, 4, 5 y 6, son agravios de forma, en vista de ser evidente su infracción la lógica consecuencia es una resolución anulatoria de obrados para regularizar el procedimiento, por cuanto corresponde dilucidar cada agravio.

En  principio debe dejarse establecido que el instituto de la nulidad procesal en la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectiva, real y materialmente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; ese es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.

En definitiva, la Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorpora un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a la importancia que representa para el caso presente, se pasa a transcribir a continuación las partes pertinentes de dicha norma legal; así en su art. 16 establece lo siguiente:

I. “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”.

II. “La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece:

II. “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.

III. “La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”

Las citadas disposiciones legales se hallan en consonancia con el nuevo Código procesal Civil de vigencia anticipada,  marcan el límite de la actuación de los jueces y magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad procesal una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos; frente a esa situación, se debe procurar siempre en resolver de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso.

En cuanto al primer agravio, el recurrente acusa que la Sentencia y  Auto de Vista  hacen caso omiso a lo que dispone el art. 435 del CPC, ya que  al nombrar al médico forense y el equipo del IDIF para que cumpla la tarea de evaluar y elevar un informe, tal como se dispuso a fs. 12 vta.,  equivale a un nombramiento de perito de oficio conforme establece el art. 432 del CPC, por cuanto en aplicación del art. 435 del  código citado debieron prestar el correspondiente juramento, lo cual no se realizó.

Sobre dicho punto, por un lado no se advierte que la ahora recurrente haya reclamado, tal ausencia u omisión de ese actuado procesal, por cuanto, por principios de preclusión no resulta viable invocar nulidades procesales no reclamadas en las etapas procesales correspondientes y no puede pretender retrotraer etapas procesales ya superadas conforme establece la norma ( art. 16-II Ley 025), ya que, con su silencio han convalidando ese actuar, al margen por el principio de conservación de los actos, el mismo al no causar indefensión, no puede predisponer a una nulidad de obrados, no resultando viable que ante las resultas de una Sentencia desfavorable, se realice observaciones por cuestiones no reclamadas oportunamente.

Como segundo agravio señala, que no debió valorar la pruebas periciales, mientras no se cumpla con lo establecido art. 440 del Código de Procedimiento Civil, ya que, al existir contradicción debió solicitarse la aclaración de los mismos. 

Sobre el particular corresponde citar el art. 440 del Código de Procedimiento Civil que de manera textual señala: “I. Los peritos entregarán su dictamen por escrito con copias para las partes. Los que estuvieren conformes extenderán un solo texto firmado por todos; los disidentes podrán hacerlo por separado.


II. Recibido el dictamen se comunicará a las partes y éstas podrán, dentro de tercero día, pedir al juez recabar de los peritos las aclaraciones convenientes y conexas.


III. El juez accederá a esta petición si la considerare fundada. Su resolución será inapelable.


IV. El juez podrá también llamar a los peritos a su despacho y pedirles verbalmente o por escrito las aclaraciones del caso”,  de la norma descrita se advierte que el juez de la causa  tiene la facultad de solicitar alguna aclaración de los informes, empero, dicha facultad es potestativa en vista de que, la misma está reservada al criterio del juzgador.


En el caso en cuestión, la solicitud de aclaración de informes al resultar una facultad del juzgador, no puede ser invocada como una causal de nulidad, máxime, si el recurrente tenía toda la facultad de solicitar las aclaraciones del informe extremo que no aconteció, por cuanto carece de asidero el agravio acusado.

En cuanto a los puntos 4, 5 y 6 inmersos  en que no debió convocarse a un tercer perito o que no se fijó los puntos de pericia y que el informe ampliatorio se encuentra fuera del plazo de conminatoria, corresponde ratificarnos en lo referido en el primer punto, en vista de que todas estas alegaciones, no fueron reclamadas o impugnadas en la instancia correspondiente conforme les facultaba el art. 24 de la Ley 1760, precluyendo su derecho de hacerlo en esta etapa y resulta una conducta reprochable que ante una sentencia desfavorable se hagan reclamos que no se hicieron en primera instancia, ya que, y valga la redundancia la nulidad procesal es una medida de ultima ratio la cual no es viable en el presente caso.

EN EL FONDO

Aduce  que no ha existido apreciación de acuerdo a la sana critica ya que, los informes no establecen contradicción, puesto ambos informes  determinan que el demandado tiene cambio de personalidad pero estos extremos no fueron considerados o  tomados en cuenta por el A quo o en el Auto de Vista.

En primer lugar cabe aludir el entendimiento dado por este Tribunal en cuanto a este tipo de causas,  al expresar  que la interdicción es el proceso a través del cual, evidenciándose el deterioro del estado de salud mental, da lugar a la incapacidad de obrar de una persona, siempre y cuando la capacidad cognoscitiva este afectada de tal manera que se encuentre limitada su capacidad de entender y comprender las consecuencias jurídicas de sus actos.


La interdicción es la demencia o enfermedad mental, motivo por el cual nuestra legislación en el art.  343 del Código de Familia señala: "El mayor de edad o menor emancipado que adolezca de enfermedad habitual de la mente que lo incapacite para el cuidado de su persona o sus bienes, debe ser declarado en interdicción y nombrársele un tutor aunque tenga intervalos lúcidos.”, así mismo, en el acápite del Código de Familia, referente a las reglas a observarse en los procesos de Declaración de Interdicción, sobre la comprobación del estado de salud mental del demandado, el art. 422 del mismo cuerpo legal establece: “La comprobación del estado de salud mental del demandado se hará por informe médico-legal a producirse por los peritos que designen las partes, salvo que éstas convengan en atenerse a uno solo.  En cualquier caso, el médico forense expedirá su informe, pudiendo el juez solicitar también la opinión de los jefes de sanidad o de establecimientos especializados. Serán admisibles otros medios de prueba corroborativos y complementarios.”;  en virtud de lo mencionado se puede indicar que una característica particular de la Declaración de Interdicción es que está destinada y dirigida única y exclusivamente a los enfermos mentales en sus diferentes grados, motivo por el cual los elementos fácticos para la procedencia de dicha acción, tienen que subsumirse a lo determinado por nuestro ordenamiento legal.


En el caso en cuestión, evidenciado obrados  de los certificados  de fs. 88  y 158 establecen que los cambios de personalidad -no se producen de manera global en toda su personalidad-, y el informe de fs. 104 a 106 no determina incapacidad total, sino incapacidad parcial, por cuanto   no  se reúne el requisito establecido en la norma es decir  la existencia de una -enfermedad habitual de la mente que lo incapacite para el cuidado de su persona o sus bienes- mismo criterio orienta las pruebas testificales, entonces, no se evidencia que el Juez de la causa haya obrado fuera del marco de la sana critica.

Por lo expuesto, corresponde emitir fallo en base a los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jacinta Vallejos Taboada  contra el Auto de Vista Nº SCII 242/2010  de fecha 05 de octubre de 2010, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces  Corte Superior del Distrito de Chuquisaca. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo