TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                             S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 606/2015 - L                                                                 Sucre: 03 de agosto 2015                                                                 Expediente: SC 117 10 S                                                            Partes: Enriqueta Estefanía Martínez Vda. de Vásquez. c/         Luis Alberto Urquidi

            Del Rio.

Proceso: Resolución de Contrato por Incumplimiento.                                 Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 381 a 382 vta., interpuesto por Enriqueta Estefanía Martínez Vda. de Vásquez, contra el Auto de Vista Nº 350 de 22 de julio de 2009 de fs. 376 a 377 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario de resolución de contrato por incumplimiento, seguido por Enriqueta Estefanía Martínez Vda. de Vásquez contra Luis Alberto Urquidi Del Rio; la respuesta al recurso de fs. 384 y vta.; el Auto de concesión de fs. 386; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sustanciado el proceso el Juez Segundo de Partido en materia Civil y Comercial de la Capital, mediante Sentencia de 14 de marzo de 2008 cursante de fs. 303 a 312 vta., declaró probada en parte la demanda de fs. 18 y vta., así como la modificación y ampliación de fs. 108 a 110, solamente con relación a la resolución del contrato de fecha 23 de mayo de 1995 y el cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato sobre la devolución del inmueble.  Probada en parte la demanda reconvencional de fs. 166 a 168, solamente con relación al reconocimiento de reparaciones, mejoras y construcciones introducidas al inmueble objeto de la litis. Sin costas.

Contra esa resolución de primera instancia, la demandante a través de su apoderado Ángel Coronado Coca a fs. 317 a 319 vta., interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 350 de 22 de julio de 2009, cursante de fs. 376 a 377 vta., confirma en parte la Sentencia apelada de fs. 303 a 312 y vta., con la modificación del monto de las mejoras, estableciendo las mismas en la suma de $us. 10.000; resolución recurrida en casación por la demandante, cursante de fs. 381 a 382 vta., mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación en el fondo se tiene lo siguiente:

Acusa violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 432 del Código de Procedimiento Civil, referido a la designación de perito, en el caso señala la recurrente que la parte ofreció prueba pericial, misma que fue corrida en traslada, pero extrañamente nunca le fue notificada con este proveído y lo más curioso es que fue presentado como perito el Arq. Jimmy Oropeza, sin embargo se designa como perito a otra profesional Rosario Schrupp (designación de oficio), incide en la vulneración del art. 432 del Código Adjetivo de la Materia.

Acusa que el Auto de Vista carece de fundamentación y argumento legal, al afirmar temerariamente que el demandando hubiere demostrado los daños y perjuicios sobre la base de $us. 10.000, no habiendo hecho un análisis sobre las pruebas producidas durante el proceso, toda vez que no existe documento legal alguno que así lo compruebe.

Por lo expresado, habiendo el Auto de Vista violado, interpretado erróneamente normas jurídicas vigentes, solicita casar el Auto impugnado.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del recurso interpuesto por la parte recurrente, si bien señala ser de fondo, del análisis del mismo se evidencia que acusa error “in procedendo”, así como error “in iudicando”, por lo que en observancia del principio “pro actione” y disgregando dichos aspectos corresponde de inicio absolver los agravios de forma, porque de ser evidente la infracción acusada ya no sería necesario ingresar al recurso de fondo.

Acusa violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 432 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la designación de perito, habiendo sido ofrecido un profesional y designado otro diferente, por lo que se habría vulnerado el art. 432 del Código de Procedimiento Civil.

La citada norma está referida a la designación de peritos, misma que faculta a las partes designar de común acuerdo uno o dos peritos, pudiendo dejar al arbitrio del Juez la designación del mismo, ello significa que es también facultad del juzgador la designación de perito como se dio en el presente caso. Si bien es cierto que la parte demandada ofreció como perito al Ing. Jimmy Oropeza Turner; sin embargo fue designada la Arq. Rosario Schrupp, aspecto que no va contra la norma por ser facultad de juez de primera instancia la designación de perito de oficio, como se tiene manifestado líneas arriba.

Con relación a que, la parte demandante no hubiera sido notificada con el memorial de ofrecimiento de perito y decreto que sigue de fs. 208 y 209 de obrados, esta irregularidad debió ser cuestionada oportunamente por la parte actora y no en esta etapa del proceso, toda vez que la misma al verse afectada  tenía expedita la vía incidental en el marco del art. 149 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y al no haber procedido así, su derecho habría precluido.

Es más presentado que fue el informe pericial de fs. 263 a 277, acumulado a sus antecedentes mediante proveído de fs. 277 vta., y puesto en conocimiento de las partes a afecto de ser impugnada por quien estuviera disconforme con la misma o  fuera gravosa a sus intereses, en el caso de autos  la demandante debió impugnar dicho informe conforme lo dispone por el parágrafo II del art. 440 del Adjetivo Civil, impugnación que no fue activada por la parte recurrente, convalidando de esta forma los actuados procesales desarrollados, por lo que no resulta evidente el agravio acusado.

Asimismo, acusa que el Auto de Vista carece de fundamentación y argumento legal, al afirmar temerariamente que el demandando hubiere demostrado los daños y perjuicios sobre la base de $us. 10.000, no habiendo hecho un análisis sobre las pruebas producidas durante el proceso, toda vez que no existe documento legal alguno que así lo compruebe.

Al respecto debemos puntualizar que la línea jurisprudencial asumida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en sus diferentes fallos, ha señalado que la motivación y fundamentación de una Resolución, no necesariamente implica que su exposición sea exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación implica que la Resolución sea clara y concisa donde se exponga las razones determinativas que justifican al decisión asumida, exigiéndose en suma que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte resolutiva del fallo.

En ese antecedente, de la revisión de la Resolución del Alzada, se evidencia que el Ad quem, en la parte considerativa del Auto recurrido, desarrolla su análisis en relación a los puntos recurridos por la parte demandante, estando ella orientada a reclamar el pago de mejoras introducidas por el demandado, mismas que no hubieran sido probadas en el juicio. Al respecto cabe señalar que el Tribunal de Alzada hizo un análisis de todo el proceso y de las pruebas producidas en ella, llegando a la conclusión de que contrato suscrito entre Enriqueta Martínez Vda. de Vásquez y Luis Alberto Urquidi Del Rio se encuentra vencido y al declararse probada en parte la demanda principal en cuanto se refiere a la resolución del contrato de 23 de mayo de 1995 y cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato (devolver el dinero recibido y entregar el inmueble en las mismas condiciones que lo recibió), considera que se hubiera actuado en forma correcta, asimismo al haber declarado probada en parte la demanda reconvencional en la parte del reconocimiento de mejoras y construcciones introducidas al inmueble en base al informe pericial que arroja la suma de $us. 15.327.72, monto que es modificado por el Tribunal de Alzada a la suma de $us. 10.000 por ser esta la pretensión de la demanda reconvencional en cuanto a las mejoras introducidas, determinación que fue asumida en base al informe pericial de fs. 263 a 277, por lo que no se puede establecer la inexistencia de prueba al respecto, siendo ella fundamental para determinar la introducción de mejoras y el valor de las mismas y en caso de sentirse agraviadas las partes con este informe, debieron cuestionar oportunamente. De donde se colige que el Ad quem resolvió el recurso sobre los aspectos que fueron motivo de impugnación, fundamentando legalmente su resolución en base a las pruebas producidas en el proceso, con la debida motivación y fundamentación, habiéndose  otorgado una respuesta global a los agravios denunciados.

En consecuencia se concluye que el Auto de Vista impugnado, se circunscribe a la expresión de agravios que fueron detallados en el memorial de apelación, mismos que fueron resueltos observando la pertinencia que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, Resolución de segunda instancia que cuenta con la debida claridad, motivación y fundamentación que la sustenta, porque da razones por las cueles arriba a dicho entendimiento, aspecto que permite comprender razonablemente la claridad y alcance del fallo, resultado por consiguiente infundado el agravio denunciado.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 271 num. 2) del Código de procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en fondo de fs. 381 a 382 vta., interpuesto por  Enriqueta Estefanía Martínez Vda. de Vásquez contra el Auto de Vista de 22 de julio de 2009, cursante a fs. 376 a 377 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz. Con costas

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo