TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 605/2015 - L

Sucre: 3 de Agosto 2015

Expediente: SC-119-10-S

Partes: Enrique Javier Arnez Nuñez y Zulema Orellana Veizaga c/ Juan Ignacio

           Díaz Mejía, Hugo Moreno de la Reza, Clara María Pozzi de Moreno y

            Presuntos Propietarios

Proceso: Usucapión Decenal

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 359 a 361 y vta., interpuesto por María Fátima Díaz Mejía en representación de Juan Ignacio Díaz Mejía, contra el Auto de Vista Nº 181, de fecha 28 de septiembre de 2010, cursante de fs. 354 a 355 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal, seguido por Enrique Javier Arnez Núñez y Zulema Orellana Veizaga contra Juan Ignacio Díaz Mejía, Hugo Moreno de la Reza, Clara María Pozzi de Moreno y Presuntos Propietarios; la concesión de fs. 369; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el proceso, el Juez Décimo Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, emitió la Sentencia Nº 100 de fecha 19 de septiembre de 2009, cursante de fs. 314 a 317, declarando PROBADA EN TODAS SUS PARTES la demanda principal de fs. 6 y vta., y ampliación de fs. 13, e IMPROBADA la demanda reconvencional presentada de fs. 143 a 147. Disponiendo en ejecución de Sentencia lo siguiente: 1. La entrega de un testimonio para proceder a la inscripción del derecho propietario de la parte actora sobre el lote de terreno ubicado en el Barrio Los Bosques, U.V. Nº 110, Mzo. Nº 5, con una extensión superficial de 799,46 mts2. 2. Se declare a la parte demandante como propietarios de las mejoras construidas en el lote de terreno antes citado. 3. Sin costas por ser juicio doble.

Contra la referida Sentencia, María Fátima Díaz Mejía en representación Juan Ignacio Díaz Mejía, interpuso recurso de apelación cursante de fs. 323 a 325.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 181, de fecha 28 de septiembre de 2010, cursante de fs. 354 a 355 y vta., por el que CONFIRMÓ la Sentencia recurrida, así como el Auto apelado en efecto diferido de fecha 4 de octubre de 2008. Con costas en ambas instancias.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en la forma y en el fondo, interpuesto por María Fátima Díaz Mejía en representación de Juan Ignacio Díaz Mejía, mismo que se pasa a considerar y resolver. 

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Haciendo referencia al primer punto del III Considerando del Auto de Vista, denuncia que el Tribunal de Alzada afectó al debido proceso, porque el proceso se habría desarrollado con verdaderos vicios de nulidad, quebrantándose el art. 4 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la parte actora habría incumplido con los siguientes requerimientos: certificación a si el inmueble objeto del litigio se encontraba registrado en Derechos Reales, la presentación de fotocopias legalizadas, colocación de letrero que señale que el mismo era sujeto de usucapión y la presentación de fotografía de dicho letrero; de igual forma, añade que no existen certificaciones de las cooperativas Cre. y Saguapac del inmueble que se pretende usucapir.

Acusa que el Auto de Vista es violatorio por que no subsanó las diligencias o notificaciones que no fueron practicadas en su domicilio procesal sino en otro domicilio, extremo que vulneraría su derecho a la defensa, como las cursantes a fs. 287 y 291.

Denuncia que su persona adjuntó documentación consistente en Testimonio de adjudicación judicial, Certificado Catastral, Plano de Uso de Suelo, Certificado Alodial y otros que demuestran su derecho propietario y su respectivo registro en la Oficina de Derechos Reales que habría sido realizado con antelación al inicio del presente proceso, razón por la cual denuncia la vulneración del art. 40 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar y art. 1538 del Código Civil.

En base a esos antecedentes, solicita la nulidad de obrados.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Del análisis del recurso de casación, se advierte que la parte recurrente pese a haber señalado que recurre en la forma y en el fondo, éste expone sus reclamos de manera general sin disgregar cuales serían aquellos de forma y cuales los de fondo, empero en virtud a lo establecido en el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, y art. 30 num. 14) de la Ley Nº 025, comenzaremos por analizar los reclamos que corresponde al recurso de casación en la forma y de no encontrar motivo de nulidad en la Resolución recurrida, se ingresará al análisis de los reclamos que corresponde al recurso de fondo.

En la forma:

Respecto a la vulneración al debido proceso porque la causa se habría desarrollado con vicios de nulidad, corresponde señalar que respecto a la falta de certificación sobre si el inmueble objeto del litigio se encontraba registrado en Derechos Reales, colocación de letrero que señale que el mismo era sujeto de usucapión y la presentación de fotografía de dicho letrero; la parte recurrente, una vez citado mediante edictos con la demanda principal de usucapión, debió percatarse de lo que ahora acusa en casación, es decir que si el incumplimiento de la parte demandante a dichos requerimientos le ocasionaba perjuicios debió reclamar de manera oportuna y no traer a esta etapa procesal reclamos que ya precluyeron y fueron convalidados con actos propios en los que el recurrente no hizo reclamo alguno, más aun si lo que acusa, al margen de que ya mereció la respuesta del Tribunal de Alzada, el mismo no ocasiona perjuicio al recurrente, pues la finalidad del letrero que señala que el inmueble se encuentra en litigio es que aquel que creyere tener derechos sobre el mismo se apersone al proceso, como ocurrió con el recurrente que se apersonó al proceso señalando tener derechos sobre el inmueble objeto del litigio, de esta manera la finalidad por la cual se debe colocar el letrero se cumplió no existiendo consiguientemente vulneración alguna al debido proceso. Ahora bien, respecto a la falta de certificación de Derechos Reales que acredite si el inmueble se encontraba registrado o no, debemos señalar que dicha omisión fue subsanada por el mismo recurrente cuando contestó a la demanda y señaló tener derecho propietario sobre el bien inmueble y que el mismo se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la matricula computarizada Nº 7.01.1.99.0047449; por lo  expuesto se concluye que la falta de dichos requerimientos que debieron ser realizados por la parte actora resultan carentes de trascendencia.

En lo que respecta a la falta de certificaciones de las cooperativas Cre. y Saguapac del inmueble que se pretende usucapir, debemos señalar que cuando el Juez valora la prueba para determinar la procedencia o no de la usucapión, no se basa únicamente en la existencia o no certificaciones que acrediten la existencia de Agua y Luz en el inmueble que se pretende usucapir, sino que el Juez debe realizar un análisis y valoración de los elementos probatorios de manera integral y no aislada, es decir que debe confrontarlos unos con otros con la finalidad de obtener una conclusión afirmativa o negativa respecto a la pretensión que las partes persiguen, por lo que las partes deben producir toda la prueba que vean pertinente para lograr su pretensión, resultando consiguientemente carente de fundamento el reclamo acusado.

Con relación a la acusación de que el Auto de Vista no habría subsanado las diligencias o notificaciones que no fueron practicadas en su domicilio procesal sino en otro domicilio, extremo que vulneraría su derecho a la defensa, como las cursantes a fs. 287 y 291; debemos señalar que, de la revisión de los actuados procesales, la parte recurrente se refiere a la notificación con los decretos que señalaron audiencia para elección de perito en un domicilio diferente al señalado por su persona, empero debemos señalar que si bien dicho reclamo es evidente, este no resulta ser trascendental, toda vez que el mismo no le ocasiona perjuicio ni indefensión alguna, puesto  que ante las observaciones realizadas por su persona a un primer informe pericial el cual fue repuesto por el Juez  A quo, éste ordenó que se oficie al Colegio de Arquitectos, a efectos de que dicho órgano colegiado remita una terna de profesionales a fin de que estos sean sorteados mediante audiencia pública, Auto con el cual si fue notificado el recurrente; asimismo, si bien la parte recurrente no estuvo presente en la audiencia en la cual se sorteó al perito valuador, empero este si fue notificado con el “avalúo de antigüedad del inmueble” en el domicilio procesal que señaló en el memorial cursante de fs. 260 a 261 y vta., avalúo que no mereció objeción alguna, lo que demuestra la conformidad con el informe emitido por el perito.

En base a lo expuesto es que se advierte que el reclamo vertido por la parte recurrente al no causarle indefensión no puede generarse la nulidad de obrados que pretende, tal como lo señala el principio de trascendencia y de especificidad.

Consiguientemente por las razones expuestas el recurso de casación en la forma deviene en infundado conforme lo establece el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

Ante la denuncia de vulneración del art. 1538 del Código Civil y art. 40 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar, porque la parte recurrente habría adjuntado documentación que demuestra su derecho propietario y su respectivo registro en Derechos Reales, el cual señala que fue con antelación a la presente demanda; en principio corresponde señalar que en virtud a la revisión de los actuados procesales, la presente demanda fue interpuesta en fecha 14 de septiembre de 2006 conforme cursa a fs. 7 y el registro del derecho propietario en Derechos Reales del recurrente fue realizado en fecha 9 de noviembre de 2006 (fs. 211), es decir que el registro fue realizado de manera posterior a la presentación de la demanda de usucapión, no resultando evidente lo señalado por el recurrente, consiguientemente no existe vulneración del art. 1538 del Código Civil que establece que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros, sino desde el momento en que se hace público mediante la inscripción en el Registro de DD.RR. y toda vez que la presente demanda fue interpuesta con anterioridad a dicho registro, por cuanto el reclamo acusado carece de sustento.

Con relación a la vulneración del art. 40 de la Ley de Abreviación Procesal y Asistencia Familiar, norma que modifica el art. 528 del Adjetivo Civil, se debe señalar que dicha norma si bien refiere que el pago del precio dentro del plazo consolida el derecho del adjudicatario y que dicho pago surtirá efectos con carácter retroactivo desde el momento de la adjudicación, empero también señala que mientras no se pague el saldo del precio no podrá realizarse actos jurídicos de disposición del bien ni constituirlo como garantía para el cumplimiento de obligaciones, norma que guarda estrecha relación con el art. 545 del Código de Procedimiento Civil que refiere que, previo al pago total del saldo correspondiente al precio del bien rematado, pedirá la aprobación del remate y una vez aprobado por el Juez, éste ordenará se extienda la respectiva Escritura Pública de transferencia y protocolización de las actuaciones correspondientes, documento que una vez inscrito en Derechos Reales surtirá efectos contra terceros; en virtud a lo señalado, por la documental cursante de fs. 124 a 134 de obrados, consistente en Testimonio Nº 623/2006 de fecha 07 de noviembre de 2006, sobre Escritura Pública de adjudicación judicial del bien inmueble objeto de la litis, el cual fue registrado en Derechos Reales bajo la matricula computarizada Nº 7.01.1.99.0047449 en fecha 11 de noviembre de 2006, se evidencia que la venta judicial fue perfeccionada, porque el recurrente pagó el precio del inmueble rematado y el Juez procedió a la respectiva aprobación del remate; empero también es evidente que de acuerdo a lo señalado por el art. 1478 del Código Civil cuando se produce el efecto traslativo de la venta forzosa se salvan los efectos de la posesión de buena fe, como ocurrió en el caso de Autos; es decir que si bien las documentales a las cuales hace referencia el recurrente, como ser Testimonio de Adjudicación Judicial, certificado catastral y certificado alodial, demuestran el derecho propietario que tienen sobre el bien inmueble, no menos cierto es el hecho de que dichas pruebas no desvirtúan la pretensión de la parte actora como tampoco demuestran su acción reconvencional, pues conforme lo establece el art. 1283 del Código Civil y 375 del Adjetivo Civil, el recurrente tenía la obligación de demostrar en base a todos los medios legales probatorios su pretensión y de esta manera obtener una Sentencia favorable, extremo que en Autos no ocurrió razón por la cual el Tribunal de Alzada de manera correcta confirmó la Sentencia recurrida en apelación.

En base a lo expuesto, en lo que respecta al recurso de casación en el fondo, corresponde fallar en la forma que prevé el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDANDO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 359 a 361 y vta., interpuesto por María Fátima Díaz Mejía en representación de Juan Ignacio Díaz Mejía, contra el Auto de Vista Nº 181, de fecha 28 de septiembre de 2010, cursante de fs. 354 a 355 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo