TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

              S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 598/2015 - L 

Sucre: 29 de julio 2015          

Expediente: LP-121-10-S

Partes: Gregorio Jorge Cárdenas Zúñiga. c/ Jacinta Trujillo Rojas.  

Proceso: Divorcio.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación  de fs. 195 a 197 vta., interpuesto por Jacinta Trujillo Rojas, en contra del Auto de Vista-Resolución Nº S-182/2010 de 11 de junio de 2010 de fs. 192 y vta., pronunciada por la Sala Civil Cuarta de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario de Divorcio seguido por Gregorio Jorge Cárdenas Zúñiga contra la recurrente; el Auto de concesión de fs. 202, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, dictada la Sentencia en fecha 20 de julio de 2009 por el Juez Séptimo de Partido de Familia de la Capital, cursante de fs. 168 a 169 vta., donde declaró probada la demanda de Divorcio por haberse justificado plenamente la causal contenida en el art. 131 del Código de Familia en consecuencia disuelto el vínculo matrimonio que une a los esposos Gregorio Jorge Cárdenas Zúñiga y Jacinta Trujillo Rojas debiendo en ejecución de sentencia procederse a la cancelación de la partida matrimonial. Se homologó la Resolución Nº 020/2008 con la modificación de que cesa la asistencia familiar fijada a favor de la demandada de conformidad a lo establecido en el art. 143 del Código de Familia.

Resolución que fue apelada por la parte demandada, por dicho motivo el Tribunal de alzada confirmó totalmente la Sentencia dictada por el Juez A quo.

Resolución de segunda instancia que es recurrida en casación por parte de la demandada, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusa que la parte actora con total descuido, presentó las declaraciones testificales de cargo fuera del plazo legal establecido (50 días).

Asimismo con referencial al Tribunal Ad quem, la parte recurrente señala que con total parcialidad se confirmó la Sentencia dictada en base a dos testigos presentados fuera del plazo probatoria.

En la forma acusa que la autoridad de alzada no valoro conforme a los datos del proceso, el recurso de reposición de la providencia de fs. 119, bajo alternativa de apelación, diferido en apelación que no fue considerado por el Tribunal de alzada.

Con lo que termina peticionando que se anule obrados hasta el vicio más antiguo por haberse violado la norma legal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado el recurso de casación en la forma y en el fondo, de la lectura del mismo se entiende que los argumentos empleados son enteramente de forma, y siendo la pretensión principal la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, se debe considerar lo siguiente:

De manera general se ha dicho que la nulidad es la sanción por la cual el ordenamiento jurídico priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas, para ello Couture, señala que, siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace o desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley.

Que, al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes.

En ese sentido se debe distinguir, las formas esenciales de las meras formalidades, así como el juzgador debe tomar en cuanta al momento de declarar una nulidad ciertos principios:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca”, esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar Autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Mas este principio no ha de aplicarse, a rajatabla por el Juez sino siguiendo la orientación de la doctrina que ha ampliado este principio, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en esta materia.

Principio de Finalidad.- En virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no pudo cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad.

Principio de Trascendencia.- Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio real que ocasiona al justiciable. Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

Principio de convalidación.-Principio que tiene relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

Principio de Protección.- En virtud del cual la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la Sentencia, queden en indefensión. La consecuencia más importante del principio de protección es que quien ha celebrado el acto nulo a sabiendas o debiendo saber del vicio que lo invalidaba, no puede invocarlo. En consecuencia la legitimación para reclamar la nulidad estará otorgada por el interés, que se traduce en el perjuicio efectivamente sufrido, por quien solicita la declaratoria de nulidad.

Estos principios otorgan a la administración de justicia una guía general para aplicar las nulidades procesales reclamadas por las partes en litigio, la observancia de estos es requisito sine quanon antes de cualquier nulidad.  En el caso de autos, la parte recurrente, redunda su argumentación en señalar que la parte actora presentó su prueba testifical de cargo, fuera del plazo de los cincuenta días establecido en la norma, agravio que no hubiera sido tomado en cuenta por el Tribunal Ad quem para anular obrados hasta el vicio más antiguo.

Al respecto, de la revisión de obrados se evidencia que, el Juez A quo con la facultad conferida por el art. 378 del Código de Procedimiento Civil dispuso la recepción de la prueba testifical de cargo ahora reclamada; normativa que faculta al Juez de la causa, la posibilidad de ordenar de oficio declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente, actuado judicial que no genera vicio procesal alguno, más al contrario se encuentra entre una de las facultades de los administradores de  justicia.

Por otro lado, no resulta transcendental el agravio traído a casación, toda vez que la Sentencia no solamente se basó en las declaraciones testificales de cargo que a criterio de la parte recurrente hubieran sido presentadas fuera del plazo de los 50 días, la resolución de primera instancia además de las declaraciones testificales, basó su fundamentación en un anterior proceso de divorcio tramitado por ambas partes, causa que fue declarada improbada y otorgó al Juez A quo la convicción de que la separación de hecho de las partes se encontrada plenamente probada, o sea, no solo fueron las declaraciones testificales que fundaron la decisión en Sentencia, sino también la prueba documental que fueron apreciadas por el Juez A quo de acuerdo a la valoración que la ley le otorga, apreciándolas también conforme a su sana crítica y prudente criterio, entendiendo ésta como la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual garantizando el más certero y eficaz razonamiento.       

Por lo expuesto queda clara que el agravio traído a consideración en casación no resulta contrario a toda norma y que éste hubiera vulnerado totalmente los derechos de la parte recurrente, como se tiene expuesto el Juez con la facultad que cuenta admitió dicha prueba, la misma que no fue la única que valoró.

Finalmente, respecto a que la autoridad de alzada no valoró conforme a los datos del proceso, el recurso de reposición de la providencia de fs. 119, bajo alternativa de apelación, que a criterio de la parte recurrente no fue considerado por el Tribunal de alzada; se debe indicar que, esa imprecisión debió ser advertida oportunamente al Tribunal de Alzada, en aplicación de los arts. 239 relacionado con el 196 num. 2) ambos del Código de Procedimiento Civil, a fin de que ese mismo Tribunal aclare o corrija la omisión anotada, sin embargo la parte recurrente no hizo uso de aquella facultad y dejó pasar esa imprecisión, convalidando la misma.

Por dicho motivo, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 inc 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el  fondo y en la forma  de fs. 195 a 197 vta., interpuesto por Jacinta Trujillo Rojas, en contra del Auto de Vista-Resolución Nº S-182/2010 de 11 de junio de 2010 de fs. 192 y vta., pronunciada por la Sala Civil Cuarta de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto