TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 594/2015 - L

Sucre: 28 de julio 2015

Expediente: CH 58 10 S

Partes: Lucía Sarzuri Matías Vda. de Paco en representación de David Justino

            Paco Sarzuri. c/ Katya Otalora Vedia.

Proceso: Divorcio.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 330 a 334, interpuesto por Lucía Sarzuri Matías Vda. de Paco en representación de David Justino Paco Sarzuri contra el Auto de Vista Nº 281/2010 de 22 de septiembre de 2010, de fs. 325 a 327, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de divorcio seguido por David Justino Paco Sarzuri contra Katya Otalora Vedia; la respuesta al recurso de fs. 337 a 338; el Auto de concesión de fs. 339; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Lucía Sarzuri Matías Vda. de Paco en representación de David Justino Paco Sarzuri, adjunto literales a 6 fs., demanda de fs. 7 a 8 vta., y fs. 13, amparada en el inc. 1) del art. 130 del Código de Familia, señalando que su poder conferente contrajo matrimonio con la demandada el 25 de abril de 1991, habiendo procreado dos hijos y decidido radicar en esta ciudad de Sucre. Al poco tiempo de entregarle negocios bien establecidos como ser una brostería en la ciudad de Potosí, dos abarroterías en esta ciudad, y finalmente, un internet, entonces, la demandada comenzó a actuar en forma extraña, los negocios quebraron, el capital y utilidades se esfumaron, hasta que en una ocasión de manera extraña extravió $us.1.500 dinero que le había entregado su esposo para cancelar supuestas deudas. Solicitó préstamos de diferentes entidades financieras sin conocimiento de su cónyuge, de los que hasta hoy no se conoce el motivo de porqué y para qué contrajo. Fueron estas deudas que justificó para presionar a su marido para vender la casa convenciéndolo para que se dedique al negocio como vendedor ambulante en la ciudad de Tarija entregándole una migaja de dinero de la venta, situación que fue planificada con su amante. En aquella ciudad su poder conferente vivió en míseras condiciones por lo que su madre lo convenció de volver a esta ciudad, llegando a ésta corrió a ver a sus hijos a la casa donde su esposa había tomado en anticrético pero no le permitió el ingreso poniendo diferentes pretextos por lo que tuvo que regresarse. Esta situación se repitió otra vez pero en ésta no regresó sino que se quedó oculto, entonces, vio salir de la casa al amante de su esposa, luego hubo otras evidencias como las fotografías que les tomaron a los amantes. De ahí que se explica la extraña actitud de la demandada y el dinero de la venta de la casa que fue despilfarrado por ella en esa relación adúltera, por lo que pide la desvinculación matrimonial.

Katty Otalora Vedia, de fs. 113 a 114 vta., responde y reconviene manifestando que su esposo siempre le ha propinado malos tratos  por lo que decidió poner fin a dicha relación separándose de forma libre y voluntaria para evitar traumas sicológicos a sus hijos quienes fueron testigos presenciales de las palizas que recibió de su esposo por lo que acudió buscando protección a la Brigada de Protección a la Familia, médico forense. Es falso que de la venta del inmueble su esposo no hubiera recibido nada ya que con el fin de instalarse en la ciudad de Tarija se llevó $us.25.000 monto que equivocadamente hicieron figurar como préstamo de dinero el 15 de febrero de 2007, pero conoce el demandante que mantenían una deuda con el Banco Los Andes Pro Credit habiéndose cancelado $us.44.000 con el producto de la venta de la casa, también ese dinero sirvió para hacerle envíos a la ciudad de Tarija donde su esposo había caído en una desgracia de la cual prefiere no entrar en detalles. Vive junto a sus hijos en una casa que no es propia ya que en su propia casa de la calle Hochmann Nº 149, vive su suegra, la madre del demandante en calidad de usufructuaria de quien no podría seguir recibiendo malos tratos. Su acción reconvencional sustenta en el art. 131 del Código de Familia, manifestando que están separados por más de dos años, concretamente, a partir de febrero de 2005, lo que se demuestra con la capitulación matrimonial reconocida, suscrita en Tupiza el 1º de agosto de 2007, para este final tuvieron que transcurrir muchos años de calvario y malos tratos de palabra y de obra que han hecho intolerable la vida en común, malos tratos que han continuado hasta el año 2006, después de estar separados por eso acudió a la Brigada de protección donde suscribieron actas de buena conducta; certificado médico que también se adjunta. Pide se fije asistencia familiar en favor de sus hijos menores ya que su esposo alquiló el inmueble de ambos sin su conocimiento de cuyo monto pide se pague la asistencia, además, se disponga que el 50% de ese canon de alquiler sea cancelado a su favor.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Cuarto de Partido de Familia de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 121/2010 de 26 de febrero de 2010, de fs. 301 a 304, declaró probada la demanda por la causal prevista en el art. 130-1) del Código de Familia, e improbada la demanda reconvencional por la causal prevista por el art. 131 del Código de Familia, en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial. Habiéndose aprobado provisionalmente el documento de capitulación matrimonial, únicamente en cuanto a la guarda de los hijos menores a favor de la madre y en lo relativo al monto de asistencia familiar fijado en Bs. 200. Se ha llegado a demostrar la ganancialidad del inmueble de la calle Emilio Hochman Nº 163, hace partibles por igual entre ambos, sin embargo, conforme el art. 110, plenamente vigente al no haber sido anulado ni revocado, y se encuentra firmado por ambos litigantes, el 50% del derecho propietario que le asiste al demandante sobre el inmueble, le es cedido a favor de la demandada por lo que el 100% del derecho propietario se encuentra concentrado en la demandada, no existiendo en consecuencia ya la ganancialidad del mismo, por lo que debe librarse la provisión ejecutoria respectiva a ser ejecutada en Derechos Reales. De acreditarse la existencia de bienes se procederá a su división y partición en ejecución de sentencia así como de acreditarse deudas y cargas de la comunidad de gananciales.  

En grado de apelación, la Sala Civil primera de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 281/2010 de fs. 325 a 327, revocó parcialmente la Sentencia apelada, declarando que el bien inmueble sito en calle Emilio Hochman Nº 163 integra la comunidad de gananciales debiendo procederse a su división en ejecución de sentencia; resolución contra la cual la parte demandante recurre de casación en el fondo.    

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso, se resume lo siguiente:

Falsa y errónea aplicación del art. 397-inc. I y II del Adjetivo Civil.- El Auto impugnado punto primero, tercer considerando, señala que se ha probado la causal de divorcio, la carga de la comunidad, que ninguno de los esposos ha trabajado en el transcurso del matrimonio, sin embargo ha llegado a probar que David Paco Sarzuri es deudor de Federico Mamani desde el 24 de febrero de 2004, según fs. 115, deuda en plena vigencia del matrimonio; según la prueba testifical aportada, de manera uniforme señala que los esposos nunca trabajaron, por tanto, lo que hicieron fue con dinero ajeno como consta en la misma literal que la demandada adjuntó, la demandada hizo giros de dinero en favor de su esposo, en todo caso, el Tribunal debió preguntarse de dónde consiguió dinero la demandada si no trabajaba más aun cuando ella señala que su esposo cayó en desgracia refiriendo a que el actor era adicto lo cual debe considerarse como una confesión espontanea que demuestra que el actor no trabajaba.

Entonces, la confesión es la manifestación o declaración que la parte hace para reconocer en todo o en parte, la existencia de un hecho jurídico o reconocer un derecho; según prueba documental de fs. 56 a 87, se acredita la manutención tanto del actor como de sus hijos por la madre y abuela respectivamente, lo que significa que el dinero que se debe sirvió en esa manutención en todo el tiempo que duró el matrimonio.

En consecuencia, está demostrada la existencia de la deuda adquirida en interés de la familia, el Juez A quo incurrió en mala interpretación de los arts. indicados, ya que las declaraciones testificales y las documentales señaladas debieron valorarse revocando la Sentencia.       

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- De acuerdo al documento privado de préstamo de dinero suscrito el 28 de febrero de 2004, y el reconocimiento de firmas que data del 13 de junio de 2006, documentos que en copias simples cursa en fs. 107 a 108, se establece que entre David Justino Paco Sarzuri y Federico Mamani Paco celebraron un contrato de préstamo de dinero por $us.60.000 otorgado por el segundo en favor del primero de los nombrados, en cuyas cláusulas el deudor manifiesta que hace tres años había adquirido dicha deuda y se compromete a devolver hasta el 27 de febrero de 2007, bajo un plan de pagos. Se estipuló, en caso de incumplimiento a la primera cuota trimestral, tenerse la obligación liquida y exigible y mora automática del deudor sin necesidad de requerimiento judicial o extra judicial; se estableció asimismo el interés convencional y la constitución de garante solidaria y mancomunada a Lucía Sarzuri Matías Vda. de Paco, garantizándose la obligación con el inmueble sito en calle Emilio Hochman Nº 163.

2.- Por cargas de la comunidad de gananciales podemos entender que son los gastos que han de ser satisfechos con los bienes comunes, en consecuencia, los bienes de la comunidad responden también de todas las obligaciones contractuales y extracontractuales que han sido contraídas por el marido y la mujer, siempre que sean atinentes a la comunidad familiar. En esa orientación está dispuesta el art. 118 del Código de Familia, referido a cargas familiares, cuando señala que son cargas de la comunidad: “5) Las deudas contraídas por el marido y la mujer durante el matrimonio, en interés de la familia”, es decir, que las cargas familiares contraídas por uno o ambos esposos, para ser consideradas como tales deben justificarse porque fueron contraídas en beneficio de la familia, tan cierto es esto que, como señalan los arts. 114 y 116 del Código de Familia, respecto a la administración y disposición de los bienes comunes, éstos se administran y disponen en forma conjunta, y cuando excepcionalmente se realiza por uno de los cónyuges, se presume cuenta con el consentimiento del otro y sólo surte efectos en relación al otro cuando los actos de administración (unilateral) se justifican con las cargas de la comunidad, más si no se justifican sólo obligan personalmente al cónyuge que los realizó. A ese respecto, Carlos Morales Guillen (Código de Familia. Concordado y Anotado. Ed. Gisbert y Cía SA. La Paz-Bolivia 1979), dice que “…el acto de administración aparecerá justificado con las cargas de la comunidad cuando haya conexión entre el acto administrativo cumplido y alguna necesidad de la comunidad familiar satisfecha con él, y cuando no aparezca tal conexión el acto administrativo no surte efectos contra el cónyuge que no intervino en él…”. Lo mismo ocurre con las deudas contraídas sólo por el marido o por la mujer las cuales se justificarán siempre que hayan sido adquiridas en beneficio o interés de la familia, caso contrario, no.

3.- En el caso de autos se advierte, del documento privado de préstamo de 28 de febrero de 2004, reconocido el 13 de junio de 2006, que la parte demandada en la respuesta a su demanda (fs. 113-114 vta.), señaló que supuestamente su esposo se prestó la suma de $us.60.000 en el año 2004, extremo que desconozco…; por su parte, el demandante en su respuesta a la demanda reconvencional (fs. 119-120) señaló que la deuda contraída es una deuda de la pareja y tienen que asumirla ambos pues fue adquirida en vigencia del matrimonio…; en el ofrecimiento de prueba de cargo (fs. 146-146 vta.), el actor a través de su apoderada señaló que mediante la certificación que protesto presentar prueba la existencia de una deuda de $us.68.000 a Federico Mamani, juicio que se encuentra ventilando en el Juzgado 1º de Partido en lo Civil,  y en su recurso de apelación (fs. 308-309), señaló que la deuda contraída…la que tenía que desvirtuar fue la demandada pero no lo hizo…, sin embargo, de la revisión de los antecedentes y la prueba cursante en el expediente, no se advierte que el demandante, quien invoca que la deuda no fue a título personal, haya probado que se trate de una deuda contraída por ambos esposos cuyo monto se señala en el documento contractual reconocido y toda vez que en el documento contractual reconocido figura la firma del acreedor, deudor, la garante y dos testigos instrumentales, consiguientemente, le correspondía al cónyuge que adquirió dicha deuda, acreditar de qué manera se invirtió o fue utilizado en interés de la familia a fin de que la misma sea tenida como carga de la comunidad y por consiguiente, sea cubierta como tal. Ahora bien, el recurrente señala que dicha deuda se justifica debido a que ninguno de los cónyuges trabajaba en el hogar, y que para satisfacer sus necesidades recurrieron al dinero ajeno, y de ahí que los dineros que su esposa le remitía a Tarija eran con esa deuda ya que él en esa ciudad había caído en desgracia y que así hubiera confesado la demandada reconvencionista. El 28 de febrero de 2004, se suscribió el documento privado de préstamo de dinero en cuya clausula primera se señaló que hace tres años atrás el deudor había contraído dicha deuda de su acreedor, es decir, que el acreedor le habría entregado ese monto a su deudor (demandante), aproximadamente el año 2001; de la revisión de los comprobantes de giro salientes de fs. 41 a 67, se tiene que todos ellos se efectuaron en el año 2007, entonces, no se explica que un préstamo del monto que se señala ($us.60.000) hubiera servido seis años después, por lo que no está demostrado de manera directa que dicho monto de préstamo se hubiese invertido en esos envíos o giros, teniendo en cuenta que el demandante en su demanda no hizo mención alguna de este préstamo señalando únicamente que su esposa se hizo préstamos de entidades financieras como PRO-MUJER, PRODEM, etc., sin su consentimiento y que esas deudas se cubrieron con la venta de la casa y que hasta el presente no hay explicación sobre qué destino le dio a esos dineros adeudados.

No se puede fundar un perjuicio en la propia culpa, el recurrente señala que esa deuda se invirtió en la mantención del hogar porque no trabajaba durante el matrimonio, empero, esa situación no es totalmente cierta pues en su demanda hizo referencia a “negocios bien establecidos” que poseían ambos tanto en la ciudad de Potosí como en esta ciudad, menos está demostrado que el dinero adquirido en calidad de préstamo hubiera servido para la mantención o sostenimiento de su hogar para que pueda ser considerado como una carga de la comunidad y sea cancelado como tal.

Por los motivos precedentemente expuestos, corresponde a este Tribunal de Casación emitir resolución en aplicación del art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código Adjetivo de la materia, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Lucía Sarzuri Matías Vda. de Paco en representación de David Justino Paco Sarzuri contra el Auto de Vista Nº 281/2010 de 22 de septiembre de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de divorcio seguido por el recurrente contra Katya Otalora Vedia. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs.1.000 (Un Mil Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto