TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                         S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 593/2015 - L                                                                 Sucre: 28 de Julio 2015                                                              Expediente: LP16110S                                                                 Partes: David Alfredo Ramírez Torrico c/ Derechos Reales

Proceso: Rehabilitación de partida en Derechos Reales.

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 85 a 86 y vta., interpuesto por David Alfredo Ramírez Torrico, impugnando el Auto de Vista Nº 285, de fecha 15 de septiembre de 2010 de fs. 81 a 82, pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Rehabilitación de Partida en Derechos Reales, seguido por David Alfredo Ramírez Torrico contra Derechos Reales, la concesión de fs. 90, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Undécimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dictó la Sentencia Nº 74, de fecha 26 de febrero de 2010 de fs. 60 a 61 y vta., declarando Improbada la demanda de fs. 8-9, subsanada a fs. 12-13, con relación a la rehabilitación de la partida Nº 1630, fojas 1631, libro 1º B de 2 de octubre de 1974.  

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandante por memorial de fs. 65 a 68, que merece el Auto de Vista Nº 285/2010 de 15 de septiembre de 2010 de fs. 81 a 82, que confirma la Sentencia apelada. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone el recurrente:

Denuncia que el Auto de Vista, de manera maliciosa pretende menoscabar su demanda, siendo que esta es totalmente clara, no pudiendo la resolución de alzada invertir los términos de la demanda sin incurrir en desconocimiento del art. 50 del C.P.C.

Acusa que la afirmación del Auto de Vista de que no se haya considerado el informe de Derechos Reales de fs. 15 ni las literales de fs. 1 y 2, ya que si bien “el actor al parecer inicialmente habría tenido algún derecho sobre acciones y derechos y bajo el régimen de propiedad horizontal, de la Oficina Nº 1, de 147,50 mts.2 de superficie ubicado en el segundo piso del Edificio Saenz de esta ciudad, ese derecho de propiedad está cancelado según el documento de fs. 2 extendido por Derechos Reales, así como por la Escritura Pública Nº 4170/1997 de fecha 26 de mayo de 2009 cursante a fs. 49-50 vta., documento de cargo presentado por la parte apelante” (sic). Precisamente descubre la manera maliciosa, falsa, antojadiza y sesgada como la Sentencia apelada de fs. 60-61 han incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba. Por lo que en ese entendido la cancelación de su partida de Derechos Reales se ha cometido violando norma expresa de Ley, art. 38 en relación al 35 de la Ley de Registro de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, incurriendo el Auto de Vista en las sanciones del art. 253 num. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil.

Es decir que la Sentencia apelada y el Auto de Vista recurrido no se ha compulsado las pruebas de cargo y en parte alguna ni a través de medio de prueba fehacientemente aportado se ha acreditado que su persona se haya desprendido por medio alguno de transferir la propiedad, las acciones y derechos adquiridos con la Escritura Pública Nº 203 de 12 de agosto de 1974. Sin embargo, aparece cancelada su partida a fs. 1-3.

La sentencia de fs. 60-61 y el Auto de Vista recurrido de fs. 81-82, incurren en un antojadizo examen de la prueba cursante a fs. 49-50 referida a la Escritura Pública Nº 4170/1997 de fecha 26 de mayo de 2008, negando que existan contradicciones, menos que se desprenda de su derecho propietario sobre las acciones y derechos que le corresponden sobre la superficie de 147.55 mts.2 en el Edificio referido, escritura pública donde el Dr. Cesar Peredo Aliaza declara que es propietario de una sexta parte de la oficina 1 del segundo piso del Edificio Saenz que tiene una superficie de 147.55 mts.2, donde reconoce expresamente que el Dr. Alfredo David Ramírez Torrico es propietario de otra alícuota, parte en acciones y derechos de la superficie de 147,55 mts.2 en el mismo Edificio Saenz en el segundo piso y en consecuencia solicito por ante el Señor Registrador de Derechos Reales sea excluido de los registros de su tarjeta de propiedad” (sic). Y en la cláusula segunda, al desconocer los motivos y razones porque su nombre se encontraba registrado en la alícuota parte que le corresponde al Dr. César Peredo Aliaga, su persona es otro-copropietario en acciones y derechos sobre la superficie de los 147.55 mts.2 (sic).

La errónea apreciación de las pruebas, de hecho y de derecho sancionado por el art. 253 numeral 2), tiene por objeto confundir maliciosamente, la aclaración que hace la Escritura Pública Nº 4170/1997 de fecha 26 de mayo de 2008 cursante a fs. 49-50 sobre que mi alícuota parte sobre 147.56 mts.2 en el segundo piso del Edificio Saenz es otra y no es registrable como parte de la alícuota parte que pertenece al Dr. César Alaiza, acto de aclaración que no comporta cesión de derechos o acciones ni menos título traslativo de dominio, como falsamente pretende hacer consentir el Auto de Vista Nº 285/2010 cursante de fs. 81 y 82 de obrados.

En la carga de la prueba impuesta a su parte por el Auto o Resolución Nº 431/2008 ha quedado establecida la prueba de la parte demandante, que se ha cumplido conforme a alegatos de fs. 35 a 37. Fuera de término se cumple a fs. 42 otros informes ordenados, que corroboran su demanda y en la inspección ocular a DD.RR. cumplida a fs. 52 y se advierte que su partida ha sido cancelada abusivamente utilizando la Escritura Pública de aclaración Nº 4170/97 correspondiente a la Partida Nº 01340/775, registro que no le ha correspondido nunca, porque su partida cursante a fs. 7 vta., es la 1630, fojas 1631 del Libro 1º B de 2 de octubre de 1974. Y la Escritura Pública Nº 4170/97 aclara que su alícuota, parte es otra y ajena, a la alícuota parte del Dr. César Peredo Alaiza sobre 147.55 mts.2 en el segundo piso, oficina uno, del Edificio Saenz, simplemente. Lo que no autoriza cancelar su Partida de Derechos Reales, lo que importa un acto de abuso y violación de los derechos a la propiedad consagrados por la Constitución Política del Estado, arts. 55 y 56, con la agravante que el Auto de Vista Nº 285/2010 de fs. 81-82 es una virtual confiscación de sus derechos propietarios. Más aún, tratándose de otorgar a una escritura de aclaración de derechos Nº 4170/97 cursante a fs. 49-50 el carácter y validez de instrumento traslativo de dominio, cuando no consta que se hubiese contraído obligación alguna emergente de alguna de las formas de adquirir o transferir la propiedad, peor aún que se le deniega el derecho invocado en su demanda de fs. 8-12 de rehabilitar su registro definitivo en DD.RR., Partida 1630, fs. 1631 del Libro 1º B de 2 de octubre de 1974 en cumplimiento del art. 32 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887 en concordancia del art. 1550 del C.C., lo que omite el Auto de Vista de fs. 81-82, incurriendo en causal de casación en la forma por eludir menos de lo pedido, art. 254 num. 4) del C.P.C., lo que acusa. Omisión elusiva que priva sus derechos constitucionales del art. 56, peor aún que el instrumento público utilizado manidamente para escamotear y burlar sus derechos constitucionales y su demanda, la Escritura Pública 4170/97 de fs. 49-50 en parte alguna ha motivado la extinción de su derecho propietario menos de su registro en DD.RR., encontrándose pendiente su derecho a obtener la rehabilitación de su partida de DD.RR. mediante una subinscripción, que es lo que corresponde acoger para restablecer sus derechos suprimidos ilícitamente.

Por lo que, dada su procedencia, arts. 250, 253, 354, 255, 257, 258 y cumplido el traslado de ley, se conceda y disponga la remisión de los actuados, no existiendo motivo legal para negar, reservándose el recurso de compulsa si se diere el caso.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:                         

La parte recurrente si bien refiere que interpone recurso de casación en la forma como en el fondo; sin embargo, de forma incoherente a lo largo de su recurso acusa indistintamente la infracción de normas adjetivas y sustantivas que habrían sido vulneradas tanto en la Sentencia por el A quo así como en el Auto de Vista por el Ad quem, por lo que al respecto corresponde hacer las siguientes consideraciones:

Conforme la uniforme jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, el recurso de casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento del Auto de Vista, y no del caso concreto que le dió origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda Resolución sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos Jueces o Tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación.


Se dice que el recurso de casación es extraordinario porque debe fundarse en causas taxativamente señaladas por ley; porque en su interposición se exige el cumplimiento de requisitos formales expresamente previstos en la norma (art. 258 del Código de Procedimiento Civil); porque se limita al examen de los errores de derecho en que se hubiera incurrido al dictar la Resolución impugnada y; porque el Tribunal de casación no tiene facultades para hacer una reevaluación de los hechos establecidos por los Jueces de mérito sobre el tema materia de controversia, a efectos de emitir un nuevo juicio o decisión, como lo puede hacer un Tribunal de apelación, estando sus atribuciones determinadas dentro del margen señalado por el propio recurso y los motivos sobre los cuales se fundamenta.


Los errores que dan lugar al recurso de casación pueden ser de naturaleza sustancial o formal, por ello se dice que el error acusado, dependiendo de su naturaleza, puede ser “in procedendo” o “in iudicando”. Respecto al primero, el error procesal, se presenta cuando dentro de un proceso se afecta la aplicación de una norma que asegura el desarrollo armónico, equitativo y justo del íter procesal; por su parte el error material ocurre cuando en la Resolución de la controversia se afecta la norma jurídica sustancial que le conduce a una decisión que no es correspondiente con lo que el sistema jurídico tiene previsto para el caso concreto.

En atención a la naturaleza del error que motiva el recurso de casación, éste puede presentarse como recurso de casación en la forma o como recurso de casación en el fondo; conforme determina el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, que además dispone que ambos deben ser interpuestos simultáneamente en un mismo escrito, empero ello de ninguna manera supone que los motivos que dan lugar a uno u otro recurso se confundan o se expongan en una sola relación, como ocurre en el presente caso, donde de manera indistinta, sin la pertinente diferenciación e individualización, y sin considerar que las normas jurídicas se agrupan en dos categorías, unas que reconocen derechos o imponen obligaciones, en tanto que otras establecen requisitos y contienen reglas que deben observarse para activar y desarrollar la función jurisdiccional del Estado; de ahí que las primeras se llaman normas materiales o sustantivas y las segundas procesales, formales o adjetivas, cuya naturaleza se aprecia independientemente del cuerpo legal en que se encuentren.

De lo mencionado se advierte que existe una diferencia fundamental entre las normas procesales, formales o adjetivas y las normas sustantivas o materiales. Diferencia que resulta trascendental a la hora de interponer el recurso de casación en el fondo o en la forma, pues, para tal efecto resulta necesario realizar una precisa diferenciación entre ambas categorías de normas.

Entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes y menos del juzgador, por expresa determinación del art. 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la Resolución de fondo del litigio, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo del litigio, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En esa relación, en ningún caso un motivo de casación en la forma dará lugar a la interposición del recurso de casación en el fondo, como tampoco un motivo de fondo resultará idóneo para fundar el recurso en la forma; resultando por ello inadecuada la pretensión de la parte recurrente en sentido de plantear un solo fundamento donde se acusa infracciones en la forma pretendiendo que con este mismo fundamento se resuelva también el fondo de la controversia, planteamiento que demuestra una inadecuada comprensión de la diferencia que revisten las normas procesales y las sustantivas, así como de la distinta naturaleza de los recursos de casación en la forma y en el fondo y de los motivos que dan lugar a uno y otro medio de impugnación.

Ahora bien, en el caso que se analiza, el recurrente en su escrito de casación, cual si se tratara de un memorial de demanda o de alegatos desarrolla los fundamentos de hecho, para luego referir de forma genérica que la Sentencia y el Auto de Vista incurren en errónea apreciación de las pruebas, error de hecho y de derecho sin concretar en debida forma el error, así mismo menciona la violación  del art. 38 en relación al 35 de la Ley de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, sin que empero estas hubieren sido mencionadas o aplicadas en el Auto de Vista, para finalmente referir que se ha incurrido en causal de casación en la forma, confundiendo de ésta manera estos dos institutos jurídicos, porque ampara su petición tanto en el fondo como en forma, en la misma relación de hechos y de derecho expuestos como fundamentos de agravio, por lo mismo no cumple con el requisito intrínseco de motivación y fundamentación porque no diferencia el error “in iudicando” (recurso de casación en el fondo), del error “in procedendo” (recurso de casación en la forma), tampoco vincula de manera específica los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil. Si bien de forma genérica en el recurso de casación se menciona indistintamente “error de hecho y de derecho en la valoración de la pruebas”, empero tampoco motiva ni fundamenta dichas presuntas infracciones adecuadamente, indicando con precisión cuál es la aplicación que pretende respecto a las infracciones acusadas, tampoco en que consiste el error de derecho, porque no especifica los medios probatorios que aportados a obrados el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, menos describe el error de hecho que debe evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, y finalmente no vincula de manera específica los hechos o presuntos agravios denunciados a los presupuestos legales previstos por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, se evidencia que la recurrente no cumplió con el mandato que impone el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, porque no cita en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, ni mucho menos especifica en qué consiste esa violación, falsedad o error, incumpliendo también de esta manera los requisitos de contenido que debe tener este tipo de recursos, y en definitiva no concreta su petitorio final porque solamente refiere que se ha incurrido en causal de casación en la forma, lo que hace incoherente el recurso formulado.

De donde se concluye que la parte recurrente ha inobservado los requisitos exigidos por los arts. 253, 254 y 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, a tiempo de la interposición de su recurso, careciendo por ello el recurso de técnica recursiva que impide que se abra la competencia de éste Tribunal para pronunciarse sobre el recurso planteado.

En consecuencia corresponde a éste Tribunal fallar de conformidad a los arts. 271 num.1) con relación al art. 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 1) y art. 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE, el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 85 a 86 y vta., interpuesto por David Alfredo Ramírez Torrico, que recurre del Auto de Vista Nº 285, de fecha 15 de septiembre de 2010 de fs. 81 a 82, pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior de Justicia de La Paz. Sin costas por no existir contestación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto