TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                   S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 582/2015 - L

Sucre: 27 de julio 2015

Expediente:         SC-125-10-S

Partes: Félix Cervantes Medrano, Aldo Raúl Terrazas Rivero, Orlando López,

             Jesús Villán Herrera, Nicanor Villca Vargas.         c/ Oscar Toribio Paniagua

            Álvarez y Guillermina Montero de Paniagua.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 588 a 589, interpuesto por Oscar T. Paniagua Álvarez y Guillermina Montero de Paniagua, contra el Auto de Vista Nº 226 de fecha 21 de octubre de 2010, cursante de fs. 582 a 583 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, seguido por Félix Cervantes Medrano, Aldo Raúl Terrazas Rivero, Orlando López, Jesús Villán Herrera, Nicanor Villca Vargas contra los recurrentes; la concesión de fs. 592; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                          ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el proceso, el Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, emitió la Sentencia  de fecha 29 de agosto de 2009, cursante de fs. 550 a 555 y vta., declarando PROBADA PARCIALMENTE la demanda y modificación de fs. 172 vta. incoada por los representantes legales de las líneas de micros 68-59 y 104, señores Félix Cervantes Medrano, Aldo Raúl Terrazas Rivero, Orlando López, Jesús Villán Herrera y Nicanor Villca Vargas, con excepción de la pretensión de daños y perjuicios que es IMPROBADA en la forma que se plateó, e IMPROBADA la demanda reconvencional interpuesta por Oscar Toribio Paniagua Álvarez y Guillermina Montero de Paniagua; disponiendo que a la ejecutoria de dicha resolución, los demandados procedan a otorgar las garantías reales necesarias y suficientes en favor de los compradores a efectos de viabilizar el cumplimiento de lo pactado en el contrato cuyo cumplimiento se demandó, dentro del plazo de 10 día a partir de la ejecutoria de dicha resolución, sin costas por tratarse de proceso doble.

Contra la referida Sentencia, Alfredo Soria Ortiz en representación de  Oscar T. Paniagua Álvarez y Guillermina Montero de Paniagua, interpuso recurso de apelación cursante de fs. 559 a 560 vta.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 226 de fecha 21 de octubre de 2010, cursante de fs. 582 a 583 y vta., por el que CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia recurrida, con costas.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Oscar T. Paniagua Álvarez y Guillermina Montero de Paniagua, mismo que se pasa a considerar y resolver. 

CONSIDERANDO II:                                                                                            HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Denuncian que en el presente caso se favoreció con un fallo, sin que los demandantes hayan acreditado su personería dentro del plazo probatorio, ni se haya aceptado la misma mediante un decreto, aspecto que habría reclamado en su memorial de alegatos y conclusiones, el cual no fue subsanado por el A quo, por lo que ante esa anormalidad que no fue subsanada, señalan que no habrían demostrado su demanda reconvencional.

Acusan que el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia de primer grado, dejó latente vicios procedimentales y convalidó una sentencia errónea y contradictoria, que sólo favorece a los “micreros”, lo que constituiría una violación flagrante porque la personería de los demandantes no fue aceptada expresamente.

Refieren que la resolución de Alzada atenta contra su patrimonio porque no se ordenó el reajuste de precio demandado por los 720 mts2.

En base a esos antecedentes, solicitan se anule obrados hasta el vicio más antiguo y que se ordene subsanar el proceso, recibir y aceptar las pruebas de ambas partes, aceptar o rechazar la personería de los demandantes que no existe o en su caso pronunciarse sobre el fondo, disponiendo el cumplimiento del contrato y el reajuste del precio de los 720 mts2.

CONSIDERANDO III:                                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En virtud al análisis del recurso de casación, se tiene que el mismo pese a señalar que deviene en el fondo y en la forma, los recurrentes no disgregaron cuáles serían aquellos reclamos de forma y cuáles los de fondo, en ese entendido y toda vez que los reclamos que se acusan se centran en el hecho de que los demandantes no habrían acreditado su personería dentro del plazo, que la misma no fue aceptada expresamente por el Juez A quo, lo que constituiría una violación flagrante, así como el hecho de que al no haberse ordenado el reajuste de precio de los 720 mts2., atentaría contra su patrimonio.

Es que en virtud a lo expuesto precedentemente,  resulta pertinente señalar que los recurrentes cuando interpusieron recurso de apelación, el cual cursa de fs. 559 a 560 y vta., expusieron como agravios lo siguiente: Que la Sentencia es contradictoria, que los “demandantes” jamás se notificaron con la excepción previa, así como la falta de notificación de ciertos actuados procesales, que los demandantes contestan las excepciones sin que exista notificación para establecer si lo hicieron dentro de plazo o no, finalmente acusaron la vulneración del art. 191 del Código de Procedimiento Civil. A dichos agravios el Tribunal de Apelación, en aplicación a lo dispuesto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, de manera fundamentada dio respuesta a los reclamados acusados por los recurrentes.

Ahora bien, de lo señalado se tiene que los recurrentes traen a casación aspectos que no fueron acusados en su recurso de apelación, es decir reclamos que no fueron objeto de dicho recurso por lo que no fueron analizados por el Ad quem, por lo que los reclamos que traen a casación no merecen consideración alguna, esto en virtud al principio del “per saltum” (pasar por alto), toda vez que para que los recurrentes estén a derecho, debieron previamente reclamar en apelación dicho debate y de esta manera agotar legal y correctamente la vía de segunda instancia, tal como lo determinó el A.S. Nº154/2013 de 08 de abril, que establecía lo siguiente: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 num. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.”.

En tal razón, no habiendo expuesto los recurrentes como agravio en su recurso de apelación lo esgrimido en el recurso de casación, este Tribunal Supremo de Justicia encuentra improcedente el presente recurso de casación, conforme al art. 271 num. 1) del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 588 a 589, interpuesto por Oscar T. Paniagua Álvarez y Guillermina Montero de Paniagua, contra el Auto de Vista Nº 226 de fecha 21 de octubre de 2010, cursante de fs. 582 a 583 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, con costas.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto