TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 568/2015 L

Sucre: 15 de julio 2015

Expediente: CB-64-10-S

Partes: Rubén Camacho Arnez. c/ Valentina Balderrama Torrico

Proceso: Ordinario de anulabilidad de contrato.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación y nulidad de fs. 1227 a 1233 vta., interpuesto por Milka Tania y Jonny Herman Barrientos como herederos de Valentina Balderrama Torrico contra el Auto de Vista registrado bajo la partida Nº 4 de  23 de julio de 2010, de fs. 1217 y vta., pronunciado por la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de anulabilidad del contrato seguido por Rubén Camacho Arnez contra Valentina Balderrama Torrico, el Auto de concesión de fecha 23 de agosto, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                                                  ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial dictó Sentencia registrada bajo la partida Nº 18 el 21 de marzo de 2005, cursante de fs. 610 a 622, declarando probada la demanda de fs. 27 a 29 e improbada las excepciones de falsedad, ilegalidad e improcedencia de la demanda, falta de acción y derecho y probada en parte la excepción de validez del documento en cuanto al consentimiento prestado por Rubén Camacho Arnez en los documentos cuestionados, en consecuencia se declaró la anulación de la escritura pública Nº 548 de 09 de agosto de 2000 registrado en Derechos Reales bajo la matricula No. 3.01.1.99.0000627, en cuanto al consentimiento y firma impresa por Victoria Velarde García en los documentos insertos en la escritura referida.

Resolución de fondo que es apelada por la parte demandada y a consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista de 23 de julio de 2010, de fs. 1217 y vta, que confirma en todas sus partes la Sentencia motivo de la apelación; determinación de alzada que es recurrida de casación y nulidad que es objeto de autos.

CONSIDERANDO II:                                                                                     DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurso de casación y nulidad, sin realizar distinción alguna sobre cuáles de sus agravios corresponden a la forma o al fondo acusa lo siguiente:

La violación del art. 554 del Código Civil porque confirmó la Sentencia con respecto a Velarde, sin que esté probada la falta de consentimiento, la incapacidad para contratar y la incapacidad de querer y entender de Velarde, ya que las pruebas no lo acreditan.

Refiere que el fundamento de la dolencia,  falta del pleno uso de sus facultades mentales que imposibilitaban querer y entender y otorgar su consentimiento se apoyó únicamente en los certificados médicos de fs. 19 y 20, y no se tomó en cuenta la certificación de fs. 454 que evidencia que los formularios de esos certificados fueron vendidos entre el 26 y 29 de septiembre de 2000, cuando Valverde ya había fallecido, certificados que por sí solos no acreditan la falta de consentimiento y la incapacidad para contratar o de querer y entender, porque si bien refieren al estado de inconciencia de Valverde el 6 de agosto de 2000 o que el 10 de agosto de 2000 la misma se encontraba con episodios de obnubilación, empero no acreditan que el 9 de agosto de 2000 la misma se encontraba en estado de inconciencia.

Que el argumento para probar el estado de inconciencia en sentido de que  Velarde estaba en estado de obnubilación el 9 de agosto de 200, no tomó en  cuenta el certificado de fs. 188 que indica que un paciente en ese estado no puede firmar ningún documento y menos aún saber su contenido, empero Valverde firmó la minuta en esa fecha, por consiguiente no estaba inconsciente ni obnubilada conforme el informe pericial de fs. 211 a 219, que estableció que Victoria Velarde estampó su firma y rubrica en estado normal y tranquila, descartando el argumento en sentido de que se le hubiera agarrado de la mano, por ello no existe falta de consentimiento como erradamente arguye el Auto de Vista, hecho que estuviera corroborado con el informe del proceso penal de fs. 455 al 477, que señala que la firma no presenta alteraciones gráficas, por consiguiente admitió su consentimiento.

Inciden los recurrentes en la contradicción que existiría al referir por una parte que Valverde estaba en estado de coma, y por otra que hubiera firmado el documento, aspectos que hacen que la demanda no sea creíble, mas aun si  otorgó su consentimiento al estampar su firma con mucha firmeza y sin tremolaciones en los documentos objeto de litis, motivo por el que acusan la violación del art. 554 del Código Civil, ya que ambas certificaciones de fs. 19 y 20 no se probaron la falta de consentimiento, la incapacidad para contratar y el hecho de querer y entender, haciendo incidencia a otras pruebas que no hubieran sido valoradas.

Por otro lado también acusan la violación del art. 554 del Código Civil, porque el documento de 09 de agosto de 2000 sería el que se encuentra en vigencia según el mismo demandante Rubén Camacho, el cual sustituyó las escrituras de 22 de abril y 3 de mayo de 2000, conforme la confesión provocada a la que fue diferido el actor cursante de fs. 355 a 366, prueba que no se habría valorado, existiendo novación, lo que acreditaría la validez del documento de 09 de agosto de 2000 por el propio actor que destruye la falta de consentimiento y la incapacidad de contratar de Velarde.

Manifiesta también violación del art. 554 del Código Civil porque el documento conciliatorio de 21 de abril de 2001 acredita el consentimiento de Velarde en el documento de 09 de agosto de 2000.

Sobre que Velarde estaba imposibilitada físicamente de desplazarse de un lado a otro, hecho que hubiera impedido constituirse ante la Notaría del Dr. Pérez, no sería evidente, pues antes y después del 09 de abril de 2000, si lo hubiera hecho conforme la escritura de declaración de derecho propietario de fs. 23 del 28 de julio de 2000, así como el 30 de julio de 2000 para contraer matrimonio religioso, el cual se efectuó en la Parroquia Sagrario de la Catedral de Santo Domingo, matrimonio que no se efectuó en casa particular, conforme refiere el certificado de fs. 79, el cual fue adulterado por la técnica del borrado. Luego existiría prueba que Camacho y Velarde celebraron su matrimonio civil en Punata conforme la inscripción de partida de matrimonio de 14 de agosto de 2000, que merece la fe probatoria prevista por ley, que es corroborada por la testifical de cargo de fs. 275, siendo el médico de Velarde quien señalo que podía haberse trasladado a Punata, así también estuviera la confesión de Camacho en la demanda de rescisión por lesión  que cursa a fs. 402 vta.

Acusa la violación del art. 115 de la Constitución con referencia al debido proceso y art. 397 del Código de Procedimiento Civil, conforme los argumentos descritos, considerando que debía procederse a la anulación del Auto de Vista.

También acusa la violación del art. 1289 del Código Civil, al haberse desbaratado los argumentos de la demanda, debido a que el documento público de 09 de agosto de 2000 tiene fuerza probatoria y hace plena fe de las declaraciones que contiene, por lo que debió respetarse esa norma. Además acusa violación del art. 115 de la Constitución, porque el Auto de Vista se funda en una prueba sin validez como la cursante a fs. 511, lo que acreditaría que los conjueces no hubieran realizado los antecedentes del proceso.

Concluye solicitando se case o en su caso se anule obrados hasta que se dicte un nuevo Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:                                                                    FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma:


El recurso de casación en la forma o nulidad está orientado a que el Tribunal de casación revise los errores “in procedendo”, es decir, errores de procedimiento que se hubiera cometido en su desarrollo violando las formas esenciales del proceso que afecten el derecho a la defensa de las partes, sancionadas con nulidad por la ley. Bajo ese parámetro, el recurso de casación si bien anuncia recurso de nulidad, en todo su contenido, no se concreta los agravios de forma que se hubiera cometido en el proceso que, además, afectaría su derecho a la defensa, limitándose a consideraciones de una aparente omisión de determinadas pruebas que, por ser cuestiones propias a la decisión de fondo asumida, no permiten consideración en un recurso de nulidad bajo los parámetros antes establecidos.

Por lo manifestado el recurso de nulidad deviene en improcedente.


En el fondo:


En atención a la problemática planteada se debe comenzar, incidiendo en la pretensión anulatoria de demanda de fs. 27 a 29 vta., que describe las causas para invalidar la escritura pública Nº 548 de 09 de agosto de 2000, a ello indica que “…Victoria Velarde inicialmente fue presionada y violentada para que suscriba el contrato del cual no otorgó su consentimiento ni participo en su redacción, por encontrarse incapacitada de querer y entender en el momento de la suscripción, por hallarse gravemente enferma, con clara desorientación en tiempo, espacio, lugar y persona, sin posibilidad de poder saber lo que ocurría a su alrededor…”, bajo esa pretensión la Sentencia de grado concluyó que Victoria Velarde García “…además de no poder movilizarse por requerir oxigeno permanente no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales hallándose en consecuencia imposibilitada de querer y entender por lo que en ese estado una persona es incapaz de prestar su consentimiento o voluntad contractual, a esto se suma el hecho de que …ejercieron presión sobre Victoria Velarde para la suscripción de estos documentos…”, razonamiento que fue confirmado por Auto de Vista de  23 de julio de 2010, que fue recurrido.


Delimitado la controversia, se hace pertinente emitir las siguientes consideraciones:


El contrato, de forma general, es el acuerdo de voluntades generador de obligaciones de contenido patrimonial, por lo cual la voluntad  es un elemento constitutivo del contrato, que, para ser eficaz, debe emanar de quien tenga capacidad para emitirla.


La capacidad es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y poder ejercerlos sin la autorización o tuición de nadie. La capacidad, según la doctrina, puede ser de goce o de ejercicio.  La capacidad de goce o adquisitiva es la aptitud legal para adquirir derechos, para ser su titular. En tanto, la capacidad de ejercicio, es la aptitud legal de una persona para ejercer personalmente los derechos que le competen, o como manifiesta Arturo Alessandri, la “capacidad de ejercicio se traduce en la capacidad de contratar por ser este el modo como ordinariamente se ejercen los derechos”.


De lo manifestado, podemos concluir que una persona puede ser capaz de ser titular de derechos (capacidad de goce) pero puede ser incapaz de ejercerlos personalmente (capacidad de ejercicio). La incapacidad de ejercicio puede existir en razón a la edad, falta de discernimiento u otras consideraciones. Esta incapacidad de falta de discernimiento implica la alteración de las facultades mentales lo que no necesariamente equivale a la alteración de todas esas facultades, que se trasunta en nuestra legislación en lo dispuesto en el art. 554- 3) del Código Civil que indica “El contrato será anulable: … Porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte de mala fe en la otra parte, apreciada por el perjuicio que se ocasione a la primera según la naturaleza del acto o por otra circunstancia”.


En el caso de autos, los juzgadores de instancia, en la decisión asumida razonaron como determinante los certificados médicos expedido por los Dres. Arturo Aguilar Guzman y Cesar Augusto Angulo C. en fecha 20 de agosto de 2000 y 10 de agosto de 2000, respectivamente, los cuales se hallarían plenamente convalidados por el Médico Forense del Ministerio Publico Dr. Víctor Hugo Sequeiros Siles; certificando, el primero: “el estado de conciencia donde la paciente esta desorientada en tiempo, espacio, lugar y como persona”, y el segundo: “la obnubilación por hipoxia: requiriendo el apoyo permanente tanto físico como psíquico”, por ello es que el juez concluyó, en lo más relevante que Victoria Valverde García el día de la suscripción de la minuta y protocolo de 09 de agosto de 2000 era “incapaz de prestar su consentimiento voluntad contractual”, que fue confirmado por el Auto de Vista que consideró que existía “falta de consentimiento e incapacidad de la otorgante”, siendo esa la delimitación del debate.


Por lo manifestado, la decisión jurisdiccional, estuvo contenida en que Victoria Valverde García el día de la suscripción de la minuta y protocolo de 09 de agosto de 2000 era incapaz, debido a que su capacidad de discernimiento (entender, comprender y querer, estaba afectada por el estado de salud en que se encontraba) por lo que su voluntad no era válida, sustentada esa decisión en los certificados médicos de fecha 10 y 20 de agosto de 2000, que avalan esa incapacidad para celebrar el contrato por falta de discernimiento, decisión vinculada al precepto del art. 554 inc. 3) del Código Civil.


El recurso de casación, para desvirtuar lo decidido en instancia, manifiesta la ilegalidad de los certificados de fs. 19 y 20, bajo el argumento de que el soporte material hubiese sido vendido en fecha posterior. A esto, el certificado de fs. 454 no es contundente al dejar un margen de posibilidad de que esa venta hubiera sido más antes, al indicar que esos valorados “pudieron ser vendidos” siendo inexacto en la apreciación de la fechas de referencia, sin embargo, lo más importante es que de ningún modo tal aseveración revierte el contenido de los certificados médicos acusados, y sobre el estado de la paciente, pues a más de repulsar el soporte material, en nada desvirtúa el contenido técnico de los mismos. Otro punto de consideración, que recalca el recurso, es sobre la firma de Victoria Valverde García, en sentido de considerar que la firma al no presentar alteraciones estructurales gráficas  significaría que la otorgante no estaba inconsciente y a que a través de su firma otorgó su consentimiento. De lo acusado, debemos manifestar que la decisión de los jueces de grado pasó por la incapacidad de ejercicio de la otorgante Victoria Valverde García el día de suscripción del contrato de 09 de agosto de 2000, por lo que el debate no transcurre en verificar si es o no la firma de la otorgante, sino en verificar la incapacidad de ejercicio por falta de capacidad de discernimiento al celebrar el contrato; por ello el aporte de la pericia de fs. 211 a 219, a más de establecer que era la firma de la otorgante no cuestiona la capacidad de discernimiento antes descrita, que en lo más preponderante está supeditada a la desorientación en tiempo, espacio, lugar y como persona” por el estado de obnubilación en que se encontraba; debiendo quedar establecido que el Juez aclaró oportunamente que el estado de hipoxia “es el deterioro de las facultades mentales”, por lo que, el debate no pasa por establecer si la parte contratante dio o no su consentimiento, expresado mediante su firma, pues, el fondo de la controversia radica en establecer si ese consentimiento provino de una persona capaz de discernir en el momento en que expresó su voluntad de contratar y en consecuencia establecer si ese consentimiento resulta válido y eficaz.


Del mismo modo, los reclamos relativos a la falta de movilidad de la otorgante, no aportan al tema de debate, pues el Juez tomó esa consideración coadyuvando al razonamiento de la incapacidad por falta de discernimiento, sin que ello suponga que esa sea la razón de la decisión, a más de quedar establecido que la otorgante era incapaz de querer y entender en el momento de celebrarse el contrato, por lo que la motricidad fue una consideración accesoria y no esencial (obiter dicta).

Los recurrentes, en lo más pertinente, contrastan el certificado de fs. 188, en sentido de considerar que un paciente en estado de obnubilación no puede firmar un documento y menos saber su contenido, a lo que se debe indicar que, el Juez determinó la incapacidad de querer y entender de Victoria Valverde García en base, fundamentalmente, a los certificados de fs. 19 y 20,  que establecen el estado clínico en un determinado tiempo de la otorgante, por lo que es esa verificación del estado mental, que generó convicción en los juzgadores, sin embargo el certificado de fs. 188 se limita a establecer de manera general un efecto de la obnubilación, sin considerarse el grado o la complejidad de ese estado en que se encontraba la paciente como lo hicieron los certificados de fs. 19 y 20, que fueron diagnósticos del estado de Victoria Valverde, en consecuencia la certificación de fs. 188 no desvirtúa el contenido de los certificados de fs. 19 y 20.

Respecto a la validez de la Escritura Publica No. 548 de 2000, se debe indicar que la anulabilidad relativa declarada fue asumida por la falta de discernimiento de la otorgante Victoria Valverde al momento de celebrar el contrato, fundamentada en prueba técnica,  siendo  vano el reclamo sobre la aparente confesión de José Rubén Camacho.


Por otro lado, resulta intrascendente el argumento de una aparente falta de consideración de la prueba por los jueces de grado para emitir sus fallos, pues no se considera que la prueba es valorada en conjunto, destacando las esenciales y decisivas, conforme cita el art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, por lo que, conforme se anotó precedentemente, queda en evidencia que no se violó esas normas ya que los jueces realzaron aquellas pruebas que conforme su prudente criterio eran esenciales y decisivas para tomar el fallo ahora impugnado. Del mismo modo, resulta intrascendente la acusación de violación del art. 115 de la Constitución Política del Estado, por la valoración probatoria realizada por los jueces sin que se considere la autonomía en la apreciación de prueba y la aplicación del art. 397 del Código de Procedimiento Civil que se hizo, más aun cuando en el presente recurso no se demostró la violación acusada.


Por lo expuesto, queda establecida la aplicación correcta del art. 554 en su inciso 3) del Código Civil al haber anulado parcialmente la escritura pública No. 548/2000 respecto a Victoria Valverde García, no siendo evidente la violación de los inc. 1) y 3) del artículo citado, además de ser impertinentes al debate de fondo, por lo que el recurso de casación no tiene el argumento suficiente para revertir la decisión asumida por los jueces de grado, debiendo declararse infundado.


En consecuencia éste  Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, emite resolución en la forma determinada por los arts. 271 num. 1) y 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de nulidad e INFUNDADO el recurso de casación, cursante de fs. 1227 a 1233 vta., interpuesto por Milka Tania y Jonny Herman Barrientos como herederos de Valentina Balderrama Torrico contra el Auto de Vista de  23 de julio de 2010. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto