TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 550/2015 - L

Sucre: 14 de julio 2015

Expediente: LP- 86-10-S

Partes: Walter Marañón Altamirano y otra. c/ Alfredo Aneiva Jiménez.

Proceso: Nulidad.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 271 a 276, interpuesto por Virginia Marañón Valda en representación María Rosario Valda de Marañón contra el Auto de Vista Nº 37/2010 de 5 de febrero de 2010 que cursa de fs. 256 a 257, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, (hoy Tribunal Departamental de Justicia) en el proceso de nulidad seguido por la recurrente en contra de Alfredo Aneiva Jiménez y otra, la concesión de fs. 282 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronuncia la Sentencia signada con la Resolución Nº 460/2008 de 9 de mayo de 2008 que cursa de fs. 218 a 222 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 35 a 38 disponiendo la existencia cierta de las obligaciones contenidas de fs. 1 a 3, en las que determina que las transferencias contenidas en las E.P. N° 94/99 y 2579/99 son fictas y no reales, declarando asimismo la nulidad de dichas Escrituras, sin lugar a declararse la nulidad de los contratos suscritos por los esposos Aneiva-Jemio sobre la base de las E.P. N° 94/99 y 2579/99, asimismo dispone la reivindicación de terrenos transferidos por la E.P. N° 94/99 y 2579/99, en los términos de los documentos de fs. 1 a 3, así como el pago de daños y perjuicios a la parte demandada.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por los  demandados y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 256 a 257 que anula obrados hasta fs. 39 disponiendo que el A quo observe el art. 327 num. 3 del Código de Procedimiento Civil, fallo que a su vez es recurrido de casación.

CONSIDERANDO II:                                                                                DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma.

Refiere que el Tribunal de apelación, no ejerció facultades de fiscalización, pues la apelación de los esposos Aneiva peticionó una revocatoria de la Sentencia, refiere asimismo que el Auto de Vista no se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior que fue objeto de apelación y fundamentación de fs. 232 a 236, habiéndose omitido pronunciarse sobre dicha apelación.

Arguye que la facultad de fiscalización es a condición de causales de nulidad evidentes y específicas, conforme al principio contenido en el art. 251 del Código de Procedimiento Civil, pues se otorgó a los esposos Aneiva más de lo pedido, ya que luego de la sentencia correspondía al Ad quem resolver los recursos de apelación, empero el Tribunal de apelación viendo actitudes ilícitas acudió al argumento fácil del art. 15 de la Ley de Organización Judicial.

Señala asimismo que no se revisó el certificado de defunción de fs. 259 que señala el deceso de Walter Marañón Altamirano y se desconoció el art. 55 del Código de Procedimiento Civil evidenciando la falta de notificación a los herederos del nombrado, que viabiliza el recurso de casación en la forma.

Por otra parte no se ha tomado en cuenta que la citación de fs. 48 aperturó la competencia del Juez y por resolución de fs. 69 a 70 se rechazó las excepciones de falta de acción y derecho e impersonería de los demandantes, por lo que señala que la actividad fiscalizadora no puede obedecer a un extremo ritualismo, desconociendo el art. 551 del Código Civil que señala que la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona con interés legítimo, que no fue desconocido por los esposos Aneiva quienes promovieron demanda de nulidad de los contradocumentos que concluyó con perención de instancia; asimismo señala que se vulneró los principios al debido proceso, a la motivación, fundamentación y exhaustividad en los fallos, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

En el fondo.-

De acuerdo al art. 1283 del Código Civil se ha demostrado la existencia de obligaciones contenidas en los contradocumentos de 27 de julio y 31 de agosto de 1999, suscrito con los esposos Aneiva, sobre las ventas simuladas de las Escrituras Nº 94/99 y 2579, por lo que resulta infundado el considerando II.2, a efectos de acreditar la legitimación activa, estando quebrantado el art. 551 del Código Civil.

Señala que la Corte tiene que conocer que la Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L., que fue constituida mediante E.P. Nº 589/96 de 18 de septiembre de 1996 y registrada en la Dirección General de Registro de Comercio bajo partida Nº 982 a fs. 491 del libro 05-E conformada por Walter Altamirano Marañón y María Rosario Valda de Marañón, según certificado de Fundempresa que cursa en fs. 260 consiguientemente no corresponde integrar a otras personas siendo erróneo el art. 549 del Código Civil que fue invocado.

Señala que constan medios de prueba que los esposos Aneiva urdieron demanda ordinaria contra sus padres en el Juzgado de Partido Segundo en lo Civil, confesando la adquisición de terrenos, que concluyó con una perención de instancia, al margen de ello el arts. 549 es una norma para la nulidad de contratos y no para escrituras públicas.

Asimismo señala que los esposos Marañón demandaron a los esposos Aneiva por delitos de estafa en Juzgado de Instrucción en lo Penal, en la que estos no presentaron testimonio de Sentencia que declare la nulidad de los contradocumentos, estando subsistentes los mismos legitiman para incoar demanda.

Señala que el Auto de Vista no acató el art. 210 del Código de Comercio en cuanto a la disolución de la sociedad cuando las cuotas se concentren en un solo socio además el art. 378 del mismo Código señala que la disolución de la sociedad cuando se reduzca el número de socios a uno solo, pues las actitudes desleales señalaron que por la confesión provocada se afectó de salud a su padres quien falleció el día 14 de octubre.

Señala que si la Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L., quedó reducido en el número de socios después del fallecimiento de su padre, quedando disuelta de pleno derecho la sociedad, correspondía atender la petición contenida en el otrosí de fs. 232 a 236.

Por lo expuesto solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación de fs. 166 vta. o se emita resolución casando el Auto de Vista y se declare probada la demanda en sus seis peticiones.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Para el entendimiento de la polémica corresponde señalar que, el Auto de Vista concluyó que el proceso se ha tramitado con falta de legitimación en la causa, esto es que observó uno de los presupuestos procesales necesarios para el desarrollo del proceso.

Respecto a las acusaciones de que el Ad quem ha otorgado más de lo pedido ya que los apelantes solicitaron una revocatoria de Sentencia, señalan que no se ha considerado el certificado de defunción de fs. 259 desconociendo el art. 55 del Código de Procedimiento Civil evidenciando falta de notificación a los herederos de los demandantes, no circunscribió la Resolución a los puntos apelados, asimismo se desconoció el art. 551 del Código Civil, se olvidó que la citación al demandado con la presente acción apertura la  competencia del juzgador.

Corresponde aclarar que existe una diferencia marcada entre la “legitimación en la causa” y la “legitimación procesal”, la primera tiene que ver con la titularidad del derecho sustantivo que se debate (considerado como una condición particular y concreta de las partes) y la segunda con la capacidad procesal para intervenir en el proceso, al efecto se cita el aporte doctrinario de Hernando Devis Echandía, quien en su obra “TEORÍA GENERAL DEL PROCESO” 2da. Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…”

Esto quiere decir que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por o en contra de quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto (titular del derecho) la función jurisdiccional; en cambio la legitimación en el proceso, importa que en el litigio participe una persona capaz de obrar (no interdictos ni menores de edad), o en caso de participación mediante mandato el apoderado tenga todas las facultades para actuar en el proceso y que su mandato especifique facultades especificas para el acto a ser desarrollado exigida por ley para cada específico.

En el sub lite, se evidencia que Walter Marañón Altamirano y Rosario Valda Aliaga de Marañón, se apersonan y refiere que las ventas efectuadas mediante E.P. Nº 94/99 y 2579/99 en favor de Alfredo Aneiva Jiménez y Wilma Jemio C. de Aneiva, fueran simuladas conforme a los contradocumentos de 27 de julio y 31 de agosto de 1999 que también lo suscribieron los esposos Aneiva-Jemio, por lo que demandan: 1) la inexistencia de obligaciones contenido en los contradocumentos, inexistencia de ventas por simulación, 2)  la nulidad de las E.P. Nº 94/99 y 2597/99, 3) Nulidad de ventas, hipotecas, y gravámenes consumados por demandados invocando simuladas transferencias contenidas en las escrituras de referencia, 4) Reivindicación de terrenos, 5) Daños y perjuicios; del contenido de dicha pretensión se tiene que los señores Walter Marañón Altamirano y Rosario Valda Aliaga de Marañón, se apersona y a título personal ( en calidad de personas naturales) e incoan demanda pretendiendo la nulidad por simulación de las E.P. Nº 94/99 y 2597/99, alegando haberse suscrito los contradocumentos de 17 de julio y 31 de agosto de 1999.

Ahora de la revisión de la documentación de referencia (fs. 16 a 25) se tiene que la E.P. Nº 94/99 de 28 de mayo de 1999, es relativo a la protocolización de una minuta de transferencia de 148 lotes de la Urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal “7-I”, suscrita por Walter Marañón Altamirano en su calidad de Gerente General de la Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L. entidad que refiere ser única propietaria de un inmueble registrado en Derechos Reales bajo la partida Nº 580 fs. 580 del Libro 37 de 5 de septiembre de 1979, que fue transferido en favor de Alfredo Aneiva Jiménez y registrado en la matrícula Nº 2.08.1.01.0001081, bajo el asiento A-1, posteriormente en dicho matrícula en el asiento A-2 (26/04/2004) se registró la E.P. Nº 186 de 7 de mayo de 2003 el derecho de propiedad de Banco Santa Cruz S.A., asimismo en dicha matrícula se tiene el registro del gravamen en el asiento B-1 (13/12/1999) en favor de Banco Santa Cruz conforme a la E.P. Nº 2484 de 2 de diciembre de 1999, relativo a un préstamo en favor de VIPEL S.R.L., entidades que no ha intervenido en el proceso, empero los actores pretendían la nulidad de los títulos de estas entidades.

Por otra parte se tiene la E.P. Nº 2579/99 de 31 de agosto de 1999 que referente a una protocolización de transferencia de 190 lotes de terreno ubicados en la Urbanización Mariscal Santa Cruz Unidad Vecinal “7-G” y “7-F”, suscrita por Walter Marañón Altamirano en representación de Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L. entidad que refiere ser propietaria del inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Partida Nº 580 fs. 580 del Libro 37 de 5 de septiembre de 1979, y fue transferido en favor de Alfredo Aneiva Jiménez.

De acuerdo a la relación de los antecedentes del proceso se tiene que las Escrituras Nº 94/99 y 2597/99, que se acusan de ser simuladas registraban como titular y propietario a Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L., constituido como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, sin embargo de ello María Rosario Valda Aliaga de Marañón y Walter Marañón Altamirano formulan su acción a título personal (en calidad de personas naturales, no en representación de Empresa Mariscal Santa  Cruz S.R.L.), cuando la titularidad de esa relación contractual que pretende declarar la simulación es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, y para la misma se aplican del reglas del derecho corporativo, siendo así esa Sociedad de Responsabilidad Limitada se encuentra habilitada para incoar sus pretensiones mediante sus mandatarios designados de acuerdo a la constitución dicha sociedad, aspecto que fue advertido por el Ad quem, en sentido del observar la “legitimación en la causa”; consiguientemente se dirá que los actores María Rosario Valda Aliaga de Marañón y Walter Marañón Altamirano, no tiene legitimación en la causa, pues a título personal el derecho no les asigna posibilidad de incoar la pretensión formulada, ya que los  legitimados en la causa resultan ser los que suscribieron el contrato entendiendo que por una parte son Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L. (por intermedio de sus representantes legales, acreditando los documentos legales de la personería de la entidad y de la representación legal)  y por otra parte Alfredo Aneiva Jiménez, también se encuentra en la legitimación los que tengan un interés legítimo conforme señala el art. 551 de Código Civil, empero dicho interés legitimo debe ser ligado mediante una relación contractual o legal directa e independiente entre ese tercero y una de las partes contratantes, aspecto que no ocurre en el presente caso, pues solo el titular de la causa es quien puede impugnar el negocio jurídico que se acusa de simulado.

Por lo que, siendo la “legitimación en la causa” un presupuesto del proceso los legitimados deben ser identificados antes de admitirse la causa, precisamente por ello se denomina como un “presupuesto procesal” que debe ser antes de desarrollar el proceso, porque es el titular de la relación jurídica substancial quien puede formular la pretensión y no otros terceros (salvo los terceros legitimados mediante una relación contractual o patrimonial independiente y directa entre el tercero y la parte contratante, en los términos del art. 551 del Código Civil), por lo que la facultad de fiscalización aplicada por el Ad quem resulta ser correcta, pues si dedujo la falta de legitimación activa la misma se traduce en vicio de nulidad, debiendo reencaminarse el proceso al no estar demostrado la relación independiente y patrimonial o legal que estos terceros (Walter Marañon Altamirano y Rosario Valda Aliaga) mantengan con Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L. o con los demandados, ya que el hecho de que uno de ellos haya participado como mandatario de Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L. en la suscripción de las E.P. Nº 94/99 y 2597/99, no lo legitima para accionar en la causa ya que se trata del patrimonio de Empresa Mariscal Santa Cruz S.R.L.

Por lo que no puede forzarse la anulación del Auto de Vista en sentido de que se infringió el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, o que se hubiera otorgado mas de lo pedido.

Respecto a la revisión del certificado de defunción de fs. 259, el mismo no resulta ser pertinente evaluarlo en esta Resolución, pues se ha señalado que Walter Marañón Altamirano, no resulta ser parte en el proceso, por ello no correspondía efectuarse el trámite de convocatoria a lo herederos del mismo. También corresponde señalar que la citación al demandado con la demanda tan solo establece la prevención del juzgador para el conocimiento de la causa que no tiene relación con la legitimación “ad cuasam”, no siendo suficiente un registro de FUNDEMPRESA, sino los documentos que respalden la existencia de dicha sociedad, la representación legal de dicha sociedad.

También se dirá que al haber advertido la falta de legitimación en la causa es innecesario considerar el vicio de apunta al Auto de Vista de no haberse pronunciado los recursos, por es ese Tribunal colegiado que ha advertido la falta de legitimación en la causa.

Consiguientemente no se evidencia infracción de los principios al debido proceso, a la motivación, fundamentación y exhaustividad en los fallos, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

Por otra parte, corresponde señalar que cuando las pretensiones son accesorias, se entiende que también se impugna la validez de los actos ulteriores al acto en el que se encuentra el vicio genético, caso para el cual debe darse intervención a los titulares de dichas relaciones jurídicas substanciales, como por ejemplo en el caso de autos en el petitum del numeral 3 de la pretensión, se solicita nulidad de ventas, hipotecas, y gravámenes consumados por demandados en la que se hubiera hecho valer las escrituras simuladas (efectuadas sobre la base de las E.P. N° 94/99 y 2597/99), empero de ello el proceso ha sido desarrollado sobre dicha pretensión accesoria sin la participación de los titulares de esas hipotecas y ventas posteriores, pues la pretensión ataca derechos sustanciales de terceras personas que no fueron integradas a la litis,   aspecto que deberá ser corregido por el Juez de la causa en caso de que la pretensión sea reencaminada.

En el fondo.- 

Tomando en cuenta que al resolución de Alzada resulta ser anulatoria, este  Tribunal no puede ingresar a analizar ningún agravio relativo al fondo de la controversia, en sentido de que en autos no se está revisando una Resolución de Vista en el fondo, tan solo la argumentación y la decisión que dispone la anulación del proceso, deviniendo en mismo en improcedente.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 1) y 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los art. 271 num. 1) y 2), 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil declara  INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 271 a 276, interpuesto por Virginia Marañón Valda en representación María Rosario Valda de Marañón contra el Auto de Vista Nº 37/2010 de 5 de febrero de 2010. Con costas.

Se regula honorario del abogado de la demandada en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto