TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                           S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 541/2015 -L

Sucre: 13 de Julio 2015

Expediente: SC-58-10-S

Partes: Alejandro Hollweg Arano c/ Empresa TELECEL S.A.

Proceso: Pago de honorario devengado

Distrito: Santa Cruz  


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Alejandro Hollweg Arano de fs. 186 a 188, impugnando el Auto de Vista de fecha 25 de septiembre de 2009, de fs. 181 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso de Pago de Honorario, seguido por Alejandro Hollweg Arano, contra la Empresa TELECEL S.A., la concesión de fs. 192, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Decimo en lo Civil  de Santa Cruz,  dicta Sentencia de fs. 153 a 155 y vta., Resolución por la cual declara Probada la demanda sobre pago de honorarios de fs. 42 a 44 y vta., por parte de Alejandro Hollweg Arano regulando los mismos en la suma de cinco mil Bolivianos suma que debe ser cancelado al tercer día

Contra esa Resolución, José Mario Serrate Paz  interpone recurso de apelación de fs. 158 a 160, y a su turno Alejandro Hollweg Arano interpone recurso de apelación de fs. 163 a 164, motivo por el cual, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz  emitió el Auto de Vista de fecha 25 de septiembre de 2009 de fs. 181 y vta., por el cual, Revoca la sentencia apelada  y declara improbada la misma. 

Resolución de segunda instancia que fue impugnada por Alejandro Hollweg Arano quien interpuso recurso de casación de fs. 186 a 188 con los fundamentos expuestos en su recurso, mismo que previa sustanciación, fue concedido y se pasa analizar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.-Aduce que el Auto de Vista de objeto del presente recurso es contradictorio entre la parte considerativa y la parte resolutiva, ya que, toda su parte considerativa referiría  que ha trabajado como apoderado de la empresa TELECEL S.A., dentro del proceso ordinario seguido contra ENTEL S.A sobre cumplimiento de obligación por Bs. 40.000.000 que se tramitó en el juzgado de partido  4to en lo Civil  de la Capital (Santa Cruz), por lo que correspondería el pago de sus haberes como apoderado de la empresa, empero, contradictoriamente en la parte dispositiva  declara improbada la demanda por lo que, tal situación debe ser corregida.

2.-Refiere que la tanto la Sentencia como el Auto de Vista llegan a precisar que el ahora recurrente se encuentra facultado para cobrar el pago como abogado de la empresa demanda en el proceso ordinario que  siguió TELECEL S.A. contra ENTEL S.A por el monto de Bs. 40.000.000, juicio que terminó y no se le pago por el trabajo prestado.

3.-De igual manera refiere que el Tribunal de segunda instancia le otorgo la legitimidad para el cobro de sus haberes, pero no el monto ya que referiría que no puede calcularse de acuerdo al arancel del Colegio de abogados, pero alude que al estar demostrado su derecho para este reclamo acudió a la justicia ordinaria para que se regule el monto sobre este derecho, y en equidad debió aplicarse el arancel del Colegio de Abogados al ser un caso semejante, y la no haberlo hecho se vulnera el art. 46 de la C.P.E., de igual manera expresa que no se tomó en cuenta  que el art. 808 del C.C., establece una presunción  de onerosidad que debió ser atendida y aplicada por el Tribunal de apelación al momento de dictar el Auto de Vista,

Por lo que, solicita en definitiva que se case el Auto de Vista, declarando probada su demanda

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En cuanto al punto primero, que el Auto de Vista resultaría contradictorio entre la parte considerativa y la parte resolutiva, ya que, toda su parte considerativa señala que corresponde el pago de sus haberes como apoderado de la empresa, empero, contradictoriamente en la parte dispositiva declara improbada la demanda.

En principio es menester tener presente que el ahora recurrente ha interpuesto recurso de casación en el fondo, así se extracta de la suma y del petitorio de su recurso, teniendo presente dicho antecedente, en cuanto a la falta de congruencia del Auto de Vista entre la parte considerativa con la parte resolutiva, este resulta un agravio de forma, ya que de ser evidente la afirmación acusada, la consecuencia lógica de esa falta de congruencia es la nulidad de la Resolución de segunda instancia, por la falta  de congruencia interna de la Resolución, misma y valga la redundancia debe ser impugnada vía recurso de casación en la forma, puesto que la finalidad del recurso de casación en la forma es la nulidad de obrados, y la finalidad del recurso de casación en el fondo es casar la Resolución de segunda instancia, corresponde aclarar que si bien el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral segundo  otorga la viabilidad del recurso de casación ante la existencia de disposiciones contradictorias, pero esta norma alude a la parte dispositiva, o decisum del fallo es decir la falta de relación de la decisión asumida con el proceso en si, y no al contenido de la parte considerativa, extremo que ya ha sido aclarado por este Tribunal en varios fallos como ser el Auto Supremo Nº 283/2014 de fecha 06 de junio 2014 entre otros, extremo que no acontece en el caso de Autos razón que hace imposible la revisión del presente agravio por la errada técnica recursiva.

Los agravios 2 y 3 giran en torno a que los de instancia reconocieron derecho y legitimidad para el cobro de sus haberes al ejercer como  mandatario de la empresa demandante en el proceso ordinario que siguió TELECEL S.A. contra ENTEL S.A por el monto de Bs. 40.000.000, juicio que terminó y no se le  pago por el trabajo prestado y por ese motivo se acudió a la vía ordinaria para disponer el monto y tratándose de una cuestión análoga debió aplicarse el arancel del colegio de abogados, debiendo a tal efecto disponerse el pago de 2.000.000 Bs.

siendo el tema de Litis el pago en su calidad de mandatario en principio corresponde citar el art. 804 del Código Sustantivo de la Materia  refiere: “ El mandato es el contrato por el cual una persona es obligada a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante.”, sobre el tema Carlos Morales Guillem en su obra Código Civil Anotado  y Concordado expresa: “ …lo esencial en la naturaleza del mandato, es que el mandatario este encargado de llenar un acto o una serie de actos jurídicos en nombre y representación del mandante y que el mandatario reciba el poder de representarle  y obligársele hacia terceros, obligando a estos respecto de él…”, de lo que se concluye que el contrato de mandato, es aquel por el cual una persona da el poder a otra para que lo represente en uno o varios actos jurídicos.

Ahora en cuento la naturaleza jurídica de este tipo de contratos, el art.  808-I del Código Civil que a la letra señala: “I. El mandato se presume oneroso, salva prueba contraria.”   Gonzalo Castellanos trigo sobre el tema refiere: “En principio y la regla de oro que rige en el contrato del mandato, es que el mismo es oneroso (tiene su costo  que debe ser cubierto por el mandante)  salvo que se demuestre con prueba contundente que es gratuito, es decir el mandato se presume oneroso, salvo prueba en contrario.”, de la norma citada se extrae claramente que el mandato tiene como naturaleza jurídica que es un contrato  Oneroso  entre otros, por lo que, debe ser necesariamente retribuido, a menos que se demuestre lo contrario o acuerdo de partes en sentido contrario.

En el sub lite, es evidente que el ahora demandante actuó en calidad de apoderado, dentro del proceso seguido por TELECEL S.A. contra ENTEL S.A por el monto de Bs. 40.000.000, en representación de TELECEL SA, conforme se determina de las documentales adjuntas a la demanda, extremo que le otorga la legitimación activa para el reclamo de la presente acción.

Ahora en cuanto a que se hubiese pagado por este trabajo realizado según afirmaron los demandantes, cabe tener presente que si bien se evidencia un proceso de oferta de pago y consignación iniciado por los ahora demandados en contra del demandante, empero, este proceso tenía como pretensión y fin el pago por concepto de rescisión de su contrato  de trabajo con dicha empresa (ver fs. 61 a 62), es decir, que este tema se encuentra abocado al pago por la recisión del contrato de fs. 1, y en dicho contrato no se estipula realizar actos en calidad de mandatario o apoderado en representación de empresas, entonces dicho proceso y su consiguiente resolución no puede ser considerado como un pago ya realizado por ese actuado.

En cuanto a la aplicabilidad por analogía del arancel del colegio de abogado, dicho entendimiento no resulta correcto en vista de que otra característica de este contrato es su bilateralidad, entonces no puede sujetarse el mismo al arancel del colegio de abogados, máxime, sino se evidencia en obrados, acuerdo alguno entre partes para su aplicabilidad.

Sobre el monto a ser fijado el mismo no se ha llegado a determinar con claridad dentro de la presente causa, empero, pese a ello debe tenerse presente que la finalidad de la administración de justicia es de resolver el conflicto jurídico puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, entonces no puede dejarse en  incertidumbre a las partes como hizo el Auto de Vista, sobre todo si se ha demostrado el derecho que le asiste, y siendo que el Juez A quo conforme  a la sana critica ha fijado un monto que no ha sido desvirtuado en su esencia por las partes, por cuanto al no existir elemento probatorio alguno que evidencie que el monto fijado en primera instancia no sea el correcto, corresponde en consecuencia  ratificar el mismo.

En razón a lo expuesto, corresponde a éste Tribunal resolver conforme prevé  los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se ha evidenciado que el Ad quem no ha hecho un análisis correcto de los antecedentes de la causa.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41, 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista  de fecha 25 de septiembre de 2009, de fs. 181 y vta., pronunciado por la Sala Civil  Segunda de la entonces  Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, y deliberando en el fondo, mantiene vigente la Sentencia dictada en primera instancia.

Con responsabilidad por no ser excusable, a tal efecto se multa a los vocales signantes con un día de haber a ser descontados por el Dirección General Administrativa y financiera del Órgano Judicial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto