TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 515/2015 - L                                                                 Sucre: 3 de Julio 2015                                                              Expediente: PT 20 10 S                                                            Partes: Prudencio Policarpio Pereira Ángelo y Susana Felipez Vargas c/ Roberta

             Vargas Vda. de Bernal y herederos

Proceso: Usucapión Decenal o Extraordinaria                                              Distrito: Potosí


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 125 a 132, interpuesto por Prudencio Policarpio Pereira Ángelo, contra el Auto de Vista Nº 137, de 2 de julio de 2010 de fs. 120 a 122, pronunciado por la Sala Civil Comercial de la Corte Superior de Distrito de Potosí (Hoy Tribunal Departamental de Justicia de Potosí), en el proceso ordinario de Usucapión Decenal o Extraordinaria, seguido por Prudencio Policarpio Pereira Ángelo y otra contra Roberta Vargas Vda. de Bernal y herederos; el Auto de concesión de fs. 135 vta.; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de la ciudad de Tupiza-Potosí, mediante Sentencia Nº 083, de 19 de marzo de 2009 cursante de fs. 47 a 48 y vta., declaró probada la demanda  ordinaria de usucapión extraordinaria.

Contra esa Resolución de primera instancia, Lucía Vega Sandi de Sivila, interpone Tercería de dominio excluyente de fs. 66, asimismo Soraya Bernal Vargas responde a demanda de usucapión en su calidad de hija de la demandada Roberta Vargas Vda. de Bernal, negando y aclarando la errónea relación de acontecimientos expresada en la demanda negando que su madre haya otorgado o transferido terreno alguno a los demandantes, respecto a la tercería dice no tener relación alguna, dejando la resolución final al Juez.

En cuyo mérito el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de Tupiza por Auto Interlocutorio Definitivo Nº 02, de fecha 11 de marzo de 2010, cursante de fs. 100 a 101 y vta., Declara Probada la Tercería de Dominio Excluyente de fs. 66 de Lucía Vega Sandy de Sivila, Resolución apelada por la parte demandante que merece el Auto de Vista Nº 137, de 2 de julio de 2010 que: Confirma íntegramente la Resolución apelada de fs. 100 a 101 y vta., con costas; Resolución recurrida en casación en el fondo y en la forma por la parte demandante cursante a fs. 125 a 132, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:        

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación en la forma y en el fondo se tiene lo siguiente:

En la forma.-

1.- Acusa que el Auto Interlocutorio Definitivo y el Auto de Vista habrían actuado ultra petita al decidir que hubo fraude procesal en el proceso de usucapión decenal, cuando en realidad la declaración del mismo en un determinado proceso es facultad de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en vía de revisión extraordinaria de sentencia, de acuerdo a los arts. 297 al 302 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Considera que las resoluciones del Juez y del Tribunal han sido pronunciadas sin competencia. A).- En primera instancia.- la tercería de dominio excluyente fue interpuesta en fase de ejecución coactiva de sentencia, atentándose a la autoridad de cosa juzgada e inventándose un ilegal procedimiento, ya que el Juez debía resolverla en el plazo de tercero día de la última notificación, conforme dispone el art. 364.II Del Código de Procedimiento Civil, puesto que habría vencido el plazo para dictar Resolución, dictando el decreto de Autos cual si fuera Tribunal de segunda instancia. B).- En Alzada el expediente habría sido sorteado en fecha 7 de junio de 2010, empero el Auto de Vista habría sido pronunciado en fecha 2 de julio de 2010, siendo que el acto de comunicación del mismo se habría realizado cuando las autoridades ya habrían perdido competencia.

3.- Que la tercería debió ser repulsada por el Juez, toda vez que el bien objeto del proceso no había sido embargado ni debía ser subastado y al haber excluido el lote de terreno, habría dejado sin efecto todos los actos procesales de las partes y del Órgano Judicial, alcanzando inclusive a la Sentencia Ejecutoriada, revisando así su propia decisión cuando al dictar Sentencia ya habría concluido su competencia, inclusive ya habría sido declarada la ejecutoria (fs. 58) como lo dispone el art. 8 num. 4) del Código de Procedimiento Civil y 31 de la Ley de Organización Judicial. Del mismo modo habría sucedido con el Tribunal de Segunda instancia, al haber confirmado sin fundamento ni motivación el Auto de Vista, obrando también sin competencia, pues correspondía que el Juez disponga que la Tercerista interponga el recurso de revisión extraordinaria de sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia. Atentando así lo dispuesto por el art. 122 de la Constitución política del Estado y art. 25 de la ley de Organización judicial.

Concluye que ambas instancias habrían actuado sin jurisdicción ni competencia, por lo que deberá declarase la nulidad de obrados, hasta el Auto Interlocutorio Definitivo inclusive, con reposición de obrados hasta fs. 93, ordenando la remisión de obrados ante el Juez suplente legal, para que pronuncie una nueva Resolución de primera instancia o en su caso anulando el Auto de Vista, disponiendo la remisión a la Sala Social y administrativa, ordenando sorteo inmediato sin espera de turno.

En el Fondo.-

Indica que habiendo presentado una acción de usucapión decenal sobre 4.284 m2 de la zona de “La Playa” de la jurisdicción de Tupiza y al haber sido declarada probada la misma en aplicación de los arts. 110 y 138 del Código civil cuya Sentencia declaró propietarios de dicho bien, declarándose ejecutoriada mediante Auto definitivo de fs. 38. En ese antecedente se pretende una tercería de dominio excluyente denunciando “fraude procesal”, misma que es declarada probada, disponiendo la anulación del protocolo de adjudicación judicial y el registro de Derechos Reales, que se hubiesen realizado en favor del demandante, extremos que no fueron expresamente demandados por la tercerista, que en alzada fueron confirmados, incurriendo de esta manera en transgresiones de orden legal.

Atribuye que en A quo ha revisado su propia Sentencia totalmente ejecutoriada, dejándola sin efecto, sin reparar que solamente la Sala Plena del Tribunal Supremo puede hacerlo, conforme lo establecido por el art. 297 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil. En ese tenor lo establece la Sentencia Constitucional Nº 1329/2006-R de 18 de diciembre de 2006.

El Auto de Vista al confirmar la resolución de primer grado viola claramente lo establecido en los arts. 1318.II num. 3), 1319 y 1451 del Código Civil en relación a los arts. 514, 515, 517 del Código de Procedimiento Civil y se resuelve en la falta de poder juzgar por cualquier Juez lo que ya ha sido juzgado, la violación se hace extensible a la seguridad jurídica, implica el derecho a la certeza y certidumbre de las decisiones judiciales establecidas en el art. 178-I) de la Constitución Política del Estado.

Con estos agravios expuestos solicita en su conclusión CASAR totalmente el Auto de Vista recurrido, declarando improbada la demanda irregular de tercería de dominio excluyente, conforme lo establecido en el num. 4) del art. 271 y 274 del Código de procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El planteamiento del presente recurso de casación es tanto en la forma como en el fondo, sin embargo se hace preciso verificar si este planteamiento corresponde analizarlo y si fue correcta la concesión del mismo.

En ese antecedente, confrontando los actuados se puede establecer que tramitada la demanda de fs. 9 y vta., se dictó Sentencia Nº083/2009 (fs. 47 a 48 y vta.) declarando probada la demanda de usucapión ordinaria, en aplicación de los arts. 110 y 138 del Código Civil, debiendo ministrar posesión real en ejecución de Sentencia, ordenándose extender la Escritura Pública conforme a las normas de la Ley del notariado y la Ejecutorial de la inscripción en Derechos Reales, procediéndose a la notificación de Sentencia mediante Edictos y dictándose Finalmente en fecha 15 de agosto el Auto por el que se declara la ejecutoria de Sentencia. (fs.58)

En esa circunstancia Lucía Vega Sandi de Sivila en fojas 66 y vta., denuncia fraude Procesal e interpone por la vía incidental Tercería de Dominio Excluyente, sosteniendo que existe fraude procesal­ -al iniciar una demanda de usucapión en contra de una persona que no sería la propietaria del bien inmueble-. Incidente resuelto por Auto Nº 02/2010 de fs. 100 a 101y vta., que fue apelado por la parte demandante, mereciendo el Auto de Vista Nº 137/2010 (fs. 120 a 122) que confirmó el mismo.

En ese antecedente, el demandante recurrió en casación tanto en la forma como en el fondo sin considerar lo preceptuado por el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, lo propio que los miembros del Tribunal Ad quem, que ignorando la normativa señalada concedieron el recurso, sin tomar en cuenta que las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, tal como es en este caso, no admiten recurso de casación, únicamente pueden ser apeladas en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.

Así lo establece también el art. 262 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, complementado por el art. 26 la Ley No. 1760, que otorga al tribunal de alzada la potestad de rechazar el recurso de casación cuando la Resolución impugnada no se encuentre comprendida en los casos señalados por el art. 255 del adjetivo civil, como acontece en el caso de Autos, precepto concordante con el parágrafo II del art. 213 del mismo cuerpo legal, extremo que no ha sido aplicado.

Debiendo tenerse presente el razonamiento expuesto por el Tribunal Constitucional en Sentencias Constitucionales como la signada con el Nº 1300/2010-R en el que refirió: "...Deduciendo resulta que la Resolución pronunciada por las Autoridades demandadas no está enmarcada a derecho; es decir, dentro de lo previsto por el Código de Procedimiento Civil, normas legales que -como se tiene dicho- con absoluta precisión y claridad señalan: el art. 518 inc. 5) del CPC que: "La apelación en el efecto devolutivo procederá en los casos siguientes: 5) De las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia" y el art. 225 inc. 5) "Las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior..." "...Debemos tener presente que las normas jurídicas -en cuanto se refiere a la tramitación de las causas y los recursos- son de orden público y de cumplimiento obligatorio, pues los litigantes no pueden crear su propio procedimiento o sus propios mecanismos de impugnación o pretender calificar un recurso de Alzada en el efecto que les convenga, como acontece en el caso analizado; las Autoridades demandadas quieren dar a la apelación concedida, un efecto que no le corresponde, cuando dicho aspecto no está a disposición de los sujetos procesales, pues la procedencia del recurso, en sus diferentes efectos, emana de la ley y no de la voluntad de las partes ni de los juzgadores: Los justiciables saben de los hechos y los juzgadores el derecho, conforme al principio "Iuranovit curia...".

Asimismo en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0144 de fecha 14 de mayo 2012, que además de referir a la anterior Sentencia Constitucional concluye que: "...al provenir el Auto de Vista de la apelación de un incidente de nulidad planteado en ejecución de Sentencia únicamente, procedía la apelación directa a tramitarse en el efecto devolutivo conforme al art. 518 del Código de Procedimiento Civil por lo que la casación no se constituía en un recurso idóneo a agotar".

Dentro de ese razonamiento, correspondía al Tribunal Ad quem verificar aquel aspecto y negar la concesión del presente recurso, consecuentemente corresponde enmendar a este Tribunal Supremo fallando conforme a lo previsto por los arts. 271 num. 1) y  272  num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 272 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 125 a 132, interpuesto por Prudencio Policarpio Pereira Ángelo contra el Auto de Vista Nº 137, de 02 de julio de 2010 pronunciado por la Sala Civil Comercial y familiar de la Corte Superior del Distrito de  Potosí (hoy Tribunal Departamental de Justicia de Potosí), que cursa en fs. 120 a 122 y vta. Sin Costas por no existir respuesta al Recurso.

Se llama la atención y apercibe al Tribunal de segunda instancia por conceder el recurso de casación, contraviniendo a los arts. 26 de la citada Ley Nº 1760 y 262 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto