TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 513/2015 - L

Sucre: 3 de Julio 2015

Expediente: S-323/2010

Partes: Valeria Flores Fuentes c/ Octavio Uribe Plaza

Proceso: Explotación laboral

Distrito: Tarija


VISTOS: El recurso de casación de fs. 59 a 63, interpuesto por Octavio Uribe Plaza contra el Auto de Vista de fecha 05 de abril de 2010, de fs. 55 a 56 y vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Tarija, dentro del proceso de Explotación laboral seguido por Valeria Flores Fuentes en representación de Yuseth Madahi Guachalla Flores contra Octavio Uribe Plaza, la contestación de fs. 64 y vta., el Auto de concesión de fs. 66, los antecedentes del  proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Tarija, pronunció Sentencia en fecha 25 de noviembre de 2009 de fs. 31 a 32 y vta., declarando Primero. PROBADA la demanda de explotación laboral, imponiéndose la obligación al señor Octavio Uribe Plaza, de cancelar a la adolescente Yuseth Madahi Guachalla Flores la suma de 760 Bs. (setecientos sesenta Bolivianos) por un mes de trabajo y reembolso del primer mes cancelado acorde al mínimo nacional, al tercer día de su legal notificación, bajo alternativa de expedirse apremio en su contra en caso de no hacerlo, no se fijan otros beneficios sociales dado que el retiro fue voluntario. Segundo. La parte demandante queda notificada con la presente Resolución y advertida que tiene 3 días para apelar en caso de disconformidad. 

Contra la referida Sentencia en fecha 25 de noviembre de 2009 de fs. 31 a 32 y vta., Octavio Uribe Plaza interpone recurso de apelación de fs. 35 a 38 y vta., recurso que previa sustanciación, es resuelto por Auto de Vista de fecha 05 de abril de 2010, de fs. 55 a 56 y vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Tarija, por el cual, CONFIRMA la Sentencia apelada. Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Octavio Uribe Plaza, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Cuestiona que el Juez de primera instancia no realizo una correcta aplicación e interpretación de los arts. 275, 277 y 280 del Código Niño, Niña y Adolescente, así como también al Tribunal de alzada, al no haber subsanado los errores denunciados, de esta manera han violado los principios procesales del debido proceso prescrito en los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado.

Como también señala que la carga de la prueba está a cargo de la demandante conforme está prescrito en el art. 1283 del Código Civil, concordante con los arts. 275, 280 y 294 del Código Niño, Niña y Adolescente, de esta manera el Tribunal de alzada ha violado las normas citadas, toda vez que la parte demandante no ha presentado prueba material alguna.

Del mismo modo, refiere que el A quo al rechazar el memorial de contestación y el Tribunal Ad quem, al confirmar la Sentencia, han violado el principio a la defensa  y al debido proceso prescrito en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, y al art. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dejándome en indefensión habiendo cometido un error computando erróneamente el plazo procesal  en franca violación de lo preceptuado en el art. 140 parg. I) del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado refiere, que la Sentencia dictada por la Juez de primera instancia,  es obscura y contradictoria a todas luces, viciado de nulidad por no haber motivado su Resolución, de tal manera el Tribunal de instancia a incurrido en error de hecho y de derecho al no haber reparado los vicios denunciados y confirmar la Sentencia en franco detrimento a mis intereses y derechos, añadiendo que nadie está obligado a pagar lo que no debe, de esta manera también conculca el art. 117 de la Constitución Política del Estado.

Por lo que concluye peticionando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista conforme al art. 271 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 294 Código Niño, Niña y Adolescente.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, referente a la interposición del recurso de casación, sea en el fondo o en la forma, fue ampliamente desarrollada en distintos Autos Supremos, donde se estableció que el recurso de casación es un recurso extraordinario, el cual es concedido para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley (art. 250 con relación al art. 255 del Código de Procedimiento Civil) ya sea que se presente en la forma o en el fondo o ambos a la vez, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en el art. 258 num. 2) del Adjetivo Civil, es por ello que se afirma que el recurso de casación es equiparado a una demanda nueva de puro derecho en la que tienen que cumplirse requisitos de orden formal para su procedencia, no puede considerarse a este recurso como una nueva instancia, porque no se revisan hechos, no se agregan pruebas, no se consideran aspectos que no fueron demandados y/o apelados que sean nuevos e insertos en la casación, al contrario este recurso extraordinario procede sólo en interés de la ley y se limita a determinar si concurren las causales que se especifican en los  arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil en sus distintos numerales.

Para ello, es trascendental que el recurrente cumpla con citar en términos claros, concretos y precisos cuáles las causales por las que recurre de casación; si es en el fondo, señalar si el Auto de Vista cuestionado contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, especificando qué leyes fueron violadas y en qué consistió dicha violación, falsedad o error, o en su caso si dicha Resolución contiene disposiciones contradictorias, finalmente si en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en error de derecho o de hecho, demostrando la equivocación manifiesta del juzgador; toda vez que al interponer recurso de casación en el fondo, es porque el demandado ha advertido errores en la Resolución de fondo del litigo “error in judicando” y su pretensión es que el Tribunal Supremo de Justicia revise el fondo del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo de la Litis. Por otra parte cuando se acusa en la forma se debe especificar en cuál de las siete causales del art. 254 del Código de Procedimiento Civil se subsume la violación de las formas esenciales del proceso, exigencia que se encuentran debidamente justificadas, al interponer el recurso en la forma o de nulidad, es decir por errores “in procedendo” su finalidad es la nulidad de la Resolución cuestionada o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley y que conlleven afectación del debido proceso; entonces, sea que el recurso fuere en el fondo o en la forma o ambos a la vez al ser dos medios de impugnación distintos y que persiguen finalidades diferentes, quienes recurren se encuentran obligados a manifestar al Tribunal Supremo de Justicia qué recurso plantean, cuál la pretensión sea de nulidad o casación y sobre todo la fundamentación para la procedencia de cada una de ellas conforme expresa el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso de Autos, el recurrente no especifica si su recurso de casación es en la forma o en el fondo, solamente en la parte final del recurso indica se case el Auto de Vista conforme lo determina el art. 271 num. 4) del Código de Procedimiento Civil (en el fondo), no realiza una diferenciación de cuales agravios son de fondo y cuáles de forma, aspecto que imposibilita la consideración de los argumentos vertidos de manera global. Por otro lado, respecto a la valoración de la prueba, no cumple con lo normado en el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, no indica cual el error de hecho o de derecho que hubiesen cometido los Tribunales de instancia, sólo de manera genérica refiere que han incurrido en “…error de hecho y de derecho el Tribunal de apelación al no haber reparado los vicios denunciados y confirmar la sentencia, en franco detrimento a mis intereses y derechos que afecten a mi economía y patrimonio familiar…”, no precisa en términos claros y concretos, en qué consisten los errores que hubiesen incurrido los de instancia, qué ley o leyes fueron violadas o aplicadas falsa o erróneamente o en qué consiste la violación, falsedad o error que se acusa, limitándose solamente a señalar que en el otrosí primero del memorial de apelación se ha ofrecido prueba documental consistente en dos cuadernos donde se controla los días y horas de trabajo, aspecto insuficiente para entrar a considerar cual el error en la valoración de las mismas, además no señala de qué manera la errónea apreciación de la prueba tuviera incidencia decisiva en la resolución de fondo; finalmente termina peticionando que se case el Auto de Vista, solicitud totalmente incongruente conforme a lo explicado líneas arriba, donde se estableció la diferencia del recurso de casación en el fondo y el de forma, aspecto no tomado en cuenta por el recurrente al momento de concretar su petición, hechos que hacen ver la escasa técnica recursiva con la que fue planteado el recurso llegado a nuestro conocimiento.

Por lo expuesto precedentemente corresponde resolver en la forma prevista en los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 59 a 63, interpuesto por Octavio Uribe Plaza contra el Auto de Vista de fecha 05 de abril de 2010, de fs. 55 a 56 y vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Tarija. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto