TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 512/2015 - L                                                

Sucre: 03 de julio 2105                                                                   Expediente: CB - 60 10 S                                                            Partes: Luis Lazarte Melgarejo y Alejandra Meneses de Lazarte. c/ Juan Carlos

            Crespo Infante.

Proceso: Nulidad de Contrato.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación o de nulidad de fs. 622 a 623, interpuesto por Luis Lazarte Melgarejo y Alejandra Meneses de Lazarte contra el Auto de Vista de fecha 27 de mayo de 2010, de fs. 619 a 620, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso de nulidad de contrato seguido por Luis Lazarte Melgarejo y Alejandra Meneses de Lazarte contra Juan Carlos Crespo Infante; la respuesta al recurso de fs. 628 a 629; el auto de concesión de fs. 629 vta.; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Luis Lazarte Melgarejo y Alejandra Meneses de Lazarte, adjuntando literales a 11 fojas, demandan de fs. 12 a 13 vta., amparados en el art. 549-3) del Código Civil, manifestando que mediante contrato de venta de 6 de enero de 1998, y reconocido el 7 de enero de 1998, transfirieron una hijuela de terreno, lote Nº 7, Sector Paterno Oriental de 5.201,10 m2 ubicado en la zona de Apote, cantón Tiquipaya de la Prov. Quillacollo del Dpto. de Cochabamba, en favor del demandado por el precio de $us.3.000, elaborándose un documento privado aclaratorio. El 9 de marzo de 1999, el comprador les convenció de suscribir otro documento de ratificación de venta sin estar reconocido, y de otorgarle dos poderes a su favor. La venta se efectuó a petición del demandado quien les buscó ofertándoles y haciéndoles creer que podían perder su derecho propietario sobre el mismo por los juicios pendientes y así poder recuperar el precio. Desconocían que él era apoderado de Nicanor Gonzalo López López, quien se atribuye derecho propietario sobre el terreno, convenciéndoles también para que la venta sea en un precio ínfimo ($us.3.000) cuando el valor real excede los $us.100.000. Consiguientemente, en los contratos privados existe ilicitud de motivo por cuanto el comprador ha utilizado ardides para la venta aprovechándose de su ignorancia debido a que son humildes campesinos yendo en contra del art. 470 del Código Sustantivo, lo que produce nulidad de contrato por faltar en el mismo los requisitos esenciales señalados en el art. 452 de la referida norma, y el contrato está viciado de nulidad por la forma por cuanto al ser analfabetos debía aplicarse el art. 1300 de la misma norma, debiendo exigirse la impresión de las huellas digitales y la concurrencia de los testigos presenciales en la suscripción de la minuta y en el reconocimiento de firmas; en la minuta de 6 de enero de 1968 se estampo huella digital solo de uno de ellos sin que estuvieran presentes ni suscribieran testigos presenciales, por lo que en virtud del art. 549-3) del Código Civil, deducen la nulidad de los contratos privados de 6 de enero de 1998 de compraventa, y documento aclaratorio de 7 de enero de 1998.

Juan Carlos Crespo Infante, de fs. 22 a 23, responde rechazando y planteando demanda reconvencional, indicando que antes de la compraventa, en el momento de faccionar la minuta de transferencia y su respectivo reconocimiento de firmas, estuvieron presentes los hijos de los demandantes, Carmelo y María Lazarte, mayores de edad. Señalan ser analfabetos, sin embargo, en todos los documentos que presentan aparecen firmando incluido el memorial de demanda, así como en su documento de identidad. Se enteró recientemente que son propietarios de varios lotes de terreno por tanto conocen bien respecto a este tipo de transacciones de bienes inmuebles y los precios que tienen, así es que no son ingenuos ni ignorantes como pretenden aparentar, mucho menos campesinos agricultores ya que el actor es chofer de profesión y la actora ama de casa, y que más allá demostrará la premeditación de actos dolosos cometidos por aquéllos. En su demanda reconvencional pide el cumplimiento de contrato y se declare vigente y de plena validez la minuta de transferencia de 6 de enero de 1998, cuyas firmas se reconocieron al día siguiente, la minuta de aclaración y ratificación de venta de 18 de junio de 1998 protocolizada en el testimonio Nº 143/98, y la minuta de aclaración y ratificación de venta de 9 de marzo de 1999 reconocida el 14 de mayo de ese año.  

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Séptimo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de 28 de diciembre de 2004, de fs. 593 a 594 vta., declaró Improbada la demanda principal, y Probada la demanda reconvencional, ordenándose el cumplimiento del contrato. Se declara la plena validez de la minuta de transferencia de 6 de enero de 1998 protocolizada con el Nº de testimonio 595/98 de 2 de abril de 1998, de la minuta de aclaración y ratificación de venta de 18 de junio de 1998, protocolizada en la misma fecha con el Nº de testimonio 143/98; de la minuta de aclaración y ratificación de venta de 9 de marzo de 1999 reconocida el 14 de mayo de 1999.  

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, por Auto de Vista de 27 de mayo de 2010, de fs. 619 a 620, confirmó la Sentencia apelada.

CONSIDERANDO II:                                                                              HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso se resume lo siguiente:

Señalan que no se ha estudiado todos los antecedentes que cursan en el expediente como las pruebas de cargo aportadas oportunamente, al contrario, las pruebas de descargo presentadas fuera de plazo. En ese sentido, señalaron que el demandado les buscaba con argucias hasta convencerles de que les vendan el lote de terreno, o sea, hubo presión sicológica al extremo de firmar varios documentos y estampar sus impresiones digitales, las mismas que para su reconocimiento debían haberse efectuado en presencia de testigos que no se cumplió, por eso el documento de fs. 4 vta., es nulo de pleno derecho. Respecto del Poder amplio y suficiente otorgado por Nicanor Gonzalo López López a favor del demandado, a objeto de proseguir con el trámite posesorio que sigue en contra de Gonzalo Ruiz Martínez sobre el mismo terreno que supuestamente le corresponde al poderdante.

Dichas pruebas documentales dan a entender que el demandado al no poder lograr algún beneficio en su favor se lanza a buscar otro medio para beneficiarse con el citado lote de terreno y es precisamente en esas circunstancias que les buscó para convencerles de que le otorguen poderes, firmen minutas a su favor, situaciones que fueron corroboradas por sus hijos en sus declaraciones juradas  en medida preparatoria.

Las pruebas documentales referidas tienen todo el valor probatorio del art. 400 del Código de Procedimiento Civil, y son indivisibles de acuerdo al 401 de la misma norma. El Auto de Vista no consideró que la co-demandante estampó su impresión digital en el documento privado reconocido pero sin la presencia de testigos. Este aspecto fue demostrado por las declaraciones juradas prestadas en el Juzgado de Instrucción de Tiquipaya y por las declaraciones testificales de sus hijos, y si bien se dice en la prueba de descargo de fs. 391 al 394 que Luis Lazarte Melgarejo no es persona íntegramente analfabeta pero no se dice nada de Alejandra Meneses de Lazarte. El haber obtenido una licencia de conducción no significa que sea una persona con capacidad de discernimiento porque si obtuvo esa licencia fue para tratar de alguna vez aprender a manejar un vehículo.

Las otras pruebas aportadas a partir de fs. 283 no fueron tomadas en cuenta como son las confesiones provocadas y la declaración de testigos.

Con esos antecedentes, piden casar la Sentencia y Auto de Vista recurridos.

CONSIDERANDO III:                                                                     FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A través del agravio expresado los recurrentes denuncian que: El Auto de Vista no ha tomado en cuenta las pruebas de cargo menos los datos del expediente, ya que desde el inicio de la demanda manifestaron que el demandado mediante engaños y artificios les habría convencido de que le vendieran el lote de terreno utilizando una serie de argucias que significan presión sicológica llevándoles a que suscriban documentos y estampen sus impresiones digitales, y que ello, la firma e impresiones digitales en el documento privado reconocido de compraventa efectuaron sin la presencia de testigo, aspectos que fueron acreditados por sus hijos. La prueba documental referida tiene el valor probatorio del art. 400 del Código de Procedimiento Civil, y es indivisible de acuerdo al 401 de la misma norma; estos reclamos configurarían causales de un recurso de casación en el fondo, razón que amerita ingresar a su análisis.

De conformidad al memorial de fs. 12 a 13 vta., se advierte que Luis Lazarte Melgarejo y Alejandra Meneses de Lazarte demandaron la nulidad del contrato señalando que mediante contrato privado de 6 de enero de 1998 reconocido en sus firmas el 7 de enero de ese mismo año, transfirieron en venta un lote de terreno de 5.201,10 m2 ubicado en la zona Apote, Tiquipaya del Dpto. de Cochabamba en favor del demandado por $us.3.000, elaborándose en la misma fecha un documento privado aclaratorio, y posteriormente, el 9 de marzo de 1999, nuevamente fueron convencidos por el comprador de suscribir otro documento de ratificación de venta, así como fueron convencidos de que le otorguen Poderes en su favor. Arguyen los demandantes que de dichos antecedentes se demuestra la ilicitud de motivo por cuanto el comprador ha utilizado ardides para privarles de su derecho propietario aprovechando su ignorancia, contraviniendo el art. 470 del Código Civil, lo que ocasiona la nulidad del contrato por faltar requisitos esenciales previstos en el art. 452 de dicha norma, concluyendo los demandantes que en función de lo estipulado por el inc. 3) del art. 549 del Código Civil, deducen proceso ordinario de nulidad de venta.

La Sentencia de 28 de diciembre de 2004, que declaró improbada la demanda principal y probada la reconvencional, argumentó que al haber sido engañados los vendedores, el acto jurídico de la compraventa está subsumido en el inc. 4 del art. 554 del Código Civil. Pero resulta que los demandantes han fundado su pretensión en el art. 549-3) de la misma norma, no obstante que los hechos ocurridos constituyen presupuesto jurídico de anulabilidad del contrato. Que la causa-motivo para el vendedor es el precio que necesita recibir, y para el comprador adquirir la cosa, no se ha probado una causa o motivo ilícitos en esta operación de compraventa pero lo que sí se dio fue el engaño y el error en los vendedores, pero por cuanto los vendedores fundaron su pretensión en el art. 549-3) referido, esta Sentencia no puede abrirse paso a la pretensión de los actores, ni por el principio del iura novit curia.

El Auto de Vista de 27 de mayo de 2010, que confirmó la Sentencia de primer grado, entre sus fundamentos ha señalado que en el art. 549 del Código Civil, se citan las causas para que proceda la nulidad del contrato entre las que está inmersa la ilicitud, en ella debe considerarse si la ilicitud fue sobre la voluntad, el consentimiento, el objeto o la causa, en autos, en la demanda esa ilicitud se plasma en la falta de voluntad libremente expresada por los vendedores (actores) hacia el comprador (demandado), o sea, que éste habría ejercido presión sicológica sobre aquéllos, estos hechos no fueron probados fehacientemente.

El proceso civil está regido por distintos principios como el dispositivo que importa el inicio de la actividad jurisdiccional a instancia de parte, supone la determinación del objeto del proceso únicamente por los litigantes, la congruencia de las resoluciones judiciales con las pretensiones de las partes que significa que el Juez no puede ir más allá de lo pedido por las partes, y, la finalización de la actividad jurisdiccional por voluntad exclusiva de los litigante ya sea por renuncia, allanamiento, transacción o la continuación del proceso. En todo caso en virtud de este principio, recae en los litigantes -partes o sujetos procesales- la tarea de estimular e iniciar la función jurisdiccional y, por otra, la de suministrar los materiales probatorios sobre los que deberá tratar la decisión del Juez. En nuestro ordenamiento civil, el art. 52 del Adjetivo Civil, señala que toda persona capaz podrá intervenir en el proceso y pedir la protección jurídica del Estado. 

En la doctrina siempre se ha debatido acerca del rol que deben desempeñar los jueces y partes en el proceso civil, sin embargo, la evolución de la doctrina considera al proceso civil como una forma de tutela de los derechos de los ciudadanos aumentando las potestades del órgano jurisdiccional a la aplicación oficiosa del Derecho. La potestad judicial, de manera general, en el Codigo de Procedimiento Civil Boliviano, está señalada en el parágrafo I de su art. 1º que señala que los jueces y tribunales substanciarán de acuerdo a las leyes, las demandas sometidas a su jurisdicción.

Por su parte, el art. 190 de la norma antes citada, dispone que la Sentencia recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso, lo que importa que la actividad jurisdiccional es consecuencia de la demanda inicial, respuesta, reconvención y excepciones, y esta necesaria congruencia entre la Sentencia y la demanda, importa también que el Juez no puede resolver nada distinto o que esté fuera de la demanda. A ese respecto, el art. 327 de la norma referida, señala que: “La demanda será deducida por escrito y contendrá: 7) El derecho expuesto sucintamente”.

De la revisión de la prueba de cargo, consistente en el Testimonio franqueado por el Juzgado de Instrucción de Tiquipaya sobre declaración jurada prestada por el Luis Lazarte Melgarejo de fs. 443 a 450; las actas de confesión provocada al demandado y a los co-demandantes de fs. 487 a 488, fs. 496 a 498 y fs. 506-506 vta.; las actas de declaración testifical de cargo de fs. 490 a 493 y fs. 500-502, lo que se advierte son los medios utilizados por el comprador del lote de terreno ubicado en Tiquipaya Cochabamba, aledaño a los predios de UNIVALLE, con la finalidad de conseguir que los demandantes presten su consentimiento para esa venta el que efectivamente fue proporcionado bajo esa desproporción de condiciones de las partes, que en este caso particularmente fue determinante para celebrar dicho negocio jurídico, de donde resulta que la referida prueba, de la cual acusan que no fue analizada, respalda la causal de anulabilidad del contrato por dolo sobre la materia o cualidades de la cosa prevista en el art. 554-4) del Código Civil, no obstante, la pretensión jurídica de la acción está basada en el art. 549-3) de la citada norma, que señala como caso de nulidad de contrato la ilicitud de causa y la ilicitud de motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato.

En ese sentido, en virtud del principio dispositivo, el Juez está impedido de otorgar una cosa distinta a la pretendida por las partes, menos puede cambiar los hechos que han sido introducidos al proceso, lo que por medio de este principio se permite al órgano jurisdiccional es calificar los hechos expuestos de acuerdo a la norma jurídica que estime aplicable en tanto no se cambie la pretensión, ya que la potestad del Juez para aplicar el Derecho está limitado por lo pedido.  

Esto incluso encuentra su respaldo en el aforismo iura novit curia, pues conforme al principio dispositivo la congruencia a la que los jueces están reatados se refiere a los hechos expuestos por las partes y a la pretensión que persiguen, sin que éstos (hechos y pretensiones), puedan ser cambiados o modificados por el juzgador, es decir, sobre los mismos hechos y sobre la misma pretensión es que el órgano jurisdiccional debe aplicar la norma correcta y además debe verificar si los hechos del cual emana el derecho correcto, han sido materia de debate y de prueba.

De donde resulta que los fallos pronunciados por los de instancia en autos, han referido que se ha demandado con inadecuada fundamentación por lo que no se puede dar lugar a la pretensión de los actores de invalidar la compraventa por el principio del iura novit curia, pues el juzgador está obligado a emitir su fallo dentro del marco procesal fijado por la demanda y la reconvención deducidos en el caso, y que en esos términos fueron objeto de debate y contradicción.

Por los motivos precedentemente expuestos, corresponde a este Tribunal de Máxima Jurisdicción emitir resolución en la forma prevista en el num. 2) del art. 271 en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.      

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación o de nulidad interpuesto por Luis Lazarte Melgarejo y Alejandra Meneses de Lazarte contra el Auto de Vista de 27 de mayo de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de nulidad de contrato seguido por los recurrentes contra Juan Carlos Crespo Infante. Con costas.

Se regula el honorario profesional en Bs.1.000 (Un Mil Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Sexto