TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 499/2015 - L

Sucre: 2 de Julio 2015

Expediente: SC-81-10-S

Partes: Edwin Loureiro Christie, Ana Graciela Tablas de Loureiro y Edwin

            Enrique Loureiro Tablas C/  Cipriam Guzmán Rodríguez  representante

            de la Cooperativa Villa Barrientos

Proceso: Nulidad de contrato y Otros

Distrito: Santa Cruz 

VISTOS: El recurso de casación  interpuesto por Fabián Moreno Barrera en representación de los demandantes  de fs. 354 a 357, impugnando el Auto de Vista de  fecha  11 de febrero de 2008, de fs. 350 a 352, pronunciado por la Sala Civil  Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso de nulidad de contrato y Otros, seguido por Edwin Loureiro Christie, Ana Graciela Tablas de Loureiro y Edwin Enrique Loureiro Tablas contra Cipriam Guzmán Rodríguez en su calidad de representante de la Cooperativa Villa Barrientos la concesión de fs. 360, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial  de Santa Cruz, dicta Sentencia de fs. 323 s 325 y vta., resolución por la cual declara improbada, simulación y nulidad de contrato, cancelación de inscripción, pago de daños y perjuicios y costas procesales, interpuesto por Edwin Loureriro Christie, Ana Graciela tablas de Loureiro y Edwin Enrique Loureiro Tablas, e improbada en parte la demanda reconvencional sobre caducidad y la excepción de falta de acción y derecho interpuesto por la cooperativa Villa Barrientos representado por su presidente Eusebio Vargas Duran, y probada en parte la demanda reconvencional sobre acción negatoria. 

Contra esa Resolución, Fabián Moreno Barrera en representación de Edwuin Loureriro Christie, Ana Graciela Tablas de Loureiro y Edwin Enrique Loureiro interpone recurso de apelación de fs. 332 a 335 y vta., motivo por el cual, la Sala  Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz  emitió el Auto de Vista  de  fecha  11 de febrero de 2008 de fs. 350 a 352, por el cual, confirma  la Sentencia y el Auto de 02 de julio de 2005 de fojas 212 vta. con costas. 

Resolución de segunda instancia  que fue impugnada por Fabián Moreno Barrera en representación de Edwin Loureriro Christie, Ana Graciela tablas de Loureiro y Edwin Enrique Loureiro quien interpuso recurso de casación de fs. 354 a 357  con los fundamentos expuestos en su recurso, mismo que previa sustanciación, fue concedido  y se pasa analizar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Expone que los de instancia no hicieron una distinción correcta entre la simulación absoluta y la relativa, ya que no se tomó en cuenta que la base la demanda es la simulación absoluta conforme al art. 543 del C.C., extremo que no fue debidamente analizado.

Asimismo, manifiesta que resultaría incorrecta la interpretación y aplicación del art. 543 del C.C., porque se demandó la simulación absoluta del contrato y se demostró la existencia de esa simulación absoluta de contrato de venta, esto con el correspondiente contradocumento que lo deja sin efecto, por lo que debió aplicarse el at. 543.I y 545.II del C.C., y declararse probada su demanda.

Aduce incorrecta la interpretación y aplicación del art. 452 en relación al art. 543.I ambos del C.C., en vista de que dicha norma se aplicó sin ser invocada o fijada como punto de hecho a probar (art. 452 C.C.), también refiere con respecto a que no se cumplió con el requisito de forma, es decir, la insuficiencia de los poderes notariales señalado en el Auto de Vista, dicho extremo al no ser invocado por las partes no debió ser aplicado por el Ad quem.

Alega que se interpretaría de manera errónea estos contratos de venta, ya que por disposición de la ley este tipo de contratos no se encuentran sometidos a formalidad alguna, y en el caso de existir falta de formalidad este debió ser observado por la demandada, y no ser aplicado de oficio, como lo hizo el Ad quem.

Expresa que se incurriría en aplicación indebida del art. 544.I y violación del art. 1538 del C.C., puesto que, al no existir terceros no resultaba aplicable el parágrafo I del art. 544 del C.C., ya que, los documentos privados de compra y venta adjuntos no les otorga la calidad de terceros, al no encontrarse inscrito en derechos reales, máxime si de antecedentes se evidencia que esas personas son socios de la Cooperativa Villa Barrientos, por lo que, no pueden ser considerados como terceros como señalado el Tribunal de segunda instancia.

Alude violación del art. 370, 371 en relación al art. 236 del C.P.C., puesto que, en ningún momento se ha cuestionado en la demanda o reconvención la personería del Cipriam Guzmán para suscribir tanto el documento de venta como el contradocumento, y que al no ser un punto de hecho a probar  no podía de oficio ser objeto de pronunciamiento en Sentencia, ya que, se debió aplicar el art. 190 del C.P.C., extremo que no aconteció

Manifiesta  que se violaría lo establecido en el art. 1292 del C.C. que establece que los contradocumentos pueden ser públicos o privados, lo cual desvirtuaría la afirmación realizada por los de instancia

Expresa error de hecho al valorar la prueba, ya que el Auto de Vista refiere que no se acreditó la existencia de daños y perjuicios, empero no se realizó un análisis correcto de la prueba donde se advierte la explotación de recursos madereros y agrarios que existían en la propiedad, los cuales les causa daños y perjuicios, y que la prueba testifical documental, inspección judicial e informe del perito demuestran el daño y perjuicio por la explotación maderera.

Solicitando en definitiva casar el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme determina el art. 106.I del Código Procesal Civil, norma de vigencia anticipada, del examen del proceso se puede concluir:

Que, en principio corresponde analizar los institutos de jurisdicción y competencia, acudiendo a la doctrina podemos citar al tratadista Giuseppe Chiovenda para quien la jurisdicción es: “la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la substitución de la actividad individual por la de los órganos públicos, sea para afirmar la existencia de una actividad legal, sea para ejecutarla ulteriormente”. (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual, Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1996, 24ª, tomo V, página 48). De igual manera Hugo Alsina con gran autoridad sobre el tema refiere que la competencia es “la aptitud del juez para ejercer jurisdicción en un caso". (Alsina, Hugo, Tratado Teórico y Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires Argentina: Ediar, 1957, tomo II, página 512).

A ese efecto, en consonancia con lo expresado, conviene señalar que el art. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establece que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia, emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades  jurisdiccionales del órgano judicial.

Situación que indudablemente implica que dentro de los operadores de justicia se encuentran los jueces de la justicia ordinaria. Por otra lado, el art. 12 del citado cuerpo legal, conceptualiza la competencia como: "la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una jueza o juez o autoridad indígena para ejercer jurisdicción en un determinado asunto.”, y conforme ha establecido la doctrina actualmente la competencia de un Juez se delimita bajo los siguientes parámetros: por razón del territorio,  materia así como de la calidad de las personas que litigan.

Consiguientemente, la jurisdicción se considera como el poder genérico de administrar justicia dentro de los Órganos y atribuciones de la soberanía del Estado Plurinacional; en tanto que la competencia es precisamente el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico. La jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie. Todos los jueces tienen jurisdicción, pues tiene el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia sólo para determinados asuntos, toda vez que es el Principio de Legalidad, determinante de la competencia tal cual ha establecido la jurisprudencia y la doctrina.

La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de Tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el Tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad.

Y de igual manera la Constitución Política del Estado en su art. 122 sanciona como nulos los actos de personas que usurpen funciones o que no les compete y que no emanen de la ley.

Sobre el particular podemos citar el Auto Supremo: 168/2013 de fecha 12 de abril 2013, el cual condiciendo con lo expresado refiere: “Con la finalidad de contextualizar el tema que nos ocupa, desarrollaremos algunas conceptualizaciones respecto de la jurisdicción y la competencia. Así tenemos que la jurisdicción, se concibe como la potestad que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho, esa potestad, está encargada a un órgano estatal, el Judicial, y es a través de esta potestad, que el Estado administra justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de acuerdo con la Constitución y las leyes, Código de Procedimiento Civil art. 6, modificado por los artículos 11 al 14 de la Ley del órgano Judicial de 24 de junio de 2010. En ese marco y si bien la jurisdicción es un poder-deber que tiene el Juez para administrar justicia, no pudiendo el Juez negarse a resolver un asunto puesto en su conocimiento, la jurisdicción que le confiere el Estado, resulta insuficiente para lograr su cometido principal que sería la Resolución de un conflicto particular, sin embargo, la jurisdicción no marcha por sí sola, sino que necesariamente va acompañada de la competencia que conforme la define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, "Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto", al respecto; Calamandrei señala:" La jurisdicción cumple una actividad funcional de garantía que el demandante busca en el Juez. Espera que este tercero imparcial vaya aplicar la ley correctamente. Es decir garantiza lo derechos que puedan alegar cada uno de estos ciudadanos". Como se tiene de lo referido, la competencia es el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, naturaleza, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico, en ese entendido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así, todos los jueces tienen jurisdicción pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para conocer y resolver determinados asuntos. La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de Tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el Tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. De lo relacionado precedentemente se tiene que tanto la jurisdicción como la competencia son de orden público e indelegable y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.”

Por otro lado el Auto Supremo No. 105/2015  estableció que:

1.- De la jurisdicción agraria.-

La jurisdicción conforme al art. 4 de la Ley N° 025, se tiene que la  función jurisdicción se la ejerce de la siguiente manera: “(EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL). I. La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de: 1. La Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados; 2. La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales; 3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y 4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, según sus normas y procedimientos propios…”, bajo esa identificación se dirá que la jurisdicción es la potestad que emanada del pueblo boliviano para administrar justicia, mediante sus órganos judiciales; en cambio la competencia es la facultad que tiene una autoridad judicial, para administrar justicia en un determinado asunto.

La norma descrita precedentemente tiene vinculación directa con el art. 179 de la Constitución Política del Estado que señala lo siguiente: “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”, también corresponde citar el art. 30 de la Ley N° 1715, modificado por el art. 17 de la Ley N° 3545 de Reconducción Agraria, que señala: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otros que le señala la ley”, al efecto se dirá al momento de haberse formulado las pretensiones de ambas partes, se lo hizo en vigencia de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificado por la ley Nº 3545 de Reconducción Agraria, norma que ingreso modificaciones en las atribuciones de la judicatura agraria (jurisdicción agraria), siendo así que dicho ente de administración de justicia se encuentra conformado por el Tribunal Agrario Nacional y por los Juzgados Agrarios, estos últimos operadores judiciales tienen competencia para el conocimiento y resolución de distintos supuestos que consigna el art. 39 de la mencionada ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, que señala:“(Competencia). Los jueces agrarios tienen competencia para… 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias…”

Ahora como el numeral 8) del art. 39 de la mencionada Ley hizo alusión distintos tipos de acciones que derivan de la propiedad agraria, para ello se dirá que las acciones personales, son los que autorizan a exigir de persona determinada el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, o en su defecto cuestionar si la prestación efectuada ha sido cumplida en la medida que ha sido señalada por los contratantes bajo los principios que rigen los contratos, en cambio las acciones reales son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales de la propiedad, u otro derecho real.

Consiguientemente se dirá que tanto la jurisdicción agraria (hoy agroambiental) así como la jurisdicción ordinaria, tienen la facultad de administrar justicia, cuya delimitación o deferencia en la atribución de sus competencias se encuentre señalada por ley, en ese sentido la anterior Ley de organización judicial, al describir la competencia para los jueces ordinarios en materia civil, facultaba conocer las acciones reales, personales y mixtas emergentes de las relaciones del derecho privado y sobre la propiedad privada; atribución que es diferente de la que tiene la judicatura agraria -por medio de sus juzgados agrarios- la que tiene competencia para el conocimiento de acciones reales, personales, y mixtas emergentes de la propiedad o actividad agraria, que difiere de la jurisdicción ordinaria, que atiende litigios relativos a la propiedad privada…

Establecida la jurisdicción agrario y la jurisdicción ordinaria, corresponde analizar los antecedentes que originan la presente causa:

De la demanda se advierte que Edwin Loureiro Christie, Ana Graciela Tablas de Loureiro y Edwuin Enrique  Loureiro Tablas, demandan Simulación, Nulidad de Contrato de compraventa, Desocupación y Entrega de Bien inmueble, bajo el fundamento de que  en fecha 19 de diciembre de 1996 se suscribió un contrato que fue protocolizado en fecha 8 de enero de 1997, mismo inserto en instrumento público Nº 17/97 por ante la notaria de fe pública documento por el que transfirieron los demandantes parte del fundo rustico denominada “El Pacay” en la extensión  superficial de 822,7120 Has. En calidad de venta real a favor de la cooperativa Agropecuaria “Villa Barrientos”, venta que según los demandantes se hizo con la finalidad de que los ahora demandados puedan conseguir financiamiento para el pago de la venta, venta que  hubiese sido dejada sin efecto por un contradocumento.

Asimismo, solicitan el pago de daños y perjuicios,  si bien la demanda no expresa cual el fundamento preciso por el cual solicita el pago de daños y perjuicios, empero, a través del trámite de la causa se ha llegado establecer, conforme ha orientado en su recurso que este es como consecuencia de la explotación de tierra y beneficios que recibe la cooperativa.

En el mismo sentido el informe pericial de fs. 234 a 235 refiere: “se pudo constatar la gran cantidad de producción de carbón vegetal producto de tala de grandes árboles aptos para el efecto”, asimismo en la inspección judicial expone que existe producción de maíz, cebolla y perejil.

De lo puntos señalados, se advierte que la pretensión ahora invocada por los demandantes es derivativa o emergente de la actividad agraria, por cuanto la jurisdicción ordinaria carecía de competencia para el conocimiento de la presente causa, conforme manda el art. 39 de la mencionada ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, ya que, la acción de nulidad por simulación, es una acción personal y la entrega de bien inmueble es una acción real, y como se tiene anotado, todas emergen como consecuencia de actividades agrarias, así se dirá que la jurisdicción agraria, en función de la administración de justicia, tiene principios especiales diferentes a los de la administración de justicia ordinaria, como es la “función económico social”, principio que resulta ser ajeno a la administración de justicia ordinaria, consiguientemente se concluye que los jueces de instancia han actuado fuera de su competencia, pues como se dijo anteriormente la controversia debe ser dilucidada ante el juzgado agrario que resulta ser componente de la jurisdicción agraria (hoy agroambiental), por lo que corresponde sanear dicho error de procedimiento, debiendo las partes acudir ante los órganos de la jurisdicción agraria.

Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución en base al art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil y art. 106.I del Código procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 y arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil art. 106.I del Código Procesal Civil: ANULA todo lo obrado en la presente causa, sin reposición, hasta el decreto de fs. 14 debiendo las partes acudir ante los juzgados agrarios, componentes de la jurisdicción agraria, para la Resolución de sus pretensiones.

Sin responsabilidad para el Ad quem, por ser excusable el error incurrido.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto