TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                         S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 493/2015 - L

Sucre: 2 de Julio 2015

Expediente: LP 70 10 S

Partes: Yolanda Yapuchura Cunurana c/ Reynaldo Méndez Paredes.

Proceso: Declaración Judicial de Paternidad.                

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y fondo de fs. 135 a 138 y vta., interpuesto por Reynaldo Méndez Paredes, contra el Auto de Vista Resolución Nº S-154, de 8 de mayo de 2009 de fs. 131 y vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz (Hoy Tribunal Departamental de Justicia de La Paz), en el proceso ordinario de Declaración Judicial de Paternidad, seguido por Yolanda Yapuchura Cunurana contra Reynaldo Méndez Paredes; el Auto de concesión de fs. 141; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sustanciado el proceso el Juez Octavo de Partido Primero de Familia de La Paz mediante Sentencia Resolución Nº 368, de 27 de septiembre de 2008 cursante en fs. 104 a 106, declaró PROBADA la demanda de fs. 10 y vta., interpuesta por Yolanda Yapuchura Cunurana y por consiguiente declara la paternidad de Reynaldo Méndez Paredes con relación a la menor Luz Aracely, disponiéndose en consecuencia la inclusión del apellido paterno de la menor nombrada, así como el apellido de la madre, por lo que debe figurar con el nombre de Luz Aracely Méndez Yapuchura.

Contra esa Resolución de primera instancia, la parte demandada de fs. 110 a 112 y vta., interpone recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Cuarta de la R. Corte Superior de Justicia de La Paz (Hoy Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ), por Auto de Vista Resolución Nº S- 154, de 8 de mayo de 2009, cursante de fs. 131 y vta., CONFIRMA la Sentencia Resolución Nº 368, de 27 de septiembre de 2008 cursante de fs. 104 a 106. Con costas. Resolución recurrida en casación por el demandado Reynaldo Méndez Paredes, cursante de fs. 135 a 138 y vta., mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación se tiene lo siguiente:

En la Forma.-

1.- Refiere existir vicios procesales,  concretamente por la no consideración de la pérdida de competencia en que hubiera incurrido el Juez de primera instancia, por haberse dictado la Sentencia fuera del plazo establecido por el art. 204 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil.

2.- Expresa que el Auto de Vista habría omitido pronunciarse sobre su demanda reconvencional, aspecto que constituiría en violación de los arts.  190 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

3.-Refiere que la Sentencia habría otorgado más de lo pedido, ya que la misma habría sido dictada fuera de la competencia fijada por el Auto de calificación del proceso, puesto que en ninguno de los puntos de hecho a probar estaría lo referente al pago de gastos de gestación y parto, asistencia familiar a favor de la madre y del hijo,  violando así el art. 371 del Código de Procedimiento Civil.

El recurrente refiere que los gastos del peritaje tendrían que correr a cargo de la parte que los solicitó.

Por lo que solicita anular el Auto de Vista impugnado, en estricta aplicación de las previsiones legales contenidas en los arts. 254 inc. 4) y 271 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

En el Fondo.-

1.- Acusa que la prueba de ADN no fue realizada por el laboratorio “Gen y Vida” ni por la perito designada, sino por una entidad extranjera (sin autorización ni registro en el país), lo cual daría lugar a que la pericia sea nula, siendo además que en el mismo cursante en fs. 88 indica “Non Legally Binding” que significaría “sin aplicación legal”, lo que hubiera omitido especificar a la perito y daría lugar a que el informe no sea serio y por lo tanto carezca de eficacia y fe probatoria y tornando la prueba inexistente.

2.- Señala que la Sentencia habría sido incongruente, puesto que la misma habría sido dictada fuera de la competencia fijada por el Auto de calificación del proceso, puesto que en ninguno de los puntos de hecho a probar estaría lo referente al pago de gastos de gestación y parto, asistencia familiar a favor de la madre y del hijo, violando así el art. 371 del Código de Procedimiento Civil.


En esos antecedentes solicita Casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se determine improbada la demanda, sea todo con imposición de costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso trae algunos puntos de reclamo en el fondo, siendo que los mismos son de forma o viceversa, pese a esa mala técnica recursiva en sujeción al principio “pro actione” se pasa en lo pertinente a dar respuesta.

En la forma.-

1.-Refiere existir vicios procesales, concretamente por la no consideración de la pérdida de competencia en que hubiera incurrido el Juez de primera instancia, por haberse dictado la Sentencia fuera del plazo establecido por el art. 204 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

De la revisión del proceso de fs. 103 se evidencia que el Juez decreto Autos para Sentencia en fecha 20 de agosto de 2008, dicho actuado es una advertencia que se le hace a las partes de que no pueden presentar más pruebas, pues a partir de ese momento el Juez tiene competencia para dictar Sentencia, es así que en el caso se ha dictado Sentencia en fecha 27 de septiembre de 2008, vale decir a los 38 días es decir dentro del plazo de los cuarenta días establecidos en el art. 204.I num. 1) y .II del adjetivo Civil, en ese sentido el Ad quem expresó: “Que, del análisis y consiguiente revisión de antecedentes procesales a los efectos del caso de autos se establece que el Juez A-quo no infringió norma sustantiva o adjetiva alguna en relación con el contenido de la Sentencia que le ha sido recurrida, la que es consecuente con los datos del proceso así como una correcta y adecuada aplicación de la normatividad legal pertinente al caso”,  de lo que se establece que este reclamo deviene en infundado.

2.-Acusa que el Auto de Vista habría omitido pronunciarse sobre su demanda reconvencional, aspecto que constituiría en violación de los arts. 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil; En relación a ello se establece que en caso de que la demandante no hubiere probado la acción interpuesta, en ese caso podría el Juez pronunciarse sobre dicha reconvención en caso de probarse los daños por dolo y mala fe en la demandante, siendo irrelevante e intrascendente buscar una nulidad procesal por la falta de pronunciamiento de la reconvención (daños y perjuicios) que se funda en negar la pretensión principal,  cuando dicha acción principal fue favorable a la demandante.

3.-Refiere que la Sentencia habría otorgado más de lo pedido, ya que la misma habría sido dictada fuera de la competencia fijada por el Auto de calificación del proceso, puesto que en ninguno de los puntos de hecho a probar estaría lo referente al pago de gastos de gestación y parto, asistencia familiar a favor de la madre y del hijo,  violando así el art. 371 del Código de Procedimiento Civil.

En ese sentido, el Tribunal de Alzada razonó en apego a lo establecido en el artículo 210 del Código de Familia que dice: "(Gastos y pensiones). "En caso de admitirse la paternidad, el demandado o sus herederos deben satisfacer los gastos de gestación, los de parto y una pensión a la madre durante seis semanas antes y seis semanas después del nacimiento", norma imperativa y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, no existiendo por lo tanto agravio ninguno al respecto.

En base a la norma anterior, y en respuesta al reclamo del recurrente, resulta imperativo realizar las siguientes puntualizaciones: Si bien el artículo 61 de la Ley 1760, de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar dispone que la asistencia familiar debe ser tramitada ante el Juez Instructor de Familia, en el caso de Autos nos encontramos frente a una demanda de Declaración Judicial de Paternidad, que se constituye en la demanda principal, la misma se tramita ante el Juez de Partido de Familia; ahora bien, como se tiene de obrados, la paternidad del recurrente respecto de la menor, ha quedado debidamente demostrada y en consecuencia, probada la demanda interpuesta, procediendo como consecuencia de la misma, la asistencia familiar a favor de la menor, si bien de la lectura estrictamente literal del artículo 61 de la Ley 1760 se tiene que la demanda de asistencia familiar debe presentarse ante el Juez Instructor de Familia, este Tribunal considera que no existe óbice alguno para que la misma resulte procedente en el presente caso, toda vez que la demanda de declaración de paternidad se constituye en la demanda principal y la asistencia familiar, el presupuesto accesorio, con el cual guarda estrecha conexitud en razón de materia toda vez que el Juez de Partido de Familia, es Autoridad jurisdiccional especializada y competente para conocer asuntos del Derecho de Familia, de donde se tiene que no existe fundamentación del recurrente, deviniendo el mismo en infundado.

Finalmente, el recurrente refiere que los gastos del peritaje tendrían que correr a cargo de la parte que los solicitó; Al respecto el art. 51.II Del Código de Procedimiento Civil establece la intervención accesoria cuando concurren como en el caso “peritos” cuyo alcance de las costas está claramente regulado por los arts. 198.II y 199.II del mismo citado cuerpo legal, siendo que en caso de pretensiones dobles no existe condenación en costas en Sentencia, empero cuando el fallo de primera instancia es apelado sin fundamento y es confirmado por Auto de Vista la condenación de costas abarca a ambas instancias, como una sanción al apelante que activó recursos innecesariamente; por lo que dicho reclamo es infundado´.

En el fondo.-

1.-Acusa que la prueba de ADN no fue realizada por el laboratorio “Gen y Vida” ni por la perito designada, sino por una entidad extranjera (sin autorización ni registro en el país), lo cual daría lugar a que la pericia sea nula, siendo además que el mismo cursa en fs. 88 en el que indica “Non Legally Binding” que significaría “sin aplicación legal”, lo que hubiera omitido especificar la perito y daría lugar a que el informe no sea serio y por lo tanto carezca de eficacia y fe probatoria y tornando la prueba inexistente.

Al respecto, cursan en actuados solicitud de perito de parte para la realización de la prueba de ADN, donde el Juez a fs. 45 decreta: “Se dispone el examen científico de ADN indicado, debiendo el personero legal de GEN y VIDA prestar juramento como perito en el juzgado el día jueves 25 de octubre del año 2007 a horas 09:10 con las formalidades de Ley”; en fs. 53, cursa “acta de audiencia pública de juramento de perito”, que con esa formalidad previa y en cumplimiento a orden judicial, fueron notificadas las partes (fs. 69, 79 y 84 respectivamente) sin que la parte demandada objete alguna observación en su momento, o por cuenta propia proponga perito de parte, en ese antecedente se procede a la toma de muestra consentida y validada por el Juez.

En cuanto a la toma de muestras para uso judicial, sólo pueden ser realizadas por profesionales de la salud o la justicia, con las formalidades establecidas para el proceso, donde el Juez y el perito son los responsables de la identificación de las mismas y los encargados de custodiarlas hasta el momento de su envío al laboratorio en el exterior, pues no debe olvidarse que la prueba de ADN años atrás (aún hoy) era realizada por laboratorios especialistas que efectuaban las mismas por envío a países como EE.UU., Chile, Argentina y Brasil, (Por razón de tecnología todavía inexistente en nuestro país) siendo Gen y Vida un laboratorio “Intermediario” con la licencia respectiva para la toma de muestras correspondientes, cuya función del perito resulta ser efectuar la cadena de custodia desde su envío y recepción de las muestras y la respectiva interpretación del informe, teniendo el valor probatorio reconocido por ley.

A este tenor cursan de fs. 86 a 92 Informes correspondiente de la prueba genética realizada en EEUU, cuyo original se encuentra en fs. 88 que sirve como plena prueba cuyo rotulo “Non Legally Binding” cuyo aforismo equivalente en español a “no compromete a nada legalmente” se entiende respecto a ese laboratorio de EEUU puesto que quien representa en Bolivia al mismo, es el “Laboratorio Gen y Vida” acreditando los certificados homologados y firmados por la Perito designada judicialmente para este efecto: Dra. Justina Ordoñez J. Bioquímica Farmacéutica cursantes en fs. 89 y 90, estando claro que los mismos tienen toda la fe probatoria que la Ley les asigna, por lo que los supuestos agravios en este aspecto devienen en infundados.

2.-Respecto a la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley al haberse dictado la Sentencia fuera de la competencia fijada por el Auto de calificación del proceso, puesto que en ninguno de los puntos de hecho a probar estaría lo referente al pago de gastos de gestación y parto, asistencia familiar a favor de la madre y del hijo, Auto de relación procesal que no habría sido objetado y en consecuencia este aspecto conllevaría a que la Sentencia sea ultrapetita.

Al respecto, se debe señalar que este es un agravio que corresponde al recurso de casación en la forma, similar al tercer agravio de su recurso de casación en la forma resuelto Supra, siendo que ya se procedió a dar respuesta en la forma, no merece mayor consideración siendo impertinente que se lo haya traído nuevamente en el fondo.

Por las razones expuestas, y toda vez que los agravios acusados al Tribunal de Alzada tanto en el recurso de casación en el fondo como en el de forma, no tienen fundamento alguno corresponde a este Tribunal, fallar de acuerdo a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los  arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 135 a 138 y vta., interpuesto por Reynaldo Méndez Paredes contra el Auto de Vista Resolución Nº S-154, de 8 de mayo de 2009 pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia de La Paz), que cursa de fs. 131 y vta. Sin costas por no existir respuesta al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto