TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                   S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 485/2015 - L

Sucre: 29 de Junio 2015

Expediente: O-41-10-S

Partes: Herminia Quispe Barreta c/ Jesús Luis Mogro Rocha

Proceso: Reivindicación de Bien inmueble

Distrito: Oruro


VISTOS: El recurso de casación de fs. 407 a 408 y vta., interpuesto por Jesús Luis Mogro Rocha contra el Auto de Vista N° 084, de fecha 05 de mayo de 2010, de fs. 400 a 403 pronunciada por la Sala Civil Primera de la (entonces) H. Corte Superior de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Reivindicación de Bien inmueble seguido por Herminia Quispe Barreta contra Jesús Luis Mogro Rocha, la contestación de fs. 411 a 413, el Auto de concesión de fs. 414 y vta., los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, pronunció Sentencia N° 79, de fecha 23 de febrero de 2010 de fs. 367 a 370 y vta., FALLA declarando PROBADA la demanda de fs. 9 y vta., con referencia a la acción de reivindicación interpuesta por Herminia Quispe Barreta. IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 17 y vta., en lo que corresponde a la acción por USUCAPION, interpuesta por Jesús Luis Mogro Rocha, SIN LUGAR la excepción perentoria de falta de acción y derecho y causa planteada por la parte demandada y reconvencionista SIN LUGAR la excepción perentoria de falta de acción y derecho y de oscuridad e imprecisión planteada por la parte demandante contra el reconvencionista. SIN LUGAR los daños y perjuicios demandados por la parte demandante. En su mérito se ordena a JESUS LUIS MOGRO ROCHA la desocupación y consiguiente entrega del lote de terreno que ocupa como patio o garaje a favor de sus propietaria HERMINIA  QUISPE BARRETA a tercero día de ejecutoriado el presente fallo, bajo alternativa de desapoderamiento en caso de incumplimiento, debiendo además retirar el muro de ladrillo y puerta de garaje provisional que da hacia la calle que impiden  el ingreso al lote de terreno, sin derecho a restitución. Y en ejecución de Sentencia demoler toda construcción hecha por Jesús Luis Mogro Rocha que este dentro del lote de terreno de propiedad de la demandante previa verificación e informe técnico de Regulación Urbana y Catastro Urbano de la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro.

Contra la referida Sentencia N° 79, de fecha 23 de febrero de 2010 de fs. 367 a 370 y vta., Jesús Luis Mogro Rocha interpone recurso de apelación de fs. 379 a 381 y vta., recurso que previa sustanciación, es resuelto por Auto de Vista N° 084, de fecha 05 de mayo de 2010, de fs. 400 a 403, pronunciada por la Sala Civil Primera de la (entonces) H. Corte Superior de Justicia de Oruro, por el que, CONFIRMA la Sentencia apelada. Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Jesús Luis Mogro Rocha, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

1.- Refiere el recurrente que el Auto de Vista dictado en fecha 5 de mayo de 2010, no realiza una adecuada fundamentación, toda vez que el mismo se dictó en base a suposiciones, de esta manera el Tribunal de alzada, incurre en violación e interpretación errónea y mala aplicación de los arts. 227 num. 5) y 6) y 349 del Código de Procedimiento Civil, como también se transgrede los arts. 15, 134, 177 de la Ley de Organización Judicial, toda vez que  el Tribunal de alzada aplica inadecuadamente lo que dispone los Autos de Sala Plena N° 05/2006 y 06/2006, referente a la competencia y los mismos que señalan “que cuando existen dos diversas acciones, como por ejemplo una acción de reivindicación de bien inmueble y usucapión, estas deben ser tramitadas de acuerdo a la exclusiva competencia de los jueces es decir que los jueces de Instrucción y Partido Civil y/o familiar, ejercen jurisdicción en un determinado  caso de acuerdo a su competencia y conforme a la cuantía que se menciona, tal como lo determina los arts. 134 y 177 de la Ley de Organización Judicial”.

En el fondo

1.- Refiere el recurrente que habiéndose planteado la demanda reconvencional contra Herminia Quispe Barreta, pidiendo en esta reconvención la Usucapión  de la vivienda N° 25, ubicada en el Barrio Minero ITOS (Ex Campamento), estableciéndose que por Ley N° 1761 de 25 de febrero de 1997, por ser ex trabajadores de la Empresa Comibol se nos transferían las viviendas que ocupábamos a todos los trabajadores de dicha Empresa, esta demanda reconvencional ha sido apoyada con prueba documental, testifical y fundamentada jurídicamente.

Del mismo modo señala que cuando contuviere disposiciones contradictorias, el Tribunal de alzada debe modificar, anular o reformar la Sentencia, ya que se está vulnerando derechos fundamentales como son la indefensión, siendo que no se han analizado correctamente las pruebas ofrecidas dentro la presente causa, se ha infringido la seguridad jurídica y el del debido proceso, como también se vulnero el art. 119 parágrafo I) de la Constitución Política del Estado    

Por lo que concluye peticionando que el Tribunal Supremo de Justicia “ANULE” obrados hasta la admisión de la demanda.  

CONSIDERANDO III:                                                         FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De manera introductoria corresponde referir que la parte recurrente anuncia que plantea recurso de casación en el fondo, empero en los fundamentos del mismo de manera confusa esgrime argumentos de forma y de fondo, no obstante, en previsión del principio “pro actione”, y disgregando los agravios de forma y de fondo, conforme al art. 180.II de la Constitución Política del Estado, derecho a la impugnación, se absuelve de manera inicial los agravios de forma, identificados por este Tribunal Supremo, se pasa a considerar los agravios expuestos.

En la forma

1.- En lo que respecta al primer punto se debe precisar lo siguiente: Si bien el Tribunal de alzada ha razonado en el entendido de que: “…en función a los principios procesales que rigen el proceso civil, entre ellos el de economía procesal “…cuya finalidad es la de abreviar y simplificar el proceso, evitando que su irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos  en el proceso , de manera que el litigio  sea concluido  en el plazo más breve posible y que se logre ello en menor cantidad de actos”.. lo contrario importaría condenar a las partes a sostener dos juicios con similares pretensiones ante diferentes juzgados, erogando gastos  por doble partida; “… en consecuencia, bajo el postulado de que la jurisdicción mayor arrastre a la menor, el Juez  Natural para el conocimiento del presente proceso resulta el Juez de Partido”…

En el caso en cuestión se debe precisar, que la “abrogada Ley de Organización Judicial”, se encargaba de establecer la competencia de todos los juzgados, que son parte de la estructura de la entonces “Corte Suprema de Justicia de la Nación” ahora Tribunal Supremo de Justicia, regulando de manera detallada en sus arts. 134 y 177, la competencia tanto de los Juzgados de Partido en materia Civil, Comercial como de los Juzgados de Instrucción en materia Civil.

Ahora bien, tanto los Juzgados de Partido en materia Civil, Comercial como los Juzgados de instrucción en materia Civil, Comercial como los Juzgados de Instrucción en materia Civil, conforme a los arts. 134 num. 1) y 2) y 177 num. 1) de la Ley de Organización Judicial, entonces son competentes para conocer en primera instancia de las acciones personales, reales y mixtas sobre bienes  inmuebles, muebles, dinero y valores según la cuantía que es determinada en reunión de Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia, instancia por acuerdo de Sala Plena N° 06, de 6 de abril de 2004 ha acordado que la competencia de los Jueces de Partido en materia Civil, comercial de es Ochenta Mil Un Bolivianos (Bs. 80.001), en adelante y de los Jueces de Instrucción en materia Civil de uno (Bs. 1) hasta Ochenta Mil Bolivianos (Bs. 80.000).

Se debe tener presente, que en relación al tema, la Corte Suprema de Justicia, ha determinado mediante Circulares N° 7, de 18 de agosto de 1998 y ratificada mediante Circular N° 25, de 12 de abril de 2007, en el entendido de que los juicios de usucapión son de competencia privativa de los Jueces de Partido en materia Civil en razón a la naturaleza del proceso y también a que la usucapión como modo de adquirir la propiedad debe ser declarada en proceso ordinario, solemne y contradictorio que permita a los afectados ejercer su derecho a la defensa, competencia de los Jueces de Partido en materia Civil para conocer de la acción de usucapión que se halla ratificada por la Sentencia Constitucional N° 1138/2004-R que hace referencia que:“…la tramitación del proceso de usucapión por un Juez Instructor constituye una irregularidad que quebranta el derecho al Juez Natural”…

En ese entendido, en el caso en concreto al haber planteado la demanda principal de reivindicación ante un Juzgado de Instrucción en lo Civil conforme a su cuantía y al haberse reconvenido por una demanda de usucapión, correspondía al Juez Instructor declararse incompetente por razón de materia (reivindicación-usucapión), como en el caso de Autos lo hizo los de instancia adecuadamente, por existir conexidad por la naturaleza de las pretensiones, existiendo de que ambas acciones sean conocidas y resueltas por un solo Juez dentro de un solo proceso pues así solo se brinda certeza y seguridad jurídica a las partes, evitando el pronunciamiento de Sentencias contrapuestas e inconciliables que al margen de ser inejecutables constituirán un daño innecesario para las partes, que persiguen que su situación jurídica sea resuelta, así como evitándoles mayor retardación de justicia y gastos económicos innecesarios, efectivizando los principios de gratuidad y economía procesal, por todo lo referido se concluye que los de instancia han aplicado correctamente su accionar aplicando correctamente las normas procesales conforme a Ley, por cuanto su reclamo deviene en infundado.       

En el fondo

1.- Con relación al primer punto, previamente se debe tener en cuenta que la Usucapión quinquenal, respecto a la aplicación del art. 134 del Código Civil, es importante realizar el siguiente análisis: La Usucapión llamada también “prescripción adquisitiva” es un modo originario de adquirir el dominio, u otro derecho real, por la posesión continua e ininterrumpida, pública y pacífica por el plazo que dispone la ley, pudiendo ser sobre bienes muebles e inmuebles; respecto a la última distinguimos dos clases de Usucapión: la ordinaria (quinquenal) y la extraordinaria (decenal).

La norma nos refiere con claridad los requisitos que debe reunir la Usucapión ordinaria que son: buena fe en la posesión, transcurso del tiempo y posesión (pública, pacífica, continuada e ininterrumpida); requisitos que deben ser comprobados judicialmente para favorecerse de ella.

En el caso en cuestión, por memorial de fs. 17 y vta., Jesús Luis Mogro Rocha instaura demanda reconvencional de Usucapión quinquenal u ordinaria del inmueble signado con el Nº 25 en el barrio minero ITOS (Ex-campamento) de la ciudad de Oruro, señalando que habría cumplido en demostrar en la demanda reconvencional de usucapión tanto con prueba documental y testifical, empero de la revisión de obrados y que por el acta de inspección judicial, de fs. 326 a 328, no obstante que el ahora recurrente habría realizado construcciones recientes, toda vez que para la adquisición de un bien inmueble por usucapión quinquenal no fue demostrada objetivamente conforme refieren los de instancia, toda vez que el reconvencionista nunca ha tenido una posesión pacífica y de buena fe, siendo que por los antecedentes del proceso se evidencia que Herminia Quispe Barreta (propietaria de dicho lote de terreno), siempre ha estado perturbado la posesión, planteando de esta manera demanda de interdicto de recobrar la posesión (ver fs. 31 a 109), así como cancelando los impuestos a la propiedad de dicho lote de terreno, (ver fs. 5, 7 y 8), corroborado también por las declaraciones testificales de Luisa Cipriana Gonzales Barreta de Daga y de José Guzmán Flores (ver fs. 336 a 338), de todos estos antecedentes se llegó a establecer que el ahora recurrente no tenía la calidad de poseedor sino como uno detentador, de tal manera no ha demostrado estar en posesión continua e ininterrumpida, pública y pacífica por el plazo que dispone la ley.

De donde se concluye que el Tribunal de Alzada brindó una respuesta al agravio deducido en apelación, más allá del criterio esgrimido en la decisión judicial la respuesta ha sido oportuna y dentro el marco de unidad de las pretensiones deducidas en el litigio; de lo glosado se infiere que los Tribunales de instancia explícitamente han otorgado el valor jurídico necesario a las pruebas aportadas en la tramitación del proceso, por cuanto su reclamo deviene en infundado.

Por las razones expuestas, habiéndose absuelto puntualmente las denuncias traídas a casación por la parte recurrente y no siendo evidentes las mismas, corresponde a éste Tribunal fallar en la forma prevista por el Art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 407 a 408 y vta., interpuesto por Jesús Luis Mogro Rocha contra el Auto de Vista N° 084, de fecha 05 de mayo de 2010, de fs. 400 a 403 pronunciada por la Sala Civil Primera de la (entonces) H. Corte Superior de Justicia de Oruro. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto