TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

            S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 482/2015 - L

Sucre: 26 de junio 2015

Expediente: PT-23-10-S

Partes: Raúl Condori Gutiérrez en representación de Felipe Fita Vargas. c/

            Presuntos interesados y Comunidad de Condoriri Huachacalla

             Representada por Edwin Hidalgo Estrada en principio y luego por Berno

            Estrada Moya.

Proceso: Usucapión.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en fondo de Fs. 140 a 145 de obrados, interpuesto por Berno Estrada Moya en su calidad de corregidor de la comunidad de Condoriri Huachacalla, impugnando el Auto de Vista  Nº 205/2010 de fecha 29 de octubre de 2010, pronunciado por  la Sala Civil Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí (ahora Tribunal Departamental de Justicia), dentro del proceso de Usucapión, seguido a instancia de Felipe Fita Vargas contra Antonio Estrada Fuertes y la comunidad de Huachacalla, la respuesta de fs. 147 a 149, concesión de fs. 151 vta.,  los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO        I:                                                                               ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Raúl Condori Gutiérrez en representación de Felipe Fita Vargas interpone usucapión decenal, argumentando que tiene un documento de empadronamiento de 1980, suscrita por la autoridad originaria de ese entonces Antonio Estrada Fuertes, terreno ubicado en la región de Villa España, Comunidad Huachacalla Condoriri de la ciudad de Potosí, actualmente el lote de terreno cuenta con una superficie de 606.504 m2 por las modificaciones y urbanizaciones realizadas por la comuna de Potosí. Indicó también que desde la fecha 1980 han transcurrido más de 29 años, tiempo en el que ha estado poseyendo el bien inmueble, de forma pacífica, pública e ininterrumpida, dirige la demanda contra Antonio Estrada Fuertes y teniendo en cuenta que ya falleció contra sus herederos Juan Estrada Romano y contra Edwin Hidalgo Estrada actual corregidor de la Comunidad de Huachacalla Condoriri.

Al no contestar la demanda por el codemandado Edwin Hidalgo Estrada en su calidad de corregidor de la Comunidad de Huachacalla, es declarado rebelde, así como los codemandados terceros interesados. Purgando rebeldía se apersona el Corregidor de la comunidad Huachacalla.

Tramitado el proceso el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de  Potosí pronunció Sentencia cursante de fs. 101 a 104 vta., declarando probada la demanda.

Contra esta resolución de primera instancia Berno Estrada Moya en su calidad de corregidor de la Comunidad de Condoriri Huachacalla interpuso recurso de apelación. En conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Comercial y Familiar de la Corte Superior de Justicia de Potosí pronunció Auto de Vista Nº 205/2010, de fecha 29 de octubre de 2010, por el que confirma y aprueba la Sentencia apelada con costas.

Contra esta resolución de Vista Berno Estrada Moya en su calidad de corregidor de la Comunidad de Condoriri Huachacalla interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, el cual se analiza:

CONSIDERANDO II:                                                                                           DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente interpone recurso de casación en la forma y en el fondo bajo los siguientes argumentos:

EN LA FORMA

El recurrente indica que el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Alzada, recomienda cumplir al Juez A quo con lo determinado por el art. 192-1) del Código de Procedimiento Civil, determinación  que no ha sido reparada porque en el encabezamiento de la Sentencia se ha omitido pronunciar el representante legal del demandante, así como los representantes de la comunidad de Huachacalla que han intervenido inicialmente Berno Estrada Moya y Juan Carlos Copa Durán, indicando que por falta de esas formalidades intrínsecas que debe contener la Sentencia esta debería anularse.

EN EL FONDO

Acusa que el Auto de Vista No 205/2010 contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 137 y 138 del Código civil, porque en la figura jurídica de la usucapión se establece como requisito la posesión, posesión que por declaración testifical ha sido interrumpida porque el demandante se fue a vivir a la zona de Villa Venezuela cuando se quemó su casita y al estar interrumpida la posesión lo que correspondía al Tribunal de Alzada es declarar improbada la demanda de usucapión.

Indicó que el Auto de Vista Nº 205/2010 contiene disposiciones contradictorias al afirmar que el demandante viene poseyendo el inmueble desde hace más de diez años en el que siembra y cultiva hasta el presente y cuando se quemó su casita se fue a vivir a otra zona hace más o menos nueve o diez años.

Acusó  que el Auto de Vista recurrido contiene error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas. Respecto a la prueba testifical los testigos de cargo los testigos de cargo probados que el demandante Felipe Fita Vargas se fue a vivir con sus familiares a la zona de Villa Valenzuela aproximadamente hace diez años atrás, indicando que un incendio fue quien le privo de la posesión. Manifiesta que el Ad quem trascribió las partes finales de las declaraciones de los testigos de cargo y no las analizó conforme a la sana critica incurriendo en error de derecho y error de hecho. No estableció que los testigos de cargo fueron desvirtuados por ellos mismos en sus aclaraciones. Ni consideró el art. 137-1 del Código Civil que prevé que la usucapión se interrumpe cuando el poseedor es privado de la posesión del inmueble por más de un año.

Imputó error en la prueba literal respecto al documento cursante a fs. 2 a 4 del expediente cuando el Juez considera como un documento de transferencia el mismo, estando suscrito por Antonio Estrada Fuertes en su condición de Corregidor de Huachacalla en favor de Felipe Fita Vargas en fecha 10 de diciembre de 1980, siendo que ese documento es tan solo un informe del corregidor de Huachacalla Antonio Estrada que manifiesta que el demandante posee un parcela de terreno en el lugar con una extensión de 1250 m2 y que puede empadronarse en el rol de originarios debiendo pagar la contribución territorial con puntualidad al Estado, cuyo empadronamiento debió ser determinada por el Prefecto del Departamento y luego ser protocolizada en la notaria de hacienda y posteriormente inscrita en Derechos Reales. Indica también que ese documento es nulo de pleno derecho porque de acuerdo al art. 279 de la  L.O.J. porque los notarios de fe Pública están autorizados de emitir testimonios solo cuando tienen el documento original en su notaria, indica también que ese documento debía ser protocolizado por la Notaría de hacienda dependiente de la prefectura del departamento de Potosí. Sobre el mismo punto acusó que el tribunal Ad quem no apreció que en la sentencia impugnada el Juez A quo no consideró que es una fotocopia simple no tiene fuerza ni eficacia probatoria y vulnera el art. 1311 del Código Civil, por lo que no debió ni siquiera ser mencionada en Sentencia y en el Auto de Vista.

Manifestó error en la apreciación de la prueba pericial, con relación a que en el informe pericial la propiedad de Felipe Fita Vargas está ubicada en la zona de Villa España, calle V, zona poblada y urbanizada terreno que tiene una superficie de 606.54 m2; y que en el informe emitido por las Autoridades de la Comunidad de Huachacalla Condoriri, se refiere a una parcela de terreno con una superficie de 1.250 m2, que el Ad quem no apreció que existe una marcada diferencia entre la superficie y no reflexionó de que se trata de otro lote porque resulta imposible que un terreno se haya achicado o encogido.

Denunció error en la apreciación de la inspección judicial, acusa que  en el Auto de Vista emitido se menciona que la propiedad está ubicada en la zona de Villa España, calle Carlos V, zona poblada y urbanizada con una superficie de 606 Mt2 y esta aseveración está en contraposición con el A quo que establece, con la inspección judicial, este lote está con sembradíos de trigo y papa, como la existencia de restos correspondientes a una habitación antigua, empero el sembradío efectuado hace ver un acto de dominio material con ánimo de dueño, por cuando de existir terceras personas que aleguen tener derecho no hubiesen permitido que el mismo se efectúe. Indica que respecto a este punto que para que se active el proceso de usucapión del demandante debió estar en posesión del lugar es decir vivir en el lugar, no tomo en cuenta que en la inspección judicial, la habitación no contaba con servicios básicos de alcantarillado, baño o letrina, agua potable y energía eléctrica, elementos indispensables para la subsistencia del ser humano. Tampoco se tomó en cuenta que el lote de terreno se encuentra del área urbana, no es un terreno agrario que se relaciona directamente con el campo y que exige el trabajo agrícola, no tomó en cuenta que la idea de inmueble ubicado en el área urbana de una ciudad, localidad o metrópolis, precisa de que el ser humano deba vivir en el lote con todos los servicios básicos, hecho que no ocurre en el caso de Autos.

CONSIDERANDO III:                                                                            FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En atención a que el recurso de casación esta interpuesto en la forma y en el fondo, daremos respuesta primero a los agravios de forma en virtud a que si estos resultan ser evidentes correspondería una nulidad que impediría que este Tribunal ingrese a realizar una análisis del fondo  del proceso.

En la forma el recurrente acusa que la Sentencia al no cumplir con lo establecido en el art. 192-1 del Código de Procedimiento Civil referido a que la Sentencia deberá contener el encabezamiento con determinación del proceso, nombre de las partes intervinientes y sus generales y el objeto de litigio, mencionando el recurrente que en el caso de Autos la sentencia emitida no tiene la identificación de las partes en sentido de que no indica a los representantes legales tanto del demandante como del demandado ya que ambos actuaron mediante apoderados los mismos que no se encuentran mencionados, razón esta para determinar la nulidad de la misma. Al respecto el Tribunal de Alzada advirtió esta deficiencia, razón por la cual en el Auto de Vista Nº 205/2010,  en la parte dispositiva, estableció que el A quo debía cumplir estrictamente las formalidades exigidas por el art. 192-1). Al respecto es conveniente establecer que el art. 192 establece requisitos formales para la emisión de la Sentencia, los mismos que se encuentran desglosados en 8 numerales y que contribuyen a que una Sentencia sea clara, precisa y se pronuncie sobre las pretensiones de las partes involucradas en el litigio. El numeral 1) del artículo mencionado se refiere a la identificación de las partes que intervienen en el litigio y en Sentencia si bien no se identificó a los representantes del demandante como del demandado, está omisión no amerita una nulidad porque son aspectos que no hacen al fondo del asunto que se discute en el proceso, si bien el Juez A quo no identificó a los representantes, sin embargo precisó al demandante como a los demandados, estableciendo que esta omisión no amerita una nulidad del proceso, en función a que en el tema de nulidades procesales se debe considerar principios como el de conservación de los actos, convalidación,  transcendencia y que esencialmente se violen derechos y garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa. En el caso de Autos se establece que el recurrente ha intervenido en el proceso asumiendo defensa e interponiendo los recursos de apelación y casación respectivamente, estableciendo con claridad que la observación realizada por el recurrente no amerita una nulidad, sino una recomendación como realizó el Tribunal de Alzada al Juez de la causa para futuras resoluciones.

EN EL FONDO

1.- Acusó el recurrente violación e interpretación errónea de los artículos 137 y 138 del Código Civil en sentido de que en la usucapión decenal o extraordinaria se adquiere la propiedad de un bien inmueble por solo la posesión continuada  durante 10 años y que esta posesión no sea interrumpida. En el caso de Autos indica el recurrente que esa posesión fue interrumpida, hecho que se evidencia por la declaración testifical de cargo, que indica que el demandante se fue a vivir a Villa Venezuela hace diez años atrás por el incendio ocurrido en el lote de terreno del cual se pretende la usucapión, interrumpiéndose la posesión continuada, hechos que no habrían sido considerados el Tribunal de Alzada.

Con relación a este punto es conveniente revisar la demanda cursante de fs. 12 a 13, en la que el demandante Raúl Condori en representación de Felipe Mita Vargas interpone usucapión indicando que cuenta con un documento de transferencia de lote de terreno, suscrito en fecha 10 de diciembre de 1980, fecha en la que entró en posesión del lote, estando en posesión pública, pacífica e ininterrumpida desde esa fecha, realizando cada año las faenas agrícolas correspondientes. Hecho que nos sirve para computar el tiempo de posesión del demandante, desde el año 1980 hasta el momento en que interpuso la presente demanda de usucapión que es 29 de abril de 2009, hasta el cual tomando como hecho referencial esa fecha para realizar el computo de la usucapión, han transcurrido 29 años en los que el demandante ha estado en posesión del lote de terreno sito en Villa España, comunidad de Huachacalla Condoriri de la ciudad de Potosi, posesión que ha cumplido con los requisitos de ser pública, pacifica e ininterrumpida. En el caso de Autos si bien es cierto que en el proceso se ha producido prueba testifical de cargo que evidencia que el demandante a raíz de un hecho fortuito como un incendio ha tenido que ir a vivir a Villa Venezuela hace 10 años atrás; situándonos en el año 1990, el tiempo transcurrido desde 1980 a 1990, sirve para acreditar la usucapión, porque son diez años continuos de posesión pública, pacífica y continuada, que sirven para acreditar que el demandante ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 138 del Código de Procedimiento Civil. De lo que se concluye que el tiempo transcurrido antes del incendió al que hacen referencia los testigos la usucapión ha operado. Al margen de ello el Tribunal de Alzada ha razonado que la posesión continuada ha persistido aun después del incendio, con el cultivo de los sembradíos de trigo y papa, por el actor año tras año, que constituyen actos de dominio material y con ánimo de dueño, hechos que evidencian que el demandado aún haya salido del lote de terreno por el incendio, no ha dejado de ejercer posesión por el cultivo de sembradíos que ha ido realizando todos los años de forma permanente.

Con relación a que la prueba testifical de cargo, no ha sido valorada por el Tribunal Ad quem porque la misma es contradictoria, al referirse al tiempo en el que el demandante, a raíz del incendio efectuado en el lote de terreno, hubiera abandonado el lote de terreno y se hubiera interrumpido el tiempo de posesión, prueba testifical, que desvirtuaría que el demandante ha estado poseyendo el lote de terreno de forma continua y que resulta contradictoria para fundar usucapión; con relación a este punto si bien resulta evidente que los testigos declararon que el demandante siempre ha estado en posesión del lote de terreno pero que debido al incendio ocurrido, ha tenido que vivir en Villa Venezuela, sin embargo también refiere que el mismo continuó cultivando el terreno en cuestión objeto de usucapión, por lo que la prueba testifical producida no desvirtúa este aspecto, simplemente contribuye a que el juzgador tenga claridad sobre el hecho ocurrido, habiéndose operado la usucapión por el tiempo de posesión anterior al incendio.

2.- Respecto al error en el que incurre el Juez A quo y que ha sido confirmado por el tribunal de Alzada, con relación a la prueba documental adjunta a la demanda de fs. 2 a 4, referida al segundo testimonio, protocolizado a los 8 días del mes de marzo de 2004, prueba que los de instancia valoraron como un documento de transferencia que hubiera realizado Antonio Estrada Fuertes en su calidad de corregidor de la comunidad de Huachacalla  Condoriri en favor del demandante, respecto al lote de terreno ubicado en la región de Villa España, realizada a los 10 días del mes de diciembre de 1980, la misma que fue reconocida en el Juzgado de Mínima Cuantía y luego protocolizada por Notario de Fe Pública de Primera Clase No del Distrito de Potosí. De la revisión del referido documento se establece que no es una minuta de transferencia, sino es un documento privado de empadronamiento que acredita que el comunario Felipe Fita Vargas solicita un informe al curaca y alcalde de la Comunidad de un terreno que posee en la región de Villa España para su respectivo empadronamiento, acreditando el corregidor Antonio Estrada y el curaca Simón Estrada y el Alcalde Jacinto Vargas que el comunario Felipe Fita Vargas posee una parcela de terreno en el lugar de Villa España con una dimensión de 1250 m2  y puede empadronarse en el rol de originarios, debiendo pagar la contribución territorial con puntualidad al Estado. En el caso de Autos no tiene incidencia que los de instancia hubieran reconocido el contrato de referencia como una minuta de transferencia siendo solo un documento privado de empadronamiento, porque el demandante utiliza este documento como referencia de la fecha desde la cual se encuentra en posesión del lote de terreno, indicando en su misma demanda, que al no poder haber registrado ese documento por no tener un antecedente dominial, solicita la usucapión del mismo, en ese sentido, se entiende que el documento que acredita su derecho propietario, sino que desde el momento de celebración del mismo, 10 de diciembre de 1980, el demandante se encuentra en posesión del mismo, en ese sentido no resulta relevante para el caso de Autos que los de instancia hubieran valorado ese documento como una de transferencia. Aclarar también que en virtud a que el demandante solo utiliza como referencia el mencionado documento, es que es posible la presente demanda de usucapión porque evidentemente el demandante  reconoce que el documento adjunto a la demanda no acredita su derecho propietario, sino que más bien quiere adquirir el derecho propietario por el presente proceso de usucapión extraordinario o decenal, Con relación a que el referido documento debía ser protocolizado por la Notaría de hacienda y no por la notaría de Fe Pública de Primera Clase y que no podía emitir testimonios porque los Notarios según dispone el art. 279 de la Ley de Organización Judicial anterior solo pueden emitir testimonios de los documentos que cursan en sus registro, este aspecto no tiene mayor relevancia para el caso de Autos porque el documento no sirve de base para la pretensión jurídica del demandado, puesto que solo se adjunta la misma de manera referencial para el computo respecto a la usucapión.

3.- En  cuanto el error en la apreciación de la prueba pericial, respecto a que el informe pericial cursante a fs. 72 emitido por el topógrafo José Luis Flores Pereyra que indica que la propiedad de Felipe Fita Vargas esta ubicada en la zona de villa España en la calle Carlos Quinto la misma que es una zona poblada ya urbanizada y de acuerdo a lo que se ha podido realizar la mensura el terreno tiene una superficie de 606.54 m2, prueba que acredita que habría un error respecto a la superficie, con relación al documento privado de empadronamiento cursante de fs. 2 a 4 porque en el mismo se evidencia que la superficie del lote de terreno es de 1250 m2.  Al respecto diremos que evidentemente existe esa contradicción respecto a la superficie en los dos documentos, pero en la demanda cursante de fs. 12 a 13, el demandante aclara que hoy en día esa superficie es solo de 606.54 m2, explica que solo tiene esa superficie el lote que se pretende usucapir por las modificaciones y urbanización que hace actualmente la comuna potosina, aclarada la pretensión en la demanda, esta es ratificada en cuanto a la superficie por el informe pericial de fs. 72, asimismo por plano del Gobierno Municipal de Potosí, Dirección de Catastro y desarrollo urbano  cursante a fs. 71 evidencia que la superficie es de 606.54 m2, asimismo por acta de audiencia de inspección de visu cursante a fs. 90 de obrados, se evidencia que el lote de terreno tiene una superficie de 600 m2  y en cuanto a las colindancias no existe ninguna invasión o propase ya que están delimitados en cuanto a la extensión y que su ubicación, colindancia y superficie guarda relación con el plano saliente a fs. 5, pruebas que coinciden respecto a la superficie del lote de terreno y que descarta por completo la idea de que se tratara de otro lote de terreno.

4.- Con relación a que existe error en la apreciación de la prueba respecto a la inspección judicial, acusa que en el Auto de Vista emitido se menciona que la propiedad está ubicada en la zona de Villa España, calle Carlos V, zona poblada y urbanizada con una superficie de 606 m2, sin embargo el Juez A quo en la inspección judicial manifiesta que existe sembradíos de  papá y trigo, como si fuera una zona rural. Sobre el mismo punto acusa también que el lote de terreno se encuentra en la zona urbana y que correspondía que si el demandante estuviera poseyendo el lote de terreno tenga una vivienda con condiciones básicas como agua, luz, servicios básicos, hechos que demuestran que el demandado no se encontraría en Posesión del lote. Al respecto conviene aclarar que el lote ubicado en la zona de villa España se encuentra en el área urbana conforme lo reconoce el demandado, en su recurso de casación, igualmente este extremo se acredita por el informe pericial (fs. 72), así como por la inspección de visu (fs. 90) que evidencia que sus colindantes participaron de la audiencia de inspección, siendo claro que el mencionado lote se encuentra ya urbanizado. Respecto  a que solo se demuestra posesión de un lote urbanizado cuando se vive en él. En el caso de Autos por la inspección realizada, se ha demostrado que debida al incendio la habitación que existía en el lote ha quedado destruida, y emergente de ese hecho la misma no se encuentra en condiciones de habitabilidad porque no cuenta con servicios básicos, agua y luz, sin embargo de ello está plenamente demostrado que antes del incendio el demandante vivía en el lote siendo este tiempo transcurrido el que fundo usucapión respecto al mismo, Al margen de ello el lote conforme a la inspección de visu, se encuentra con sembradíos de papa, trigo, sembradíos que realiza el demandante en el lote de terreno y que denotan actos de posesión continua del bien inmueble, con el ánimo de ser dueño, sin la oposición de persona alguna, puesto que en el proceso no han suscitado oposición, ni la Alcaldía Municipal de Potosí, ni el corregidor de la Comunidad de Huachacalla, ni terceros interesados que han actuado a través del defensor de oficio, adhiriéndose más bien ellos a la demanda interpuesta por Felipe Fita Vargas (apersonamiento de fs. 55). Al respecto este Tribunal a través de varios Autos supremos ha establecido que no solo existe posesión física cuando la persona que pretende usucapir viva en el inmueble o lote, sino que existan hechos que denoten dicha posesión, como son sembrar, realizar alguna construcción, criar animales, poner bardas o cercas, delimitar la propiedad con muros perimetrales, realizar alguna actividad en el lote que ser pretenda usucapir, actos y hechos que denotan la posesión con ánimo de dueño, y que al mismo tiempo gocen de las características de ser pública, pacífica e ininterrumpida.    

Por lo indicado concluiremos que, los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma y en el  fondo cursante de Fs. 140 a 145 de obrado, interpuesto por Berno Estrada Moya en su calidad de corregidor de la comunidad de Condoriri Huachacalla, impugnando el Auto de Vista Nº 205/2010 de fecha 29 de octubre de 2010, pronunciado por  la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 700.oo

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Relatora Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto