TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 453/2015

Sucre: 19 de Junio 2015

Expediente: LP- 11-15-S

Partes: Emiliana López Condori c/ Natalio Germán Copana López

Proceso: Cumplimiento de obligación y otros

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 833 a 839 y vta., interpuesto por Natalio Germán Copana López contra el Auto de Vista signada con la Resolución Nº 205, de 16 de junio de 2014 que cursa de fs. 827 a 828, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de cumplimiento de obligación y pago de daños y perjuicios, seguido por Emiliana López Condori en contra del recurrente, la concesión de fs. 845, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de El Alto, pronuncia la Sentencia signada con la Resolución Nº 269/2013 de 13 de noviembre de 2013 que cursa de fs. 803 a 804 y vta., declarando improbada la demanda de fs. 103 a 104, interpuesta por Emilia López Condori.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la actora y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 827 a 828, que revoca la Sentencia apelada y declara probada la demanda de fs. 103 a 104, disponiendo que el demandado pague en monto adeudado en el documento de fs. 1 dentro de tres días de ejecutoriada la resolución, fallo que a su vez es recurrido de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Señala que el Auto de Vista al emitir una Sentencia de condena en su contra, establece una presunción arbitraria sin base documental ni legal, pues no ha efectuado una interpretación 294 del Código Civil, siendo fuente de la obligación el acto idóneo en el que se determine quien es acreedor y deudor, empero el documento de fs. 1 es imperfecto, no señala quien es el deudor y cuestiona por qué se le endilga al pago, por ello se ha violado el art. 397 del Código de Procedimiento Civil y art. 1286 del sustantivo de la materia.

2.- Señala que pese de haberse fijado los puntos de hecho a ser demostrados, no se ha demostrado la obligación de dar, señala que el documento de fs. 1 no es despacho ni titulo ni certificado, por ello no es aplicable el art. 1296 del Código Civil, refiere que el hecho que la demandante haya iniciado el trámite no le convierte en acreedora. Sostiene asimismo que no se ha valorado de acuerdo a ley el documento de fs. 1, no se ha considerado que la documental no es idónea, pues no define quien es deudor y acreedor, por lo que se ha incurrido en falta aplicación del art. 294 del Código Civil.

3.- Refiere que la actora inició la presente acción en base a la demanda interdicta que el recurrente interpuso en contra de la actora por haber sido despojado, proceso de interdicto en el que demostrando haber erogado gastos, asimismo refiere que en dicho proceso no señaló las causas de devolución del dinero mencionado, empero de estos aspectos la causa verdadera es que le reconoció el 50% del inmueble y se hubiera alegado que compraría las acciones y derechos en la suma de $us. 150.000 y solo se firmó un documento sobre lo expuesto, por lo que en virtud a esta confesión espontánea, contemplada en el art. 404.II del Código de Procedimiento Civil, en la que la actora- confiesa que el documento de fs. 1 se lo suscribió con el fin de materializar una futura compra de un bien (fs. 302 a 302 y vta.), por lo que la demanda solo persigue un enriquecimiento ilícito, por ello se ha incurrido en falsa aplicación del art. 291 del Código Civil, cuando el espíritu del documento es para transferirle en calidad de venta sus acciones y derechos del bien inmueble ubicado en la calle 12 de octubre de la ciudad de El Alto.

4.- Cita el art. 568 del Código Civil para referir que una vez conocido el espíritu del contrato de fs. 1, cuestiona qué tiene que ver la norma descrita con el mencionado documento, pues no se señala cual la obligación recíproca, empero se señala que quien quiere recuperar el dinero es la acreedora y el recurrente fuera el deudor, cuestiona si se ha indagado el origen del documento, por qué aparece como deudor, cual la contraprestación debida, deduciendo que no se ha efectuado una valoración integral de la prueba.

Señala que otra presunción arbitraria, es la que se hubiera arribado en sentido de afirmarse que no es lógico que un acreedor pida la nulidad del documento, sobre la misma acusa, refiere que se solicitó la nulidad del documento por error esencial, pues  no se ha especificado si era un contrato de préstamo de dinero o un contrato de compra de acciones, por lo que la confesión no puede ser cataloga como una presunción.

Señala que en cuanto a las declaraciones testificales no están admitidas para acreditar la existencia de una obligación conforme al art. 1328 num. 1) del Código Civil, al margen de ello los testigos afirman de pagos por versión de su presentante, señalando que las decisiones en suposiciones no causan jurisprudencia.

Por lo expuesto, solicitar casar el Auto de Vista y se confirme la Sentencia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- Sobre la acusación de infracción del art. 294 del Código Civil, en cuanto a que el documento de fs. 1 no es fuente de obligación, por tal motivo se hubiera violado el art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento.

Se dirá que el Tribunal Ad quem, ha estimado revocar la Sentencia de grado en sentido de aplicar las reglas de la sana critica, pues refiere que el documento de fs. 1 se encontraba en poder de la actora, esa descripción refiere a las “regla de la experiencia” como directriz de la sana critica, que según Juan Montero Aroca para quien las reglas de la sana crítica son máximas de las experiencias judiciales, en el sentido de que se trata de máximas que deben integrar la experiencia de la vida del Juez y que este debe aplicar a la hora de determinar el valor probatorio de cada una de las fuentes-medios de prueba; ahora conforme a la experiencia judicial, cuando se trata de una obligación de dar una suma de dinero, por la “regla de la experiencia” se entiende que el acreedor es el que debe tomar el documento, pues será este quien para ejercer el cumplimiento de dicho pago, tenga en su poder el documento para acudir ante la jurisdicción ordinaria exigiendo el cumplimiento del pago, por lo que no se evidencia infracción del art. 294 en relación a los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, como lo expresa el recurrente.

2.- Respecto a la acusación de que el documento de fs. 1 no fuera un despacho ni certificado, que no es idónea por lo que se ha incurrido en “falsa aplicación” del art. 1286 del Código Civil y que el hecho que la demandante haya iniciado la acción no la constituye en acreedora; se dirá que desde una amplia concepción el documento privado es todo escrito que contiene la declaración de una obligación o su extinción, ahora en el documento de fs. 1 se establece una obligación de pago en dos cuotas, (en la que no figura quien fuera el acreedor ni quien fuera el deudor) y precisamente por esa ausencia de la calidad de acreedor y deudor es que se ha tramitado el presente proceso ordinario para determinar la calidad de acreedor y deudor, caso contrario de especificarse que el recurrente fuera el obligado, el proceso ordinario no tendría razón de ser, pues dicho titulo podía haber sido tramitado en la vía del proceso ejecutivo, por lo que no se evidencia haberse infraccionado el art. 1286 del Código Civil, norma que se aplica a todo elenco probatorio, sea de forma tasada o por la sana critica.

Por otra parte, en lo referente al hecho de que la demandante haya iniciado la acción no le daría la calidad de acreedora, nos remitimos a lo expuesto en el punto anterior, en sentido de reiterar, que en caso de suscribir la existencia de una obligación, el acreedor es quien se lleva el título (documento privado) para exigir su cumplimiento; al margen de ello, el Tribunal Ad quem ha aplicado la regla de la lógica (directriz de la sana critica), para asumir dicha conclusión se debe efectuar una operación lógica, así el Tribunal de alzada señaló que el demandado solicitó la nulidad del documento, ese aspecto resulta ser el correcto, empero, al margen de dicha deducción lógica, se tiene que en el trámite preliminar de reconocimiento de firmas (al que fue emplazado el recurrente) en fs. 13 (memorial de 10 de junio de 2010) éste presentó escrito ante el operador de primera instancia refiriendo lo siguiente: “me NIEGO DE MANERA FORMAL Y EXPRESA a reconocer como mías la firma y rúbrica estampadas en el papel de 10 de enero de 2010 cursante a fs. 1 de obrados, debido a que no son de mi autoría por lo tanto NO ME PERTENECEN”, esta conducta procesal resulta ser contundente para la aplicación de la regla de la lógica, pues conforme al criterio del Ad quem, un acreedor no puede atacar la validez de dicho documento o desde otra perspectiva solo el obligado que ha  incumplido puede alegar la falsedad del documento, y en la especie resulta ser correcta la aplicación de la regla de la lógica, que conforme al memorial de fs. 13 el recurrente acusó de falso dicho documento, por lo que se reitera no haberse incurrido en infracción del mencionado art. 294 del Código Civil.

3.- En cuanto a la acusación de que la verdadera causa resulta ser que se le reconoció el 50% del inmueble y que compraría las acciones y derechos en la suma de $us. 150.000.- entendiendo que la suscripción de documento de fs. 1 se lo suscribió a fin de materializar una futura suscripción de una venta del bien, existiendo enriquecimiento ilegitimo e infracción del art. 291 del Código Civil, cuando el espíritu del documento es para transferirle en calidad de venta sus acciones y derechos.

Se debe señalar que el documento de fs. 1 inicialmente fue objeto de reconocimiento de firmas (medida preparatoria), posteriormente de acuerdo a los hechos descritos en la demanda de fs. 103 a 104 la actora tan solo refirió “malos entendidos” por lo que llegaron a suscribir el acuerdo de 10 de enero de 2010, en dicho documento no se señala por que concepto se estaría asumiendo la obligación de cancelar dicha suma de dinero, empero existe esa prestación debida incumplida (no se describe si los malos entendidos, fueran sobre un ajuste del precio del inmueble, o fuera una devolución de dineros invertidos en el mismo inmueble, o un contrato de venta de acciones y derechos del inmueble), por ello en la litis tan solo se persiguió el cumplimiento de una prestación debida (prestación unilateral) que consta en el documento de fs. 1, por lo que no se puede acusar enriquecimiento ilegitimo, cuando la causa de dicha prestación no ha sido debatida, ahora si el recurrente considera que el mencionado documento de fs. 1 resulta ser uno para la compra de acciones y derechos del inmueble, tiene la vía expedita para hacer valer ese su derecho, por lo que sobre este argumento tampoco se advierte infracción del art. 291 del Código Civil.

4.- Sobre la aplicación indebida del art. 568 del Código Civil, en sentido de no haberse señalado cual la obligación recíproca, cual la contraprestación debida, en el que se cuestiona si se ha indagado el origen del documento.

Sobre dicha acusación se dirá que el art. 568 del Código Civil, hace referencia a la posibilidad de que, en los contratos con prestaciones reciprocas, la parte que ha cumplido con su prestación puede exigir a la otra cumpla con la prestación debida o en su defecto puede solicitar la resolución del contrato, sin embargo esta norma se aplica a los contratos con prestaciones recíprocas, en las que se debe analizar el “sinalagma funcional”, para determinar si concurre la pretensión del actor, norma que no es aplicable al caso de Autos, pues no se evidencia haberse debatido un contrato con “prestaciones reciprocas” sino solo se ha debatido la prestación debida contenida en el documento de fs. 1 (prestación unilateral), una prestación debida que conforme a la pretensión de fs. 103 a 104, tan solo se señaló que la prestación debida no ha sido cumplida por el demandado (hoy recurrente), sin que se haya debatido sobre la causa de la obligación, por lo que en autos se evidencia una prestación debida que no ha sido cumplida, consiguientemente la norma a ser aplicada es la contenida en la segunda parte del art. 291 del Código Civil, sin embargo de dicha calificación errada por el Ad quem, la misma no cambia para nada la decisión asumida en el Auto de Vista de fs. 827 a 828, pues existe una prestación debida que se encuentra incumplida, debiendo tomarse en cuenta que conforme a los hechos articulados- no se ha debatido sobre las razones que han generado esa prestación debida, por lo que se salva los derechos del recurrente para hacerlos valer de acuerdo al criterio sostenido por el mismo.

Por otra parte, en cuanto a la acusación de que se haya impetrado nulidad por “error esencial” en la que ataca la regla de la lógica (medio de ponderación de la sana critica) aplicada por el Ad quem, se dirá que al margen de dicha conclusión este Tribunal ha estimado que con la contestación de fs. 13 se concluye correcta la aplicación del regla de la lógica, por lo que la acusación resulta ser insuficiente, al margen de ello la conducta procesal demostrada en etapa casacional resulta ser contradictoria, pues en el renglón 21 y ss. de fs. 837 (del recurso de casación), el recurrente reconoce la suscripción del mencionado documento alegando que el mismo fue suscrito para la transferencia de las acciones y derechos de la propiedad.

En cuanto a las declaraciones testificales, conforme a sus deposiciones, no son consideradas aptas como para asumir la calidad del acreedor o deudor del documento de fs. 1, pues las atestaciones responden a hechos no comprendidos en la demanda de fs. 103 a 104, al margen de resultar innecesarias, por cuanto por la directriz de la lógica (regla de la sana crítica) y por versión del propio recurrente (en el recurso de casación) se deduce que el demandado resulta ser el obligado de la prestación contenida en el documento de fs. 1, siendo insuficiente el argumento para modificar la decisión de fondo.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo en aplicación del art. 271 nun. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 833 a 839 y vta., interpuesto por Natalio Germán Copana López contra el Auto de Vista signada con la Resolución Nº 205, de 16 de junio de 2014 que cursa de fs. 827 a 828. Con costas.

Se regula honorario del abogado de la actora en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto