TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        SALA CIVIL


Auto Supremo: 448/2015                                                                Sucre: 18 de junio 2015                                                                Expediente: O-17-15-S                                                                        Partes: Arnoldo, María Consuelo y Pedro Alfonso Todos Ocampo         Young. c/Juan

Velásquez Orgas, UldaricoCusicanquiAstete y M. del Rosario Mendieta

Bilbao.                                

Proceso: Nulidad de Documento.                                                        Distrito: Oruro.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1096 a 1098, interpuesto por Juan Velásquez  Orgas contra el Auto de Vista Nº 04/2015, de fs. 1090 a 1094 vta.,  de 14 de enero  2015, pronunciado  por la Sala Civil Comercial y Familiar Segunda del Tribunal  Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso de Nulidad de Documento, seguido por Arnoldo, María Consuelo y Pedro Alfonso Ocampo Young  contra el recurrente y otros;  la concesión de fs. 1105 y vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial, el 11 de septiembre de 2014, pronunció Sentencia, cursante de fs. 1047 a 1054 vta., declarando probada la demanda principal de nulidad de documento e Improbada la demanda reconvencional y las excepciones perentorias de falta de acción y derecho interpuestas por los demandados.

En consecuencia se declaró nulo y sin valor legal la minuta de venta de terrenos de fecha 18 de febrero de 2003, suscrita por el señor Jacobo Vásquez Chinche en representación de los señores Toribio Magne Chocata, Jesús Apaza Machaca y Reyna A. Choque Santos, a favor de los ciudadanos Juan Velásquez Orgas, Uldarico Cusicanqui Astete y M. Rosario Mendieta Bilbao, ordenándose la cancelación del Protocolo de Escritura Pública Nº. 177 de fecha 27 de marzo de 2003 por ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 15 de esta ciudad y de la Partida Nº 90 del Libro de Propiedades Rusticas de 2003.

Contra dicha resolución, presentó su recurso de apelación la parte demandada, exponiendo  los agravios sufridos con la Sentencia.

En virtud de la apelación planteada en la litis, el Tribunal de Alzada conforme a  los antecedentes del proceso y la apelación, confirmó la Sentencia en su totalidad.

Resolución que ahora es recurrida en casación, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

En un primer punto al igual que en el cuarto, acusa falta de personería para iniciar la demanda de nulidad, toda vez que el poder no faculta iniciar demanda de nulidad a la Federación Nacional de Relocalizados Mineros Metalurgistas y Desocupados de Bolivia y menos a Juan Velásquez Orgas, Rosario Mendieta Bilbao y Uldarico Cusicanqui Astete, nombres que no constan en la lista de personas del documento de fs. 1 por lo cual el apoderado ha excedido las facultades conferidas.

Por otro lado, en el segundo punto, acusa la notificación mediante edictos, toda vez que a fs. 10 cursa copia legalizada del testimonio de propiedad de la Federación Nacional de Relocalizados Mineros Metalurgistas y Desocupados de Bolivia, en la que expresamente se detalla los domicilios, omisión que ocasiono que los demandados no hayan tenido el tiempo suficiente en igualdad de condiciones en el presente proceso.

Como tercer punto indica, sobre la incompetencia de origen porque se trata de propiedades referidas a partidas Rusticas, por lo cual la competencia lo tenía la jurisdicción agraria.

Finalmente en su quinto punto, establece que su nuevo abogado Lic. José Eduardo Arce Gordillo, solamente lo representa al recurrente y no así a los otros codemandados, por lo cual, las notificaciones practicadas a otro abogado causan indefensión a los otros demandados quienes no tienen conocimiento de lo actuado desde fs. 638 de obrados, donde solamente se les notifica con la Sentencia a fs. 1066, dejando en el limbo todo lo actuado con posterioridad a la Sentencia y conforme lo establece el art. 15 de la Ley de Organización Judicial debería haberse realizado la revisión de oficio.

En el fondo:

Indica que, de las diferentes pruebas otorgadas por los demandantes se encuentra el Testimonio de Propiedad No. 55/1977 a nombre de la familia Ocampo Young, documento que no fue revisado de manera minuciosa, toda vez que se refiere que los actores son legítimos propietarios de 707 hectáreas de terrenos que se hayan ubicados en la zona sud de la ciudad de Oruro dentro del radio Urbano, pero la Sentencia indica algo completamente diferente y contradictorio al no mencionar en el Testimonio de propiedad Nº 55 de 1977 la superficie en ninguna de las clausulas, por lo que resulta un documento insuficiente para probar en la litis.  Además indica que el derecho de la familia Ocampo Young fue revertido al Estado mediante el D.S. No. 03471 de 27 de agosto de 1953, eliminándose la partida 789/1952 la que dio origen a la ilegal, e irregular Partida 382/1977.

Por otro lado, menciona que existe fraude procesal porque del informe pericial de fs. 492 define a Primitiva Young como dueña de un terreno denominado Chiripujio Alamasi mediante Resolución No. 95964 emanado por el presidente de la república en fecha 30 de junio de 1960, o sea, mediante un nuevo Título Ejecutorial, registrado bajo la partida 51 del libro de propiedades rusticas de 1960, y los actores limitan la partida 789 del libro propiedades capital del año 1952, en definitiva indica que se trata de terrenos con antecedentes  agrarios, motivo por el cual debería anularse obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En base a lo expuesto en el recurso de casación en la forma, donde se acusa incompetencia de origen, se debe considerar lo siguiente:

Que, la amplia jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrollaron algunas conceptualizaciones respecto de la jurisdicción y la competencia. Indicando que la jurisdicción,  se concibe  como la potestad que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho, esa potestad,  está  encargada a un órgano estatal, el Judicial,  y es a través de esta potestad, que el Estado administra  justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de acuerdo con la Constitución y las leyes, Código de Procedimiento Civil art. 6, modificado  por los artículos 11 al 14 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010.

En ese marco y si bien la jurisdicción es un poder-deber que tiene el Juez para administrar justicia, no pudiendo el Juez negarse  a resolver un asunto puesto en su conocimiento,  la jurisdicción que le confiere el Estado, resulta insuficiente  para lograr su cometido principal que sería la Resolución de un conflicto particular, sin embargo,  la jurisdicción no  marcha por sí sola, sino que necesariamente va acompañada de la competencia que conforme la define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción  en un determinado asunto”, al respecto ; Calamandrei señala: “La jurisdicción cumple una actividad funcional de garantía que el demandante busca en el Juez. Espera que este tercero imparcial vaya aplicar la ley correctamente. Es decir garantiza los derechos que puedan alegar cada uno de estos ciudadanos".

Como se tiene de lo referido, la competencia es el  modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, naturaleza,  imponiéndose por tanto una competencia  por necesidades de orden práctico, en ese entendido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así,  todos los jueces tienen jurisdicción  pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para conocer y resolver determinados asuntos.

La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de Tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el Tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad.

De lo relacionado precedentemente se tiene que tanto la jurisdicción como la competencia son de orden público e  indelegable y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.

De la misma forma, el Auto Supremo No. 378/2013 de fecha 22 de julio estableció que: “…la Jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los Jueces y Tribunales; es de orden público, nace únicamente de la ley y es indelegable; en tanto que la “competencia” es entendida como la facultad que tiene un Juez o Tribunal para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto, la misma que según el art. 13 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial no admite ninguna prórroga en razón de la materia como ocurre excepcionalmente en el caso del elemento territorio; ambas son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Por otro lado en el Auto Supremo No. 105/2015 se estableció que:

1.- De la jurisdicción agraria.-

La jurisdicción conforme al art. 4 de la Ley N° 025, se tiene que la  función jurisdicción se la ejerce de la siguiente manera: “(EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL). I. La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de: 1. La Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados; 2. La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales; 3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y 4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, según sus normas y procedimientos propios…”, bajo esa identificación se dirá que la jurisdicción es la potestad que emanada del pueblo boliviano para administrar justicia, mediante sus órganos judiciales; en cambio la competencia es la facultad que tiene una autoridad judicial, para administrar justicia en un determinado asunto.

La norma descrita precedentemente tiene vinculación directa con el art. 179 de la Constitución Política del Estado que señala lo siguiente: “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”, también corresponde citar el art. 30 de la Ley N° 1715, modificado por el art. 17 de la Ley N° 3545 de Reconducción Agraria, que señala: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otros que le señala la ley”, al efecto se dirá al momento de haberse formulado las pretensiones de ambas partes, se lo hizo en vigencia de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificado por la ley Nº 3545 de Reconducción Agraria, norma que ingreso modificaciones en las atribuciones de la judicatura agraria (jurisdicción agraria), siendo así que dicho ente de administración de justicia se encuentra conformado por el Tribunal Agrario Nacional y por los Juzgados Agrarios, estos últimos operadores judiciales tienen competencia para el conocimiento y resolución de distintos supuestos que consigna el art. 39 de la mencionada ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, que señala:“(Competencia). Los jueces agrarios tienen competencia para… 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias…”

Ahora como el numeral 8) del art. 39 de la mencionada Ley hizo alusión distintos tipos de acciones que derivan de la propiedad agraria, para ello se dirá que las acciones personales, son los que autorizan a exigir de persona determinada el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, o en su defecto cuestionar si la prestación efectuada ha sido cumplida en la medida que ha sido señalada por los contratantes bajo los principios que rigen los contratos, en cambio las acciones reales son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales de la propiedad, u otro derecho real.

Consiguientemente se dirá que tanto la jurisdicción agraria (hoy agroambiental) así como la jurisdicción ordinaria, tienen la facultad de administrar justicia, cuya delimitación o deferencia en la atribución de sus competencias se encuentre señalada por ley, en ese sentido la anterior Ley de organización judicial, al describir la competencia para los jueces ordinarios en materia civil, facultaba conocer las acciones reales, personales y mixtas emergentes de las relaciones del derecho privado y sobre la propiedad privada; atribución que es diferente de la que tiene la judicatura agraria -por medio de sus juzgados agrarios- la que tiene competencia para el conocimiento de acciones reales, personales, y mixtas emergentes de la propiedad o actividad agraria, que difiere de la jurisdicción ordinaria, que atiende litigios relativos a la propiedad privada.

En el caso de autos, los actores demanda Nulidad de la Minuta, el Protocolo y su consiguiente Cancelación de Partida de Registro en Derechos Reales del terreno transferido por los comunarios de Pampa Alamasi en fecha 18 de febrero de 2003, suscrita por Jacobo Vásquez Chinche apoderado de la Comunidad Pampa Alamasi a favor de Juan Velásquez Orgas, Uldarico Cusicanqui Astete y M. Rosario Mendieta Bilbao, representantes de la Federación Departamental de Ex Trabajadores Minero Metalúrgicos Desocupados de Bolivia.  Los actores indican que son propietarios de 707 hectáreas  conforme se evidencia en la Escritura Pública Nº 55 de 31 de marzo de 1977; en virtud a ese su derecho, demandaron ante el Tribunal Agrario Nacional la nulidad de varios títulos ejecutoriales expedidos a miembros de la Comunidad Pampa Alamasi, procesos agrarios (Dos) que anularon los Títulos Ejecutoriales de los vendedores de los actuales demandados, conforme se evidencia de la Sentencia Nacional Agraria Nº 021/2001 y la Sentencia Agraria Nacional Nº 020/2003.  Bajo esas dos nulidades en la judicatura Agraria, consecuencialmente, se demandó la nulidad de la transferencia de fecha 18 de febrero de 2003.

Por su parte los demandados, ahora recurrentes, demandaron reconvencionalmente la nulidad de la Escritura Pública Nº 55/77 de fecha 31 de marzo de 1977, que importa la adquisición de un latifundio inexistente por disposición de los Arts. 12, 30, 34, 56, 78, 124, 174  de la Ley de Reforma Agraria de 2 de agosto de 1953.  Siendo esas las dos pretensiones debatidas en la litis, se debe considerar lo siguiente:

Que, de fs. 5 a 9 cursa la Escritura Pública No. 55/77 referente a la Transferencia de una Propiedad Inmueble, fundos Rústicos denominados “Alamasi” y “Chiripujio”.

Que, de fs. 10 a 14 cursa copia legalizada del Testimonio Nº 177/2003, donde se consigna la minuta de trasferencia de terreno suscrito por Jacobo Vásquez Chinche apoderado de la Comunidad Pampa Alamasi, derecho propietario de Toribio Magne Chocata con Titulo Ejecutorial No. PT0058622 inscrito en la Partida No. 06/01, Jesús Apaza Machaca con Titulo Ejecutorial Nº PT 0058645, inscrito en la Partida Nº 261/2000, Reyna A Choque Santos con Titulo Ejecutorial No. PT 0058628, inscrito en la Partida Nº 239/99, todos registrados en el Libro de Propiedades Rusticas de Derechos Reales.

Que, de fs. 15 a 29, cursa Provisión Ejecutorial Nº 02/2001, donde se encuentra consignada la Sentencia Agraria Nacional Nº 021/2001 que declara la nulidad absoluta de los Títulos Ejecutoriales emitidos en favor de los demandados, Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani y Felipe Santos Mamani, así como del expediente Nº 50298Aúnicamente en relación a los señalados demandados, disponiéndose la cancelación de la Inscripción en el Registro de Derechos Reales.

Que, de fs. 30 a 60 cursa otra Provisión Ejecutoria 04/2003, donde se encuentra consignada la Sentencia Agraria Nacional Nº 020/2003 que declara nulos y sin valor legal los títulos ejecutoriales de varios codemandados, entre ellos el de Toribio Magne Chocata, Reyna A. Choque Santos y Jesús Apaza Machaca, de los títulos signados con los Nos. PT0058622, PT0058628 y PT0058645.

Que, del análisis de los antecedentes del proceso, arriba expuestos, se entiende que los actores pretenden la nulidad de la Minuta, el Protocolo y su consiguiente Cancelación de Partida de Registro en Derechos Reales del terreno transferido por Toribio Magne Chocata, Reyna A. Choque Santos y Jesús Apaza Machaca mediante apoderado legal Jacobo Vásquez Chinche, en fecha 18 de febrero de 2003, como consecuencia de la nulidad tramitada en la judicatura agraria.  Si esto es así, consecuencialmente, los actores debieron acudir a la vía agraria para hacer valer sus derechos, toda vez que se entiende que la nulidad de los Títulos Ejecutoriales descritos supra, dieron lugar a la suscripción de la minuta de fecha 18 de febrero de 2003, de la cual, ahora se pretende la nulidad; por dicho motivo, los actores debieron continuar su pretensión de nulidad en la jurisdicción agraria (ahora agroambiental).

Al respecto,  el art. 39 de Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificado por la ley Nº 3545 de Reconducción Agraria, señala:“(Competencia). Los jueces agrarios tienen competencia para… 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias…”

En la litis conforme a lo expuesto supra, se entiende que los actores buscan declarar en juicio, la nulidad de transferencias derivadas de la nulidad obtenida dentro de un proceso agrario; siendo esa la naturaleza jurídica que se discute, se deduce que la jurisdicción ordinaria -pese a su atribución de administrar justicia- no tenía esa potestad de tomar conocimiento y resolver los litigios en los que se encuentran comprendidas derechos y obligaciones que nacen de la propiedad y actividad agraria, pues las acciones personales, reales y mixtas derivadas de la propiedad, agraria son de conocimiento de los juzgados agrarios, que resultan ser componentes de la jurisdicción agraria, como señala el art. 39 num. 8) de la ley Nº 1715 modificado por la Ley Nº 3545, así se dirá que la jurisdicción agraria, en función de la administración de justicia, consiguientemente se concluye que los Tribunales de instancia, al haber admitido las pretensiones descritas han actuado fuera de su competencia, pues como se dijo anteriormente la controversia debió ser dilucidada ante el juzgado agrario que resulta ser el competente para conocer cuestiones derivadas de un proceso tramitado en la jurisdicción agraria (hoy agroambiental), por lo que corresponde sanear dicho error de procedimiento, debiendo la parte actora acudir ante los órganos correspondientes.

Finalmente, la normativa constitucional que en el actual constitucionalismo Boliviano se constituye en fuente directa de aplicación, señala en el art 122 de la Constitución Política del Estado que: "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley", por lo dicho queda claro que los Tribunales de instancia usurparon funciones que no les competen, tramitando un proceso de nulidad derivado de Sentencias Agrarias Nacionales, donde consecuencialmente debió ser esa la vía para la presente demanda, manteniendo la jurisdicción agraria, motivo por el cual corresponde anular obrados.

Al ser una resolución anulatoria de obrados, no se ingresa a considerar las infracciones de fondo que se detalla en el recurso de casación.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en base al art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 y arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil: ANULA todo lo obrado en la presente causa, sin reposición, hasta el decreto de admisión de la demanda de fs. 65 vta., ordenándose que la parte actora acuda ante los juzgados agrarios respectivos, componentes de la jurisdicción agraria, para la resolución de sus pretensiones.

Sin responsabilidad para el Ad quem, por ser excusable el error incurrido.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto