TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

SALA CIVIL


Auto Supremo:443/2015

Sucre: 17 de Junio 2015

Expediente: SC-20-15-S

Partes: Sindicato de Trabajadores Petroleros VPNO/VPACF/URAFS Regional

Santa Cruz.C/Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y otro

Proceso: Nulidad de documento aclarativo unilateral,  de contrato de venta

y cancelación de partida y otros

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casaciónen el fondo interpuesto por  Augusto Blanco Díaz Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros  VPNO/VPACF/URAFS- Regional Santa Cruz de fs.681 a 684, impugnando el Auto de Vista de fecha 22 de diciembre  de 2014, cursante a fs. 676 y vta., pronunciado por la Sala CivilPrimeradel Tribunal Departamental  de Santa Cruz,  dentro del proceso de Nulidad de Documento y Otros interpuesto por  Sindicato de Trabajadores Petroleros VPNO/VPACF/URAFS Regional Santa Cruzcontra Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos y otro la concesión de fs. 700, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido 13º en lo Civil y Comercial de ciudad de Santa Cruz, dicta Sentencia  de fs. 589 a 600, Resolución por la cualdeclara Probada la demanda de nulidad de documento aclarativo unilateral contrato de venta, cancelación de partida de inscripción en DD.DD., presentada por AUGUSTO BLANCO DIAZ, en representación  legal del SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS VPNO/VPACF/ URAFS RGIONAL SANTA CRUZ, en contra de YACIMIENTOS  PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) y YPFB TRASPORTE S.A., en cuanto a la demanda de reivindicación la declaran PROBADA.-  la demanda de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, presentada por AUGUSTO BLANDO DIAZ, en representación legal del SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS VPNO/VPACF/ URAFS RGIONAL SANTA CRUZ, en contra de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) y YPFB TRASPORTE S.A, e IMPROBADA la reconvención por usucapión quinquenal u ordinaria, presentada por ROBERTO GERMAN FREIRE BUSTOS, en representación Legal de YPFB TRANSPORTE S.A., en contra del SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS VPNO/VPACF/ URAFS REGIONAL SANTA CRUZ, disponiendo entre otras cosas la nulidad parcial del instrumento Nº5338/97 en lo que respecta a la transferencia del terreno objeto del litigio, clausula tercera Nº1, por consecuente carentes de valor jurídico. Ordenándose también la cancelación en DD.RR., del asiento A-1 a favor de Transportes de Hidrocarburos sociedad de economía mixtas TRANSREDES S.A.

Contra esa Resolución, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), interpone recurso de apelación de fs. 609 a 625 y vta., (606 a 622) y a su turno también YPFB Transporte S.A. de fs. 633 a 643 (630 a 640) plantea apelación,  motivo por el cual, la Sala CivilPrimera del Tribunal Departamental de Santa Cruz emitió el Auto de Vistade fecha 22 de diciembre 2014 de fs. 676 yvta., por el cual, REVOCA los Autos de fecha 23 de julio de 2013, cursantes de fs. 401 a 402 y de fs. 403 a 404 objeto de las apelaciones concedidas en el efecto diferido, como consecuencia de ello declara probadas las excepciones de incapacidad e Impersonería de los demandantes planteadas por Edwin De La Cruz Troche en representación de YPFB, y por Roberto Germana Freire Bustos en representación de YPFB Transporte  S.A. y se anula la Sentencia de fecha 25 de marzo de 2014. 

Resolución  de segunda instancia  que fue  impugnada por  Augusto Blanco Díaz en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS VPNO/VPACF/ URAFS RGIONAL SANTA CRUZ, mismo que previa sustanciación, fue concedido y se pasa analizar.

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.-Expone que el Auto de Vistacomete un error de derecho al atribuir a la certificación legal emitida por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros de Bolivia,  saliente a fs. 14, un valor distinto a lo que establece la C.P.E., en su art. 51 num. IV y V concordante con el art. 102 de la LGT y art. 37 y 38 del D.S. 7822 de fecha 23 de septiembre de 1966.

2.-Aduce la interpretación errónea del art. 551 del CC, ya que,  se evidenciaría que el Tribunal de Alzada evita y distorsiona el interés jurídico  del demandante como representante del Sindicato para la acción de nulidad, puesto  referiría que no existe sucesión orgánica sindical en relación a que el derecho de propiedad  corresponde a persona individual, además confundiendo que no hay legitimación pasa por el hecho de haber anotado con posterioridad a las excepciones negando valorar la certificación cursante a fs. 14 que constituye un documento válido.

Solicitando en definitiva que se case el Auto de Vista y se confirme los autos impugnados y la Sentencia dictada.

CONSIDERANDO III:                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme determina el art. 106.I del Código Procesal Civil, del examen del proceso se puede concluir:

Corresponde precisar que la administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir, solucionar o dirimir conflictos, de ahí que se han creado instrumentos de aplicación y de ejecución que permitan materializar los derechos que tiene todo ser humano.

Teniendo presente lo señalado corresponde indicar que en cuanto a las Resoluciones de segunda instancia, conforme al principio de impugnación, este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, ya que, toda Resolución tiene su correspondencia en los principios de eficacia y eficiencia establecidos en el art. 180.I de la CPE mismos que han sido entendidos a través de la SCP 0001/2015-S2 de fecha  5 de enero, como : “La SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, en el marco de la aplicación de los principios que rigen la actividad procesal señala que: “conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica, pues es a partir de ellos logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia

Siendo esta respuesta que ha de emitir el tribunal de alzada traducida en Auto de Vista, la misma conforme ha determinado la jurisprudencia a efectos de no vulnerar derechos y garantías debe ser eficaz y eficiente, esto en el entendido que la finalidad de la administración de justicia es solucionar un conflicto puesto a su conocimiento, es por ese motivo que la decisión a ser asumida, debe ser clara y conforme a la realidad de los antecedentes de la prueba, con la finalidad de que los justíciales, tengan certeza de que no existía otra posibilidad de solucionar su conflicto jurídico, entonces resulta un factor primordial y trascendental que todas las autoridades jurisdiccionales al momento de emitir un fallo definitivo, tengan total certeza de la decisión a ser asumida, con la finalidad de perfeccionar la verdad material que rige toda materia.

Teniendo presente lo expuesto, en el caso en cuestión del Auto de Vista dictado se establece que el Tribunal de segunda instancia, ha revocado los Autos de fecha 23 de julio de 2013, que fueron concedidas en el efecto diferido, y declarando probada las excepciones de impersoneríae incapacidad de los demandantes, bajo la óptica de carecer los ahora demandantes de legitimación o interés legítimo para iniciar este tipo de acciones.

Del análisis del proceso sobre todo de las pruebas adjuntas, las mismas generan duda y son insuficientes para establecer  que  los trabajadores de la Ex empresa Bolivian Gulf Oil Company, hayan o no pasado a formar parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros VPNO/VPACF/URAFS Regional o en su caso que exista determinaciones a favor de este sindicato sobre el bien del cual se pretende la nulidad de transferencia y su reivindicación (sea en calidad  de titular del bien o como “un tercero con interés legítimo”, de acuerdo a la jurisprudencia emitida por este Tribunal), por cuanto antes de dictar una Resolución definitiva el Tribunal de segunda instancia en aplicación del art. 233 del Código Adjetivo de la materia, debió solicitar la producción de prueba señalada a efectos de esclarecer dichos extremos, a efectos de no denegar el acceso a la justicia de los demandantes.

Asimismo, el Tribunal de segunda instancia al momento de tomar una determinación debió realizar un análisis, con respecto a cada pretensión, tomando en cuenta que la demanda tenía varias pretensiones, y no simplemente realizar el análisis de una, como se lo hizo en el Auto de Vista.

Por lo que, dentro de los enfoques constitucionales de acceso a la justicia, eficacia,  eficiencia, verdad material y de acuerdo a lo establecido en el art. 14- IV de la C.P.E., corresponde que el Tribunal Ad quem en aplicación a lo establecido en el art. 233 y 378 del CPC, solicite de oficio la producción de la prueba documental a efectos de establecer lo antes referido.

Es por tal motivo que, con la finalidad de precautelar una efectiva Resolución útil y clara a los efectos de la futura ejecución si correspondiere, disponer la nulidad del Auto de Vista, para que el Tribunal de Segunda instancia en aplicación de la competencia que le confiere la Ley haga producir la prueba  señalada.

Por lo señalado corresponde aplicar lo previsto por los artículos 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados con reposición hasta fs. 676, debiendo el Tribunal Ad quem con carácter previo a dictar nuevo Auto de vista, cumpla con lo determinado en la presente Resolución.

No se impone multa por considerarse error excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto