TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 442/2015

Sucre: 17 de junio 2015

Expediente: CB-26-15-S

Partes: Carlos Antonio Olguín Tapia,  Marco Antonio Olguín Serpentegui y Otra.

            c/ Donata Andia de Mérida y otros.

Proceso: Nulidad Parcial de Documento.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 279 a 285 de obrados, interpuesto por Donata Andia Vda de Mérida y Vidal Mérida Andia contra el Auto de Vista Nº S.CII/ASEN.97/17.09.14, cursante de fs. 273 a 276 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de Nulidad Parcial de Documento, seguido por Carlos Antonio Olguín Tapia y otros contra Donata Andia Vda. de Mérida y otros, la respuesta de fs. 288 a 289, concesión de fs. 299, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:                                                                            ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Partido doceavo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 374/2007 de 13 de Septiembre de 2007, declaró PROBADA en parte la demanda de nulidad de venta de acciones y derechos que le corresponde a Calos Antonio Olguín Tapia  sobre el 33.33% del lote de terreno de Cana Rancho Tiquipaya; e IMPROBADA  en lo que respecta a la nulidad de venta de acciones y derechos de los hermanos  Marco Antonio Olguín Serpentegui y Carla Zdenek Olguín Serpentegui que en rigor corresponde a una acción de anulabilidad, e improbadas las excepciones perentorias de Falsedad, ilegalidad y transacción opuestas por la defensora de oficio  de las codemandadas  Silvia Seremptegui Ballesteros y Angélica Ballesteros Vda. De Serpentegui mediante memorial de fs. 56.- en consecuencia declara y dispone:

1º.- la nulidad parcial de la escritura de fecha  1 de junio de 2001 cursante a fs. 14-23 vta., respecto al 33.33%  de acciones y derechos que le corresponden a Carlos Antonio Olguín Tapia, otorgada en base a la minuta de trasferencia  fechada 20 de agosto de 1996 y el acta de reconocimiento judicial de firmas  del juzgado 6to de instrucción en lo civil de la capital, así como la nulidad de su registro en Derechos Reales y ptda. 4408 del libro primero de propiedad de la provincia de Quillacollo el 07 de diciembre de 2002 en la mencionada proporción.-

2º.- En ejecución de Sentencia deberá procederse a la devolución del 33.33% del precio pagado por los compradores Donata Andia de Mérida y Vidal Mérida Andia, que deberán cancelar Silvia Serpemtegui Ballesteros y Angélica Ballesteros Vda. De Serpentegui, Carla Zdenek Olguín Serpentegui y Marco Antonio Olguín Serpentegui a favor de los nombrados compradores emergentes de la venta anulada del 33.33% del terreno de Cana Rancho como efectos jurídicos del art. 547 del CC.

3º.- Igualmente en ejecución de sentencia, se proceda al avaluó pericial de las mejoras realizadas  por Donata Andia de Mérida y Vidal Mérida Andia en el predio o fracción que corresponda a Carlos Antonio Olguín Tapia para su consiguiente cancelación e indemnización por parte del nombrado propietario, en condición de adquirentes y poseedores de buena fe, conforme a lo establecido por el art. 97 del CC.

4).-  finalmente se proceda a la división, partición y consiguiente  reivindicación a favor de Carlos Antonio Olguín Tapia del 33.33%  que le corresponde sobre el señalado terreno  de Cana Rancho, en función al art. 1453 del CC declarándose que dicha proporción es de exclusiva propiedad del pre-nombrado, sin que tengan derecho propietario alguno los demandados, conforme previene el art. 1455 del CC. 

Deducida la apelación por ambas partes y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº S.CII/ASEN.97/17.09.14, confirmó la Sentencia apelada.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la parte demandada interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:                                                                                     DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que la Sentencia de primera instancia y el Auto de Vista no habría tomado en cuenta que el poder con el que interviene Marco Antonio Olguín Serpentegui en representación de su hermana Carla Sdenek Olguín Serpentengui no sería suficiente, sino simplemente general porque no indicaría contra quienes debería seguir el proceso ordinario de nulidad y respecto a que bien inmueble se inicia la demanda.

Que no se habría tomado en cuenta en el Auto de vista recurrido que los demandados habrían probado que habrían actuado como compradores de buena fe, al haber adquirido el 11 de junio de 1996 el bien inmueble de los vendedores conforme lo establecido por el art. 636 del CC., cancelando incluso un precio superior al que valía hecho que se evidenciaría en la cláusula quinta del contrato en cuestión, ya que toda la familia de los vendedores habría conocido de la venta realizada ya que en ese momento habría sido muy conveniente a los intereses económicos de los vendedores, todos estos hechos habrían sido corroborados con la confesión judicial que habrían realizado los demandantes, declaración que conforme al art. 404 parte II del CPC, sería una confesión espontanea ya que habrían expresado que se estaba transfiriendo el inmueble de su propiedad.

Que no se habría realizado una valoración correcta de los antecedentes, ya que no se habría procedido al reconocimiento de firmas y rubricas de la minuta de 20 de agosto de 1996 la cual habría sido suscrita por todos los vendedores, el actor Marco Antonio Olguín Serpentegui en el juzgado sexto de Instrucción en lo Civil habría reconocido como suya la firma suscrita, y tampoco se habría recurrido el Auto de 18 de enero de 2001 donde los demandantes habrían reconocido en rebeldía sus firmas y rubricas por lo que el documento de 20 de agosto de 1996 tendría todo el valor que le confiere el art. 1297 del CC.

Que al confirmar la Sentencia se estaría violando lo establecido por el art. 1298 inc. 1) del CC., y en forma incorrecta se autorizaría la División Partición y reivindicación a favor de Carlos Antonio Olguín tapia del 33,33%, vulnerando el art. 1453 y siguientes porque para demandar la reivindicación de un bien inmueble, la misma debería ser realizada por el propietario en el caso presente los demandantes no serían propietarios del terreno sobre el cual piden la reivindicación pues no solo serían propietarios del bien inmueble en cuestión sino que además habrían adquirido  la propiedad por usucapión.

En base a lo expuesto solicita que el Tribunal superior  pueda CASAR el Auto de Vista recurrido, anulando la Sentencia y el Auto de Vista recurrido, por existir error de hecho en la apreciación de las pruebas y disponga la declaratoria de usucapión del bien inmueble objeto de la litis.


CONSIDERANDO III:                                                                       FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Con relación a los puntos impugnados es preciso señalar que el contenido del recurso de casación centra su fundamentación en 23 puntos, que no significa que existan 23 agravios, sin embargo del análisis de la fundamentación del recurso se concluye que su pretensión va dirigida principalmente a cuestionar los siguientes agravios entre ellos uno de forma que se considerara primero, para luego considerar los de fondo en función al planteamiento realizado por el recurrente:

En cuanto a que la Sentencia de primera instancia y el Auto de Vista no habrían tomado en cuenta que el poder con el que interviene Marco Antonio Olguín Serpentegui en representación de su hermana Carla Sdenek Olguín Serpentengui no sería suficiente; al respecto se debe señalar que  el Tribunal de Alzada en el Segundo Considerando del Auto de Vista recurrido sobre el recurso de apelación de Vidal Mérida Andia y Donata Andia de Mérida, al respecto señalo: “los ahora apelantes para observar la supuesta falta  de personería en ciertos actos procesales del representante de la Sra. Carla Zdenek Olguín Serpentegui, en el plazo de ley debieron haber planteado las excepciones previstas por el art. 507 del Código de procedimiento Civil, con relación a la falta de legitimación activa para interponer la presente demanda… y a la fecha de antecedentes procesales se establece que a Fs. 247 de obrados se observa un nuevo poder conferido por los señores Carla Olguín Serpentegui y Marco Antonio Olguín Serpentengui a favor de Carlos Antonio Olguín Tapia en el cual claramente son específicos los actos procesales…” (sic), no siendo evidente que el Ad quem no haya tomado en cuenta que el poder con el que interviene Marco Antonio Olguín Serpentegui en representación de su hermana Carla Sdenek Olguín Serpentengui no sería suficiente sino general.

Respecto a que los demandados habrían probado que han actuado como compradores de buena fe, ya que toda la familia de los vendedores habría conocido de la venta realizada, hechos habrían sido corroborados con la confesión judicial que habrían realizado los demandantes, que conforme al art. 404 parte II del CPC, sería una confesión espontanea; a esto corresponde señalar que en el correcto razonamiento de los de instancia, la buena fe respecto de los compradores no está en duda, pues emergente de esta buena fe, el Tribunal de alzada en correcta aplicación del art. 559 del CC., que dice: “la anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso…”, ya que en aplicación del Iura Novit Curia determinó que  en relación a Carla Zdenek Olguin Serpentegui y Marco Antonio Olguín Serpentegui era aplicable la figura de la anulabilidad parcial del documento, pretensión que fue declarada improbada por los de instancia, no pudiendo aplicarse dicho razonamiento en el caso de Carlos Antonio Olguín quien demostró que no participó en la suscripción del contrato, probando que su firma fue falsificada, hecho no atribuible a los demandados, pero que sin embargo significa la nulidad parcial del documento venta respecto al 33,33% de acciones y derechos que le corresponde, y el contrato no surte ningún efecto con respecto a su derecho propietario. En este entendido la afirmación que el recurrente señala como que sería una confesión espontanea en cuanto a que todos los familiares de los vendedores sabían de la venta no cambia la decisión de fondo por ser irrelevante en contrastación con las demás pruebas aportadas al proceso, no siendo evidente el agravio acusado.

Sobre que no se habría realizado una valoración correcta de los antecedentes, ya que se habría procedido al reconocimiento de firmas y rubricas de la minuta de 20 de agosto de 1996 la cual habría sido suscrita por todos los vendedores, y no se habría recurrido el Auto de 18 de enero de 2001 donde los demandantes reconocen en rebeldía sus firmas y rubricas por lo que el documento de 20 de agosto de 1996 tendría todo el valor que le confiere el art. 1297 del CC; al respecto resulta necesario reiterar al recurrente, que tal como fundamento el Tribunal de Alzada, en el caso de Autos no se cuestionó el reconocimiento realizado por los co-demandantes Carla Zdenek Olguin Serpentegui y Marco Antonio Olguín Serpentegui, ya que por el contrario dicho reconocimiento efectuado ante el Juez sexto de instrucción en lo Civil, fue fundamento para desestimar la pretensión de anulabilidad de estos codemandantes sobre el documento de venta en cuestión, y se declaró la nulidad parcial de dicho documento precisamente porque se probó la falsedad de la firma de Carlos Antonio Olguín Tapia, razón por la que no se puede presumir el reconocimiento de una firma de la que se probó su falsedad, no siendo evidente que los de instancia no haya valorado los antecedentes procesales.

Finalmente, en cuanto a que en forma incorrecta se autorizaría la División Partición y reivindicación a favor de Carlos Antonio Olguín Tapia del 33,33%, vulnerando el art. 1453 y siguientes porque para demandar la reivindicación de un bien inmueble, la misma debería ser realizada por el propietario en el caso presente los demandantes no serían propietarios del terreno y que los demandados no solo serían propietarios del bien inmueble en cuestión sino que además habrían adquirido la propiedad por usucapión; al respecto se debe precisar que la determinación de división y partición y la reivindicación en relación al 33,33% en favor de Carlos Antonio Olguín Tapia, se genera en la nulidad parcial del documento de venta dispuesto por los de instancia, en cuyo efecto se le reconoce el derecho propietario sobre el porcentaje antes indicado, siendo procedente la reivindicación en favor del actor antes nombrado, por otra parte en cuanto a que los demandados serian propietarios por usucapión, al respecto solo queda señalar que dicha pretensión no es parte de la relación procesal, por lo que no amerita realizar mayores consideraciones, deviniendo en infundado los agravios acusados.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 279 a 285 de obrados, interpuesto por Donata Andia Vda. de Mérida y Vidal Mérida Andia contra el Auto de Vista Nº S.CII/ASEN.97/17.09.14, cursante de fs. 273 a 276 vta. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto