TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 435/2015

Sucre: 17 de Junio 2015

Expediente: CB-23-15-S

Partes: Marcia Adriana Acebey Flores c/ Ronald Emilio Padilla Aranibar y otra.

Proceso: Cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios.

Distrito: Cochabamba


VISTOS: Los recursos de casación, interpuestos por Álvaro Rene Rojas Revuelta y Luis Fernando Ojopi en representación de Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Torrico de Padilla, cursante de fs. 250 a 252 y vta., y Marcia Adriana Acebey Flores cursante a fs. 262 a 267 y vta., contra el Auto de Vista N° 235, de 26 de Septiembre de 2014 de fs. 245 a 247 y vta., emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de Cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios, interpuesto por Marcia Adriana Acebey Flores contra Ronald Emilio Padilla Aranibar y otra, la respuesta de la actora de fs. 256 a 258, el Auto de concesión de fs. 272, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez Duodécimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital - Cochabamba, emitió Sentencia Nº 277/2013 de 18 de noviembre de 2013, cursante a fs. 222 a 229 y vta., declaró: PROBADA en parte la demanda de fs. 22-27 y 31. IMPROBADA  la excepción perentoria  de incumplimiento de contrato opuesto contra la demanda principal, por los señores Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Elizabeth  Torrico de Padilla.

IMPROBADA la mutua petición formulada por los demandados Sres. Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Elizabeth  Torrico de Padilla.

ORDENA a los Sres. RONALD EMILIO PADILLA ARANIBAR Y SANDRA ELIZABETH  TORRICO DE PADILLA:

1.- Entregar la documentación técnico legal del departamento comprometido en venta, debidamente saneada;

2.- Suscribir la minuta definitiva de trasferencia del bien inmueble referido, a favor de la señora Marcia Adriana Acebey Flores, en tercero día de ejecutoriada la presente Resolución, bajo conminatoria de que este juzgador suscriba la misma en forma subsidiaria, en caso de incumplimiento; debiendo la prenombrada en el mismo plazo, cancelar a favor de los demandados el saldo de $us. 1.500.-

3.- se condena a los Sres. Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Elizabeth Torrico Padillla, al pago de daños y perjuicios a favor de la Sra. Marcia Adriana Acevey Flores, cuyo monto será averiguable en ejecución de Sentencia.


Deducido el recursos de apelación por la parte demandada, fue remitida ante Tribunal de Segunda Instancia como es la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que mediante Auto de Vista Nº 235/2014, Confirmó parcialmente la Sentencia Apelada dejando sin efecto lo dispuesto en el numeral  5 de la parte resolutiva  de la Sentencia que condena a los demandados al pago de daños y perjuicios a favor de la parte demandante. Todo lo demás de la mencionada Resolución queda incólume.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, ambas partes interpusieron recursos de casación, conforme consta de fs. 250 a 252 y vta., y fs. 262 a 267 y vta., mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del Recurso de casación Álvaro Rene Rojas Revuelta y Luis Fernando Ojopi en representación de Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Torrico de Padilla.


El Auto de Vista recurrido y la Sentencia de primera instancia no habrían apreciado ni valorado debidamente la prueba acompañada de su parte, ya que se debe tener presente que quien exige el cumplimiento de un contrato, previamente debe acreditar existe ha cumplido la totalidad de las prestaciones contractuales asumidas, y en el caso por la propia confesión de la actora, se tiene que la mencionada no ha cancelado la totalidad del valor del inmueble, vulnerando  la previsión contenida en el art. 636 del C.C., y la determinación.


Que en ambas resoluciones de instancia no se habría valorado el antecedente cierto ya que se habría adjuntado  la totalidad de la documentación de derecho  propietario y la necesaria para suscribir la minuta de transferencia, y que acreditarían que los demandados la detentaban en su poder, para cumplir con los alcances del compromiso de venta de 21 de julio de 2008 de donde se establecería que ante el incumplimiento de la vendedora en el pago del valor de la venta del bien, correspondía  la aplicación del art. 639 del C.C.


Que se aplicaría erróneamente los alcances del presupuesto  del art. 662 del C.C., al hacer referencia de que los demandados habrían incumplido mínimamente las obligaciones contractuales con un argumento  cierto de que se ha entregado en favor de la demandante la posesión real y física del inmueble en cuestión, sin embargo pretenden omitir el también mínimo incumplimiento  por parte de la actora quien tampoco ha cancelado la totalidad del valor convenido  en el contrato.

 

Por lo expuesto solicita que el Tribunal Supremo de Justicia pronuncie Resolución casando el Auto de Vista  recurrido  y deliberando en el fondo declarar improbada la demanda de fs. 22-27 y 31 y probada la excepción perentoria de incumplimiento.


Del recurso de casación de Marcia Adriana Acebey Flores.


Que existiría errónea e indebida aplicación de la Ley al haber aplicado el Ad quem normas sustantivas que hacen a los contratos de compra y venta  respecto de un compromiso de venta que no constituiría un contrato final de transferencia, sino un contrato preliminar cuyo reconocimiento y efectos se encontrarían regulados por el art. 463 del C.C., en consecuencia existiría  errónea aplicación del art. 636 del C.C., que hace referencia a la obligación del pago de la cosa  vendida, pues en el presente caso  solo existiría un compromiso de venta  y el inmueble aun no habría sido transferido, y al constituirse en un contrato preliminar, le sería aplicable lo dispuesto por el art. 463 del CC., en este sentido el contrato aun no hubiera sido suscrito y la obligación de los demandados emergería del contrato preliminar que constituye un compromiso de compra venta a futuro por lo que tampoco resultaría aplicable el art. 617 del C.C., ya que esta norma haría referencia al contrato de compra venta y las obligaciones del vendedor una vez transferido su derecho propietario. Este criterio asumido por el Ad quem ha conducido a una conclusión que sería errada  y repercutiría en la consideración de los daños y perjuicios.


Que en criterio del Ad quem en aplicación del art. 622 del C.C., no existiría daño  ocasionado ya que se le habría entregado  el inmueble y el incumplimiento de los vendedores seria mínimo, contraponiéndose a un supuesto incumplimiento de su parte, sin considerar que el art. 622 del C.C., resultaría inaplicable porque no existiría aun el contrato de compra venta alguno y al no existir este al momento en que se pactó la suscripción de la minuta definitiva no se operó el hecho que hacia exigible de su parte el pago del saldo adeudado, al haberse demostrado en juicio el incumplimiento por parte de los demandados quienes habrían obrado en forma dolosa y de mala fe, un incumplimiento de estas características a más de dos años  no debería quedar libre de la calificación de daños y perjuicios  por la actitud dolosa de los demandados, si bien se entregó el inmueble, esto no puede ser justificativo para determinar que no habría existido daños y perjuicios, ya que por  casi cinco años se habría visto imposibilitada de generar cualquier acto de disposición sobre el bien inmueble en cuestión.


Que existiría error de hecho en la apreciación de la prueba, ya que el Ad quem habría confundido la cualidad del contrato de fs. 1 y su anexo de fs. 4, ya que del análisis de estos se tiene  que es un contrato preliminar  que de ninguna manera podría ser considerado un contrato de compra venta definitivo, esta confusión constituiría error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba, extremo que habría colmado de imprecisiones la Resolución recurrida.


Finalmente, solicita que el Tribunal Supremo de Justicia se dignen pronunciar Auto Supremo por el que Case Parcialmente el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo confirme la Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2013 dando aplicando normas concretas que hacen a los contratos preliminares.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


A efecto de resolver los recursos de casación interpuestos por Álvaro Rene Rojas Revuelta y Luis Fernando Ojopi en representación de Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Torrico de Padilla; y Marcia Adriana Acebey Flores; corresponde en principio absolver los recursos en el orden siguiente:


1.- Del Recurso de casación Álvaro Rene Rojas Revuelta y Luis Fernando Ojopi en representación de Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Torrico de Padilla.


Acusa que los jueces de instancia no habrían apreciado ni valorado debidamente la prueba acompañada de su parte, ya que quien exige el cumplimiento de un contrato, debería acreditar que ha cumplido la totalidad de las prestaciones contractuales asumidas, y en el caso existiría confesión de la actora, de que no ha cancelado la totalidad del valor del inmueble; al respecto corresponde señalar que si bien el art. 568 del C.C., establece como regla general que, quien pretenda demandar judicialmente el cumplimiento o la resolución de un contrato con prestaciones reciprocas, debe previamente haber cumplido la obligación asumida de su parte, sin embargo en el caso de Autos de la revisión del Documento Privado de Compromiso de Venta de Departamento cursante a fs. 1 y vta., y el documento anexo al mismo cursante a fs. 4, se tiene que los mismo fueron suscrito entre Marcia Adriana Acebey Flores como compradora y los esposos Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Torrico de Padilla, otorgando estos últimos a través es este contrato compromiso de venta de un departamento 10.B.1  ubicado en el décimo piso del edificio PARQUESOL, por la suma de $us.- 23.000.-, posteriormente ambas partes suscriben el documento anexo antes referido de fecha 01 de junio de 2009 donde las partes definen que se procedió a la entrega física del departamento, posponiendo la cancelación del saldo de $us.2.000.-, por un lapso de 180 días, fecha en la que se efectuará la suscripción de la minuta definitiva de transferencia, debiendo los promitentes vendedores entregar la documentación del departamento 15 días antes del vencimiento de dicho plazo, acordando un descuento del saldo de $us.-500.- a favor de la compradora por la ampliación del plazo. De este antecedente, se entiende que el pago del saldo de $us.-1.500.- a favor de los promitentes vendedores ha quedado condicionado, a través del documento de fs. 4 suscrito entre ambas partes, para que los demandados (promitentes- vendedores) cumplan con su obligación de entrega de documentos, para luego suscribir la minuta definitiva de trasferencia recibiendo el pago del saldo adeudado por la compradora, deduciéndose por ello que la compradora no estaba obligada a pagar el saldo de $us.- 1.500.- a los promitentes vendedores en tanto éstos no satisfagan la obligación acordada y contraída en el contrato anexo de fs. 4, de entregar los documentos; no siendo evidente que se haya vulnerado la previsión contenida en el art. 636 del C.C.


En cuanto a que en las resoluciones de instancia, no se habría valorado el antecedente de que se habría adjuntado la totalidad de la documentación de derecho propietario para cumplir con los alcances del compromiso de venta de 21 de julio de 2008, y que ante el incumplimiento de la vendedora en el pago del valor de la venta del bien, correspondía la aplicación del art. 639 del C.C., se debe precisar que dicha documentación data del 15 de diciembre de 2011 e inscrita en derechos reales el 22 de diciembre de ese mismo año, es decir resulta posterior al plazo de entrega pactado por las partes, por lo que dicha documentación no resulta eficaz para probar la pretensión de los demandados, así también en relación a la aplicación del art 639 del C.C., este, establece la posibilidad de resolución de la venta para el vendedor en caso de que el comprador no pague el precio, Articulo que según Carlos Morales Guillen en su obra Código Civil Concordado y Anotado pag. 755 se aplica “si el comprador  no paga o no se aviene a pagar en la forma establecida en el contrato…”, entendimiento que debe ser tomado en cuenta por los recurrentes, ya que remitiéndonos al análisis realizado al punto anterior, los promitentes vendedores asumieron la obligación previa de entrega de documentos del departamento antes del pago del saldo de $us.- 1.500, del precio total de venta de $us.23.000.- no siendo aplicable al caso presente los dispuesto en el artículo antes citado.


Respecto a que se habría aplicado erróneamente los alcances del presupuesto del art. 622 del C.C., al hacer referencia de que los demandados habrían incumplido mínimamente las obligaciones contractuales, omitiendo considerar también, el mínimo incumplimiento por parte de la actora quien tampoco habría cancelado la totalidad del valor convenido en el contrato; corresponde señalar que el agravio acusado en este punto está dirigido a cuestionar que los de instancia no habrían tomado en cuenta que la actora también incumplió mínimamente su obligación de pago, aspecto que ya fue desarrollado en los puntos anteriores, por lo que solo se debe reiterar que del análisis de los contratos de fs. 1 y 4, la obligación de pago de $us.- 1.500.- saldo del precio total de la venta ($us.- 23.000.-), estaba condicionada a la entrega previa de los documentos del departamento, de parte de los promitentes vendedores 15 días antes del vencimiento del plazo establecido por ambas partes (180 días), si bien en el razonamiento del Ad quem existiría mínimo incumplimiento por parte de la demandante, por lo razonado supra tal aspecto no es correcto, sin embargo, no obstante dicha imprecisión corregida en esta etapa, no cambia la decisión de fondo; deviniendo en infundado el recurso de casación.


2.- Del recurso de casación de Marcia Adriana Acebey Flores.


Del análisis del recurso de casación se tiene que la recurrente centra su fundamentación en atacar la determinación del Ad quem de declarar improbada los daños y perjuicios demandados, acusando: que un compromiso de venta que no constituiría un contrato final de transferencia, sino un contrato preliminar cuyo reconocimiento y efectos se encontrarían regulados por el art. 463 del C.C., pues en el presente caso, solo existiría un compromiso de venta  y el inmueble aun no habría sido transferido, por lo que no serían aplicables los arts. 636 y 617 del C.C., llegando el Ad quem a una conclusión que sería errada y repercutiría en la consideración de los daños y perjuicios; asimismo acusa que el art. 622 del C.C., resulta inaplicable porque no existiría aun el contrato de compra venta (suscripción de la minuta definitiva), por lo que no se operó el hecho que hacia exigible de su parte el pago del saldo adeudado, y al haberse demostrado el incumplimiento por parte de los demandados, si bien se entregó  el inmueble, esto no sería justificativo para determinar que no existió daños y perjuicios, ya que por casi cinco años se habría visto imposibilitada de generar cualquier acto de disposición sobre el bien inmueble en cuestión; por último señala que el Ad quem habría confundido la cualidad del contrato de fs. 1 y su anexo de fs. 4, que sería un contrato preliminar que no puede ser considerado un contrato de compra venta definitivo, esta confusión constituiría error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba; ante estos agravios que reiteramos atacan en su conjunto la decisión del ad quem respecto a la pretensión sobre resarcimiento de daños y perjuicios, resulta preciso puntualizar lo siguiente:

Jurídicamente la acción de daños y perjuicios busca la reparación de todo detrimento, deterioro, menoscabo, patrimonial e incluso no patrimonial ocasionado por una de las partes a la otra; para  tener un mayor entendimiento de este instituto jurídico diremos que el daño es el detrimento material o moral causado a una de las partes por otra, y los perjuicios que también resultan ser daños son indirectos, es decir son las consecuencias de ese daño (pueden ser las pérdidas generadas por el daño ocasionado).


En materia Civil no hay responsabilidad sin daño comprobado, razón por la que la prueba es un presupuesto esencial para determinar la responsabilidad civil y su existencia es determinante para dictaminar el pago de los daños y perjuicios, ya que si los daños señalados por la parte que se considere afectada por el incumplimiento de una obligación queda solo en una afirmación que no es probada, su pretensión no será acogida por más que se demuestre el incumplimiento en algún grado.


Según Jaime Fernández Madero, quien en su obra La Prueba De Los Daños, págs. 275-276, ed. Fedye, existen daños tenidos por ciertos que no requieren ser probados, constituyéndose en una presunción “juris tantum” sobre su configuración y citando a Trigo Represas señala tres hipótesis de dichos daños:

“La primera corresponde a los intereses moratorios, réditos o ganancias que  deriven del dinero no pagado en su debida oportunidad… En segundo término, es menester  el tratamiento de la cláusula penal, una pena o multa pactada por las partes tanto para el caso de un incumplimiento definitivo compensatorio- o bien  para el supuesto de un cumplimiento tardío moratorio -… Finalmente se presenta la seña penitencial en la cual el daño es estipulado como el resarcimiento por arrepentimiento de cualquiera de las partes a la celebración del contrato…”, pero en el caso en que se inicia una acción de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, encuentra su razón en la tarea probatoria, pues se debe probar que los daños y perjuicios resarcibles deben ser ciertos, actuales, subsistentes, significativos e imputables al demandado, presupuestos indispensables, razón por la que en criterio de Jaime Fernández Madero “…es imprescindible la prueba y acreditación de un daño, pues la condena a la indemnización de daños y perjuicios exige la prueba de su existencia cuya carga es atribuida exclusivamente al actor... en este entendido, “Tanto el actor como el demandado pueden echar mano a cualquier medio de prueba ya sea pericias, testigos, documentos escritos, pedidos de informe y otros tipos de prueba legales que lleven a comprobación real de daños y perjuicios...”, pruebas que en todo caso deber ser ciertas, efectivas, no inciertas ni hipotéticas.


En este entendido, Jorge LLambias, en su obra Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, ed. Perrot Buenos Aires tomo II-B pag. 323, señala “la existencia material del daño es irrelevante sino se la comprueba apropiadamente, la prueba incumbe al damnificado y comprende su existencia y cuantía, la prueba de la primera es indispensable, mientras que la segunda puede ser suplida por la prudente estimación judicial… pero debe tratar de establecer la magnitud del daño con la mayor aproximación posible..”, en este entendido cuando el actor prueba la existencia de un daño del cual deriven perjuicios, se genera para este el derecho a ser resarcido por el incumplimiento de la obligación pactada.


En este marco, en el caso de Autos del análisis del Documento Privado de Compromiso de Venta de Departamento cursante a fs. 1 y vta., y el documento anexo al mismo cursante a fs. 4, suscrito entre Marcia Adriana Acebey Flores como compradora y los esposos Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Torrico de Padilla como vendedores promitentes, se tiene que la obligación de pago de $us.-1.500.- saldo del precio total de la venta ($us.-23.000.-), estaba condicionada a la entrega previa de los documentos del departamento para la elaboración de la minuta definitiva de transferencia por parte de los vendedores 15 días antes del vencimiento del plazo establecido por ambas partes (180 días); sin embargo también se debe tener en cuenta que al momento de la suscripción del documento anexo (fs. 4) al contrato de compromiso de venta, los vendedores procedieron a la entrega física, cumpliendo en gran parte la promesa de venta, restando solo el cumplimiento de la obligaciones emergentes del documento de fs. 4 y las formalidades atinentes al registro en Derechos Reales.


En este antecedente, si bien la recurrente señala que un compromiso de venta que no constituiría un contrato final de transferencia, sino un contrato preliminar cuyo reconocimiento y efectos se encontrarían regulados por el art. 463 del C.C., y el art. 622 del C.C., resulta inaplicable porque no existiría aun el contrato de compra venta y al haberse demostrado el incumplimiento por parte de los demandados, esto no sería justificativo para determinar que no exista daños y perjuicios, porque el Ad quem habría confundido la cualidad del contrato de fs. 1 y su anexo de fs. 4, que sería un contrato preliminar; se debe tomar en cuenta que del análisis del contrato de compromiso de venta de fs. 1 efectuado supra, se tiene que éste, en los hechos es un contrato en el que se ha generado la venta toda vez que se han cumplido con los presupuestos del mismo, como ser que se ha entregado la cosa vendida que actualmente se encuentra en poder de la compradora (departamento), y se habría pagado el precio en cuotas por el mismo restando el pago del saldo a efectos de cumplir con las formalidades para su posterior registro, en consecuencia también se ha generado la transferencia del derecho propietario, contrato de venta del cual han generado obligaciones para cumplir con las formalidades antes mencionadas, de entrega de documentación (15 días antes de los 180 días pactados), posterior de pago de $us.- 1.500.- para la firma de la minuta definitiva,  en este entendido si bien es evidente que la parte demandante cumplió con el pago de $us.-21.000.- y la parte demandada cumplió con la entrega física del departamento objeto de la venta, faltó sin embargo la firma del documento definitivo que no significa que la venta se haya concretado.


Ahora bien, al margen de la determinación efectuada en el párrafo que antecede, se debe precisar que el incumplimiento de un contrato no implica por si solo la existencia de daños y perjuicios, pues si bien en criterio de la recurrente debio aplicarse el art. 463 parágrafo III del C.C., que señala: “La parte que no cumpla queda sujeta al resarcimiento del daño salvo pacto o disposición diversa a la ley.”, es un precepto que no constituye una presunción “juris tantum”, pues el pretendido resarcimiento de daños y perjuicios sea cual fuere la naturaleza del contrato debe ser probado por la parte actora para determinar si son reales y derivan del incumplimiento acusado, por tanto es necesario probar la existencia real de los daños y perjuicios y si estos actuales, subsistentes, significativos e imputables a los demandados, quienes entregaron físicamente el departamento prometido en venta incumpliendo la entrega de los documentos en el tiempo pactado en el documento de fs. 4.


En este sentido, se debe hacer notar que del análisis de la prueba introducida al proceso, se tiene que la actora presento prueba testifical como única prueba para acreditar los daños y perjuicios que habría sufrido a consecuencia de esta falta de entrega de los documentos del departamento en cuestión, sin embargo se debe tener presente que en materia de daños la prueba testifical es una de las más débiles, toda vez que su eficacia reside en la credibilidad e interpretación de las palabras atestadas, pues si no están apoyadas por otros medios de prueba, su eficacia queda muy disminuida ya que deben ser valoradas con rigor crítico esto para determinar la consistencia o inconsistencia de la declaración; en caso presente las declaraciones testificales de fs. 154 a 158, señalaron por una parte tener interés de comprar el departamento y por otra que tenían el interés de tomar el departamento en anticrético, pero que en ambos caos no lo habrían hecho por la falta de documentos del mismo, este es un aspecto incierto en su realización pues en ambos casos solo demostraron tener interés, pues no existe certeza de que el acuerdo se concretaría quedando solo en intenciones, constituyéndose la prueba testifical, en incierta, inconsistente e hipotética o conjetural, por lo que tomando en cuenta que además el departamento prometido en venta fueron entregado físicamente a la actora a momento de la suscripción del documento anexo de fs. 4, la demandante no ha cumplido con la carga probatoria sobre su pretensión de daños y perjuicios, por tanto la imprecisión en al que incurrió el Ad quem en cuanto a la cualidad del Contrato de fs. 1 y anexo de fs. 4 no tiene incidencia para determinar que en el presente caso no existió daños y perjuicios deviniendo en infundados los agravios acusados.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS el recurso de casación, interpuestos por Álvaro Rene Rojas Revuelta y Luis Fernando Ojopi en representación de Ronald Emilio Padilla Aranibar y Sandra Torrico de Padilla, cursante de fs. 250 a 252 y vta., y el recurso de Marcia Adriana Acebey Flores cursante a fs. 262 a 267 y vta., contra el Auto de Vista N° 235, de 26 de Septiembre de 2014 de fs. 245 a 247 y vta. Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto