TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                SALA CIVIL



Auto Supremo:422/2015 

Sucre:15 de junio 2015

Expediente:LP-13-15-S

Partes: Nancy Fernández Bozo, Beatriz Fernández de Aliaga y José Emilio

Fernández Bozo. c/ Gastón Julio Fernández Bozo. 

Proceso:Usucapión.

Distrito:La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 455 a 459 vta., interpuesto por José Emilio Fernández Bozo, Nancy Trifonia Fernández Bozo y Beatriz Fernández de Aliaga, contra del Auto de Vista-Resolución Nº 265/2014 del 02 de septiembre de 2014 de fs. 450 a 452, pronunciada por la Sala Civil Tercera de la “R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz”, en el proceso ordinario de Usucapión seguido por los recurrentes contra Gastón Julio Fernández Bozo; el Auto de concesión de fs. 469, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, dictada la Sentencia por el Juez Décimo Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 11 de mayo 2012, cursante de fs. 394a397 vta., donde declaró improbada la demanda de usucapión, Improbada la demanda reconvencional de acción negatoria y Probada la Tercería de Dominio Excluyente interpuesta por Miriam Rocio Chuquimia Castro, sobre el bien inmueble ubicado en la calle Felipe Estrella Nº 924 de la zona de Vino Tinto de la ciudad de La Paz, por encontrarse su derecho propietario inscrito en Derechos Reales bajo el Folio Real Nº 2010990031916. Adquirido mediante Escritura Pública Nº 379/2009, inscrito en fecha 17 de septiembre de 2009.

Sentencia que fue apelada por la parte demandante, al igual que Gastón Julio Fernández Bozo, mediante apelación en parte de la Sentencia, recursos fueron absueltos  por el Tribunal de apelación en fecha 02 de septiembre de 2014, mediante una resolución confirmatoria de la Sentencia.

Resolución de segunda instancia que es recurrida en casación por parte de losdemandantes, mediante recurso de forma y fondo, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Acusa que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre los cinco puntos que fueron objeto de apelación, indica que no resolvieron ninguno de los puntos apelados, infraccionando así lo dispuesto por el art. 236 del Código de procedimiento Civil.

También acusa la violación del art. 179 núm. I de la Constitución Política del Estado y art. 45 de la ley del Órgano Judicial, al haber dictado una resolución de segunda instancia la Corte Superior de Distrito y no así el Tribunal Departamental de Justicia, conforme se puede apreciar en la parte dispositiva del Auto de Vista.

En el fondo:

Indica errónea interpretación de los Autos Supremos Nº 201 de 17 de junio de 2005 y Auto Supremo Nº 287 de 13 de septiembre de 2005, toda vez que la demanda se dirigió a la persona que figuraba en el registro correspondiente, pero de manera dolosa el demandado al enterarse de la demanda de usucapión transfirió el bien inmueble a una tercera persona con la intensión de afectar la presente litis, aspecto que se encontraría probado en obrados, conforme a las certificaciones emitidas por Derechos reales que demuestran que el último propietario fue el demandado, aspecto no tomado en cuenta por el Tribunal de alzada al momento de resolver el recurso de apelación presentado; indican también que no podían modificar la demanda de usucapión en virtud que ya se contestó a la misma y con complicidad del demandado se presentó la tercería de dominio excluyente y se encontraban imposibilitados de poder ampliar o modificar la demanda de usucapión.

Por todo lo expuesto terminan peticionando que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta fs. 62 vta., de obrados hasta el momento en el que la autoridad judicial tomó conocimiento que en el registro de Derechos Reales existía una nueva propietaria.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiéndose interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, con carácter previo nos avocaremos a considerar el de forma, toda vez que de evidenciar las causales de nulidad que se acusan, ya no ingresaríamos a considerar el recurso en el fondo.

Del recurso de casación en la forma:

Sobre la infracción de lo normado en el art. 236 del Código de procedimiento Civil en el entendido que el Tribunal Ad quem no resolvió ningún punto de apelación, se establece que:

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por su parte el art. 8 inc. h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior; ambas disposiciones legales que conforman el bloque de constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta pertinente, motivada y fundamentada que el Tribunal de alzada debe dar con respecto a los motivos que fundan la impugnación del sujeto procesal que se siente afectado con el fallo, solo así se satisface el derecho al debido proceso.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC. 0371/2010-R de 22 de junio ha establecido que el debido proceso "... constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todas aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime conveniente en su descargo (derecho a la defensa), y la observancia del conjunto del requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos ...”. Sentencia Constitucional que fue a su vez reiterada mediante la SC. 0615/2012 de 23 de julio.

Por otra parte la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre señala que: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa que toda Autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

En el sub lite, de la revisión del contenido del recurso de apelación se establece que la parte demandante a tiempo de apelar de la Sentencia, expuso cinco puntos, referentes a:1.- la intervención del Gobierno Municipal de La Paz, 2.- sobre los vicios de nulidad que adolecería la litis, 3.- en el fondo, que los apelantes ahora recurrentes no tendrían la calidad de simples detentadores y que hubieran demostrado su verdadera posesión material del bien inmueble objeto de litis, 4.- que nunca fueron perturbados en su posesión por la tercerista quien nunca se ha comportado como dueña y 5.- finalmente sobre la apreciación de toda la prueba producida en obrados como por ejemplo la confesión y demás documentales que señalan en su recurso de apelación; agravios que sin duda alguna no fueron respondidos por el Tribunal de alzada, autoridad que se limitó a fundamentar sobre la legitimación pasiva dentro de los procesos de usucapión, bajo la idea que los actores no dirigieron su demanda al último propietario registral, motivo por el cual, sin mayor fundamento y motivación concluyeron que no era procedente su demanda de usucapión y a ésta correspondía desestimarla conforme lo estableció el Juez A quo, motivo por el cual confirmó la Sentencia dictada en obrados.  Estos fundamentos vulneran el derecho de la parte recurrente, toda vez que, bajo la sola idea de no corresponder la presente demanda, por no habérsele dirigido al legitimado pasivo, no otorgan una respuesta clara y precisa a los 5 puntos que expusieron en el recurso de apelación, los mismos que a la fecha se encuentran sin pronunciamiento, y la parte recurrente conforme a la jurisprudencia glosada supra y los estándares internacionales y nacionales, que precautelan el derecho de la parte recurrente  a saber los motivos y razones por los cuales era o no era procedente su pretensión en la litis; respuesta que necesariamente tiene que ser mediante una adecuada fundamentación y motivación que en cierta medida aclare las dudas de los apelantes.

El Tribunal de alzada, al haber omitido pronunciarse con respecto a los indicados agravios señalados por los recurrentes, ha incurrido en la causal prevista en el inc. 4) del art. 254 con relación al art. 236 ambos del Código de Procedimiento Civil, situación que conlleva la afectación del derecho a la impugnación, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, omisión que por determinación del art. 254 inc. 4) del Adjetivo de la materia, conlleva la nulidad del Auto de Vista recurrido, razón por la cual inhibe a este Tribunal Supremo ingresar al análisis del recurso de casación en el fondo por ser innecesario.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 3) con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. Parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista-Resolución Nº 265/2014 del 02 de septiembre de 2014 de fs. 450 a 452, pronunciada por la Sala Civil Tercera de la “R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz” y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

No se impone multa por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.        

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto