TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 420/2015                                                        Sucre: 15 de junio 2015                                                                 Expediente:        SC-142-14-S                Partes:María Cristina  Paniagua de Chávez, Luis Enrique Paniagua León y

             Carlos Felipe Paniagua León        c/ Blanca Elena León Romero, Jorge Vaca

Flores y Otros.                Proceso:Nulidad de Escrituras de transferencia.                                        Distrito:Santa Cruz.


VISTOS:Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 856 a 859 vta., interpuesto por Sergio Guillermo Maldonado Arancibia y el formulado en el fondo y en la forma de fs. 1094 a 1098 por BelsaBanegasBanegas en representación de Ramón Banegas Serrano, contra el Auto de Vista de 30 de enero de 2014 cursante de fs. 742 a746 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz, en el proceso deNulidad de Escrituras de Transferencia, seguido por María Cristina  Paniagua de Chávez, Luis Enrique Paniagua         León y Carlos Felipe Paniagua León contraBlanca Elena León Romero, Jorge Vaca Flores y Otros., respuesta de fs. 879 a 884 y de fs.1103 a 1106 vta., presentado por El Abogado Apoderado de los actores;concesión de fs. 885 y fs. 1107, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La JuezCuarto de Partido en lo Civil Comercial de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia Nº 63/2012 de 16 de noviembre de 2012 cursante de fs. 248 a 255 vta., por el que se declara: I.-PROBADA en parte la demanda de fs. 30 a 46 interpuesta por los demandantes, solo en cuanto a la pretensión de nulidad de cinco contratos de compraventa que aparecen firmados después de la muerte de Elena León Romero, e IMPROBADA respecto de la pretensión de nulidad de los documentos que aparecen firmados antes de la muerte de Elena León Romero. II.- Asimismo, se declara PROBADA la pretensión de cancelación de registros de Derechos Reales y la de Acción Negatoria e IMPROBADA la pretensión de Mejor Derecho. III.- En su mérito se dispone lo siguiente:1.- Se declaran NULOS y sin valor legal alguno los siguientes documentos: a) Minuta de fecha 8 de junio de 2006 saliente de fs. 19 a 20 y testimoniado a fs. 9 a 10, donde aparece Jorge Vaca Flores como  comprador y Blanca Elena León Romero como vendedora, documento registrado en Derechos Reales en fecha 28 de septiembre de 2006. b) Minuta de 7 de septiembre de 2007 cursante de fs. 195 a 196 y testimoniado a fs. 13 y 14, donde aparece Ramón Banegas Serrano como comprador y Blanca Elena  León romero como vendedora, documento registrado en Derechos Reales en fecha 18 de septiembre de 2009. c)Minuta de fecha 17 de abril de 2006 cursante de fs. 85 a 86 y testimoniado a fs. 15 y 17, donde aparece Hugo Alfredo Alandia Céspedes como comprador y Blanca Elena León romero como vendedora, documento registrado en Derechos Reales en fecha 6 de marzo de 2007.d) Minuta de fecha 2 de junio de 2006 cursante de fs. 26 a 27, donde aparece Marcelo Bustillos Gálvez como comprador y Blanca Elena León Romero como vendedora, documento registrado en Derechos Reales como anotación preventiva en el Asiendo B-1 de la matrícula 7.01.1.06.0055270 en fecha 12 de diciembre de 2006 (fs. 4). e) Documento privado contenido en escritura judicial de fecha 26 de mayo de 2006 registrado en Derechos Reales como anotación preventiva en el Asiento B-2 de la Matrícula  7.01.1.06.0055270 en fecha 16 de marzo de 2007 (fs. 4) suscrito entre Blanca Elena León  romero como vendedora y Hernán Zeballos Vargas como comprador.2. Se dispone la CANCELACION de los siguientes registros de Derechos Reales: a) Registro de fecha 28 de septiembre de 2006 y Matrícula No. 7.01.1.06.0064920. b) Registro de fecha 18 de septiembre de 2009 y Matrícula No. 7.01.1.06.0064920. c) Registro de fecha 6 de marzo de 2007 y Matrícula No. 7.01.1.06.0068330. d) Asiento B-1 de fecha 12 de diciembre de 2006 correspondiente a la Matrícula No. 7.01.1.06.0055270. e) Asiento B-2 de fecha 16 de marzo de 2007 correspondiente a la Matrícula No. 7.01.1.06.0055270. 3.- Se declara la inexistencia de derechos de los demandados: Jorge Vaca Flores, Ramón Banegas Serrano, Hugo Alfredo Alandia Céspedes, Marcelo Bustillo Gálvez y Eduardo Hernán Zeballos Vargas, respecto del bien inmueble registrado a nombre de Elena León Romero. IV. Se condena en costas a los demandados Jorge Vaca Flores, ramón Banegas Serrano, Hugo Alfredo Alandia Céspedes, Marcelo Bustillo Gálvez y Eduardo Hernán  Zeballos Vargas. (Con Auto de aclaración y complementación de fecha 25 de enero de 2013 de fs. 267 por el que se declara no ha lugar la solicitud impetrada), así como por el Auto de fs. 286.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación parcial por Luis Enrique Paniagua León, Carlos Felipe Paniagua León y María Cristina Paniagua de Chávez por intermedio de su apoderado RolfMurkel Abel Durán mediante memorial de fs. 278 a 283 vta.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 742 a746 vta., por el que: I. Se REVOCA PARCIALMENTE la Sentencia No. 63/2012 de fecha 16 de noviembre de 2012 cursante de fs. 248 a 255 y vta., y REVOCA totalmente del Auto No. 38/1º3 de fecha 25 de enero de 2013 saliente a fs. 267. II. Deliberando en el fondo, se declara PROBADA la Demanda Principal saliente de fs. 30 a 46 en cuanto a la pretensión de nulidad de las Escrituras Privadas de ech 26 de julio de 1994 y 09 de septiembre de 1996 cursante de fs. 11 a 12 de obrados, que aparecen firmadas antes de la muerte de Elena León Romero. III. PROBADA la Acción Negatoria en cuanto a los registros de las referidas Escrituras Privadas. IV. PROBADA  la pretensión de cancelación de los registros referidas a las Escrituras Privadas de fecha 26 de julio de 1994 donde aparece como vendedora Blanca Elena León romero a favor de María Segundo Trigo Flores, inscrita en Derechos Reales bajo la Matrícula computarizada No. 7.01.1.06.0086273 de fecha 11 de mayo de 2009; así como la Escritura Privada de fecha 09 de septiembre de 1996 donde también aparece como vendedora Blanca Elena León Romero a favor de Zacarías Flores Roca, registrada en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada No. 7.01.1.06.003090309 de fecha 25 de noviembre de 2009 de fecha 25 de noviembre de 2009. V. En su mérito se declara Nulos y sin valor legal alguno las Escrituras Privadas de fecha 26 de julio de 1994 donde aparece como vendedora Blanca Elena León Romero a favor de María Segundo Trigo Flores, registrada en Derechos Reales bajo la Matrícula computarizada No. 7.01.1.06.0086273 de fecha 11 de mayo de 2009; así como la Escritura Privada de fecha 09 de septiembre de 1996 donde también aparece como vendedora Blanca Elena León Romero a favor de Zacarías flores Roca, registrada en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada No. 7.01.1.06.0090309 de fecha 25 de noviembre de 2009; por lo que se dispone la correspondiente cancelación de los mencionados registros. VI.Quedando incólume todo lo demás de la sentencia No. 63/2012. Sin condenación de costas. VII.  Revoca en parte el Auto de fecha 20 de abril de 2012 saliente a fs. 144 a 145 del expediente de apelación, y deliberando en el fondo se Declara la SUBSISTNEICA DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS DE ANOTACION SOBRE EL BIEN INMUEBLE REGISTRADO BAJO LA MATRICULA COMPUTARIZADA No. 7.01.1.06.0090309 DEL ASIENTO B-2, manteniendo incólume todo lo demás de la resolución recurrida de fecha 20 de abril de 2012 saliente de fs. 144 a 145.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma interpuesto por una parte porSergio Guillermo Maldonado Arancibia y BelsaBanegasBanegas en representación de Ramón Banegas Serrano por otra parte, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de Casación de Sergio Guillermo Maldonado Arancibia

En la forma

Acusa violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en razón de haberse fallado ultrapetita, pues la apelación de fs. 272 a 285 no plantearíase resuelva el recurso de reposición bajo alternativa de apelación de fs. 164 a 172 en contra del Auto de fs. 144 a 145, y el Ad quem en forma contradictoria revocaría en parte el Auto de fs. 144 a 145, se reconocería que no esparte en el proceso sin embargo se afectan su derecho propietario, en contradicción a lo señalado por el Auto de fecha 22 de febrero de 2013; pide que la resolución se enmarque al principio de congruencia y respalden las razones para su decisión, tanto sustantivas como adjetivas.

En el fondo

Que el recurso procede por contener violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, así como por contener disposiciones contradictorias establecidas en los numerales 1) y 2) del art. 253 del CPC., acusando violación de los arts. 56, 115, 117, 119 y 120 p. I) dela Constitución y 105 del Código Civil, 50 y 156 de su procedimiento; señalandoque el Autode Vista al pretender la nulidad  y cancelación del registro de la matrícula Nº 7.01.1.06.0090309 correspondiente a su bien inmueble sin que su persona sea parte del proceso vulnera lo establecido en los arts. 115, 117 y 120 de la CPE así como del art. 50 del CPC. Agrega que al Ad quem al establecer que su persona no esparte del proceso y que la Juez A quo no debió dar curso a la solicitud de levantamiento de la anotación preventiva sobre el bien inmueble dentro el proceso en el que su persona no es parte, vulnerando lo establecido en el art. 156 del CP, además indica que se contradice al establecer que la demanda no se encuentra dirigida al recurrente y por ende le asistiría el poder intervenir en el proceso donde se vulneran sus derechos.

Por otro lado refiere que la anotación preventiva vulnera su derecho de propiedad porque no puede usar, gozar y disponer del inmueble en razón de esa anotación preventiva emergente de un proceso donde no es parte por no habérsele citado, y que los demandantesconocían que era el actual propietario, y debieron haber averiguado esa situación por el registro, por lo que se habría omitido el principio de verdad material, y vulneraria su derecho a la propiedad, al debido proceso y a la defensa. Adiciona que la anotación de su compra venta en la matrícula data de mucho tiempo atrás antes de la interposición de la demanda, y que los actores conocíanperfectamente que su persona era propietario, datos que eran fácilmenterecabables al ser público el registro de Derechos Reales.

Concluye refiriendo que la aplicación de medidas precautorias u otra pretensión sobre algún bien inmueble debe recaer a las partes procesales que intervienen en el proceso, más no así sobre personas que no han sido demandadas, por lo que se pide que se proteja la propiedad privada así como se respete eldebido proceso, además de enfatizar que se interpuso una acción de amparo constitucionalque le otorgó tutela.

Solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo y/o alternativamente case de forma parcial el Auto de Vista, en lo que respecta a la anulación de la Escritura privada de fecha 09 de septiembre de 1996 y la cancelación dela matrícula y se declara probada la sentencia en los que respecta ala matricula 7.01.1.06.0090309.

Recurso de casación de Ramón Banegas Serrano

En el fondo

Refiere que la Sentencia fue dictada sin hacer una correcta apreciación y valoración de la prueba, violentando el debido proceso, y que se dictó Sentencia sin prueba respaldatoria, relatando lo que desde su punto de vista considera la existencia de vicios en el proceso: la presentación de un segundo testimonio, que nose acredito el derecho propietario, señala que  se demandó a los poseedores y se supone que los poseedores estaban ocupando los inmuebles, que los demandantes no conocen el terreno, que no se indica quienes están ocupando esos terrenos, indica incongruencia en el informe defs. 82. Señala que el recurrente no tuvo oportunidad de defenderse y que nunca fue buscado, pero por la documentación adjunta se evidenciaría que es propietario  y que el terreno fue adquirido con las formalidades y que existe tradición especifica. Solicita se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y declare improbada la demanda contra todos los demandados.

En la forma

Denuncia que en la tramitación existe vicios como la violación del derechoa  la defensa y el debido proceso: que el recurrente al ser propietario vive, habita y posee ese inmueble lugar donde debiócitársele; el lugar donde se realizó la inspección es diferente a la ubicación del terreno de la parte demandante y del recurrente se encuentra en el municipio de Cotoca; además de la incongruencia del informe emitido por el Segip. Por lo que solicita que anule obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta a la admisión a la demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En función a lo dispuesto por el Tribunal de Garantías que emitió resolución de fecha 20 de marzo de 2015, por el que anuló el Auto Supremo Nº 22/2015 pronunciado por el Tribunal Supremo, al tener carácter vinculante aquella resolución, se pasa a resolver el recurso de casación planteado por el recurrente conforme a los lineamientos sugeridos por aquel Tribunal, para lo que se tiene que:

Del recurso de Sergio Guillermo Maldonado Arancibia

En la forma:

En lo fundamental, el recurso de casación en esta vía invoca la presunta vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en razón de haberse pronunciado respecto  al Auto de fecha 20 de abril de 2012 cursante de fs. 144 a 145 de obrados, sin que en apelación no se hubiera reclamado aquel aspecto, considerándolo ultra petita. Al respecto corresponde señalar que ciertamente en apelación contra la Sentencia emitida, no se tocó el tema en cuestión ni se reclamó por el pronunciamiento respecto al Auto mencionado, sin embargo la parte recurrente no toma en cuenta que durante la tramitación de la causa se presentaron Acciones de Amparo Constitucional, entre ellas la efectivizada en fecha dos de diciembre de 2013 conforme se evidencia del Acta de Audiencia de Acción de Amparo Constitucional (fs. 825 a 829 vta.) en el que se cuestionó precisamente la emisión del Auto de VistaNº 31/2013 de 22 de febrero de 2013 que corre de fs. 341 a 342 de obrados-que confirma el Auto de fecha 20 de abril de 2012 (fs. 144 a 145)-; resolución constitucional que dispuso conceder la tutela de Amparo Constitucional a favor de los actores, consiguientemente la “nulidad del Auto de Vista No. 31/2013 así como el Auto complementario No. 88 de 10 de mayo de 2013”, señalando que deba dictarse nueva resolución.

Sin embargo, para la fecha de emisión de aquella resolución constitucional, ya se había dictado Sentencia en fecha 16 de noviembre de 2012 (fs. 248 a 255 vta.) e interpuesto contra el mismo recurso de apelación por parte del apoderado de los actores por memorial de fs. 272 a 283 vta., en fecha 10 de abril de 2013 según cargo de presentación, es decir, se debe comprender que a esa fecha se tenia el entendimiento que la medida adoptada de levantar la restricción contra el derecho propietario del ahora recurrente estaba vigente con resolución confirmada por autoridad de segunda instancia, y naturalmente no había posibilidad de cuestionar aquel aspecto a la emisión de la Sentencia de primer grado. Sin embargo de lo anterior y con posterioridad a los actuados señalados, como se estableció, se desarrolló la acción de amparo constitucional con el resultado señalado anteriormente (nulidad del Auto de Vista que confirmó el Auto que dispuso se levante la restricción), producto de esto indudablemente se justifica que al estar apelado la Sentencia de primera instancia y haberse remitido actuados ante el superior en grado, por el carácter vinculatorio que tenia el fallo constitucional, el Tribunal de segunda instancia se vio constreñido a resolver a la vez un nuevo fallo respecto al cuestionamiento del Auto de fs. 144 a 145, por lo cual si bien resulta siendo sui géneris aquella situación, se justifica el porque el Tribunal de segunda instancia se pronunció respecto al tema, consecuentemente no existe posibilidad de señalar que se hubiera fallado de manera ultrapetita.

Además de lo anterior, corresponde señalar que la Resolución Constitucional que dejó sin efecto el Auto de Vista y obligó al de segunda instancia a dictar nuevo fallo, al haberse remitido a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, mereció pronunciamiento mediante Sentencia Constitucional Plurinacional No. 1537/2014 de 16 de julio de 2014, que si bien  no consta en obrados del proceso ordinario, de la revisión de la página oficial del Tribunal emisor, se verifica su existencia, y en su parte dispositiva señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR, la resolución 49 de 2 de diciembre de 2013, cursante de fs. 644 a 645 vta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.”. Entendiendo de lo anterior en definitiva que la determinación asumida de levantar el gravamen sobre la Matrícula Computarizada No. 7.01.1.06.0090309 a nombre de Sergio Guillermo Maldonado Arancibia por Auto de fs. 144 a 145 y confirmada por Auto de Vista No. 31/2013 de 22 de febrero de 2013, se halla plenamente vigente, concluyendo entonces que no hay restricción que vaya en contra del derecho propietario del ahora recurrente adoptada en su momento vía medida precautoria, aspecto que debió ser considerado y comprendido en su real alcance, correspondiendo al interesado hacer seguimiento del trámite constitucional, que de la revisión de antecedentes, no existe evidencia siquiera referencial.

Bajo esas consideraciones, se establece que no existió vulneración de las normas procesales que alegó en su recurso de casación en la forma, dada la explicación que se hace supra que nace de los antecedentes inmersos en el proceso así como del fallo constitucional de referencia que no tuvo el cuidado necesario de revisar el recurrente.

Por lo expuesto corresponde emitir resolución conforme prevé el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

A fin de resolver el recurso planteado en el fondo, se hace necesario recurrir una vez más a lo determinado por el Tribunal Constitucional mediante SCP No. 1537/2014 de 16 de julio de 2014 con relación al caso en cuestión avaló los argumentos expuestos en el Auto de Vista No. 31/2013 de 22 de febrero de 2013 que entre otros argumentos había señalado que: “Conforme los antecedentes procesales se puede constatar que la demanda ordinaria (…) presentada por MARIA CRISTINA PANIAGUA DE CHAVEZ, LUIS ENRIQUE PANIAGUA LEON Y CARLOS FELIPE PANIAGUA LEON sobre nulidad de escrituras públicas de transferencia, extinción y cancelación  de Derechos Reales no se encuentra dirigida contra SERGIO MALDONADO ARANCIBIA, por ende, conforme a lo previsto por los arts.156 y siguientes, la aplicación de medidas precautorias del CPC, en relación a los artículos 50, 190 y 194 del mismo cuerpo adjetivo de leyes, la aplicación de las medidas precuatorias pueden recaer sobre las partes procesales que intervienen en el proceso, mas no así sobre personas naturales que no han sido demandadas”, agregando que: “Por otro parte, en lo referente a la vía procesal ejercida por Sergio Maldonado Arancibia, se tiene que si bien es cierto que conforme a lo previsto por los arts. 24, 115 y 120.I  de la CPE, “le asiste el derecho de poder intervenir en procesos judiciales donde se vulneran sus derechos fundamentales contemplados en los arts. 117 y 119 de la Constitución Política del Estado, máxime si se advierte que la medida precautoria de anotación preventiva fue dispuesta sobre patrimonio de una persona que no ha sido demandada”, es decir, esamanifestación considera el Tribunal Constitucional Plurinacional es suficientemente válida para dar curso a la pretensión del hoy recurrente, pues si bien el argumento explanado entre otras cosas del Tribunal da garantías que conoció la acción fue la aparente falta de fundamentación en el Auto de Vista Nº 31/2013 de 22 de febrero de 2013, el Tribunal Constitucional señala que en aquel fallo se cumplió con la fundamentación necesaria al señalar que; “Así expuesto el citado fallo, de acuerdo con los razonamientos de la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2.1 de presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se advierte que la misma cumple con los parámetros establecidos en ella;…(…)”.

Dicho aquello será pertinente señalar que el recurrente alega fundamentalmente que el Auto de Vista Nº 76/2014 estableció que al no ser parte su persona en el proceso, la Juez no debió dar curso a la solicitud de levantamiento de la anotación preventiva, respecto de un bien inmueble que se registra a nombre del recurrente, aspecto que afectaría derecho a la propiedad privada, debido proceso y defensa.

En función a lo planteado, de la revisión de antecedentes se verifica que por demanda de fs. 30 a 46, los actores entre otras, pretenden la nulidad del documento privado de 09 de septiembre de 1996, reconocida mediante formulario de reconocimiento de firmas No. 087112, ante el Juez 7º de Instrucción en lo Civil, en la que intervienen presuntamente “Blanca Elena León Romero” y Zacarías Flores Roca en una transferencia de 6.000 metros cuadrados, registrando aquella transferencia ante la Oficina de Derechos Reales bajo la Matrícula No. 7.01.1.06.0090309 con la consiguiente cancelación de ese registro.

En Sentencia dictada en el caso, (No. 63/2012 de 16 de noviembre de 2012), las referidas pretensiones fueron desestimadas, con el fundamento de que la transferencia de 09 de septiembre de 1996 fue generada antes del fallecimiento de Elena León Romero que habría acaecido en 07 de octubre de 2005. Cuestionado aquel aspecto por recurso de apelación de los actores, el Ad quem adopta la decisión de revocar el fallo de primera instancia utilizando como argumento que la identidad correcta de la propietaria era Elena León Romero con C.I. Nº 126233 extendida en La Paz y no “Blanca Elena León Romero” con C.I. Nº 126233 extendida en Cochabamba, resaltando que la certificación del SEGIP de fs. 82 determinó que la cedula de identidad Nº 126233 fue emitida en La Paz y la cédula extendida en Cochabamba es inexistente y que por la certificación emanada del Archivo Judicial  a fs. 18 consta que la escritura privada de 09 de septiembre de 1996 reconocida en sus firmas ante el Juzgado Séptimo de Instrucción Civil no existen en los registros de reconocimientos de firmas del Órgano Judicial, consecuentemente declaró también la nulidad de la Escritura Privada de 09 de septiembre de 1996 donde aparece como vendedora Blanca Elena León Romero y como comprador a Zacarías Flores Roca disponiendo la cancelación de su respectivo registro.

En ese antecedente, se tiene que bajo la Matrícula No. 7.01.1.06.0090309, primero se registró el derecho propietario de Zacarías Flores Roca, que resulta ser la persona que vende el inmueble a favor de Sergio Maldonado Arancibia, que en el recurso de casación como tal en ningún momento refuta los argumentos expuesto por el Ad quem que determinó esa nulidad y cancelación, en consideración a que resulta ser su causahabiente y la consecuencia llegaría a afectar al mismo. Sin embargo como de principio se señaló que el recurrente nunca fue demandado, ni integrado a la Litis en su condición de parte, aspecto aclarado infinidad de veces por el mismo, así como por la parte demandante, pese a tener la información necesaria para ampliar su demanda contra quien aparecía como titular de la matrícula señalada supra, bajo esa consideración resulta evidente que los actores debieron integrar a la Litis al ahora recurrente, sin embargo de manera sistemática y empecinada se encargaron de señalar que no era parte, si aquello es así bajo la consideración expuesta por el Tribunal Constitucional que avala el razonamiento del Auto de Vista No. 31/2013 de 22 de febrero de 2013, sin duda las determinaciones asumidas por el Ad quem, no podían afectar los derechos de quien no fue demandado ni integrado a la controversia, no existiendo por lo mismo posibilidad de asumir defensa en la esfera del proceso ordinario como tal, menos disponer la revocatoria en parte del Auto de fecha 20 de abril de 2012 de fs. 144 a 145 y mantener subsistente las medidas precautorias de anotación preventiva sobre el bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada No. 7.01.1.06.0090309 del Asiento B-2 a nombre de Sergio Guillermo Maldonado Arancibia, como se razonó en el Considerando III del Auto de Vista recurrido, comprendiendo sin embargo que ese razonamiento se lo efectuó forzado por la resolución constitucional que obligó a dictar nueva resolución con el entendimiento señalado en aquella, que finalmente fue revertido como se explicó a tiempo de resolver el recurso de casación en la forma.

Dejando en claro que al no estar cuestionado la determinación asumida por el Ad quem en relación a la nulidad dispuesta en contra de la transferencia realizada a favor de Zacarías Flores Roca y que estuvo registrado bajo el mismo número de matrícula, no hay nada que discutir, y corresponderá a los actores acudir a la vía legal correspondiente el perseguir su pretensión de afectar derecho propietario derivado de aquella, al haber voluntariamente señalado que el hoy recurrente no era parte del proceso y no haber promovido su integración al proceso como demandado, sosteniendo aquel aspecto en todo momento.

Sin embargo de que este Tribunal Supremo estableció que en información contenida en la documental de fs. 116, que contiene la Matrícula No. 7.01.1.06.0090309-con antecedente dominial 7.01.1.06.0055270 que corresponde a la matrícula madre de Elena León Romero (ver fs. 4)- se verifica que  en la columna A) Titularidad Sobre el Dominio que registra los titulares por medio de un tracto dominial del inmueble, en el asiento Nº 1 se encuentra registrado Flores Roca Zacarías por “Compra Venta---escrit. Priv. De fecha 09/09/1996---Nota. Pub GUALBERTO JURADO PEREDO----JUEZ 7MO. DE INST. ORDIANRIO----REC. DE FIRMAS DEL 09/09/1996”, con fecha de registro en 25 de noviembre de 2009, habiendo sido dirigido la demanda contra esta persona entre otras como se verifica del memorial de fs. 30 a 51 con la pretensión de nulidad del mismo y la cancelación respectiva en Derechos Reales de su registro. Por otro lado también es evidente que existe anotación preventiva como se verifica de la Columna B Asiento No. 1 de fecha 05/05/2010por orden judicial del Juez José Raúl Jordán Arauz, precautelando los derechos de Sergio Guillermo Maldonado Arancibia, en la que se hace referencia a la transferencia de lotes de terreno en la superficie 6.000 m2, por lo que se concluye que existía publicidad de aquel aspecto precisamente por el registro mencionado, de manera que cuando los actores utilizan como argumento que no era titular del registro, mínimamente tenían conocimiento a tiempo de interponer su demanda  en fecha 17 de noviembre de 2010 según cargo de recepción del proceso de fs. 47, que el inmueble registrado bajo la matrícula 7.01.1.06.0090309 tenia restricción por la anotación preventiva señalada anteriormente, sin embargo y pese a ello no integraron a la Litis al que presumiblemente podría ser afectado en sus derechos de titularizar o registrar de manera definitiva aquella anotación preventiva, como que en efecto sucedió, consecuentemente si bien es evidente que se registró el Derecho Propietario de Sergio Guillermo Maldonado Arancibia en fecha 10 de noviembre de 2011, se tenia ya el antecedente que a su favor existía una anotación preventiva adquiriendo publicidad conforme prevé el art. 1538 del Código Civil, aspecto que debió tomar en cuenta la parte actora, señalar también que los demandantes lograron la anotación preventiva por orden del Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial en fecha 25 de agosto de 2011, conforme consta en el asiento Nº 2 de la Columna B) Gravámenes y Restricciones; siendo esa anotación preventiva útil a efectos de publicidad de la demanda conforme señala el art. 1552-I-1) del Código Civil, y si bien el titular sobre el bien inmueble era Zacarías Flores Roca era perfectamente previsible que la anotación preventiva a favor del hoy recurrente podía convertirse en definitiva;es evidente que la demanda fue válidamente dirigida contra el titular del bien inmueble registrado en matrícula No. 7.01.1.06.0090309, sin embargo debió ser accionada también contra quien de manera certera aparecía con derecho que restringía al titular del mismo a fin de dar efectividad de lo determinado por el art. 1451 del Código Civil y el art. 194 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto se establece que si bien se demandó a Zacarías Flores Roca en razón de figurar como titular de la Matrícula 7.01.1.06.0090309 y efecto de la anotación preventiva dentro de proceso las posteriores inscripciones de titularidad estaban expuestas a soportar los efectos que irradie la demanda entablada, se entiende del razonamiento expuesto por el Tribunal Constitucional conforme se señaló anteriormente, existió la posibilidad cierta de ampliar la demanda contra quien registró posteriormente su derecho propietario, teniendo como antecedente una anotación preventiva cuya fecha data incluso antes de la interposición de la demanda misma, bajo esas consideraciones y el no haber activado contra aquel la acción, estaremos frente al hecho de haberse vulnerado los derechos del recurrente contenidos en los arts. 56, 115, 117, 119 y 120 p. I) de la Constitución Política del Estado y 105 del Código Civil, 50 y 156 de su procedimiento.Correspondiendo en todo caso a los actores acudir a la vía legal que corresponde de considerar que corresponda perseguir la invalidación de los títulos del recurrente, en consideración a los fundamentos expuestos por el Tribunal de garantías, no siendo necesario mayor consideración y fundamentación en el presente fallo respecto al tema.

Finalmente corresponde aclarar que el Auto de Vista que revocó parcialmente la sentencia de primer grado, en su punto V declaró: “NULO Y SIN VALOR LEGAL …(…)…LA Escritura Privada de fecha 09 de septiembre de 1996 donde también aparece como vendedora BLANCA ELENA  LEON ROMERO a favor de ZACARIAS FLORES ROCA, registrada en derechos Reales bajo la Matrícula computarizada Nº 7010.1.06.0090309 de fecha 25 de noviembre de 2009; por lo que se dispone la correspondiente CANCELACION de los mencionados registros.”, nunca se refirió al registro efectuado a nombre de Sergio Guillermo Maldonado Arancibia, por lo que conforme a los antecedentes del proceso y la Sentencia Constitucional No. 1537/2014 de 16 de julio, se entiende que se halla resguardado su derecho propietario, consecuentemente bajo las consideraciones efectuadas supra, resulta viable el dejar sin efecto la determinación del Tribunal de Segunda instancia en el punto VII de la parte resolutiva que “Revoca en parte el Auto de fecha 20 de abril de 2012 saliente a fs. 144 a 145 …(…)”, debiendo ser enmendado aquel aspecto conforme al entendimiento de los antecedentes del caso explicado de manera detallada, así como por la determinación adoptada por el Tribunal de Garantías en Audiencia de Amparo Constitucional de 20 de marzo de 2015, al que se dio cumplimiento por su carácter vinculatorio.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

Del recurso de casación de Ramón Banegas Serrano

En relación al recurso de casación formulado por Ramón Banegas Serrano por intermedio de su apoderada, se mantiene el criterio de que el Tribunal Supremo  ha manifestado reiteradamente que el recurso extraordinario de casación es equiparable a un demanda nueva de puro derecho, que tiene como objeto el juzgamiento de la Resolución de Alzada que en su emisión haya cometido infracción a la ley, por lo que por su carácter extraordinario esta reservado para las partes que en ejercicio de sus derechos hubieren intervenido en la instancia inferior reclamando la infracción cometida en la determinación definitiva, que le habilita para poder interponer el recurso de casación, así de preciso es el art. 272 inc. 3 del Código de Procedimiento Civil que impera que se deberá declarar improcedente  el recurso cuando el recurrente no hubiere intervenido en las instancias inferiores, por lo que inexorablemente el recurso debe ser declarado improcedente.

En consecuencia éste  Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, emite resolución en la forma determinada por los arts. 271 num. 1) y 272 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, y en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 4) y 274 de la norma adjetiva civil, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 76/2014 que cursa de fs. 742 a 746 vta., suprimiendo el punto VII de la parte resolutiva. Por otra parte en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 1) y 272num. 3) del Código de Procedimiento Civil declara IMPROCEDENTEel recurso de casación de fs. 1094 a 1098 opuesto por BelsaBanegasBanegas en representación de Ramón Banegas Serrano, contra el Auto de Vista de 30 de enero de 2014, de fs. 742 a 746 vta.

Sin responsabilidad por la casación parcial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.        

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto