TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 416/2015                                                        

Sucre: 10 de junio 2015                                                

Expediente: O 15 15 - S

Partes: Porfirio Achacollo Sequeiros. c/ Sindicato de Transportistas

            “23 de Marzo”   

Proceso: Usucapión Decenal o Extraordinaria.

Distrito: Oruro.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 88 a 90, interpuesto por Porfirio Achacollo Sequeiros, contra el Auto de Vista Nº 251/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014 cursante de fs. 82 a 86 de obrados, pronunciado por la Sala Civil,  Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de Usucapión Decenal o Extraordinaria, seguido por Porfirio Achacollo Sequeiros contra Sindicato de Transportistas “23 de Marzo”; el Auto de concesión de fs. 94; los antecedentes del  proceso, y;


CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Ordinario, de Sentencia en lo Penal, del Trabajo y S. Social, Niñez y adolescencia de las provincias E. Avaroa, L. Cabrera y S. Pagador en lo Civil y Comercial de Challapata - Oruro, pronunció Sentencia Nº 18 de fecha 13 de marzo de 2014 cursante de fs. 58 a 60, declaró improbada la demanda de usucapión decenal de fs. 6-6 vta., por no haberse establecido la posesión actual en el inmueble demandado.

Contra esa resolución de primera instancia, la parte demandante de fs. 62 a 63, interpone recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista Nº 251/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014, cursante de fs. 82 a 86 vta., confirma  la Sentencia Nº 018/2014 de fs. 58 a 60, con costas en ambas instancias; resolución recurrida en casación por la parte demandante cursante a fs. 88 a 90, mismo que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del contenido del Recurso de Casación se tiene lo siguiente:

Manifiesta que el Auto de Vista contiene una serie de interpretaciones enteramente subjetivas, suposiciones, mezcla de disposiciones como la Ley de Derechos Reales, que en absoluto tiene relación con el Código Civil, que dichas consideraciones, no tendrían sentido ni relación con el fondo de la demanda principal.

Acusa violación al art. 375 del Código de Procedimiento Civil, puesto que sostiene haber probado los tres puntos fijados por el Auto de Relación Procesal.

Expresa que el Juez no hubiera dado estricto cumplimiento al art. 378 del Código de Procedimiento Civil ya que debió señalar de oficio día y hora para la inspección ocular, porque la misma incumbe más al juzgador que a las partes.

Refiere que el Auto de Vista le hubiera causado enormes daños y perjuicios y protesta respecto a que el Auto de Vista expresaría que el  A quo habría actuado con criterio correcto, a lo cual sostiene que: Actuar con criterio correcto, y en el marco de las facultades otorgadas por Ley, hubiera sido simple y llanamente, disponer la adición de la Partida Nº 104 del Libro de Propiedades de la provincia Avaroa de 1980, en el protocolo de la Escritura Pública Nº 89/83 observada por la Oficina de Derechos Reales, precisamente por la falta de dicha partida en la Notaría correspondiente y que se otorgue nueva Escritura y que eso hubiera sido una verdadera administración de justicia.

Con estos agravios expuestos solicita CASAR el Auto de Vista recurrido conforme a los arts. 271 inc. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, revocando la Sentencia, declarando probada la demanda principal.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


El Art. 106 de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, señala lo siguiente: “I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”, norma aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada Ley, por lo que la aplicación de una nulidad procesal -en caso de advertirse infracciones al debido proceso- puede ser aplicada aún de oficio.

Con ese preámbulo necesario, corresponde puntualizar los siguientes aspectos relevantes en relación a la presente causa:

Ingresando este Tribunal a establecer el derecho invocado por el  recurrente, se tiene que los antecedentes de la propiedad del inmueble provienen de la transferencia de un lote de terreno urbano que otorgaron Demetrio Poquechoque y Filomeno Pérez, (el primero en representación del “Sindicato 23 de Marzo” y el segundo como secretario de transportes) en favor de Porfirio Achacollo en la suma de pesos bolivianos 5.062.50, documento cursante de fs. 1 a 4, Escritura Pública Nº 89 de 19 de mayo de 1983 donde se indica que el mismo se encuentra en la zona Norte de la ciudad de Challapata, con una superficie de 337.50 m2, teniendo como colindantes al Norte Justino Romay, al Sud con Rufino Mamani Chambi, al Este con Dionicio Villcaez y al Oeste con la calle Oruro.

Con esa relación precedente, en el caso en cuestión el  actor  refiere en la demanda (fs. 6 a 6 vta.) que  vienen poseyendo el inmueble por más de 10 años (1983) ubicado en la calle Oruro entre Av. Kilómetro 7 y calle Pisagua, lote Nº 24, zona Norte de la ciudad de Challapata, con las siguientes características técnicas: un frente de 15 metros por un fondo de 22.30 metros, haciendo una superficie de 334.50 m2, cuyo antecedente dominal es la partida 104 del libro de propiedades de la provincia Avaroa de 1980.

De lo manifestado se infiere que la fracción objeto de usucapión es imprecisa, ya que por un lado en la Escritura pública de referencia, se señala haberse transferido a favor del socio Porfirio Achacollo el lote signado con el número 23, teniendo como colindantes al Norte Justino Romay, al Sud con Rufino Mamani Chambi, al Este con Dionicio Villcaez y al Oeste con la calle Oruro.

En ese entendido en la demanda consigna un inmueble “ubicado en la calle Oruro entre la Av. Km 7 y la calle Pisagua, lote número 24, zona Norte de la ciudad de Challapata. Tiene las siguientes características técnicas: un frente de 15 metros, por un fondo de 22,30 metros, haciendo una superficie total de 334,50 metros cuadrados. Colinda  al Norte, con Justino Romay; al Sud, con Rufino Mamani Chambi; al Este con Dionicio Villcaez, y al Oeste con la calle Oruro; cuyo antecedente dominal es la partida Nº 104 del Libro de Propiedades de la Provincia Avaroa de 1980”.

Para ingresar en contexto habrá que señalar que en el presente proceso se tramita una usucapión decenal o extraordinaria de bien inmueble de las características descritas de sus antecedentes, consecuentemente será pertinente recordar que la usucapión es una de las formas para adquirir el derecho de propiedad, con la concurrencia de ciertas condiciones y el transcurso del tiempo, la doctrina ha establecido que para usucapir deben concurrir elementos configurativos de la posesión, señalando el animus así como el corpus, entendiendo del primero como elemento subjetivo, es decir la convicción o ánimo de ser dueño o propietario del bien, repudiando potestad ajena; y el segundo elemento material o externo, es decir, tener la cosa, que puede traducirse mediante actos y hechos que denoten efectuar disposiciones de aquella y las mejoras tendientes a su beneficio,

El A.S. 265/2014  señala “La usucapión es considerada como una forma originaria de adquirir la propiedad en virtud a la posesión ejercida durante el tiempo y condiciones previstas por ley, siendo que en la misma, el demandante o el que pretende usucapir, debe cumplir con ciertos requisitos que son necesarios. En ese entendido deben concurrir los dos elementos de la posesión: el corpus, entendida como la aprehensión material de la cosa y el animus en el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada y no interrumpida por más de diez años; requisitos básicos para la usucapión decenal o extraordinaria. Sin embargo en consideración al efecto extintivo que genera la usucapión, en forma uniforme y reiterada, siguiendo a su vez el criterio asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia, se estableció que en una demanda de usucapión el legitimado pasivo es siempre el titular del inmueble que se pretende usucapir, es decir la persona o personas que figuren en el registro de Derechos Reales como titulares del bien inmueble que se pretende usucapir, toda vez que es él o son ellos quienes se verían afectados con la resolución que declare probada la usucapión, perdiendo, en consecuencia, su derecho propietario a favor del usucapiente, por lo que otro requisito que el demandante debe cumplir para la procedencia de la usucapión es identificar de forma precisa a los titulares del bien inmueble, debiendo además precisar la ubicación del inmueble que pretende usucapir sobre el que alega haber ejercido posesión”.

Para promover una demanda de usucapión, además de los requisitos comunes a toda demanda, previstos por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, debe acreditarse la titularidad de dominio del demandado e individualizarse con exactitud el bien inmueble que se pretende usucapir, es decir la singularidad e identificación plena del inmueble objeto de Litis determinando con precisión su ubicación, superficie, medidas y linderos, de modo que no haya dificultad alguna para determinar con certeza el objeto del juicio de usucapión y así poder establecer su vinculación con la titularidad del demandado,
por lo tanto este aspecto de precisar la fracción o lote de terreno que pretende usucapir sobre la que alega haber ejercido posesión, es de vital importancia en la acción incoada.

De los antecedentes expuestos, se evidencia que no se ha adjuntado informe aclaratorio del certificado de propiedad de Derechos Reales, debidamente actualizado, como para verificar la legitimación pasiva en el proceso de usucapión de las personas demandadas, lo que implica que el Juez no ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 3 inc. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil y la orientación establecida en el Auto Supremo descrito en el numeral 1 de los fundamentos de la presente resolución.

Por lo que, en base a los medios de prueba adjuntados al proceso al Juez le correspondía exigir la documentación actualizada de la oficina de Derechos Reales, como también del Gobierno Municipal de Challapata donde se evidencie urbanización con loteamiento para precisar e identificar el lote en cuestión, aspecto que obliga a adjuntar el certificado de Derechos Reales (constancia del derecho de propiedad registrado) para determinar con exactitud la fracción exacta y asimismo el último titular de la misma, vale decir la persona a quien se va a generar el efecto extintivo de la usucapión sobre su derecho de propiedad, pues para el caso presente el documento de fs. 3 resulta ser data antigua y a la fecha no se tiene certeza plena de sus datos, máxime si muchos de ellos son casi ilegibles, que tampoco fueron suplidos o aclarados con otra documentación o con otros medios probatorios, ya que a simple análisis efectuado entre el documento base y la demanda, se observan claramente ciertas imprecisiones no coincidentes, que necesariamente requieren ser aclaradas porque existe confusión en el número de lote objeto de la presente demanda y que merecen ser enmendadas en base al principio de la verdad material.

Por lo desarrollado supra en cuanto a la precisión del terreno demandado y por ende el resguardo de los terceros interesados; es necesario ingresar en sujeción a lo determinado por el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, en este entendido se toma en cuenta que en el tema de nulidades se tiene que evidenciar que los actos procesales se han alejado de las formalidades previstas por ley, habida cuenta de que a tiempo de anular, no sólo se trata de precautelar meras formalidades, sino al contrario, de garantizar el desarrollo de un proceso en el que el derecho al debido proceso de las partes, así como de terceros que pudieran tener interés legítimo a ser resguardados, en ese entendido corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:

Al existir duda sobre el terreno en cuestión también existiría duda sobre su último titular, siendo que la demanda de usucapión debe dirigirse contra quien figure como propietario en el Registro de Derechos Reales sus pues, están en juego razones de orden público por tratarse de un modo originario de adquirir la propiedad que correlativamente apareja a la extinción del derecho propietario para su anterior titular, requisitos estos últimos que tiene como fundamento la garantía del derecho de defensa de los titulares del inmueble que se pretende usucapir, cuya finalidad además de asegurar el respeto del derecho de defensa, es brindar claridad y certeza en la titularidad del derecho que se pretende obtener mediante la usucapión. De esto se colige que es deber ineludible de la parte actora, determinar con total precisión el inmueble así como a quienes se dirigirá finalmente la demanda e integrarlos al proceso y si esa integración no proviene de la parte actora, es el Juez quien debe tomar la precaución de “verificar in situ” el terreno indicado e integrar a todos los posibles titulares, en función de precautelar sus derechos y lograr una resolución eficaz. Solo bajo esos parámetros estaremos de acuerdo que se otorga seguridad jurídica, no solo a los contendientes sino a terceros.

De donde se concluye que el Tribunal Ad quem, al haber decidido a través del Auto de Vista confirmar la Sentencia con el fundamento de la improcedencia de la demanda y considerar innecesario resolver los agravios fundamentados, resulta siendo incorrecta. Omisión que efectivamente supone la vulneración de la verdad material siendo ella fundamental como uno de los principios procesales de la administración de justicia actual. Con relación al principio de eficacia y verdad material, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0210/2010 de 24 de mayo, señaló: “El art. 180 de la CPE, prevé los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de eficacia, que supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; el principio de eficiencia por el que se pretende mayor certeza en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio de verdad material que buscará por todos los medios la verdad pura”.

Principio Constitucional que debe ir de la mano con el principio de la independencia que otorga a los jueces de instancia un amplio margen para la dirección del proceso, especialmente en lo que hace a la evaluación, pertinencia o necesidad de la prueba, adoptando las medidas que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos (verdad material), en procura de lograr una resolución eficaz. Pues ninguna resolución judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso.

Resultando entonces que los jueces y Tribunales, no pueden abstraerse del mandato de la norma suprema, en la aplicación de los principios establecidos en ella, advirtiéndose la necesidad de buscar la veracidad de los hechos fácticos reclamados y el cumplimiento y resguardo efectivo del debido proceso y el derecho a la defensa, en prevalencia a los principios, derechos y garantías constitucionales, que corresponde ser enmendado por este Máximo Tribunal.

Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver en la forma prevista en el 271 núm. 3) y 275 del Código Adjetivo Civil.


POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil ANULA el Auto de Vista Nº 251/2014 de fs. 82 a 86 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y  disponga: 1.- Notificar a Derechos Reales y requerir Informe de la partida 104 del Libro de Propiedades de la Provincia Avaroa de 1980 y la superficie que tiene la misma. 2.- Requerir al Gobierno Municipal de Challapata: a) Plano de fraccionamiento del manzano en el que se encuentra el inmueble objeto de la Litis (P.M.C. 10003614/01) ubicado en la calle Oruro entre Pisagua, Pasaje 25 de marzo y Av. Kilómetro 7.

b) Se informe sobre la ubicación del inmueble P.M.C. 10003614/01; para con su resultado definir la pretensión de las partes.

Siendo excusable el error, no se impone multa a los Vocales signatarios.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley N° 025 remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto