TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SAL ACIVIL


Auto Supremo: 411/2015

Sucre: 9 de Junio 2015

Expediente:LP-12-15-A

Partes:Caja Nacional de Salud (C.N.S.) representado por JoséAntonio Quiroga

Moralesc/Empresa SMART SYSTEMS S.R.L. representada por Valerio

Maldonado Siles, Jaime Lorgio Rivera Calani ex-PresidenteEjecutivo de la

C.N.S., Oscar Alarcón Rojas ex-Gerente General de la C.N.S. y Jaime

Peña Cano ex-Gerente deServicios Generales de la C.N.S.

Proceso:Resarcimiento por daño civil y pago de daños y perjuicios por

incumplimiento de contrato.

Distrito:La Paz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 539 a 544, interpuesto porRossy Antonieta Limachi Balanza por José René Bustillos Calderón Gerente General de la Caja Nacional de Salud contra el Auto de Vista Nº 273, de 09 de septiembre de 2014, cursante de fs. 535 y vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Resarcimiento por daño civil y pago de daños y perjuicios por incumplimiento de contratoseguido por laCaja Nacional de Salud (C.N.S.) representado por José Antonio Quiroga Moralescontra Empresa SMART SYSTEMS S.R.L. representada por Valerio Maldonado Siles, Jaime Lorgio Rivera Calani ex-Presidente Ejecutivo de la C.N.S., Oscar Alarcón Rojas ex-Gerente General de la C.N.S. y Jaime Peña Cano ex-Gerente de Servicios Generales de la C.N.S., la respuesta al recurso de fs. 551 a 552 y vta., la concesión de fs. 555, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Tercerode Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció el Auto Interlocutorio Definitivo Nº 237, de 19 de agosto de 2013 de fs. 510 a 511, Anulando obrados hasta fs. 228 inclusive, y consiguientemente declina competencia, disponiendo la remisión de obrados ante el Juez Coactivo Fiscal de Turno para hacer valer los derechos de la demandante.

Contra la referida Resolución, la parte actora interpone recurso de apelación, que es resuelta mediante Auto de Vista Nº 273/2014 de fs. 535 y vta., que Confirma la Resolución Nº 237, de 19/08/2013 de fs. 510 a 511, y el Auto de 23/10/2013 de fs. 514 vta.Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por lo parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone el recurrente:

Luego de exponer los antecedentes del presente caso de Autos, en la exposición de sus agraviosrefiereque la Caja Nacional de Salud,tiene como misión brindar atención en el campo de la salud a toda la población protegiendo en enfermedad, maternidad, y riesgo profesional, teniendo como atribuciones entre otras, el garantizar el servicio de salud adecuado a los asegurados y beneficiarios, e impulsar el desarrollo de programas y proyectos para brindar servicios de salud de calidad, lo cual se ha visto perjudicado desde la gestión 1998 cuando se han recepcionado equipos que hasta la fecha no se encuentran en funcionamiento, con la contratación de un sistema que no fue aplicado, habiéndose erogado la suma de Bs. 7.342.875,00.- que si bien los equipos fueron recepcionados, nunca fueron instalados y a la fecha se encuentran almacenados sin función alguna desde la gestión 1998, lo cual genera y generóconsecuencias visibles porque hasta la fecha los asegurados no pueden contar con un sistema que se pretendió implementar en aquella época, continuando hasta hoy con carnets de asegurado y formularioAVC-04 los cuales son impresos en papel simple, generando por lo tanto que el asegurado tenga aún que contar con numerosa documentación a momento de ser atendido,lo cual bien pudo ser sustituida o mejorada por las tarjetas magnéticas.

El fallo emitido lo único que genera es un daño económico al Estado, siendo que se ha considerado como única la vía a la que se puede acudir considerando que los antecedentes expresan claramente que no se constituyen los elementos para acudir a la vía coactiva civil, siendo que no se cuenta con un elemento muy importante que es contar con una suma líquida y exigible, tal y como lo expresó la Contraloría General del Estado a través del informe evaluatorio, en tal sentido el fallo emitido por el Ad quem lo único que genera es la indefensión de la Caja Nacional de Salud, vulnerando de esa forma la garantía constitucional consagrada en el art. 115 de la C.P.E., a la protección oportuna por parte de los jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, más aún cuando se trata de una entidad de derecho público, encontrándose restringido su derecho al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, por lo cual también se encuentran vulnerados los derechos de la población asegurada al haberse establecido pagos sin contar con el funcionamiento efectivo de los equipos, montos que bien pueden cubrir las necesidades de la Institución para mejorar la atención, por lo que existe además perjuicio a los asegurados y beneficiarios de la C.N.S., porque lamentablemente han transcurrido más de 16 años y aún se encuentran en la misma situación y peor aún con equipamiento que se encuentra almacenado sin ningún tipo de uso.

Por todo lo expuesto y en estricta sujeción a lo determinado por los arts. 253 num. 1) y 3), 255 y 258 del Código de Procedimiento Civil, interpone recurso de casación en el fondo, considerándose inobservada e incumplida las previsiones del art. 47 y 48 concordante con el art. 31 de la Ley 1178, “art. 3 inc. 1) del Decreto Supremo 23215” yart. 115 de la C.P.E., así como los resultados de evaluación de los informes de auditoría interna Nº IAI-P/002/2007 y IAI-C/008/2007, con Nº I2/E111/M08 de 11 de marzo de 2008 emitido por la Gerencia Principal de Auditoria Interna, la Gerencia Principal de Auditoria Interna de la Subcontraloría de Control Interno y la Subcontraloría de Control Interno de la Contraloría General de la República, así como la prueba preconstituída cursante a fs. 4 a 222, en tal sentido solicita a este Tribunal Casar el Auto de Vista declarando en el fondo la anulación de la resolución Nº 237, de 19 de agosto de 2013, debiendo disponerse la continuidad del proceso ante la jurisdicción ordinaria civil.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La parte recurrente acusa la infracción de las previsiones legales contenidas en los arts. 47 y 48 concordante con el art. 31 de la Ley 1178, “art. 3 inc. 1) del Decreto Supremo 23215” y art. 115 de la C.P.E.,así como de los resultados de evaluación de los informes de auditoría; en esa referencia, en observancia delos principios “pro actione” y de conservación de los actos,corresponde realizar las siguientes consideraciones:

De antecedentes de la presente causa se conoce que laCaja Nacional de Salud (C.N.S.),Instituciónpública, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes, por tanto perteneciente al Estado (fs. 2 a 3),interpone demanda de “Resarcimiento por daño civil y pago de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato”, en contra dela Empresa SMART SYSTEMS S.R.L. representada por Valerio Maldonado Siles, y contra Jaime Lorgio Rivera Calani ex-Presidente Ejecutivo de la C.N.S., Oscar Alarcón Rojas ex-Gerente General de la C.N.S. y Jaime Peña Cano ex-Gerente de Servicios Generales de la C.N.S., fundamentando que en fecha 5 de febrero de 1998 suscribieron una minuta de contrato para la provisión de equipos y materiales de impresión para la recarnetización de asegurados de la C.N.S. (Tarjetas magnéticas) por el importe de Bs. 7.342.875,00 equivalente a $us. 1.339.029,10, que fue pagado por la C.N.S. al contado contra la presentación por parte del adjudicatario del formulario de ingreso de almacenes DL-8 y la correspondiente factura con un plazo de entrega de 30, 60 y 120 días a partir de la suscripción de contrato, habiendo la empresa Smart Systems entregado los productos en cumplimiento a la cláusula cuarta y sexta de dicho contrato, sin embargo como resultado de la revisión y evaluación sobre la consistencia entre el Pliego de Especificaciones Técnicas elaborado por la C.N.S., la Propuesta Técnica presentada por la empresa Smart Systems S.R.L., el contrato suscrito entre la C.N.S. y Smart Systems y la documentación relacionada al pago y recepción de los equipos y materiales de impresión de carnets de asegurados, se ha establecido que la empresa contratada no ha cumplido con lo señalado en el Pliego de Especificaciones Técnicas ni en su propuesta técnica, los cuales forman parte indisoluble del contrato de acuerdo a la cláusula tercera del mismo, por cuanto no ha procedido a la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y materiales adquiridos, habiendo incumplido el pliego de especificaciones técnicas aceptados por la misma empresa; a la fecha, las adquisiones de los citados equipos y materiales aún siguen almacenados y sin uso, ocasionando a la C.N.S. un daño económico de Bs. 7.342.875,00 equivalente a $us. 1.339.029,10, en vista de que hasta la fecha no se tiene certeza si estos equipos y materiales sirven o no a los propósitos de la C.N.S., pues únicamente se realizaron algunas pruebas, pero nunca fueron instaladas definitivamente. En consecuencia, al amparo de lo establecido por el art. 134 inc. 2) de la Ley de Organización Judicial, la parte actora interpone la presente acción.


De la relación precedentemente efectuada se infiere que la pretensión de la parte demandantees relativa al “Resarcimiento por daño civil y pago de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato” que deviene de una presunta responsabilidad de la persona jurídica Empresa SMART SYSTEMS S.R.L. representada por Valerio Maldonado Siles, y de los ex funcionarios de la C.N.S.: Jaime Lorgio Rivera Calani, Oscar Alarcón Rojas y Jaime Peña Cano, originada de la relación contractual de provisión de equipos y materiales; en tal situación es importante señalar que la pretensión deducida es imputable a una persona jurídicay otras personas naturales (ex funcionarios de la Institución) por una supuesta responsabilidad civil en su conducta como parte contratante y contratada.


Ahora bien,elcontrato de provisión de equipos y materiales de fecha 05 de febrero de 1998 (fs. 4 a 222)que origina la presente contienda judicial, se constituye en un contrato administrativo definido en la parte final del art. 47 de la Ley Nº 1178. Sin embargo, lo que la parte actora busca con la presente causa no es el cumplimiento, ejecución o liquidación del contrato administrativo, sino el resarcimiento por daño civil y pago de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato,la misma que corresponde serdilucidadaen la jurisdicción especializada.


En relacióna la responsabilidad civil, correspondepuntualizar que el art. 47 de la Ley Nº 1178 dispone la creación de la jurisdicción Coactiva Fiscal para el conocimiento y tramitación de todas las demandas que se interpongan cuando los actos de los servidores públicos y personas particulares(naturales o jurídicas) sean pasibles por acción u omisión, a responsabilidad civil, definida por el art. 31 de la misma norma; es decir responsabilidad que se define a través de informes de auditoría y que de conformidad a lo previsto en el art. 3 de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, son instrumentos con fuerza coactiva fiscal suficiente para promover la acción coactivo fiscal los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General y los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles.


En ese antecedentey conforme a lo examinado precedentemente, resulta siendo competencia del Juzgado en materia CoactivaFiscal el conocimiento de la pretensión de responsabilidad civil de personas particulares (naturales o jurídicas) o de funcionarios públicos que causen daño económico valuable en dinero en contra del patrimonio del Estado, porque lafunción jurisdiccional no está sujeta a la voluntad de las partes ni al libre albedrío de la Autoridad jurisdiccional, sino a la Ley y a la Constitución Política del Estado.


En el caso presente, existiendo indicios de responsabilidad civil en contra de una personajurídica privada y de personas particulares (ex funcionarios de la Institución), porque a través de sus acciones u omisiones habrían generado daño económico valuable en dinero en contra del patrimonio del Estado, corresponde al Ente público acudir,previo cumplimiento de las formalidades inherentes, ante la jurisdicción coactiva fiscalconforme disponen los arts. 31 y 47 de la Ley Nº 1178, y el razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 168, de 12 de abril de 2013.


Por lo que en conclusión y a manera de aclaración corresponde precisar que cuando se controvierte un contrato administrativo en su cumplimiento, ejecución o liquidación, la vía llamada para su conocimiento es la jurisdicción contenciosa-administrativa. Empero, en el caso concreto, no se ha controvertido el contrato administrativo, sinoque la pretensión demandadabusca el resarcimiento dela responsabilidadcivil,en ese entendido la parte actora en función a su pretensión puede acudir a la jurisdicción coactiva fiscal, previo cumplimiento de las formalidades inherentes para ese proceso (sobre la base de informes de auditoría debidamente aprobados) o iniciar directamente la acción contenciosa prevista en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil bajo la  jurisdicción especial contenciosa creada por la Ley Nº 620 de fecha 29 de diciembre de 2014; empero no así a la vía ordinaria civil; consiguientemente el razonamiento asumido por los Tribunales de instancia ha sido correcto porque se enmarca en la ley, no obstante el agravio denunciado se torna en infundado.


En mérito a lo expuesto, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el arts. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO:La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO,el recurso de casación en el fondo, de fs. 539 a 544, interpuesto por Rossy Antonieta Limachi Balanza por José René Bustillos Calderón Gerente General de la Caja Nacional de Salud contra el Auto de Vista Nº 273, de 09 de septiembre de 2014, cursante de fs. 535 y vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas por tratarse de Entidad estatal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto