TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL



Auto Supremo: 410/2015

Beni:09 de junio 2015

Expediente: B-5-15-S

Partes: Hilda Gonzáles Vásquez. c/Alexander Jano Lijerón, Tamara Jaél

Abularach Gonzáles yLorena Añez Gonzáles.  

Proceso:Usucapión.

Distrito:Beni.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 204 a 206, interpuesto por Víctor Hugo Matorra Nogales por Hilda GracielaGonzáles Vásquezcontra el Auto de Vista Nº 153/2014 de 18 de diciembre de 2014, cursante de fs. 196 a 197 y vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica, Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso ordinario de Usucapiónseguido por Hilda Gonzáles Vásquezcontra Alexander Jano Lijerón, Tamara JaélAbularach Gonzáles y Lorena Añez Gonzáles, la contestación de fs. 210 a 211, la concesión de fs. 213, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto en lo Civil y Familiar de Riberalta del Distrito Judicial del Benidictóla Sentencia Nº 25/2014 de 04 de agosto de 2014, cursante de fs. 163 a 166 y vta., declarando Probada la demanda en todas sus partes, en consecuencia se declara a Hilda Gonzáles Vásquez, propietaria por usucapión del lote ubicado en la Av. “Alfredo Barber”, Manzana Nº 177, Lote Nº 624, zona “C”, con una superficie de 625 mts.2 (12.50 mts. de frente por 50 mts. de fondo), Código Catastral Nº 2-16, Barrio San José, Distrito Nº 1, con las colindancias señaladas, y todas sus mejoras existentes.

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandada Alexander Jano Lijerón representado por Carmelo Manuel Jano Mejía, mediante escrito de fs. 174 a 177, que merece el Auto de Vista Nº 153/2014 de 18 de diciembre de 2014, cursante de fs. 196 a 197 y vta., que Revoca totalmente la Sentencia apelada. Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la parte recurrente:

1.Denuncia que al dictarse el Auto de Vista recurrido se ha violado flagrantemente el art. 138 del Código Civil, porque sin ningún asidero ni de hecho ni de derecho, y sin ningún fundamento se limitan solo a opinar que su mandante es “detentadora” sin considerar que la señora Hilda Graciela Gonzáles Vásquez ha demostrado que desde el año 1996 tiene en su poder usándolo, gozándolo y aprovechándolo por lo que tiene la posesión de forma quieta, pacifica e ininterrumpida, cumpliendo así con el art. 87 del CC que también ha sido violado, cumpliendo además con el corpus y el ánimo como elementos fundamentales de la posesión como se ha demostrado en la inspección sobre el inmueble (fs. 48), en el que se acredita que la demandante está en poder del bien inmueble y que por consiguiente esta inspección judicial tiene el valor legal que le atribuye el art. 427 del PC, por lo que queda en vacío el concepto de detentadora que argumentan para revocar la sentencia, porque de forma contradictoria el Auto de Vista sostiene que su mandante vive en el inmueble desde 1996 y para ello se funda en la afirmación de que en 1993 su hermana de su mandante le pidió que fuera a vivir al inmueble y esta simple afirmación es la que el Tribunal ha considerado para atribuirle la condición de detentadora, cuando lo cierto es que desde 1996 hasta el presente al ausentarse definitivamente la hermana de su mandante, que fue en 1996, ya ella posee con todos los elementos de la posesión el inmueble hasta el presente y así se infiere de la confesión de la mencionada hermana señora María Luisa Gonzáles Vásquez (fs. 26).

2. Acusa que en el Auto de Vista recurrido se ha violado el art. 1286 del CC. y 397 del PC., porque el Tribunal no ha hecho una valoración correcta y objetiva de la prueba testifical de cargo de fs. 44 a fs. 46, en la que los testigos de forma uniforme en hechos, tiempo y lugar, manifiestan que es evidente y saben que la señora Hilda Graciela Gonzáles Vásquez tiene la posesión del inmueble en forma ininterrumpida, quieta pacífica y pública, y al no valorarla ha violado también flagrantemente el art. 1330 del CC.

3. En el Auto recurrido se aplica indebidamente el art. 90 del CC. al pretender que la posesión de su mandante no es más que un mero acto de tolerancia de la señora María Luisa Gonzáles Vásquez, quien le pidió que viviera a su mandante en 1993 en el inmueble, y sin embargo no toma en cuenta que la mencionada hermana de su mandante se ausentó definitivamente y abandonó el inmueble quedando también definitivamente como poseedora la señora Hilda Graciela Gonzáles Vásquez como confiesa su mencionada hermana a fs. 26, violando también de esta manera el art. 404-II del PC.

4.  Acusa también error de derecho, porque está plenamente demostrado con las instrumentales cursantes en el cuadernillo de pruebas de cargo consistentes en los comprobantes de pago de impuestos al municipio, de servicios de luz y agua, así como por la confesión de fs. 26, las testificales de fs. 44 a 46, que demuestran  que su mandante no es detentadora sino poseedora del inmueble objeto de la presente causa, conforme al art. 87 del CC., actos que denotan que lo posee corporalmente con el ánimo de propietario, hechos y actos que el Tribunal al dictar el Auto de Vista recurrido no han valorado conforme lo previenen los arts. 1286 del CC y 397 del PC, señalando al efecto en A.S. Nº 81 del 30 de marzo de 1987 Sala Civil.

Agrega que el Tribunal de Alzada no les ha dado a las pruebas de cargo mencionadas el valor de acuerdo a los art. 1286, 1289, 1297 y 1321 todos del CC., por lo que ha incurrido en error de derecho, siendo por ello procedente la casación por imperio de los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, y conforme a lo preceptuado por los arts. 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, solicita a este Tribunal Casar el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo declare probada la demanda. 

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendola recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo, se pasa a resolver el mismo en el orden en que fue deducido.

1. Sobre su denuncia de violación del art. 138 y 87 ambos del Código Civil.

En relación a la infracción acusada, corresponde describir que el art. 138 del Código Civil preceptúa que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”; asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesiónes el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; además, resulta pertinente indicar que para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria que fue planteada por la recurrente, se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión. Con relación a la detentación, el art. 89 del Código Civil, señala que: “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a titulo universal”. En consecuencia de lo examinado se colige que para la procedencia de la usucapión no solo es necesario acreditarla ocupación física del bien inmueble por más de diez años, sinodemostrarla posesión efectiva del bien inmueble por más de diez años con la concurrenciade los dos elementos de la posesión que son: el corpus y el animus, además que dicha posesión ha sidoejercitada de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida.

Ahora bien, es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia.

En la especie, de la demanda de fs. 1 y vta., así como del acta de confesión provocada de fs. 39 y vta., se conoce que la parte actora confiesa reiteradamente (fs. 40) que el año 1996 su hermana María Luisa Gonzáles Vásquez madre de las menores Tamara JaelAbularah Gonzáles y Lorena Añez Gonzáles (propietarias entonces del bien inmueble, fs. 90 a 96, y fs.1 a4 del cuadernillo de pruebas de descargo) “le pidió que se fuera a vivir con ella porque estaba sola”, confesión que tiene el valor legal establecido por el art. 404 parágrafos I y II del Código de Procedimiento Civil,considerada además como prueba tasada por el valor probatorio que le otorgan los arts. 1321 y 1323 del Sustantivo Civil y que según Alsina: “basta por sí sola para considerar acreditados los hechos litigados, sin buscar más elementos de juicio”, de donde se infiere que la referida demandante ingresó al bien inmueble objeto de litigio en calidad de ocupante, es decir en calidad de detentadora de las propietarias precedentemente referidas, si bien con la prueba testifical de cargo (fs. 44 a 46) acredita que ante el alejamiento y ausencia de su hermana y sus hijas “continuó viviendo” en el bien inmueble, empero la misma continuódetentando la propiedad en favor de las referidas propietarias conforme se conoce de la prueba documental de fs.14 a 17, 52, y de fs. 5, 11 a 12del cuadernillo de pruebas de descargo, que acreditan un contrato de anticrético suscritoen representación de las referidas propietarias por su madre durante la gestión 2002 y la ocupación del bien inmueble por terceras personas durante las gestiones 2009, 2010 y 2011, literales que conforme al principio de comunidad de la prueba se encuentra ratificadas por la prueba documental de fs. 141 a 142 del cuadernillo de pruebas de cargo, donde se evidencia que la actora Hilda Graciela Gonzáles Vásquez en su calidad de “encargada del bien inmueble de propiedad de sus sobrinas”, asimismo, en “representación de sus sobrinas Tamara JaélAbularach Gonzáles y Lorena Añez Gonzáles propietarias del bien inmueble”,durante la gestión 2010 y 2011, da en contrato de arrendamiento y/o alquiler el bien inmueble motivo de la litis en favor de terceros, reconociendo de ésta manera la titularidad de sus referidas sobrinas sobre el mismo y de consiguiente la correspondiente posesión ejercida por las mismas sobre el bien inmueble mencionado con sus elementos: corpus y animus, prueba documental que se halla plenamente ratificada por las declaraciones de los testigos de descargo (fs. 35 a 36 y vta.), quienes conocen que la referida actora era quien cuidaba el bien inmueble de manera intermitente, de la ocupación del mismo por terceras personas en calidad de anticresistas e inquilinos, y que recientemente ha sido ocupada de manera permanente por la referida demandantey que por consiguiente su permanencia no es de 16 años; medios probatorios que no son desvirtuados por el acta de inspección judicial (fs. 48) que solo acredita la ocupación actual del bien inmueble por parte de la actora, ni por la supuesta confesión de su “hermana”, toda vez que la misma no es parte en la presente causa, máxime si tampoco las titulares del bien inmueble han dado cumplimiento a la última parte del parágrafo I del art. 59 del Código de Procedimiento Civil, haciéndose aplicable de esta manera el parágrafo II del referido artículo que dispone: “Si el principal  no se hiciere presente hasta antes de la sentencia, se tendrá por inexistente lo actuado, condenándose al representante al pago de costas y en su caso al de daños y perjuicios”, en consecuencia el apersonamiento y presunta confesión de su “hermana” no tiene la eficacia jurídica que busca la parte actora, toda vez que por disposición de la norma adjetiva civil precedentemente referida se tiene de inexistente.

No obstante, del análisis precedentemente referido, se concluye la calidad de simple detentadora de la parte actora ahora recurrente, toda vez que conforme a la “teoría de la interversión” no ha demostrado cuando su título de detentadora ha cambiado al de poseedora, más aún si ha reconocido que el derecho propietario sobre el bien inmueble motivo de litigio y de consiguiente la posesión corresponde a sus sobrinas Tamara JaélAbularach Gonzáles y Lorena Añez Gonzáles, en cuya representación la madre de las mismas ha suscrito un contrato de anticresis, lo que ha sido asumido por la parte demandante, así comoque ésta última ha suscrito contratos de arrendamiento en su representación, dando plena vigencia de ésta manera al derecho propietario de sus referidas sobrinas.

2.En relación a su denuncia de violación de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, sobre la incorrecta valoración de la prueba testifical de cargo de fs. 44 a 46; como se ha referido en el punto precedentemente desarrollado, las declaraciones testificales de cargo que cursan de fs. 44 a 46,no desvirtúan la prueba documental precedentemente examinada, porque además simplemente se limitan a responder las preguntas direccionadas, concretando que su presentante “nunca dejó de vivir ahí y que no ha dejado la casa”, sin especificar ni desarrollar en ningún momento sobre la posesión por más de 16 años aludida por la parte demandante y que la misma ha sido tambiénen forma libre, voluntaria y continuada, por lo que en definitiva dichas declaraciones no son concordantes en tiempos y hechos, menos crean certitud porque no se constituyen en testigos presenciales. Lo que no ocurre con la prueba testifical de descargo que como se refirió supra, corrobora plenamente la prueba documental de descargo producida siendo además que se constituyen en testigos presenciales de los hechos, por ser vecinos de la zona en donde se ubica el bien inmueble motivo de litigio.

En relación a lo anterior, el art. 1330 delCódigo Civilpreceptúa que: “Cuando la prueba testifical es admisible, el juez la apreciará considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, sin descuidar los casos en que legal o comúnmente se requieran otra clase de pruebas”.

De lo que se concluye que las atestaciones de los testigos de cargo han sido correctamente valoradas por el Tribunal de segunda instancia en el marco de los arts. 1286 y 1330 del Código Civil, y art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

3.Sobre su denuncia de indebida aplicación del art. 90 del Código Civil; remitiéndonos al punto 1 del presente considerando debemos concretar que del examen realizado en dicho acápite se concluye que la ahora recurrente se constituye en una simple detentadora, porque conforme a su confesión reiterada se conoce que ingreso al bien inmueble motivo de litigio en calidad de ocupante por un acto de tolerancia de su hermana, representante de las propietarias, sus hijas, en consecuencia conforme preceptúa el art. 90 del Código Civil, los actos de tolerancia no sirven de fundamento para adquirir la posesión, precepto sustantivocivil que ha sido correctamente aplicado por el Tribunal de segundo grado, desvirtuándose de esta manera el agravio denunciado.

4.En relación a su acusación de error de derecho porque estaría plenamente demostrado con las instrumentales cursantes en el cuadernillo de pruebas de cargo que su mandante no es detentadora sino poseedora del inmueble objeto de la presente causa.

Al respecto, debemos especificar que las literales adjuntas en el cuadernillo de pruebas de cargo no acreditan la posesión aludida por la ahora recurrente, porque las facturas por servicio de agua se encuentran a nombre de otra persona: María Luisa Gonzáles de Hano (fs. 81 a 18), las facturas por concepto de servicio de electricidad y de telefonía no acreditan que corresponda al bien inmueble motivo de litigio,y más aún estasson de data reciente, gestiones 2007 a 2012 (fs. 7 a 80 y 119 a 138), así como los formularios de pago de impuestos son de las gestiones 2008 y 2009 (fs. 1 a 2), por otra parte, las copias simples de recibos de fs. 139 a 140, solo ratifican lo razonada en el punto 1 del presente considerando donde se ha concretado que en la prueba documental de fs. 141 a 142, la actora Hilda Graciela Gonzáles Vásquez reconoce la titularidad de sus sobrinasTamara JaélAbularach Gonzáles y Lorena Añez Gonzáles sobre el bien inmueble motivo de litigio y de consiguiente la correspondiente posesión ejercida por las mismas sobre el referido bien, pruebas documentales que en última instancia no demuestran que la ahora recurrente hubo “intervertido” su título de detentadora a poseedora durante el tiempo de la posesión que alega, extremo que ha sido correctamente valorado por el Tribunal de alzada, por lo que se hace infundado el agravio denunciado.

Por lo referido, el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente se enmarca en lo determinado por el art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.Inum. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 2)y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en el fondo de fs. 204 a 206de obrados, interpuesto por Víctor Hugo Matorra Nogales por Hilda Graciela Gonzáles Vásquezcontra a el Auto de Vista Nº 153/2014 de 18 de diciembre de 2014, cursante de fs. 196 a 197 y vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica, Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto