TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 407/2015

Sucre: 9 de Junio 2015

Expediente: SC-9-15-S

Partes:Claudio Pinto Vargas y Sonia Escobar Zeballosc/ Yoldy Cortez de Roca y

José Luis Roca Eguez

Proceso:Reivindicación, acción negatoria, desocupación y entrega de inmueble

más pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 222 a 224, interpuesto por Yoldy Cortez de Roca y José Luis Roca Eguez, contra el Auto de Vista Nº 241 de 31 de octubre de 2014,  de fs. 218 a 219, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de reivindicación, acción negatoria, desocupación y entrega de inmueble más daños y perjuicios seguido por Claudio Pinto Vargas y Sonia Escobar Zeballos contra los recurrentes,el Auto de concesión del recurso de fs.231, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, el Juez Décimo Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 28, de fecha 26 de mayo de 2014, de fs. 194 a 195 y vta., declarando probada la demanda interpuesta por Claudio Pinto Vargas y Sonia Escobar Zeballos, disponiendo que los demandados desocupen y entreguen el inmueble objeto de Litis a favor de los actores.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por los demandados, por memorial de fs. 197 a 199, resueltapor Auto de Vista Nº 241, de fecha 31 de octubre de 2014, de fs. 218 a 219, por el que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó totalmente la Sentencia recurrida.

Resolución esta última que a su vez es recurrida de casación en la forma por los demandados, que es objeto de Autos.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


El recurrente aludiendo a ciertos actuados procesales, acusa la existencia de vicios de nulidad en la tramitación de la causa, como ser:

1.- Que el Auto de Vista se limitó a precisar que el Auto de Relación Procesal no fue  impugnado, cuando si lo hicieron pero el mismo fue rechazado con un mero decreto sin fundamentación alguna.

2.- Que la falta de inclusión de hechos a probar por su parte en el Auto de relación procesal les generó agravios y perjuicios que repercutieron en su defensa, contraviniendo lo dispuesto por los arts. 90 del Código de Procedimiento Civil, 115, 119 y 120 de la C.P.E., y 17 de la ley 025 y sancionados con nulidad conforme dispone el art. 254 inc. 7) del Adjetivo Civil.

3.- Del mismo modo acusa que el tribunal de alzada omitió pronunciarse respecto a los errores, mala aplicación y defectos procedimentales en los que se incurrió en la tramitación de la causa, como ser la falta de notificación cronológica y oportuna de los memoriales presentados por las partes, contraviniendo lo dispuesto por los  arts. 3 inc. 1), 3) 6) y 137 con relación al art. 90 del Código Adjetivo Civil; omitiendo pronunciarse del mismo modo sobre la falta de notificación a la parte contraria con el memorial de fecha 21 de febrero de 2013, vulnerándose el art. 382 del C.P.C., al igual que la denuncia realizada respecto al rechazo sin fundamentación a la solicitud de la clausura del termino probatorio, realizando un cómputo errado de fechas al efecto, que devela contradicción, incongruencia y parcialización hacia la otra parte. Del mismo modo argumenta que el decreto de 16 de abril de 2013, recién fue notificado en fecha 28 de mayo de 2013, es decir 42 días después cuando enel intermedio ya se realizaron actuados procesales como ser audiencias testificales, confesión provocada e inspección judicial vulnerándose el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, aspectos por los que se promovió incidente de nulidad que fue rechazado; por otra parte del análisis de la Sentencia apelada con relación a la admisión de la prueba de cargo, el acta de audiencia de confesión judicial, declarándonos confesos sin señalar audiencia para la apertura del sobre que contenía las preguntas, vulnerándose nuevamente el art. 90 del C.P.C.


4.- Tampoco se tomó en cuenta los fundamentos del voto disidente que detectó la infracción de los arts. 90, 190 y 192 del C.P.C., y la inobservancia de las SC 2058/2010-R y 0871/2010-Rreferidos a la falta de fundamentación en la sentencia objeto de apelación.

Por lo expuesto no se puede sustentar una Sentencia en base a una actividad procesal defectuosa, forzada y manifiestamente parcializada de la autoridad de primera instancia y los funcionarios subalternos.

Concluye solicitando se anule el proceso hasta el Auto de relación procesal de conformidad a los arts. 252, 254 num. 7) y 275 del Código de Procedimiento Civil y 17 de la Ley del Órgano Judicial.


CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Antes de ingresar a resolver la problemática traída a este Tribunal de Casación, resulta imprescindible referirnos a la configuración procesal del recurso de casación en la forma, regulada por el Art. 254 del Código de Procedimiento Civil, destacando que el mismo procede por haberse violado las formas esenciales del proceso, estableciendo varios casos de procedencia como el previsto en el numeral 7 que establece: “Faltando alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad”.

Ahora bien, la nueva forma de impartir justicia que nace a partir de nuestra norma fundamental, otorga mayor preponderancia a la consideración del derecho sustantivo de los litigantes en relación a la forma de tramitación de la causa, pues, recordemos que el proceso, como el ordinario civil, no es un fin en sí mismo, sino, es un medio a través del cual las partes en controversia pretenden el reconocimiento de sus derechos. Entonces, lo que se pretende a través de la tramitación de una causa es impartir justicia, no así la perfección procesal. Así lo entendemos a partir de los principios glosados en el Art. 180.I de la C.P.E., destacándose entre ellos, los principios de celeridad, eficacia y verdad material.

Sin embargo, lo expuesto, no implica que no deba tenerse en cuenta el derecho procedimental en la sustanciación de la causa porque constituye el mecanismo legal que brinda seguridad jurídica a las partes que desde el primer momento saben cuál la hermenéutica jurídica en base a la que se resolverán los hechos controvertidos. Por ello, cuando se acusa la existencia de errores “in procedendo” en el trámite de la causa habrá que tener en cuenta la magnituddel mismo y su incidencia en la Resolución del conflicto, lo que implica la concurrencia de los principios de especificidad, trascendencia y convalidación. Condiciones sin las cuales no se puede determinar la nulidad en el espectro del Art. 17 de la Ley Nº 025.

1.- Dicho aquello, con relación al primer agravio referido a que no sería evidente que el Auto de Relación Procesal no hubiera sido impugnado conforme se limitó a argumentar el Tribunal de Alzada, cuando en realidad este hubiera sido rechazado por un mero decreto sin fundamentación alguna; al respecto de la revisión de obrados se advierte que a fs. 53, cursa providencia de fecha 12 de enero de 2013, por el que se estableció la Relación procesal, fijando al mismo tiempo los puntos de hecho a probar por la parte actora, debido a que la demanda reconvencional interpuesta por la parte demandada fue rechazada in limine por providencia de 01 de noviembre de 2012 (fs. 47), que será objeto de pronunciamiento a tiempo de resolver el segundo agravio, actuado procesal en análisis del que se solicitó se deje sin efecto temporalmente a través del memorial de reposición de fs. 58 de obrados, el cual corrido en traslado mereció la providencia de 20 de marzo de 2013 (fs. 63),que rechazó la solicitud impetrada, notificada la parte demandada conforme sale a fs. 66, ésta no interpuso recurso alguno contra dicho proveído, más al contrario a través del memorial de fecha 12 de abril de 2013 cursante a fs. 75 y vta., solicitaron expresamente la -clausura del término probatorio-, convalidando de esta forma la aparente nulidad en que hubiera incurrido el Juez A quo, al no realizar reclamo alguno, debido a ello, existió convalidación tácita del mismo, respecto de lo decidido por el Juez de la causa, precluyendo su derecho a reclamar sobre dicho aspecto nuevamente en etapa casacional y menos aún alegar indefensión, puesto que por propia voluntad consintieron esa forma de Resolución, dejando que cobre ejecutoria la decisión asumida por la referida autoridad judicial. Máxime si conforme el art. 16.I de la Ley del Órgano Judicial dispone: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”; es decir, que por regla los Tribunales deben conservar los actos procesales procediendo a la anulación solo cuando dicho vicio procesal afecte al debido proceso y el derecho a la defensa reclamados en el plazo oportuno reconocido por ley a los litigantes, de lo contrario quedará cubierta por el consentimiento tácito de las partes, como sucedió en el caso de Autos, consiguientemente, este agravio carece de fundamento.

2.- Con relación al segundo agravio referido que la falta de inclusión de hechos a probar de su parte en el Auto de Relación Procesal, aspecto que les hubiera generado perjuicios en su defensa, contraviniendo lo dispuesto por los arts. 90 del Código de Procedimiento Civil, 115, 119 y 120 de la C.P.E., y 17 de la Ley 025; al respecto se tiene que una vez citados con la demanda los hoy recurrentes, por separado respondieron afirmativamente a la demanda de reivindicación, empero alegaron que los mismos ingresaron al inmueble en calidad de cuidadores del inmueble objeto de Litis, correspondiéndoles que se les haga un pago justo por dicho trabajo, fundamento alegado para plantear demanda reconvencional de “pago de sueldos o remuneración”, demandas reconvencionales que fueron rechazadas por el Juez de la causa, por proveídos de 27 de septiembre de 2012 y 01 de noviembre de 2012 (fs. 42 y 47), con el argumento de que “las acciones por pago de salarios o beneficios sociales se tramitan en la vía social o laboral” a cuyo efecto se declaró incompetente para su sustanciación conforme la última providencia señalada, que fue objeto de la interposición de recurso de reposición con alternativa de apelación mediante memorial de fs. 57, el cual una vez concedido en efecto devolutivo, fue resuelto por el Tribunal de Apelación por Auto de Vista Nº 173, de fecha 07 de mayo de 2013, por el que se confirmó totalmente los decretos objeto de impugnación (Resolución de Vista que no fue objeto de impuganacion), consiguientemente se tiene que dicha reclamación carece de sustento, por haber sido ya objeto de pronunciamiento por un tribunal de Apelación que confirmo la Resolución de primera instancia con el fundamento de que las demandas en índole laboral, son de competencia exclusiva del Juez de trabajo de conformidad a lo dispuesto por la Ley 025, es decir, que dicho agravio traído a casación ya fue objeto de pronunciamiento fundamentado por el Tribunal de segunda instancia que conoció la apelación interpuesta contra los decretos que fueron impugnados vía reposición con alternativa de apelación, como correctamente advirtió el Tribunal de Alzada.

3.- Con relación al tercer agravio referido a que el Tribunal de Alzada no se hubiera pronunciado sobre los errores, mala aplicación y defectos procedimentales en los que el Juez de la causa hubiera incurrido en la sustanciación del proceso, al respecto diremos que si el recurrente consideraba que el Tribunal Ad quem omitió pronunciarse sobre algún agravio reclamado en apelación, debió solicitar complementación respecto al punto o puntos que consideraba que no fueron objeto de pronunciamiento conforme la facultad que le otorga el art. 239 con relación al art. 196 del Código de Procedimiento Civil, pues si consideraba que se ha generado una irregularidad o un vicio procesal sancionado con nulidad, al haberse vulnerado derechos fundamentales como componentes del debido proceso, debió de hacer notar dicho aspecto en su debida oportunidad y no en etapa del recurso de casación, como erradamente pretende el recurrente, habiendo precluido su derecho a realizarlas en etapa casacional de conformidad a lo dispuesto por el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial.Maxime si los recurrentes pretenden se pronuncie sobre aspectos omitidos por el Juez de primera instancia, cuando el recurso de casación se encuentra estructurado para alegar cuestiones en que hubiere incurrido el tribunal de apelación.

4.- Encuanto a que no se hubiera tomado en cuenta los fundamentos del voto disidente relativos a la falta de fundamentación en la Sentencia, advirtiendo la  infracción de los art. 90, 190, 192 del Código de Procedimiento Civil, así como las  Sentencias Constitucionales referidas a la falta de fundamentación; al respecto cabe aclarar que un voto disidente constituye esencialmente una opinión divergente que emite uno de los miembros del Tribunal u órgano colegiado respecto a la decisión tomada por la mayoría de sus miembros, que viene a ser, en el caso presente el Auto de Vista que cuenta con dos votos conformes, consiguientemente los fundamentos que contiene esta Resolución es la que debe ser objeto del recurso de casación y no los fundamentos del voto disidente.

Por lo referido precedentemente, corresponde a este Tribunal fallar de conformidad a lo dispuesto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en la forma interpuesto por Yoldy Cortez de Roca y José Luis Roca Eguezcontra el Auto de Vista Nº241, de 31 de octubre de 2014. Con costas.

Habiéndose dado respuesta al recurso, se regula el honorario profesional del Abogado patrocinante delos demandantes en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda Dra. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto