TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL



Auto Supremo: 406/2015

Sucre:09 de junio 2015

Expediente:        CH-5-15-S

Partes: Empresa Nacional de ferrocarriles (ENFE) representada por Mirtha Angélica Rojas Peralta. c/Luzmila Martínez Vda. de Zuna.

Proceso:Nulidad de Escritura Pública y otros.

Distrito:Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 474 a 478 vta., interpuesto por Luzmila Martínez Carreño Vda. de Zuna,contra el Auto de Vista  Nº 02/2015 de 08 de enero de 2015 pronunciado por la Sala Civil,Comercial y Familiar Segundadel Tribunal Departamental de justicia de Chuquisaca, cursante de fs. 465 a 466, en el proceso ordinario de Nulidad de Escritura Pública y otros, seguido por Mirtha Angélica Rojas Peralta (presidenta a.i. de ENFE) en representación de ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles)contra Luzmila  Martínez de Zuna, la respuesta al recurso de fs. 482-482 vta.,el Auto de concesión de fs. 483, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO        I: ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juezde Partido quinto en lo Civil Y Comercial de Sucre,dicta Sentencia Nº 27/2014 de 09 de junio de 2014, cursante de fs. 430 a 435 vta., declarando IMPROBADA la demanda interpuesta por Mirtha Angélica Rojas Peralta en representación de ENFE por memorial de fs.55 a 57 vta., de obrados, sobre Nulidad de Escritura Pública y otros contra Luzmila Martínez Vda. de Zuna,PROBADA la demanda reconvencional de Acción Negatoria cursante de fs. 339 a 344 interpuesta por Luzmila Martínez Carreño de Zuna, ubicado en la zona de la estación del Ferrocarril de El Tejar, denominado “El Jardín” de la ciudad de Sucre.

Resolución que es apelada por ENFE (mediante su asesor legal: Fernando Martin Gamboa Lanza), por escrito de fs. 438 a 440 y vta.,que mereceAuto de Vista 2/ 2015 de 08 de enero de 2015, cursante defs. 465 a 466, queANULA OBRADOS hasta fs. 58 (decreto de admisión), debiendo el Juez A quo declinar competencia en razón de la cuantía a un Juzgado de Instrucción en materia Civil de la Capital.Resolución de alzada que es recurrida de casación  por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de Casación en la Forma, se establecen los siguientes puntos:

Refiere que el Auto de Vistaal anular habría otorgado más de lo pedido, ya que ENFE en la apelación pidió Revocar la Sentencia y no anular el proceso, violentando así los arts. 16 y 17 de la Ley 025 que limita la anulación a excepcionales casos donde hubo indefensión.Que debió ser el A quo quién a tiempo de admitir la demanda vea el tema de la fundabilidad y/o proponibilidad de la misma, y no a estas alturas del proceso que resulta ser una burla al debido proceso y una total falta de respeto a sus derechos.

Acusa al Tribunal de alzada haber equivocado su fallo de nulidad por razón de la cuantía, siendo que en el formulario único de recaudaciones de pago del impuesto anual de inmuebles, constaría que el inmueble tendría un valor de Bs. 686.123 como base imponible que resulta de la suma del valor del lote y la construcción, entonces refiere  que en razón de esa cuantía inferior a 80.000 que resulta no ser así, es que el Tribunal de alzada no habría valorado documental presentada causando de esta manera pérdida de tiempo y dinero.

Atribuyeque el Auto de Vista recurrido habría vulnerado los arts. 115 y 178 -1 de la Constitución Política del Estado, relativos al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente, sin dilaciones, la celeridad entendida como la prontitud en los actos procesales a objeto de brindar la tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la justicia.

En base a estos elementos expuestos, concluye solicitando queinterpone recurso de casación pidiendo que el Tribunal de Casación oriente sobre la correcta aplicación de las Normas Procesales referidas a los casos de anulación de obrados y disponga la dictación de uno nuevo en observancia del debido proceso legal, anulando el Auto de Vista recurrido en sujeción a la legalidad y al debido proceso.


CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del contenido del Recurso en la forma, analizado el mismo, permite realizar las siguientes consideraciones.

Respecto a que el Auto de Vista recurridohabría equivocado su camino, en el entendido de que en la apelación se habría pedido revocar la Sentencia y no anular obrados, que ese razonamiento realizado por el Ad quem en razón de la cuantía sería equivocado.

Al respecto, corresponde analizar la demanda en sí, a efectos de asumir determinaciones, así, de su revisión, se tiene que a tiempo de interponer la acción de Nulidad de Escritura Pública y otros, cursante de fs.55 a 57 vta., no se ha fijado ni determinado cuantía alguna, aspecto que no ha sido observado por la parte demandada a tiempo de ser citada con la misma, contestando y reconviniendo (fs. 339 a 344 ) sin realizar ningún reclamo con relación a la indeterminación de la cuantía, toda vez que, si las partes hubieran considerado que la cuantía de la demanda no estaba claramente definida en un determinado monto, sin embargo, no lo hicieron permitiendo que el proceso se desarrolle con una cuantía indeterminada, convalidándose la misma por consentimiento tácito de ambas partes. En ese entendido el Juez competente es aquel que admitió la demanda incoada por la parte actora y admitida la misma por la parte demandada al haberse sometido a un proceso con cuantía indeterminada, fue convalidado dicho acto, no existiendo posibilidad de objetar lo consentido, permitiendo que se substancie ante el Juez de Partido en la cuantía consentida por las partes pues de obrados se advierte que los recurrentes no han interpuesto ningún recurso reclamando este aspecto, que ha quedado convalidado por sus propias actuaciones dentro del  proceso, al margen de que no causa gravamen ni conculcación alguna a las partes.


Asimismode la revisión de obrados, se puede evidenciar a fs. 438 a 440 vta., el asesor legal de ENFE (demandante), interpone recurso de apelación haciendo una relación de agravios  que no han sido motivo de resolución en Sentencia, en los que no se refiere ni por asomo al tema de la incompetencia por razón de la cuantía; En tanto que el Auto de Vista Nº 2/2015 resulta  razonando respecto al testimonio de la Escritura Pública 21/97 de fecha 16 de enero de 1997 “Que implica la cuantía máxima de sólo 9.000 $us. (Nueve mil dólares americanos) no existiendo por tal razón atribución legal conferida a un Juez de Partido en materia civil y Comercial, para conocer cuantía inferiores a 80.000 Bs”.

Por lo que concluye anulando obrados hasta el decreto de admisión de la demanda de fs. 58 declinando competencia del Juez de Partido en razón de la cuantía a un Juez de Instrucción en materia civil de la Capital.


Asimismo corresponde señalar que es deber de todo juzgador velar porque el proceso que está bajo su conocimiento, sea tramitado sin vicios que conlleven a la nulidad de obrados. En ese sentido, bajo los nuevos principios en los que se sustenta la justicia ordinaria, contemplados en el art. 180-I de la Constitución Política de Estado y replicados en la Ley No. 025 en su art. 30, y de manera particular respecto a las nulidades procesales, el artículo 16 y 17 de la misma norma señalan:

“Artículo 16. I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley.


II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”.


Del precepto legal citado precedentemente se infiere que en cuanto a las nulidades procesales se debe tener en cuenta que no se trata solo de la defensa de las formalidades procesales previstas en la ley, malentendidas hasta hace poco como ritos o reglas de imperativo cumplimiento, sin tomar en cuenta si la misma trasuntaba en mayor o menor beneficio para las partes y para el proceso en sí, hoy se considera a las mismas como una medida a asumir en casos extremos en los que de su aplicación depende la garantía de que el proceso se desarrollará en resguardo de los derechos de las partes, rigiendo para las mismas, principios específicos que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad.


Así, el principio de trascendencia, que orienta en sentido de que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona a las partes en conflicto, la magnitud y la afectación que provoca el alejamiento o conculcación de las formalidades prescritas por la norma, para optar por la nulidad como remedio último y siempre que se trate del debido proceso, de manera particular en su vertiente del derecho a la defensa y resulte realmente insubsanable el vicio acusado.


Por otra parte, resulta atinente al caso, el principio de protección, que establece que la nulidad resulta justificable en su petición, cuando los intereses de las partes o de terceros queden en indefensión con la emisión de una Resolución, pudiendo ser pedida la nulidad solo por quien tenga interés cierto y directo para ello, en virtud del daño que le provoca el vicio.


En ese entendido podemos citar el A.S. 425/2014 que señala: “La legislación jurisdiccional ordinaria desarrollada posterior a la Constitución de 2009 impuso atención especial al régimen de nulidades procesales por la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se controvierten, que emerge de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la Ley Suprema, que indica que “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciéndose que es política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos escollos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional pretendida.


En esa medida, es indiscutible resaltar que la nulidad procesal es una medida de ultima ratio, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que es limitativo aplicar una nulidad procesal si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, por lo que no es permisible para el juzgador fundar en ese acto irregular la nulidad por su sola presencia, sino que deberá compulsar la trascendencia de aquel de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, esa misma lógica se percibe en la Ley Nº 439, sobre la nulidad en los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto”.


Por lo anterior y como se había expresado, en materia de nulidades procesales rigen principios citados que deben ser observados para declarar la misma; es decir que no puede determinarse nulidad sin la existencia de una ley específica que así la determine, tampoco hay nulidad sin perjuicio que haya sufrido la parte y finalmente no existe nulidad si no se reclamó de manera oportuna lo observado, considerándose más bien convalidado el consentimiento.


Que respecto a la cuantía en el presente proceso, debe tomarse en cuenta que en el tema de inmuebles y de su valor económico, la tendencia es la de ir aumentando su valor año tras año, de forma además que el valor asignado en el año 1997  ya no sería el mismo, sustentándose lo aseverado en el formulario único de recaudaciones de la gestión 2009 (fs. 122), donde se tiene que el valor del terreno es de Bs.- 676.200.- y de la construcción Bs.- 9.923.-, deduciendo que no se ha transgredido la competencia aludida. De lo que se establece que el entendimiento al que han llegado los de instancia fue erróneo.


Por las razones expuestas, corresponde a éste Tribunal Supremo de Justicia fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del citado Código de Procedimiento Civil, en relación a lo dispuesto por el art. 254 num. 4) del citado Código, toda vez que con esa determinación el Tribunal Ad quem soslayó pronunciarse sobre el recurso de apelación deducida contra la Sentencia y resolver así la controversia sometida a su competencia.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferidapor el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y el art. 106 de la ley Nº 439 del Código Procesal Civil,ANULA el Auto de Vista Nº 2/2015 cursante de fs. 465 a 466, disponiendo que sin espera de turno y previo sorteo se pronuncie nueva resolución, que guarde el principio de congruencia previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.


No siendo excusable en error en el que han incurrido los Vocales, se impone responsabilidad en multa que se regula en un día de su haber mensual.


De conformidad a lo previsto en el art. 17 par. IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Quinto