TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL



Auto Supremo: 396/2015

Sucre: 09 de junio 2015

Expediente: PT - 8 15S

Partes: Betzabé Saavedra Estrada.c/Sady Mendoza Ugarte, María Antonieta

Torres Cárdenas y María Nilda Ugarte Gárate.

Proceso: Reivindicación de inmueble.

Distrito:Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondointerpuesto por Gustavo Adolfo Calvo Ugarte en representación de María Nilda Ugarte Gárate, de fs. 329 a 334, y el recurso de casación en el fondo planteado por María Antonieta Torres y Jhonny Alex Urzagaste en representación de Sady Mendoza Ugarte, de fs. 343 a 346 vta., en contra del Auto de Vista Nº 195/2014 de 10 de diciembre de 2014, cursante de fs. 314 a 316, pronunciado por la Sala Civil Comercial del Tribunal Departamental de Justicia dePotosí, dentro del proceso ordinario de reivindicación de inmueble seguido por Betzabé Saavedra Estrada contra los recurrentes; las respuestas de fs. 339 a 339 vta., y fs. 349, fs. 351; el Auto de concesión de fs. 351 vta.;los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Betzabé Saavedra Estrada, adjunto literales a 14 fs., demanda de fs. 15 a 16, y fs. 19, amparada en los arts. 56-II de la Constitución Política del Estado, 105-I y II y 1453-I del Código Civil, manifiesta que el3 de julio de 2007, adquirió en calidad de compra un inmueble en la Av. Murillo Nº 19, zona Plan 40 de la ciudad de Potosí, mediante testimonio de propiedad Nº 080/2007 debidamente registrado contando con plano de propiedad aprobado por el Municipio de Potosí. El 2009, María Nilda Ugarte Gárate ingresó a dicho inmueble violentamente por lo que inició acción penal por despojo cuya sentencia fue de condenapero en dicho proceso aquella manifestó que había emigrado a Cochabamba y que a la fecha, su hijo Sady Mendoza Ugarte y esposa habitaban el inmueble, los cuales vienen detentando el mismo ocasionándole perjuicios económicos, varias veces les reclamó su devolución obteniendo por respuesta amedrentamientos por lo que pide la restitución de dicho inmueble. 

Sady Mendoza Ugarte, responde, plantea excepciones y reconviene defs. 41 a 43, refiriendo que el 2006 la demandante era su amiga y abogada con quien se trasladó a la ciudad de La Paz donde residía la propietaria del inmueble en cuestión y de esta manera, el 25 de marzo de ese año, adquirió el mismo tal como se acredita por la documentación, de ello existe una prelación de derecho propietario, y lo único que tiene la demandante es el registro a su nombre, e indica que un año antes ya estuvo en posesión del inmueble y desde esa fecha vive ininterrumpidamente. Con posterioridad a la venta admite que existió una relación sentimental que nada interfiere en la adquisición del inmueble ya que la dejó con un departamento ubicado en la calle Enrique Viaña Nº 104, como se acredita. La condición sine quanon para la reivindicación es haber tenido posesión previa y especial ya que para perder la posesión tendría que haber poseído antes, extremo que no ocurre. Reconviene por prescripción adquisitiva ya que desde el 25 de marzo de 2006 posee en forma continua e ininterrumpida habiendo cancelado impuestos, trabajos adicionales, al haber transcurrido desde esa fecha más de siete años.

Sustanciado el proceso en primera instancia,mediante SentenciaNº 017/2014 de 13 de mayo de 2014, de fs. 252 a 259, el Juez Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Potosí, declaróprobada la demanda de reivindicación del inmueble disponiendo la reivindicación del mismo en el plazo de 10 días de ejecutoriada la presente resolución en favor de la demandante; improbadas las excepciones perentorias interpuestas por el demandado.

En grado de apelación, el Auto de VistaNº 195/2014 de 10 de diciembre de 2014, emitido por la Sala Civil Comercialdel Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, de fs. 314 a 316, confirmó totalmente la Sentencia; contra dicha resolución la parte demandada recurre en casación.

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IPUGNACIÓN:

Recurso de casación de María Nilda Ugarte Gárate representada por Gustavo Adolfo Calvo Ugarte:

En el fondo:

El A quo y el Ad quem han incurrido en error de hecho en la valoración de la prueba por lo siguiente:

1. La demanda fue dirigida contra Sady Mendoza Ugarte y María Antonieta Torres Cárdenas quienes aparentemente ocuparían el inmueble pero se le acusa de haber ingresado violentamente el 2009, iniciándosele proceso por despojo.

2. El juez de la causa ordena ampliar la demanda en su contra sin justificar ni fundamentar tal decisión forzando dirigir la demanda contra terceros.

3. La demandante confesó que ella no estaba en posesión de la cosa.

4. Pero en el proceso no se demostró que estaba en posesión de la cosa para sustentar su reivindicación ni existe prueba idónea para ello.

5. En Sentencia se señala que la demandante acreditó queSady Mendoza Ugarte y María Antonieta Torres Cárdenas han despojado y ocupan actualmente el inmueble, y que anteriormente, 2009, fue despojada porMaría Nilda Ugarte Gárate, incluyéndola al proceso por voluntad del Juez y no de la demandante.

6. No existe elemento probatorio que demuestre el despojo del que ha sido acusada. La declaración de las dos testigos de fs. 206 y 207 no le señalan como autora del desapoderamiento; la supuesta sentencia del Juez de Sentencia no tiene relevancia por tratarse de copias simples, carecen de firmas ni sellos.

7. El Juez forzó la participación de una persona ajena al conflicto entre la actora y su concubino, respecto a las copias de fs. 12 a 15, en apelación se manifestó que la sentencia no tiene calidad de cosa juzgada está pendiente el recurso de casación en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La certificación que acredita dicho extremo se hizo valer en segunda instancia donde la actora ni reconoció ni lo negó, sin embargo, el Ad quem ha señalado, sobre dicha certificación, que no desvirtúa la prueba de cargo y menos justifica para declarar la revocatoria parcial de la sentencia, violando el principio de verdad material.

Aplicación indebida de la Ley, art. 1453 del Código Civil:

La acción de reivindicación solo procede contra el poseedor o detentador de la cosa; la demandante afirmó de ella que tenía domicilio en la ciudad de Cochabamba y luego, paradero desconocido adjunto el acta de juramento de dicho paradero, significando que tiempo de iniciar la demanda, durante el proceso y hasta la dictación de la Sentencia, no estaba en posesión de la cosa menos detentaba, se la involucró en la demanda por error de apreciación del Juez y por ignorancia del Ad quem.

En la forma:

1. El Auto de Vista no se pronunció sobre la expresión de agravios conforme el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, expresión que debe ir junto a la fundamentación, sin embargo, la resolución carece de fundamentación porque no se refiere en lo más mínimo al recurso de apelación, fundamentación que debe ir con la nueva línea constitucional, por esa carencia se solicitó explicación y motivación cuyo puntos merecieron respuestas evasivas a ingresar al fondo de la apelación eludiendo la explicación y complementación que constituye violación al debido proceso.

2. Estando en vigencia los 30 días para dictar resolución el que se vencía el 14 de diciembre de 2014, el 9 de diciembre, en Secretaria de Cámara le informaron que no había ninguna resolución, el 15 de diciembre cuando volvió y pese a que ya se había cumplido el plazo de los 30 días, no había Auto de Vista anotándose ese hecho en el cuaderno de observaciones lo mismo había realizado la demandante el día 12 pasado, por lo que el mismo 15 de diciembre presentó el memorial de fs. 319 haciéndose conocer la pérdida de competencia del Vocal relator, pero curiosamente en horas de la tarde del mismo día le notificaron con el Auto de Vista Nº 195/2014 que supuestamente hubiese sido dictado el 10 de diciembre, la prueba de ello está en el registro en el Libro de Tomas de Razón efectuado el 15 de diciembre, este fraude fue puesto a conocimiento del Consejo de la Magistratura, la resolución recurrida es nula.

Con base en los antecedentes descritos, pide se Case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

Recurso de casación en el fondo interpuesto por Sady Mendoza Ugarte representado por María Antonieta Torres y Jhonny Alex Urzagaste:

A. Violación de la Ley.- La demandante no ha demostrado que tiene el derecho a la legitimación activa porque no demostró tener posesión sobre el inmueble requisito para que se aplique el dispositivo normativo, y ello debe revestir de valor probatorio acreditándose el momento en el cual sufrió la desposesión, no el registro en Derechos Reales, en qué momento Sady Mendoza Ugarte ingresa a despojar el derecho cuando quien adquirió fue el mismo, cuál el momento en que María Antonieta Torres Cárdenas lesionó sus derechos y cual la obligación contractual de entrega a la demandante. María Nilda Ugarte Gárate no se encuentra en posesión del bien, se desconoce su domicilio y paradero.

No existe obligación de Sady Mendoza Ugarte de devolver el bien si él lo adquirió un año antes del registro a favor de la demandante, y la adquisición fue efectuada por él y por la actora. Con los derechos que posee ha efectuado una conciliación sobre el bien litigado por lo que conforme los arts. 180 y 181 del Código de Procedimiento Civil, la conciliación tiene carácter de cosa juzgada formal y material. Respecto a María Antonieta Torres Cárdenas no se ha identificado su obligación de entrega porque no se indicó la fecha en la cual habría ingresado al inmueble, si éste es legal o ilegal. Respecto a María Nilda Ugarte Gárate, se señala que debe restituir el bien pero ha sido notificada mediante edictos y se ha juramentado su paradero desconocido.

Los Vocales no toman en cuenta que en el proceso deben existir dos medios fundamentales de prueba, la documental y testifical las cuales se encuentran ausentes para demandar la reivindicación, los documentos de compraventa de fs. 1 a 4, han sido refutados.

B. Aplicación indebida del art. 236 del Procedimiento Civil.

El Auto de Vista carece de motivación o fundamentación normativa, se limita a la transcripción de Autos Supremos sin emitir su correcta valoración y apreciación jurídica, sin que exista la debida interpretación doctrinal aplicable, no explica porque utiliza como precedentes, cuál el carácter de analogía civil, no se cita ninguna disposición legal, no recurren a la opinión de algún tratadita ni menciona un caso de jurisprudencia, la resolución es incompleta.

En base a lo señalado, pide se Case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare probada la anulación de todo el proceso y sea hasta la demanda, se anule obrados.

CONSIDERANDO III:        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

  1. Recurso de casación de María Nilda Ugarte Gárate:

Habiendo esta parte presentado recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde ingresar a resolver en principio las cuestiones de forma toda vez que de comprobarse perjuicios o vulneraciones en esa vía, corresponderá la anulación del proceso o de la resolución recurrida, resultando intrascendente ingresar a resolver las cuestiones de fondo cuando ya está dispuesta la anulación.

Recurso de casación en la forma:

Acusa de que: El Auto de Vista no se pronunció sobre la expresión de agravios conforme el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, a la vez carece de fundamentación; el recurso de apelación de fs. 284 a 286, gira en torno a que el Juez amplió en su contra la demanda acusándola por despojo pero no existe ningún medio probatorio que acredite tal despojo, la Sentencia del Juez de Sentencia Nº 1 no puede servir de sustento porque no se ha ejecutoriado ya que está pendiente el recurso de casación, y de ahí que la sentencia adolece de prueba.Sin embargo, del Auto de Vista se advierte que el Tribunal de Alzada se ha referido a sus agravios señalando que no son evidentes los fundamentos de la apelación porque no se demuestra el error de hecho o de derecho en los que hubiera incurrido el A quo o que hubiera vulnerado lo dispuesto por el art. 219 y 227 del Código Procedimiento Civil, más aun si no se ha podido desvirtuar la prueba documental de cargo. Más adelante señala que, en cuanto a la prueba aportada en esta instancia, por María Nilda Ugarte Garate, consiste en certificado franqueado por Secretaría de la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia de fs. 310, el mismo que de ninguna manera desvirtúa la prueba de cargo y menos justifica su petitorio para declarar la revocatoria parcial de la Sentencia que solicita en su memorial de fs. 311.

La acusación de falta de fundamentación, la recurrente no obstante, omite explicar en qué consistiría esa falta de fundamentación, únicamente indica que  la resolución no se refiere que en lo más mínimo a lo expresado en el memorial de apelación, que realiza transcripciones de pensamientos ajenos y jurisprudencia pasada, alude a la sentencia constitucional Nº 1246/2013 señalando que la misma se refiere a la fundamentación; sin embargo, la mencionada sentencia constitucional está referida a la exigencia de motivación de las resoluciones que es otro elemento de la garantía del debido proceso, teniendo en cuenta que la fundamentación alude a que ha de expresarse con precisión el o los preceptos legales aplicables al caso, al contrario, la falta de fundamentaciónsignifica la carencia o ausencia de tales requisitos, constituye una violación formal y ocurre cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto.En una resolución, la obligación de fundamentación se da por cumplida cuando en la misma se expresan las normas legales aplicables. Revisado el Auto de Vista recurrido, no se advierte tal ausencia pues existe la vinculación de normas al caso concreto y con esa operación lógica el Ad quem cumplió con ese deber ya que conforme a la valoración que dio  a la prueba, estableció los hechos y los subsumió en normas legales.

Se debe tener presente que después de pronunciada la Sentencia (o Auto de Vista), conforme al art. 196 concordante con el 239 del Código Adjetivo de la materia, el Juez tiene facultades de corregir de oficio algún error material o aclarar algún concepto oscuro o suplir alguna omisión en que se hubiera incurrido, que no signifique afectar el fondo de la resolución, ése es el objeto de la explicación y complementación, en ese entendido, el auto de fs. 324 ha sido meridianamente claro al absolver los puntos solicitados en calidad de explicación y complementación por la recurrente.

Respecto a la acusación de:Pérdida de competencia del Vocal relator cubierto por un acto de fraude procesal, que al cumplirse el plazo para dictar resolución se anotó ese hecho en el libro de observaciones, y ese mismo día, 15 de diciembre, presentó memorial advirtiendo de la pérdida de competencia; lo que puede observarse en el proceso es la constancia de sorteo de la causa en fecha 14 de noviembre de 2014, a fs. 313,conforme la nota sentada por el Secretario de Cámara de la Sala Civil Comercial y la emisión del Auto de Vista recurrido, el 10 de diciembre de 2014, es decir, la emisión dentro del plazo señalado en la norma, sin embargo, no se advierte que en el memorial de explicación y complementación de fs. 322, que las partes hayan hecho notar esta aparente omisión con la finalidad de que el Tribunal Ad quem explique respecto de la pérdida de su competencia y aclare si se consignó otra fecha distinta a la de emisión del fallo, al no haber ejercido este derecho, el Ad quem no se vio obligado ni constreñido a efectuar aclaraciones ni explicaciones del caso, las cuales deben ser exigidas exclusivamente al Tribunal de segundo grado que, como afirma la recurrente, constaen el libro de observaciones, empero, de acuerdo a las notas cursantes de fs. 326 a 328, se tiene la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, instancia a la que corresponde legalmente atender el conflicto, no obstante, se debe hacer notar que, conforme al art. 16-I de la Ley del Órgano Judicial, no puede retrotraerse el procedimiento a menos que la irregularidad o vicio procesal se hubiera reclamado oportunamente y que de paso vulnere el derecho a la defensa, aspectos que en el presente caso no han sido demostrados, por lo que al no existir sustento para el recurso en esta vía, éste deviene en infundado.

Recurso de casación en el fondo:    

El primer agravio se resume en que: En el proceso no se demostró que estaba en posesión de la cosa, empero, la Sentencia indica que la demandante fue despojada el 2009 por María Nilda Ugarte Gárate pese a que no existe prueba que demuestre dicho despojo. En apelación indicó que la sentencia dentro del proceso por despojo (Nº 05/2011 de 8 de mayo) se presentó en copias simples y carece de firmas y sellos, no tiene calidad de cosa juzgada y que está pendiente el recurso de casación en la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo; respecto de la certificación aportada franqueada por la mencionada Sala, el Ad quem señalaque no desvirtúa la prueba de cargo, dicho razonamiento carece de lógica pues denota que el Vocal no tuvo el cuidado de leer la expresión de agravios de la apelación y contrastarla con los datos del proceso. De la revisión de los datos del proceso se tiene a fs. 310, certificación de Secretaría de la Sala Penal Liquidadora de 13 de octubre de 2014, acreditando el recurso de casación presentado por el apoderado de María Nilda Ugarte Gáratedentro del proceso penal por el delito de despojo informándose queel mismo se encuentra con radicatoria. De otro lado se tienenlas actas de declaración testifical de descargo de fs. 195 a 197 y a fs. 200, verificándose que el testigo Rodolfo Condori Delgado señaló que el codemandado Sady Mendoza Ugarte y su madre vivían en el inmueble, el testigo Carlos Villa Zambrana señaló que primeramente vino a vivir la Sra. Nilda Ugarte y al año siguiente, el Sr. Mendoza. El testigo José Francisco Ayllon Nava Morales refirió que Sady vivió desde la fecha que compró el inmueble posteriormente vivió su mamá el 2007 ya no vive su mama, actualmente vive con la Sra. Torres, finalmente, Freddy Guillen Sánchez señalo que vivía juntamente su mamá, la Sra. Nilda ya no vive en esa casa, vive con su actual esposa la Sra. María Antonieta Torres.

De acuerdo al parágrafo I, art. 1453 del Código Civil, uno de los requisitos para que proceda la acción de reivindicación es que un tercero debe estar poseyendo o detentando la cosa a reivindicarse; específicamente, la reivindicación compete contra el actual poseedor de una cosa que la hubo por desposesión o despojo, equiparándose la desposesión a despojo sin importar si ha mediado o no violencia, y está orientada a condenar al demandado a restituir el bien del cual es poseedor.

En el segundo agravio acusa aplicación indebida de la Ley, art. 1453 del Código Civil: La demandante en su demanda afirmó que María Nilda Ugarte Gárate tenía domicilio en la ciudad de Cochabamba, y luego, paradero desconocido, significando que tiempo de iniciar la demanda, durante el proceso y hasta la dictación de la Sentencia, no estaba en posesión ni detentaba la cosa; la parte actora en su demanda refirió que en el año 2009, María Nilda Ugarte Gárate ingresó a su domicilio violentamente por lo que le siguió acción por despojo cuya sentencia fue de condena, que en esa oportunidad la demandada habría manifestado que cambió de domicilio a la ciudad de Cochabamba y que actualmente su hijo Sady Mendoza y esposa habitarían el inmueble. A fs. 275, la demandante prestó juramento de desconocimiento de domicilio y paradero de María Nilda Ugarte Gárate, tomando en cuenta que la presente demanda se inició en el mes de abril de 2013, refiriendo hechos ocurridos en el año 2009, constituyendo la demanda de reivindicación, conforme el art. 1453-I del Código Civil, una acción a favor del propietario que ha perdido la posesión de una cosa dirigiéndose contra quien la posee o detenta que le permita recuperar la misma, no obstante, de acuerdo al art. 1454 de la citada norma, dicha acción es imprescriptible ya que el propietario en cualquier tiempo puede intentar la acción porque no existe plazo para tal pretensión.

  1. Recurso de casación en el fondo deSady Mendoza Ugarte:

En su primer agravio acusa de violación de la ley: Debe precisar el momento en el que sufrió la desposesión acreditando desde cuando adquirió la posesión, no el registro en Derechos Reales, no se indica el momento de ingreso de Sady Mendoza a despojar del supuesto derecho de la demandante, y cuál la obligación de entrega un año antes de registrar el inmueble; ha existido conciliación sobre dicho bien, cuál es la obligación de restitución que tuviera María Antonieta Torres Cárdenas; de la revisión de los antecedentes del proceso se tiene que Sady Mendoza Ugarte, a tiempo de apersonarse y responder a la demanda, aparejó en calidad de prueba, de fs. 37 a 40 vta., copias legalizadas de la Sentencia Nº 15/2010 de 26 de abril de 2010, dentro del proceso sumario de nulidad de minuta de transferencia de inmueble en cuya parte dispositiva se declaró probada la demanda disponiéndose nula la minuta de compraventa del inmueble objeto de la controversia, suscrito el 20 de marzo de 2009 entre Sady Mendoza Ugarte y la parte actora. Asimismo, se tiene de fs. 51 a 53 copias legalizadas del Auto de Vista Nº 05/2011 de 25 de enero, que confirmó en su totalidad la Sentencia referida anteriormente.

De otro lado, se evidencia el testimonio de propiedad Nº 80/2007 de fs. 3 a 6, de protocolización de compraventa de inmueble celebrado entre José Edgar Miranda Avilés y la actora sobre el inmueble objeto de la controversia; el folio real a fs. 8, matrícula 5.01.1.01.0012938 en cuya titularidad sobre el dominio se registra  a Saavedra Estrada Betzabe (asiento Nº 2); plano de propiedad de fs. 9. El art. 105 del Código Civil, concibe el derecho propietario de una persona al señalar que el mismo es un poder jurídico que le permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil y corporal, y el solo hecho del título le faculta, además, el derecho de reivindicar la cosa, por lo que para su procedencia, conforme señalamos precedentemente, debe acreditar, entre otros presupuestos señalados en el precitado art. 1453-I, que el propietario haya perdido la posesión del bien y que un tercero esté poseyendo o detentando la cosa; dicha pérdida de la posesión, pudo haber ocurrido, por ejemplo, como consecuencia de un despojo cometido por el demandado, como en el presente caso, despojo que no fue desvirtuado en el sub lite y dicho proceso se acreditó con la certificación de fs. 310, y las declaraciones testificales de descargo que de manera uniforme han señalado que en principio ingresó al inmueble la Sra. María Nilda Ugarte Gárate y posteriormente su hijo Sady Mendoza Ugarte y esposa María Antonieta Torres.

Respecto al segundo agravio acusando: Indebida aplicación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, referido a la pertinencia de la resolución ya que el Auto de Vista carece de fundamentación y motivación, se limita a la transcripción de autos sin emitir valoración y apreciación jurídica, no existe interpretación de la doctrina legal aplicable, no cita ninguna disposición legal menos recurre a la opinión de algún tratadista; la fundamentación y motivación de una resolución judicial hace referencia a un requisito formal que debe contener la misma, por tanto, este agravio debió haber sido interpuesto mediante recurso de casación en la forma y no en el fondo como se lo hecho en el presente recurso. La supuesta falta de fundamentación ya fue explicada en el primer punto del análisis del recurso de casación en la forma correspondiente a la co-recurrente a cuyo contenido debemos remitirnos; respecto a la motivación debemos señalar que lamotivación en las resoluciones, que es otro elemento del debido proceso, es el deber de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, consiguientemente una resolución o sentencia debe contener una exacta adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Al contrario, la falta de motivación ocurre cuando se omite expresar las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en la norma jurídica. De la revisión del Auto de Vista recurrido se tiene que éste se encuentra debidamente motivado especialmente a través de los epígrafes “Recurso de apelación” y “Sentencia impugnada” en las que se ha expuesto las razones que llevan a emitir la resolución, y además de fundamentar y vincular con las normas jurídicas aplicables al caso, el Ad quem ha citado jurisprudencia y ha precisado conceptos para motivar su fallo, de donde resulta que la acusación no tiene sustento deviniendo el agravio en infundado.

Por los motivos precedentemente expuestos, al no haberse verificado error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, aplicación indebida y violación de los arts. 1453 y 1454 del Código Civil, corresponde a este Tribunal de Casación emitir resolución en la manera que determinan los arts. 271 num. 2)  en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por  el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, y en aplicación delos arts. 271num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declaraINFUNDADOS el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por María Nilda Ugarte Gárate, y el recurso de casación en el fondo planteado por Sady Mendoza Ugarte, en contra del Auto de Vista Nº 195/2014 de 10 de diciembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de reivindicación de inmueble seguido por Betzabé Saavedra Estrada contra los recurrentes. Con costas.

Se regula el honorario profesional en Bs.1.000,oo (Un Mil Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda.Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto