TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                      S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 395/2015

Sucre: 9 de junio 2015

Expediente: LP - 21 15 S

Partes: José Adolfo Campos Machicao c/ Irene Vera Velásquez y Willy Clavijo

            Portugal

Proceso: Anulación de escritura pública, acción reivindicatoria y negatoria,

               cancelación de matrícula y reposición de partida computarizada; pago

               de daños y perjuicios

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1236 a 1238 y vta., interpuesto por Irene Vera Velásquez representada por Julio Justiniano Suxo Burgoa, contra el Auto de Vista Nº 358, de 21 de octubre de 2014, de fs. 1231 a 1234, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre anulación de Escritura Pública, acción reivindicatoria y negatoria, cancelación de matrícula y reposición de partida computarizada; pago de daños y perjuicios seguido por José Adolfo Campos Machicao contra Irene Vera Velásquez y Willy Clavijo Portugal; la respuesta al recurso de fs. 1242 a 1243 y vta.; el Auto de concesión de fs. 1244; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

José Adolfo Campos Machicao, adjunto literales a 57 fs., reformula demanda a fs. 386 a 389, amparado en los arts. 554-1) y 4), 547, 1453, 1455 y 984 del Código Civil, manifestando que es propietario del terreno ubicado en la región de Calacoto Av. Las Retamas, Manzana A-4-159, lote Nº 21 de 1.000 m2 de superficie, registrado el 23 de julio de 1978, adquirido de su anterior propietario mediante Escritura Pública Nº 431 de 22 de julio de 1968, quien a la vez adquirió el año de 1967; su anterior propietario poseía título ejecutorial Nº 034510 de 1960, por entonces ese lugar se denominaba ex fundo Calacoto Alto, resultando que su propiedad tiene tradición y si bien el terreno no estaba construido se encontraba amurallado a cargo de un cuidador. Ocurre que mientras se encontraba en la ciudad de Cochabamba donde se desempeña como profesional, en 1990, cuando el terreno aun no tenía cuidador, la Sra. Rebeca Tapia Morris había tramitado un proceso de usucapión e inscrito la Sentencia con la partida y fs. 1002, por lo que inmediatamente inició demanda de nulidad de dicha escritura de propiedad cuya Sentencia de 1992 declaró probada su demanda y la nulidad de la Sentencia de usucapión con la cancelación de la partida y la reivindicación de su terreno, en apelación fue confirmada dicha Sentencia y recurrida de nulidad ante la Corte Suprema, pudo recuperar su terreno. Sin embargo,  cuando se encontraba en quieta y pacifica posesión del terreno al cuidado de un portero, en el 2006 encontró la puerta con otra chapa y los vecinos le informaron que ya había otro dueño porque creyeron que había vendido el lote. La Escritura Pública Nº 93/2006 de 23 de junio de 2006, a nombre de Irene Vera Velásquez no puede surtir efecto alguno porque fue falsificada, falsificadas sus firmas y rúbrica en la minuta y protocolo, suplantado su documento de identidad, no existía consentimiento mucho menos recibió un centavo. Estando en investigación dicha falsificación y en pleno trámite del presente proceso, Irene Vera Velásquez transfirió el terreno a una tal Eva Jannet García Condori, por lo que también es anulable dicha venta. Plantea acción reivindicatoria y negatoria ya que estando en quieta y pacífica posesión, Irene Vera Velásquez munida de documentos fraudulentos ingresó a su propiedad cambiando el seguro de la puerta haciendo habitar a terceras personas, ocurriendo esto el 23 de junio de 2006, cuando faccionaron la minuta con el supuesto vendedor llegándose a enterarse en noviembre de ese año, no pudiendo ingresar a su propiedad.  Corresponde la reivindicación y lanzamiento (desapoderamiento), niega a Irene Vera Velásquez y a su esposo, Willy Clavijo Portugal, cualquier derecho que pretendan sobre su terreno, se disponga el pago de daños y perjuicios por haberle causado daños materiales y morales. 

Willy Clavijo Portugal representado por Carlos Eduardo Moscoso, de fs. 473 a 476 y vta., responde y reconviene por daños y perjuicios, refiriendo que el demandante está demandando la anulabilidad de la Escritura Pública Nº 93/2006 por falta de consentimiento y por dolo según el art. 554- 1) y 4) del Código Civil, empero, estas causales son contradictorias y excluyentes entre sí dado que la falta de consentimiento es la ausencia de éste en la formación del contrato, y el dolo invalida el consentimiento; en la suscripción de la mencionada escritura, sin embargo, no ha ocurrido ninguna de las dos circunstancias; no precisa en qué forma habría perdido la posesión habiendo perdido la misma al vender el inmueble a su esposa; no existe fundamento para una demanda de reivindicación porque no ha perdido la posesión involuntariamente sino voluntariamente ha transferido, la acción negatoria tampoco tiene fundamento así como el pago de daños y perjuicios porque no le ha causado perjuicio alguno ni es responsable por los supuestos daños que se le estaría ocasionando, al contrario se le está ocasionando a él.

Irene Vera Velásquez, de fs. 478 a 480, responde y reconviene por daños y perjuicios acusando que la demanda es defectuosa porque no designa la cosa con exactitud, claridad y precisión, demanda la anulabilidad de la Escritura Pública Nº 93/2006 por falta de consentimiento y por falta de dolo amparado en el art. 554-1) y 4) del Código Civil, pero estas causales son excluyentes y contradictorias entre sí, ya que para la formación del contrato es necesario el consentimiento expreso o tácito, el art. 482 de la norma citada, el dolo invalida el consentimiento, vale decir, que en la causal de anulabilidad por dolo se ha dado el consentimiento pero el mismo se invalida cuando para ese consentimiento se ha utilizado engaños, de no haber mediado esos engaños no se habría contratado, por ese motivo el consentimiento y dolo son contradictorios puesto que el primero supone ausencia y el segundo existió, no obstante, en la Escritura Pública no concurrieron ninguna de estas causales; no señala de qué manera habría perdido la posesión del inmueble pero lo hizo de manera voluntaria al transferirle el inmueble y por ello, la Escritura Pública no tiene causa ilícita, no es un contrato ilícito ni contiene error esencial, no existe error sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato por lo que es una perfecta compraventa, no hubo violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa, así como tampoco existe fundamento para la reivindicación porque ésta se demanda cuando se ha perdido la posesión sin su voluntad que no es del caso presente, de ahí que la acción negatoria tampoco tiene fundamento ni es responsable por ningún daño causado, contrariamente se le ocasiona daños y perjuicios con la demanda, gastos económicos y dispendio de recursos por lo que éstos deben ser reparados por el actor.    

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 122, de 17 de marzo de 2014, de fs. 1195 a 1199 y vta., declaró Probada en parte la demanda de anulabilidad de contrato, acción negatoria, reposición de partida en Derechos Reales y pago de daños y perjuicios, únicamente con relación a Irene Vera Velásquez, e Improbada con relación a Willy Clavijo Portugal, e Improbada la demanda reconvencional interpuesto por José Adolfo Campos Machicao, Irene Vera Velásquez y Willy Clavijo Portugal, sobre pago de daños y perjuicios, disponiendo: la anulabilidad de la Escritura Pública Nº 93/2006 de 23 de junio, y la cancelación de su partida Nº 2.01.0.99.0109450; en ejecución de Sentencia la reposición de partida en Derechos Reales bajo el registro Nº 01367778 de 13 de agosto de 1983. Se proceda a la reivindicación del inmueble dentro de tercero día bajo apercibimiento de desapoderamiento por sus actuales poseedores y ocupantes, negando cualquier derecho que pudieren aligar la demandada Irene Vera Velásquez y Willy Clavijo Portugal; se condena en pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de fallos. 

En grado de apelación, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 358, de 21 de octubre de 2014 de fs. 1231 a 1234, confirmó la Resolución Nº 224/2011 de fs. 463-464, la Resolución Nº 213/2011 de fs. 460-461, la Resolución de fs. 513 de 23 de abril de 2012, el Auto de fs. 557 de 8 de octubre de 2012, al Sentencia y el Auto de 25 de marzo de 2014 de fs. 1200 vta.; Resolución contra la cual la co-demandada recurre de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De los términos del recurso se resume lo siguiente:

Se indica que el apelante acusó de no haberse valorado las pruebas de fs. 119-259, 263 y 1141; el Ad quem no ha dado cumplimiento al art. 1-I y 397 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el A quo no valoró correctamente las pruebas, agravándose cuando el Ad quem avala esa conducta.

Se señala que la designación del defensor de oficio de los posibles herederos del demandante únicamente incumbe a los legitimados y no a terceros, olvida el Juez Ad quem la aplicabilidad de las normas jurídicas de obligatorio cumplimiento conforme el art. 90 y 55 del Adjetivo Civil. Por la amplia jurisprudencia, el Juez de la causa tiene el deber previsto en el art. 3-1) del procedimiento civil, que es velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad.

Acusa de que el Ad quem enuncia preceptos que no vienen al caso señalando que no constituye error y no produce agravios, hizo conocer en su apelación de la cita impertinente de normas con las cuales se fundamentó la Sentencia interpretando mal con falta absoluta de sindéresis jurídica.

Señala que en el Considerando IV num. 4 el Tribunal Ad quem afirma que el propietario que ha perdido la posesión corporal puede reivindicarla de quien la posee o la detenta, entonces dónde queda lo establecido por el art. 450 del Código Civil.

Se indica que sus títulos de propiedad no son oponibles a terceros ni surten efectos legales, siendo que sí son oponibles hasta tanto que la Sentencia que declare su anulabilidad se encuentre plenamente ejecutoriada. Los títulos de propiedad reúnen las condiciones estipuladas en el art. 1538 del Codigo Civil.

Alega que el estudio grafo técnico no fue obtenido con su consentimiento del cual el Juez señala que es el medio para llegar a la verdad, validan un estudio obtenido irregularmente sin conocimiento de los sujetos procesales. La falsedad debió ser probada y declarada por un Juez penal, han transgredido los art. 380, 430, 431 y 432 del Código de Procedimiento Civil. Señalan que no se habría desvirtuado el dictamen pericial, sin embargo, no había necesidad de ello porque al haber sido obtenido de forma dolosa no es prueba en derecho, y al señalar que es válida la misma  conculcan sus derechos al debido proceso y defensa.

En base a estos antecedentes solicita Casar el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el primer agravio acusa de que: El A quo no valoró correctamente las pruebas de fs. 119-259, 263 y 1141, cual fue avalado por el Ad quem incumpliendo los arts. 1-I y 397 del Código de Procedimiento Civil. La recurrente sustenta el presente recurso de fondo en el art. 253 numerales 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil. La mencionada disposición señala: “Procederá  el recurso de casación en el fondo: 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”; es en ese sentido que el recurrente está obligado a demostrar el error de derecho o error de hecho en que hubiere incurrido el Juez en su valoración, esto significa que no puede limitarse a acusar la valoración incorrecta, es decir, errónea valoración de la prueba sino que consiguientemente debe explicar en qué consiste o de qué manera ha sido erróneamente valorada la prueba demostrando de contrario cuál era la forma que a criterio del recurrente debería haber sido valorada explicando en lo posible dónde se encontraría la equivocación del juzgador. En el caso de Autos, la recurrente a través de su apoderado hace apenas mención de las fojas en que cursan tales pruebas en el expediente omitiendo especificar las incorrecciones o errores que habría cometido el Juez a tiempo de valorar la prueba a la que alude incurriendo en generalizaciones y abstracciones sin hacer una crítica legal, es decir, sin referirse a los errores de apreciación de derecho, o los errores de hecho los cuales deberían acreditarse con documentos o actos verídicos que sustenten la equivocación del Juez de la causa. Tal ha sido esta omisión que el Ad quem señaló que la tarjeta prontuario de la recurrente de fs. 119, el certificado de matrimonio de aquélla con el codemandado de fs. 259, la copia simple del folio real de fs. 260 o la copia legalizada de la Escritura Pública de fs. 261-263, solo sirven para informar los datos personales de la recurrente mas no enervan ninguna pretensión del actor; de ahí se tiene la necesidad de describir el error de derecho o de hecho en la valoración de la prueba.

El segundo agravio señala: El Ad quem indica que la designación de defensor de oficio de posibles herederos del demandante únicamente incumbe a los legitimados y no a terceros, solo los sucesores del de cujus pueden expresar este extremo, pero olvida la aplicabilidad de normas de obligatorio cumplimiento conforme el art. 90 del Adjetivo Civil, de la citada norma, pues después de muerto el actor, se aplica el art. 55 del Adjetivo Civil, se realizan las publicaciones de ley, se continua con el trámite, se nombra defensor de oficio para los posibles herederos que no se apersonan. Por la amplia jurisprudencia, el Juez de la causa tiene el deber previsto en el art. 3-1) del procedimiento civil, que es velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad y al no haber designado deja en indefensión a terceros herederos. En su apelación (fs. 1207-1210) se observa que la recurrente reclama diciendo que en la declaratoria de herederos se salvaguardaron los derechos de terceros, y que sin embargo, con la sola afirmación de José Adolfo Campos Cabrera (hijo del demandante) se continuó con la tramitación del proceso olvidando designar defensor de oficio. Este agravio fue absuelto por el Ad quem señalando que únicamente los sucesores del de cujus están llamados por ley para hacer valer sus derechos y no la recurrente quien no tiene esa calidad ni explica de qué forma sus derechos pudieron ser vulnerados por esta supuesta omisión. Efectivamente, la recurrente no puede alegar perjuicio en nombre de otro cuando este aparente perjuicio no se le ha causado directamente a su persona, en todo caso, si hubo perjuicio efectivo correspondía acudir en reclamo a dichos terceros o herederos del demandante, sin embargo, verificado el proceso no cursa ese extremo, contrariamente acreditado que fue el deceso del actor, mediante providencia de fs. 1129 vta., se dispuso la suspensión de la tramitación y se procedió a la citación a los herederos mediante edictos (fs. 1135-1137), procediéndose finalmente a disponer la sucesión procesal (providencia de fs. 1166) en el heredero que se hizo presente asumiendo defensa; en ese sentido no se comprueba el reclamo de la recurrente quien, tendría además que demostrar la manera en que ese supuesto reclamo le ha afectado en sus intereses y derechos. No obstante, este agravio debió ser cuestionado en la vía del recurso de casación de forma.

En su tercer agravio acusa: En su apelación hizo conocer que se enunciaron preceptos que no vienen al caso ya que existe error en la indicación de la norma jurídica en la que se fundamentó la Sentencia lo que significa que el Juez ha interpretado mal pero el Ad quem señala que no constituye error y no produce agravios con falta absoluta de sindéresis jurídica. Si bien en este supuesto agravio no se especifican aquellas disposiciones legales que el Juez habría enunciado de forma impertinente, sin embargo se advierte de la apelación que en ésta se hizo referencia en que el A quo concluyó que la valoración de la prueba la efectuó en base al art. 297 del Adjetivo Civil de la materia, de ahí el reclamo. Ciertamente la mención a ese artículo constituye un error material subsanable como ha señalado el Ad quem, que no afecta la totalidad menos el fondo de la Sentencia como pretende creer la recurrente ya que más que un error es una errata (equivocación en lo impreso o manuscrito) llamada así por encontrarnos en una era digital; en todo caso, debió reclamarlo mediante explicación y complementación para que el Juez proceda a corregir este desliz, y si aun así, consideraba que éste le produce un agravio, de manera cierta y efectiva, debió observarla por el recurso de forma.   

En el cuarto agravio señala: “El Tribunal Ad quem afirma que el propietario que ha perdido la posesión corporal puede reivindicarla de quien la posee o la detenta, entonces dónde queda lo establecido por el art. 450 del Código Civil”. Evidentemente, conforme el parágrafo I del art. 1453 del Código Civil, el presupuesto para ejercer la acción reivindicatoria es que el propietario del bien o la cosa haya perdido la posesión que ejercía sobre aquéllos; se ha llegado a establecer que en el curso del proceso la recurrente no ha desvirtuado los extremos demandados por el actor dado que ni afirma ni niega la transferencia limitándose a emitir conceptos, señalándose que en ese sentido, las presunciones como ser la prueba pericial (documentológica) concordante con la observación intelectiva de las firmas consignadas en el protocolo (fs. 20-21), en la minuta de compraventa (fs. 22-22 vta.) y en el memorial de demanda, las que no son coincidentes entre sí, dichas presunciones al tener carácter de graves, precisas y concordantes fueron admitidas por el Juez A quo, entonces, lógico es suponer que no hubo acuerdo para constituir entre el demandante, hoy fallecido, con la recurrente la relación jurídica a la que se hace referencia en el art. 450 precitado.      

En el quinto y último agravio acusa al Ad quem, respecto a los numerales 5 y 8 del IV considerando de la Resolución recurrida, de señalar que: Sus títulos de propiedad no son oponibles a terceros ni surten efectos legales, siendo que sí son oponibles hasta tanto que la Sentencia, que declare su anulabilidad, se encuentre plenamente ejecutoriada, hasta tanto el Tribunal Supremo así lo disponga. Los títulos de propiedad reúnen las condiciones estipuladas en el art. 1538 del Codigo Civil; la anulabilidad sirve para impugnar un acto o contrato viciado, con el objeto de eliminar el daño que deriva de él para quien fuese obligado a respetar el negocio. El contrato expuesto a la anulabilidad produce sus efectos mientras no se lo impugna y, precisamente por esto, cuando prospera la acción el contrato desaparece con efectos retroactivos, en virtud del art. 547 del Código Civil, disposición que de manera general señala que las Sentencias que declaran la anulabilidad de los contratos, se retrotraen al nacimiento del mismo y lo hacen desaparecer liberando a las partes de las obligaciones aparentes que tenían. En consecuencia, los títulos de propiedad referidos por la recurrente, es decir, la Escritura Pública Nº 93/2006 de 23 de junio de 2006 (fs. 20-21), al ser declarada su anulabilidad y al tener esta declaración efecto retroactivo, lógicamente aquella no surte efectos frente a terceros debido a que desaparece el registro y por tanto la publicidad requeridos por el art. 1538 del Código Civil.

Finalmente, en el sexto agravio señala: El estudio grafotécnico fue obtenido sin su consentimiento del cual el Juez señala que es el medio para llegar a la verdad, validan un estudio obtenido irregularmente sin conocimiento de los sujetos procesales. Si hubo falsedad ésta debió ser probada y declarada por un Juez penal por lo que no tiene ninguna validez. Que no se habría desvirtuado el dictamen pericial, pero no había necesidad de ello porque la misma fue obtenida de forma dolosa y no hace prueba en derecho, al darle validez conculcan sus derechos al debido proceso y defensa.  

Este punto de reclamo ya fue analizado en el cuarto agravio, a dicho efecto corresponde remitirnos al mismo.

Por los fundamentos precedentemente expuestos, no habiéndose sustentado ni fundado los reclamos acusados en el recurso de casación, corresponde a este Tribunal de Casación emitir Resolución de conformidad a lo previsto por el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fondo interpuesto por Irene Vera Velásquez representada por Julio Justiniano Suxo Burgoa, contra el Auto de Vista Nº 358, de 21 de octubre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre anulación de Escritura Pública, acción reivindicatoria y negatoria, cancelación de matrícula y reposición de partida computarizada; pago de daños y perjuicios seguido por José Adolfo Campos Machicao contra Willy Clavijo Portugal y la recurrente. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto