TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 379/2015

Sucre: 2 de junio 2015                                                               Expediente: T 6 15 A                                                                    Partes: Federación de Maestros Urbanos. c/         Jorge Osvaldo Bedregal Palomo,

             María Emilia Sanjinéz de Bedregal.

Proceso: Reivindicación.                                                

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 99 a 100 vta., interpuesto por Teodocio Quispe Ticona en representación de la Federación de Maestros Urbanos de Tarija, contra el Auto de Vista Nº 05/2015 cursante fs. 95 a 97 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija en el proceso ordinario de reivindicación, seguido por la Federación de Maestros Urbanos de Tarija  contra Jorge Osvaldo Bedregal Palomo  y María Emilia Sanjinéz de Bedregal; el Auto de concesión de fs. 101 y vta., los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Zulma Silvia Chungara Burgos, por memorial de fs. 26 a 28 y vta., adjuntado las literales de fs. 1 a 15, subsanada de 42 a 43, 44, 54 54 vta., y 76, y posteriormente Teodocio Quispe Ticona (ambos) en representación de la Federación de Maestros Urbanos de Tarija interponen demanda de reivindicación, ante el Juzgado de Partido Sexto en lo Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en la vía ordinaria contra Jorge Osvaldo Bedregal Palomo y María Emilia Sanjinéz de Bedregal, argumentando que dicha Federación habría comprado en fecha 17 de julio de 1961 del señor Bernardo Navajas Trigo un terreno con una superficie de 8. 434 mt2, sin embargo desde el año 1964 en una forma abusiva y arbitraria se habrían realizado ventas ilegales sin la autorización de las bases del magisterio urbano, que luego de varias transferencias que no pudieron lograr posesionarse en el terreno, hasta que en la actualidad habrían adquirido los esposos Jorge Osvaldo Bedregal palomo y María Emilia Sanjinéz de Bedregal, venta realizada el 12 de marzo de 2012.

Con esos antecedentes refieren ser legítimos propietarios del bien inmueble y tener el derecho a reivindicar el mismo.

Presentada la demanda, en fojas 30 vta., la Jueza de Partido Tercero en lo Civil de Tarija, con carácter previo dispone 7 puntos a subsanar, entre los cuales de inicio se subsanan algunos y no así el punto 7 referido a adjuntar Folio Real del inmueble, cuya reivindicación se pretende por lo que la Jueza en fs. 43 vta., otorga 10 días hábiles para subsanar el mismo, de igual manera la Jueza en fs. 44 vta., respecto al punto 2 que establece que la parte actora debe aclarar la fundamentación fáctica con relación a la jurídica, tomando en cuenta que la reivindicación es una acción acordada a favor del propietario que hubiere sufrido desposesión del bien de su propiedad, aclarando los hechos a que reconoce que existe una compra venta a favor de los demandados, para lo cual concede un nuevo plazo de 15 días para ambos puntos.

Ante el incumplimiento nuevamente la Jueza, (en fs. 55) conmina y concede por última vez el plazo de 10 días para la presentación del Folio Real y no así certificado de tradición del inmueble del que era dueño. A lo que la parte actora solicita al juez oficio para Derechos Reales y fotocopia legalizada (fs. 62), expidiéndose el mismo donde se solicita remisión de Folio Real (fs. 63), posteriormente ante insistencia de la Jueza la parte actora cumple y aclara demanda (fs. 76) ampliándola.

Con esos antecedentes la Jueza de Partido Tercero en lo Civil de la ciudad de Tarija mediante Auto Interlocutorio Definitivo de 02 de septiembre de 2014 cursante de fs. 78 a 79, RECHAZA LA DEMANDA POR SER MANIFIESTAMENTE IMPROPONIBLE. Debiendo la parte demandante hacer valer sus derechos en la vía Legal que corresponda.

Contra ese Auto Interlocutorio Definitivo, la parte actora, de fs. 81 a 83 vta., interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública - Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por Auto de Vista resolución Nº 05/2015 cursante de fs. 95 a 97, CONFIRMA el Auto apelado, sin costas por no haber contraparte.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación en el fondo se tiene lo siguiente:

Refiere que su demanda es clara puesto que se habría iniciado un Proceso Ordinario de Reivindicación contra adquirentes, manifestando que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que gozaba; por lo tanto quien no tenía derecho a la propiedad, tampoco podría transmitir a otros el derecho de propiedad, por consiguiente como propietario tendría la acción de reivindicación contra los adquirientes sean de buena o mala fe.

Acusa que el A quem habría desconocido la verdadera jerarquía de la Constitución Política del Estado y su poder por sobre todas las leyes, al haber obviado ventas ilegales que se llegaron a legalizar con un simple Folio Real, siendo además partícipe con el quehacer de la A quo con una notoria complicidad.

Finalmente solicita anular obrados del proceso hasta donde legalmente corresponda y que la señora Jueza Tercero de Partido se excuse del conocimiento de la presente causa, con el propósito de dejar sin efecto todo lo actuado por existir violaciones a la Ley Procesal que causarían indefensión en desmedro de sus sagrados derechos.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del recurso, se tiene que el recurrente a través de su representante, Teodocio Quispe Ticona refiere que el Tribunal de segunda instancia hubiera “obviado ventas ilegales”, legalizando lo ilegal, en desconocimiento del art. 51.V de la Constitución Política del Estado que señala “que el patrimonio tangible e intangible de las Organizaciones Sindicales es inviolable, inembargable e indelegable”.

Al respecto previamente es preciso mencionar que la reivindicación, está definida como la acción real que le asiste al propietario "no poseedor" frente al poseedor "no propietario", de ello se tiene que el art. 1453 del sustantivo Civil en lo referente a la acción reivindicatoria, considerada como una acción de defensa de la propiedad, contempla ciertos requisitos para su procedencia, la doctrina orienta que tres son los supuestos para la acción reivindicatoria: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado o destituido de ésta; c) que la cosa se halle plenamente identificada. De manera que conforme señala el art. 1453 del CC, el Juez deberá determinar la reivindicación de la cosa “de quien la posee o detenta” respecto al propietario. Por lo que ante la demanda de reivindicación corresponde a los jueces de instancia analizar y verificar el derecho propietario de quien demanda esta acción, para recién ordenar la reivindicación del inmueble, de manos del poseedor en favor de quien fuera propietario.

No obstante la existencia de los documentos cursantes de fs. 8 a 11 (certificado de tradición y treintañal de Derechos Reales) que según la parte actora otorgaría  plena prueba valor y certeza a esta acción, se puede claramente  apreciar que se trata de documentos que si bien acreditan que en fecha 18 de julio de 1961 se habría registrado la compra venta realizada por esta federación, no obstante también enumera 30 transferencias realizadas en favor de distintas personas, que para efectos de este proceso carece de absoluto valor ya que el tema en discusión no son las ventas o transferencias realizadas, sino la certeza del derecho propietario correspondiente a la Federación de Maestros Urbanos de Tarija en la superficie de 8.434 m2 reclamada, que para el caso de autos se verifica que gran parte de esa superficie fue transferida en otro tiempo, tal como se verifica del Folio Real que contempla la partida vigente Nº 6.01.1.01.0009331 (fs.70 a 71) en tal sentido el mencionado vendedor a partir de ese instante y en virtud a esas ventas, se desprendió de su derecho de propiedad, consecuentemente dejó de contar con la titularidad del bien objeto de litis.

En cuanto a que si las condiciones transaccionales de las mismas (ventas) fueron malas o ilegales, no corresponden ser parte del análisis de este proceso( aun en el supuesto de que dichas ventas  fueran ilegales las mismas mantienen su validez entre tanto no sean declaradas ineficaz vía resolución judicial ejecutoriada), puesto que el enfoque de la demanda reside en la demanda de reivindicación, situación esencial respecto al derecho propietario que no pudo ser enmendada por el demandante, por lo que la Federación de Maestros Urbanos no tendría base sustentable para la demanda de reivindicación; cuyo título anteriormente inscrito habría sido modificado por haberse operado la transferencia del derecho propietario en favor de otros y de los hoy demandados, mismos que cuentan con titularidad registrada y folio real vigente en la oficina de Derechos Reales.

Se tiene entonces que, el A quo previamente evaluó los fundamentos empleados en la demanda así como la documental aparejada con respecto a la acción reivindicatoria, es así que examinó el cumplimiento de requisitos que la mencionada acción requiere, siendo indispensable que el demandante acredite su derecho propietario (requisito indispensable) sobre el inmueble que reclama, concluyendo que la parte actora no pudo probar la fundabilidad de su acción en los extremos sostenidos en su demanda, de esta manera en base a este primer requisito (propiedad) surge el siguiente presupuesto de procedencia de la acción reivindicatoria, cual es “la pérdida de la posesión por acción de una tercera persona”.

Corresponde entonces señalar que para la procedencia de la acción reivindicatoria, establecida por el art. 1453 del Código Civil, debe tomarse en cuenta que la citada norma establece que “I) El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, es decir que la acción reivindicatoria puede ser invocada por quien en primer término cumpla con ser propietario, de la lectura se entiende claramente que el accionante,  en primer lugar de acuerdo al numeral I) debe ser propietario, (no haber perdido de ninguna forma esa propiedad) sin embargo en este caso en particular el mismo reconoce de las “ventas ilegales” por lo que no tendría partida vigente en Derechos Reales cursante en fs. 70 a 71 de obrados.

Respecto al agravio referido a que los fundamentos de su demanda serían claros, que se habría iniciado una demanda reivindicatoria contra adquirentes, quienes habrían adquirido de forma ilegal, porque ellos no tuvieron derecho a la propiedad y que por lo tanto no podrían haber transmitido ese derecho de propiedad, razón por la que  habrían interpuesto la demanda de reivindicación.

Concluyendo que respecto a la tantas veces invocada “venta ilegal” que habrían suscrito entre vendedores y compradores, que si bien versa e intenta defender ese derecho propietario que la parte demandante habría obtenido en el año 1961, no desvirtúa la venta que habrían efectuado todos los que en su momento representaron “bien o mal” a este gremio, de forma tal que si de atacar las mismas se trata, la acción reivindicatoria no sería la pertinente así con los argumentos esgrimidos y menos con los documentos presentados de forma que no corresponde su análisis, por cuanto la acción reivindicatoria tiene por objeto recuperar la posesión  del derecho de propiedad  y no evaluar la eficacia estructural de un negocio jurídico (compra venta) caso para este ultimo están las acciones de nulidad o anulabilidad.

En ese antecedente se concluye que de ninguna manera el Ad quem habría violentado la norma constitucional alegada en el recurso, tampoco los demandantes probaron lo manifestado,  por lo que los agravios resultan no ser evidentes.

De la improponibilidad objetiva de la pretensión.-

Este Tribunal Supremo de Justicia, conforme al criterio adoptado por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha desarrollado la aplicación de la teoría de la improponibilidad objetiva de  la pretensión, así citamos el Auto Supremo Nº 101/2014 de 16 de marzo de 2014 en el que se expuso lo siguiente: “Que, frente a la interposición de una demanda el Juez tiene el deber de efectuar un primer examen de admisibilidad en atención al art. 327 del Código de Procedimiento Civil, el cual según la citada norma, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza ex ante a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la Litis en la Sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in límine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.        
El rechazo in limine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible el resultado sería un inútil dispendio porque su pretensión está destinada al fracaso.

Como sostiene Peyrano en su obra “El proceso atípico” pag. 63: “Pues es inadmisible que dentro del orden de un Estado de derecho, un órgano del Estado permita por su pasividad que se propongan, sustancien o reclamen derechos sobre situaciones jurídicas que la ley categóricamente prohíbe. Demandas de tal naturaleza son inicialmente infundadas, y el deber del juez es repelerlas de oficio” y está bien que así ocurra. Ser juez hoy en día requiere algo más que ser el testigo de un duelo. Requiere ser su director, debiendo entonces controlar las armas, procurar que la lid sea leal y evitar en lo posible mayores males…”.

La aplicación de la improponibilidad objetiva de la pretensión resulta ser saludable en la administración de justicia, que de ser evidente, debe ser aplicado por los jueces de instancia, esto con la finalidad, de evitar un insulso trámite para que a la larga el operador judicial, defina por declarar improbada la pretensión porque el ordenamiento jurídico no permite acoger dicha pretensión

Examinado el Auto de Vista Nº 05/2015 se tiene que el  razonamiento realizado por el Ad Quem fue correcto, porque  precisó que el demandante no ha demostrado su derecho de propiedad sobre el inmueble cuya reivindicación pretende, por lo que no corresponde la acción intentada, resultando también no ser fundados los reclamos efectuados por la parte recurrente, siendo correcto el entendimiento y la interpretación realizada en relación a la aplicabilidad del art. 1453 del Código Civil. Porque precisamente el demandante a más de manifestar uno y otro argumento, no ha demostrado con título idóneo su calidad de propietario y de titular del bien inmueble objeto de la Litis, lo que de por si hace inconsistente los agravios denunciados.

Conforme a lo desarrollado y en virtud a toda la prueba aportada en el curso del proceso, se tiene que la Federación de Maestros Urbanos de Tarija no pudo probar justamente el punto relativo al derecho propietario actual que le asiste, en relación a lo establecido en los arts. 56 de la Constitución Política del Estado  y 1453.I, 105 y 1538 del Código Civil.

Finalmente cabe resaltar que el hecho de que se hayan realizado transferencias ilegales no sustenta a la parte actora ni son elementos justificados o argumentos para cuestionar la viabilidad de la acción reivindicatoria, pues si consideran que se realizaron ventas a espaldas de su organización, debieran optar por la vía correspondiente activando procesos que resuelvan y aclaren las mismas.

Por lo que corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los  arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por Teodocio Quispe Ticona en representación de la “Federación de Maestros Urbanos de Tarija”, contra el Auto de Vista Nº 05/2015 cursante de fs. 95 a 97. Sin costas por no haber contraparte.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto