TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L


Auto Supremo:376/2015

Sucre:2 de Junio 2015

Expediente:SC- 10- 15- S

Partes:Misael Pérez Gervacio c/ Adonay Cortez Pérez y Víctor Hugo Ortiz Cortez

Proceso:Nulidad de escritura de adjudicación municipaly Otros

Distrito:Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 619 a 623,interpuesto por Víctor Hugo Ortiz Cortez,contra el Auto de Vista 225, de 03 de octubre de 2014 de fs. 579 a 581 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el procesoNulidad de escritura de adjudicación municipal de lote de terreno, nulidad de escritura de transferencia, nulidad de inscripción en Derechos Reales y cancelación de matrícula computarizadaseguido por Misael Pérez Gervaciocontra de Adonay Cortez Pérez y Víctor Hugo Ortiz Cortez,la contestaciones de fs. 626 a 629, el Auto de concesión de fs. 630, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez13° de Partidoen lo Civil de la Ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 66 de 23 de diciembre de 2013, cursante a fs. 512 a 515, falla declarando PROBADA la demanda de nulidad y cancelación de registro, saliente a fs. 22 a 25, interpuesta por MISAEL PEREZ GERVACIO, en contra de ADONAY CORTEZ PEREZ Y VICTOR HUGO ORTIZ CORTEZ e improbada la demanda reconvencional por mejor derecho propietario, reivindicación, daños y perjuicios de parte de VICTOR HUGO ORTIZ CORTEZ,en consecuencia se dispone: 1.- La NULIDAD de la escritura de adjudicación realizada mediante Resolución Nº 173/93 de 17 de enero de 1994, por la H. Alcaldía Municipal de la Localidad de Cotoca, a favor del demandado ADONAY CORTEZ PEREZ. 2.- La NULIDAD del documento privado de transferencia de inmueble de fecha 22 de diciembre de 1994, reconocido el 27 de diciembre de 1994, ante el Juez 1° de Instrucción en lo Civil de la Capital, suscrito por Adonay Cortez Pérez y Víctor Hugo Ortiz Cortez. 3.- La CANCELACION del registro de propiedad en las Oficinas de DD.RR., con Matricula N° 7.01.2.01.000967, inscrito primero a nombre de ADONAY CORTEZ PEREZ (A-0) de 19 de diciembre de 1994 y luego a nombre de VICTOR HUGO ORTIZ CORTEZ (A-I) de 19 de enero de 1995.

Contra dicha Sentencia de fs. 512 a 515 y vta., Víctor Hugo Ortiz Cortez, interpone recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista 225, de 03 de octubre de 2014 de fs. 579 a 581 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que CONFIRMAel Auto  de fecha 12 de marzo de 2013, cursante a fs. 223 y la Sentencia apelada de fecha 23 de diciembre de 2013, cursante de fs. 512 a 515, Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Víctor Hugo Ortiz Cortez, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Refiere el recurrente, que al momento de interponer la demanda por Misael Pérez Gervacio (demandante) en su pretensión principal solicita la nulidad de escritura de adjudicación de una parcela de terreno mediante Resolución Nº 173/93 de 17 de enero de 1994, por la Honorable Alcaldía Municipal de la Localidad de Cotoca, como también solicita la nulidad de escritura privada de transferencia de fecha 22 de Diciembre de 1994 y la nulidad de la inscripción de los Registros Públicos de Derechos Reales, por consiguiente solicita que en Sentencia declare “NULA LA ADJUDICACION MUNICIPAL DE LA RESOLUCION N° 173/93 de fecha 17 de enero de 1994, ya que los Tribunales de instancia no han tomado en cuenta este extremo, toda vez que la presente causa debía de tramitarse por la vía Administrativa y no así por la Ordinaria, por lo que todo lo actuado es nulo.

Por otro lado también refiere que el Juez de primera instancia, sin tener competencia ha sustanciado la causa llegando a dictar una Sentencia viciada de nulidad, desconociendo el art. 122 de la Constitución Política del Estado, toda vez que la demanda principal debía haber sido demandado por la vía Administrativa conforme establece la Ley N° 2028 en su art. 137 y siguientes.es en ese sentido que el Auto de Vista N° 225/2014 a desconocido la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo de Justicia en sus distintos Autos Supremos, como señalamos el A.S. N° 819 señala que “las resoluciones judiciales que ponen fin a litigios, deben cumplir una serie de principios y requisitos entre los que se encuentran la coherencia, la razonabilidad, la previsibilidad, la pertinencia y la exhaustividad, pues al ser definitivas deben contener decisiones expresaspositivas y precisas”, es así que el Auto de Vista ahora recurrido no se ajusta a la legalidad, de tal manera viola el debido proceso en sus elementos de la aplicación objetiva de la Ley y la seguridad jurídica descatando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. 

Por lo que termina peticionando, se anule lo obrado hasta el vicio más antiguo o sea hasta la admisión de la demanda en cumplimiento al art. 3-1) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Con relación a los puntos impugnados,Refiere el recurrente, que al momento de interponer la demanda por Misael Pérez Gervacio (demandante), en su pretensión principal solicita la nulidad de escritura de adjudicación de una parcela de terreno mediante Resolución Nº 173/93 de 17 de enero de 1994, por la Honorable Alcaldía Municipal de la Localidad de Cotoca, como también solicita la nulidad de escritura privada de transferencia de fecha 22 de Diciembre de 1994 y la nulidad de la inscripción de los Registros Públicos de Derechos Reales, por consiguiente señala que en Sentencia declare “NULA LA ADJUDICACION MUNICIPAL DE LA RESOLUCION N° 173/93 de fecha 17 de enero de 1994, toda vez que los Tribunales de instancia no han tomado en cuenta este extremo, que la presente causa debía de tramitarse por la vía administrativa y no por la ordinaria, por lo que todo lo actuado es nulo, alegando además que el Juez de primera instancia no teniendo competencia ha sustanciado la causa llegando a dictar una Sentencia viciada de nulidad, desconociendo el art. 122 de la Constitución Política del Estado, toda vez que la demanda principal debía haber sido demandado por la vía Administrativa conforme establece la Ley N° 2028 en su art. 137 y siguientes.

En el caso de Autos, previamente se debe precisar, que este Tribunal Supremo de Justicia, ha emitido jurisprudencia en cuanto a la competencia para el conocimiento de las controversias suscitadas a raíz de un contrato administrativo y de un acto administrativo, tramitadas en la jurisdicción ordinaria civil.

En el caso en cuestión, el acto de adjudicación del predio que el actor pretende su nulidad tiene como antecedente inmediato la Resolución Municipal N° 173/93 de fecha 17 de enero de 1994, otorgada por la H. Alcaldía Municipal de Cotoca a favor de Adonay Cortez Pérez y producto de esa adjudicación proviene el derecho propietario de Víctor Hugo Ortiz Cortez, en ese entendido corresponde analizar si la misma, constituye un acto administrativo conforme determina el art. 27 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo que establece lo siguiente: "Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo".

Para el tratadista Hugo Caldera, "El Acto Administrativo constituye una exteriorización unilateral de competencia por parte de un órgano administrativo en ejercicio de potestades jurídico-administrativas destinadas a alcanzar fines públicos encomendadas a éste órgano", opinión acorde con la vertida precedentemente y armonizable al ordenamiento jurídico Boliviano.

Como se podrá advertir, el acto administrativo es una declaración unilateral del funcionario o autoridad pública de cualquiera de los niveles de la Administración Pública y que al emerger del ejercicio de una potestad administrativa plasma una decisión que genera efectos o consecuencias jurídico-administrativas directas e inmediatas.

a.-) De esta manera se tiene que la competencia para la sustanciación emergente de la contención de actos administrativos emergentes de los Entes Municipales.-Siendo el derecho una ciencia que evoluciona, es la jurisprudencia la que orienta el desarrollo de la aplicación del derecho, en ese sentido corresponde citar que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la Sentencia Constitucional Nº 0693/2012 de 2 de agosto de 2012 que señala: “Pese a identificarse con claridad la vía impugnativa pertinente corresponde hacer referencia a la SCP 0371/2012 de 22 de junio, que precisó que: “…ni la Constitución Política del Estado vigente, ni la Ley del Órgano Judicial, le asignan esa facultad al Tribunal Supremo de Justicia ni a los Tribunales Departamentales de Justicia en su Sala Plena, respectivamente -art. 184 de la Constitución Política del Estado y art. 50 de la Ley de Organización Judicial-. Esta ausencia normativa ocasiona un vacío jurídico, provocando que los administrados no tengan la vía jurisdiccional para que se dirima una determinada situación jurídica; al respecto, es importante precisar que las características de dicho proceso son las de un ordinario en todas sus etapas. En ese sentido, de acuerdo al art. 158 núm. 3 de la Constitución Política del Estado, será la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien deberá pronunciarse a la brevedad posible sobre la regulación y/o reglamentación de los procesos contencioso-administrativos”.

Sin embargo, la justicia Constitucional a través de la acción de amparo Constitucional no puede sustituir a la jurisdicción contenciosa administrativa en el control de legalidad que realiza la referida jurisdicción, máxime si se considera que el amparo Constitucional: “…es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la Resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos…” (SC 0278/2006-R de 27 de marzo).

Entonces para no dejar en indefensión al ciudadano frente al poder público y específicamente los actos administrativos independientemente a efectivizar la exhortación contenida en la SCP 0371/2012, debe entenderse que a efectos del resguardo de derechos, valores y principios Constitucionales, y hasta mientras se desarrolle la legislación respectiva por el legislador ordinario los Tribunales Departamentales continúan teniendo la competencia para conocer el recurso contencioso administrativo en la materia.

La interpretación antes dicha emerge de la interpretación del art. 10 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, referido a las causas contenciosas administrativas, el cual dispone en su parágrafo primero lo siguiente: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”.

Es decir, que en tanto no exista la jurisdicción especializada se debe precautelar que el justiciable tenga la posibilidad de impugnar haciendo uso de los mecanismos establecidos y que aún no han sido sustituidos, en este caso, resulta aplicable lo dispuesto en el mencionado art. 778 del Código de Procedimiento Civil”

Bajo esa interpretación Constitucional, es que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido el Auto Supremo Nº 115/2013 de 10 de abril de 2013, expresando lo siguiente:“La ratio decidendi extractada de las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio conforme lo establecen los arts. 203 de la CPE y 15.II del Código Procesal Constitucional, y aplicable por analogía al caso presente; toda vez que la presente demanda trata de un proceso contencioso administrativo en materia Municipal, donde se demanda a una autoridad edil, impugnando la Resolución Ejecutiva Nº 199/2012, por lo que, siguiendo la línea jurisprudencial, estos procesos deben seguir siendo de conocimiento de los Tribunales Departamentales de Justicia mientras no exista una regulación y/o reglamentación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en atención a los argumentos anteriormente expuestos, anula obrados hasta fs.15 inclusive y se declara SIN COMPETENCIA para conocer la presente causa, debiendo remitirse obrados a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz…”;  consiguientemente se ha sentado línea jurisprudencial para el conocimiento de la contención de actos administrativos que hayan emergido de un ente Municipal, por lo que en base a la jurisprudencia señalada en el presente fallo, resulta ser vinculante para todos los órganos de administración de justicia, siendo competencia de la Sala Plena de los Tribunales Departamentales de Justicia, el conocimiento y sustanciación de la contención emergente de los actos administrativos.

Así de esta manera conforme a los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 02 de abril de 1976, la vía contencioso y contencioso- administrativo para la impugnación de actos administrativos evacuados por la administración Publica se atribuía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, disposiciones que fue sustentada posteriormente por el art. 55 núm. 10 de la Ley del Órgano Judicial Ley 1455,en ese sentido el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, determina que “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”.

De acuerdo a la relación cronológica de antecedentes legales que sustentan la vía del proceso contencioso y contencioso-administrativo, el legislador ha promulgado la Ley Nº 620 de fecha 29 de diciembre de 2014, que en su art. 3, cita: (SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA).Se crea la Sala Contenciosay Contenciosa Administrativa, como parte de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, con las siguientesatribuciones:

Conocer y resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones o concesiones de los gobiernos autónomos departamentales, municipales, indígena originario campesinos y regionales; universidades públicas, y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración estatal a nivel departamental.

Conocer y resolver las demandas contenciosas administrativas a nivel departamental, que resultaren de la oposición del interés público y privado”, el cual establece una modificación en cuanto al conocimiento y sustanciación de este proceso contencioso, y contencioso-administrativo, emergentes de los actos evacuados por el Gobierno Municipal, que actualmente son de conocimiento especializado de los Tribunales Departamentales de Justicia, por lo que la sustanciación de la actual pretensión (Demanda), ante un Juez Ordinario en lo Civil, está viciado de nulidad, por lo que para reconducir el mismo, la pretensión (En los términos planteados), deberá ser sustanciado ante la Sala especializada del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.   

b.-)De la naturaleza de la cuestión planteada en la demanda.-El art. 27 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo establece lo siguiente: "Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo".

En la presente Litis, Misael Pérez Gervacio (demandante), señala en su pretensión principal de fs. 22 a 25, que hace 11 años ingresaron en quieta, pacifica, pública y continuada posesión de un lote de terreno, situado en el manzano N°9 de la Unidad Vecinal N° 332, Barrio 24 de septiembre, final Av. Radial 26, zona Nor-Oeste entre el Rio Pirai y la Av. Banzer, Lote 13, que ademáscuenta con la vivienda construida, formada por dos habitaciones, un baño, lavandería y servicios “públicos”,adquiriendo el bien inmueble de los propietarios Hernando García Vespa y su esposa Irma Suarez de García, mediante documento que fue reconocido en fecha 29 de agosto de 2011, ante la Notaria de Fe Publica N° 7, que actualmente tiene registrado preventivamente en Derechos Reales en el Asiento B-19 de fecha 16 de septiembre de 2011, sobre la Matricula computarizada N° 7.01.1.06.0003787.

Es en ese sentido los demandados Adonay Cortez Pérez y Víctor Hugo Ortiz Cortez, fraudulentamente a través de una supuesta adjudicación realizada por el Gobierno Municipal de Cotoca, realizada sobre el sector Este de la Localidad de Cotoca, sin especificar la ubicación ni las colindancias, consiguen inscribir en los Registros de Derechos Reales bajo la Partida computarizada N° 7.01.2.01.0000967, de fecha 19 de enero de 1995, reclamándolo dicho derecho como suyo, cuando en la realidad no lo es, ademásalegando que su documentación es ineficaz por ser falsa e ilegal y que por el folio real su inmueble se encuentra ubicado en la zona Nor-Este de Cotoca, encontrándose de esta manera en la jurisdicción Municipal de Santa Cruz de la Sierra, barrio 24 de septiembre, entre Av. Banzer y Rio Pirai Km. 7, zona Norte de la ciudad de Santa Cruz.De esta manera Víctor Hugo Ortiz Cortez, pretende hacer valer un inexistente derecho sobre una parcela de terreno y dentro del mismo se encuentra el lote de propiedad del actor, por lo que demanda, la nulidad de la escritura de adjudicación de una parcela de terreno realizada mediante Resolución N° 173/93 de 17 de enero de 1994, por la Honorable Alcaldía Municipal de la Localidad de Cotoca, Nulidad de la escritura privada de transferencia, suscrita en fecha 22 de diciembre de 1994 y la nulidad de la inscripción en los registros públicos de Derechos Reales, realizada en fecha 19 de diciembre de 1994.  

Al respecto, esta petición no es del todo correcta, pues no puede impugnarse lasescrituras públicas, sin que previamente sea impugnada el acto jurídico o en este caso  el acto administrativo que ha generado las minutas y registros, obviamente que debe efectuársela en la víacontenciosa, ya que no siendo parte los actores por razón lógica los plazos no son computados para los mismos; independientemente en forma alterna a la vía contenciosa.

Que, la Jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los Jueces y Tribunales; es de orden público, nace únicamente de la ley y es indelegable; en tanto que la Competencia es entendida como la facultad que tiene un Juez o Tribunal para ejercer la Jurisdicción en un determinado asunto, la misma que no admite ninguna prórroga en razón de la materia como ocurre excepcionalmente en el caso del territorio; ambas son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

En el caso presente, ninguna de las disposiciones legales anteriormente descritas, reconocían competencia a los jueces ordinarios de instancia para el conocimiento y tramitación de la demanda denulidad de escritura de adjudicación de una parcela de terreno mediante Resolución No. 173/93 de 17 de enero de 1994, por la Honorable Alcaldía Municipal de la Localidad de Cotoca, así como también solicita la nulidad de escritura privada de transferencia de fecha 22 de Diciembre de 1994 y la nulidad de la inscripción de los Registros Públicos de Derechos Reales; al haber conocido y tramitado dicha demanda en primera instancia el Juez 13avo.de Partido de Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz y en grado de apelación la Sala CivilSegunda del TribunalDepartamental de Justicia de Santa Cruz, han actuado sin competencia en razón de la materia y por consiguiente sus actos se encuentran viciados de nulidad, habida cuenta que la competencia es de orden público, de observancia y cumplimiento obligatorio, sin ninguna posibilidad de ser prorrogada por consentimiento de las partes, criterio asumido también en base del reclamo del recurrente quien observó la competencia del Juez ordinario civil a lo largo del proceso.

Por todo lo expuesto, al amparo del art. 106 del Código Procesal Civil, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el artículo 271 num. 3) del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del EstadoPlurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 106 del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fojas 27 inclusive sin reposición, debiendo los actores acudir a la vía llamada por ley conforme se tiene indicado en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad para ambas instancias por ser error excusable.

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, comuníquese al Consejo de la Magistratura para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo.Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto