TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 354/2015 - L

Sucre: 21 de mayo 2015

Expediente:         SC-41-10-S

Partes: Jorge Antelo Antelo. c/ Banco de Cochabamba S.A. en liquidación.

Proceso: Extinción de Obligación por prescripción y levantamiento de

              Gravámenes.

Distrito: Santa Cruz.

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma, cursante de fs. 172 a 175 vta., de obrados, interpuesto por Sandra Kettles Vaca en representación del Banco de Cochabamba S.A., en liquidación, contra el Auto de Vista Nº 209/2009 de 22 de mayo de 2009, cursante de fs. 158 a 159 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de Extinción de Obligación por prescripción y levantamiento de gravámenes, seguido por Jorge Antelo Antelo contra Banco de Cochabamba S.A. en liquidación, la respuesta de fs. 177 a 178 vta., concesión de fs. 179, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


La Juez Octavo de Partido Ordinario en Materia Civil y Comercial de la Capital Santa Cruz, mediante Sentencia de fecha 20 de noviembre de 2008 cursante de fs. 143 a 146 vta., de obrados, declaró PROBADA la demanda de fs. 22 a 25 interpuesta por Jorge Antelo Antelo sobre PRESCRIPCION y EXTINCION LIBERATORIA de todas las obligaciones referidas en las escrituras públicas Nros. 72/88, 714/89,  158/92, 304/93,  y en consecuencia se ordena la liberación  y cancelación  de las garantías  hipotecarias del bien inmueble de propiedad de los señores Napoleón Antelo Molina y Elvira Antelo de Antelo, cuyo derecho propietario se encuentra actualmente inscritos en derechos reales bajo la matricula Nº 7.06.1.01.0000912 y los gravámenes  registrados en los asientos B-1, B-2, B-3 y B-4, debiendo igualmente liberarse la garantía prendaria del tractor, así como a los deudores , garantes y fiadores de dichas obligaciones, con costas.

Deducida la apelación por parte demandada y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº 209/2009 de 22 de mayo de 2009, Confirmo la Sentencia impugnada, con costas.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la parte demandada interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la Forma.-


Acusa quebrantamiento  del art. 192 inc. 2) y 254 inc. 7) del CPC, ya que tanto la Sentencia de primera instancia como el Auto de Vista recurrido carecerían de exhaustiva motivación, pues no se habría considerado que ambas resoluciones no son de mero trámite, la falta de motivación exhaustiva calificarían a los fallos recurridos como arbitrarios, pues la motivación de una resolución es indispensable para entender el resultado judicial.


Que el Auto de Vista recurrido sería nulo toda vez que existirían nulidades procesales en todo el expediente las cuales habrían sido denunciadas oportunamente y los jueces de instancia no corrigieron ya que en el presente caso se habría negado  la producción de prueba de confesión provocada a que fue diferido el demandante, pese a haber sido reconocido las irregularidades por el Auto de fs. 119 y vta.

 

En el Fondo.-


Acusa inexistencia de análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por el banco toda ves que los jueces de instancia no habrían considerado ni valorado la eficacia de las pruebas documentales salientes de fs. 1 a 21 y 43 a 60, asimismo no se habría considerado la prueba de confesión judicial espontanea del actor expresada en su demanda, donde reconocería que suscribió varios contratos de crédito con el banco demandado entre ellos el suscrito en la Escritura pública Nº 72/88 que se trataría de un crédito refinanciado y supervisado por el Banco Central de Bolivia, del cual provendrían dichos fondos, por lo que al no haber considerado las pruebas ofrecidas por el Banco demandado los jueces de instancia habrían infringido los arts. 192-2), 253-3) y 397 del CPC.


Que existiría error in iudicando por interpretación y aplicación indebida de la ley, por parte de los jueces de instancia al declarar prescrita la escritura pública Nº 72/88 tomando como regla para determinar la prescripción la ley SAFCO, siendo que no se podría considerar los 10 años  establecidos en el art. 40 de dicha Ley para calificar  la prescripción y menos los 5 años establecidos en el art. 1507 del CC, en razón a que la fecha de suscripción del documento, fecha en que estaba vigente  el Decreto Ley Nº 16390 que establecía la imprescriptibilidad de las obligaciones con el Estado, y el contrato de crédito plasmado en la Escritura Publica Nº 72/88 con garantía hipotecaria  seria proveniente de un crédito refinanciado y supervisado por el Banco Central de Bolivia de la línea BID-712 y el banco de Cochabamba habría actuado únicamente como Institución Crediticia intermediaria, por lo que la prescripción debió ser tomada en cuenta la fecha de suscripción del contrato.


De acuerdo a la exposición precedente solicita  que el Tribunal de Casación en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales CASE el Auto de Vista recurrido de 22 de mayo de 2009.

CONSIDERANDO III:                                                                    FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con relación a los puntos impugnados y a efectos de resolver el recurso planteado en la forma y en el fondo, nos referiremos de inicio en lo que corresponde a la forma e indicaremos que:

En la Forma.-

1.- Respecto a que la Sentencia de primera instancia y el Auto de Vista recurrido carecerían de exhaustiva motivación, elemento que sería indispensable para entender el resultado judicial; al respecto corresponde señalar que es cierto que la motivación en una Resolución judicial es imprescindible en su contenido porque es el sustento de la decisión asumida, y permite a las partes conocer los motivos por el cual el juzgador resuelve el conflicto de partes, también se ha establecido a través de la uniforme jurisprudencia constitucional y ordinaria que la motivación no necesariamente debe ser ampulosa, sino que su lectura debe ser comprensible  pudiendo ser concisa, pero clara, absolviendo todos los puntos demandados, y justifique razonablemente la decisiones del juzgador y los motivos que lo orientaron en esa decisión. En este entendido, del análisis de la Sentencia y el Auto de Vista recurrido se tiene que ambas resoluciones se encuentran debidamente motivadas, pues la Sentencia de primera instancia centra su análisis del antecedente factico, en la prueba documental aportada por las partes y el análisis de los arts. 1492, 1507 del CC., el Decreto Ley Nº 16390 de 30 de abril de 1979 y la Ley Nº 1178 (Ley SAFCO), en sus arts. 40 y 55 del capítulo VIII sobre Abrogaciones y derogaciones, para tomar la decisión de declarar probada la demanda, razonamiento ratificado y confirmado por el Ad quem quien además absolvió los agravios expuestos en apelación de manera clara y entendible.

Por otra parte, si para la parte recurrente la motivación y fundamentación vertida en Auto de Vista recurrido no le parecía clara o no comprendía algún aspecto, esta tenía a su disposición el derecho que le asiste el art. 239 concordante con el art. 196 del CPC, y solicitar la explicación y complementación para: “…corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en litigio”, derecho que la parte recurrente no activo, por lo que no es evidente el agravio acusado en este punto.

2.- En cuanto que existirían nulidades procesales en todo el expediente las cuales habrían sido denunciadas oportunamente y los jueces de instancia no corrigieron ya que en el presente caso se habría negado  la producción de prueba de confesión provocada a que fue diferido el demandante; al respecto se debe señalar que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista recurrido, segundo considerando, fundamentó: “…mediante providencia de 3 de enero de 2008 se declaró como no propuesta en el término legal la prueba de fs. 61 en cuanto a la confesión provocada  en razón a que la institución recurrente al momento de adjuntar la prueba no adjunto el poder de su representante, por lo cual el juez de instancia le otorga plazo de 48 horas para subsanar… posteriormente aparece en el expediente el poder extrañado pero de  forma irregular… por lo que el Juez de instancia a pedido del actor mediante la providencia de 03 de enero de 2008 cursante a fojas 87 declara como no propuesta en término legal la prueba…”, razonamiento que resulta correcto toda vez que de la revisión de actuados, se tiene que la decisión contenida en la providencia de fs. 87 donde se declarara como no propuesta en término legal la prueba, fue recurrida en reposición por la parte demandada mediante memorial de fs. 103 a 104 vta., que mereció el Auto de fs. 119 y vta., que rechazó la reposición planteada, resolución que no fue recurrida por la parte demandada, dejando que su derecho a reclamar este aspecto precluya. Deviniendo en infundados los agravios deducidos en el recurso de casación en la forma.

En el Fondo.-

1.- En relación a que los jueces de instancia no habrían considerado ni valorado la eficacia de las pruebas documentales salientes de fs. 1 a 21 y 43 a 60, asimismo no se habría considerado la prueba de confesión judicial espontanea del demandante en su demanda, donde reconocería que suscribió varios contratos de crédito con el Banco de Cochabamba S.A.; a esto corresponde señalar que la valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de instancia, la apreciación y valoración de la prueba producida, debe ser de acuerdo al valor que le otorga la ley, y en su caso al criterio prudente y la sana crítica y los principios de unidad y comunidad de la prueba, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas al tenor de los arts. 1286 del CC, y 397 del CPC.

En este entendido la parte recurrente debe tomar en cuenta que, si bien acusa que no se habría valorado la eficacia de las pruebas documentales salientes de fs. 1 a 21 y 43 a 60, dichas pruebas fueron valoradas, integradas y contrastadas con toda la prueba aportada al proceso, por los jueces de instancia, pues no se constituyen en prueba fehaciente que desvirtué la prescripción de las deudas señaladas en la pretensión del actor, tampoco se observa que los jueces de instancia hayan desconocido el origen de los fondos para el caso del contrato de préstamo de la escritura pública Nº 72/88 de 25 de mayo de 1988, por lo que no puede pretender que dicha prueba sea valorada aisladamente en su favor, en cuanto a la confesión espontanea, debe tomar en cuenta que la pretensión de la demanda es precisamente la prescripción de las obligaciones pecuniarias que el actor asumió del Banco de Cochabamba S.A., desde 1988, y que la prueba debe ir a acreditar o desvirtuar que la prescripción opero o no, deviniendo en infundado el agravio acusado en este punto.

2.- Respecto a que existiría interpretación y aplicación indebida de la ley, al declarar prescrita la Escritura Pública Nº 72/88 tomando como regla para determinar la prescripción la ley SAFCO en su art. 40, sin que se habría tomado en cuenta que en la fecha de suscripción del documento estaba vigente el Decreto Ley Nº 16390 que establecía la imprescriptibilidad de las obligaciones con el Estado, toda vez que dicho crédito seria proveniente de un crédito refinanciado y supervisado por el Banco Central de Bolivia de la línea BID-712; primeramente se debe aclarar que la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 790/2012 de 20 de agosto de 2012 determinó la inconstitucionalidad del art. 40 de la Ley Nº 1178, señalando lo siguiente: “…el art. 40 de la LACG, al prever dicho régimen de prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, estableciendo un término de diez años al efecto, así como causales de suspensión o interrupción de la prescripción y el inicio del cómputo de la misma tratándose de acciones por hechos y actos ocurridos antes de la vigencia de la indicada Ley; es contraria al art. 324 de la CPE que prescribe: “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, estableciendo así como principio, la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, descartando en su mérito toda posibilidad de que el ejercicio de acciones judiciales derivadas de obligaciones emergentes de responsabilidad civil por daño económico al Estado, se extingan por el sólo transcurso del tiempo…”.

Ahora bien, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial contenido en la citada Sentencia Constitucional, se determinó la inconstitucionalidad del art. 40 de la Ley Nº 1178, porque es contraria al art. 324 constitucional, que señala: no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, precepto constitucional que se entiende está relacionado con la responsabilidad emergente de la función pública, responsabilidad que puede ser de cuatro tipos: administrativa, ejecutiva, civil y penal (art. 28 y sgtes. de la Ley Nº 1178), y que se originan por actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales.

Similar entendimiento fue asumido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que en el Auto Supremo Nº 400/2013 que razonó en relación a la aplicación del art. 324 de la C.P.E. que: “…se debe entender, que hace referencia a la administración económica y financiera del Estado por medio de todas las entidades públicas, por tanto, se refiere a los actos cometidos por funcionarios públicos que causen pérdida patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos y fueran causantes del daño patrimonial; en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990…”.

En relación a lo expuesto, corresponde señalar que en el caso de autos, el razonamiento de los jueces de instancia al declarar probada la demanda se centró en tomar como base de su razonamiento el art. 40 de la Ley Nº 1178, solo en lo referido al termino de 10 años para la  prescripción y los parámetros para el inicio del cómputo de dicho término, toda vez que la Ley Nº 1178 en su art. 55 deroga las disposiciones contraria a esa Ley, entre ellas la imprescriptibilidad de deudas al Estado, D.L. 16390 de 30 de abril de 1990, razonamiento apoyado en el art. 1493 del CC, en razón a que el Banco de Cochabamba S.A., no ejercitó acción alguna contra el prestatario, en los plazos en que podía hacer valer sus derechos, por más de 14 años.

Del análisis de obrados se tiene que en el caso presente la responsabilidad del prestatario (actor) es emergente de una deuda contraída del Banco de Cochabamba S.A., a través de un contrato de transferencia de maquinaria agrícola a crédito bajo garantía hipotecaria contenido en la Escritura Pública Nº 72/88 de 25 de mayo de 1988, que seria proveniente de un crédito refinanciado y supervisado por el Banco Central de Bolivia de la línea BID-712, en este sentido se debe citar al tratadista Guillermo A. Borda quien en su obra Tratado de Derecho Civil, tomo I, pag., ed. Perrot dice: “…la deuda es el puro débito, consistente en la promesa de dar, hacer o no hacer; la responsabilidad, en cambio, es el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor para que este pueda procurarse, según los casos, ya sea el verdadero cumplimiento de la obligación, ya sea la reparación por el incumplimiento. La responsabilidad se hace efectiva después de que el deudor ha incurrido en incumplimiento de su deuda.”, de lo que se entiende que en el caso de autos estamos ante una responsabilidad emergente de una obligación pecuniaria, que debe entenderse como aquella obligación que tienen como prestación la entrega de una cantidad de dinero, que suele materializarse en moneda de curso corriente, que también pueden materializarse como en el caso presente con la entrega de maquinaria agrícola a crédito (cosa singular), obligación pecuniaria por el que el Banco de Cochabamba S.A., y posteriormente el liquidador de dicha institución tenían el poder coactivo para procurar el cumplimiento de la obligación emergente del contrato contenido en la Escritura Publica Nº 72/88, al igual que de las obligaciones de crédito emergentes de las escrituras públicas Nros. 714/89, 158/92 y 304/93, cuyos fondos son de origen privado es decir del mismo Banco de Cochabamba S.A.

Consiguientemente hasta la fecha de presentación de la demanda de 27 de marzo de 2007, fecha hasta la que ya hubieran transcurrido más de 14 años desde la fecha de vencimiento de las obligaciones contenidas en las Escrituras Públicas nombradas supra e incluso a más de 12 años de la promulgación de la Ley Nº 1178; la emisión de la Sentencia Nº 45/08 de 20 de noviembre de 2008 y el Auto de Vista Nº 209/2009 de 22 de mayo de 2009, no pueden ser afectados por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 790/2012 de 20 de agosto de 2012 que determina la inconstitucionalidad del art. 40 de la Ley Nº 1178, toda vez que por lo expuesto supra la responsabilidad del actor es emergente de una obligación pecuniaria con el Banco de Cochabamba S.A., refinanciado y supervisado por el Banco Central de Bolivia, y no así de responsabilidad emergente de la función pública, esto en virtud a la regla contenida en el art. 123 de la CPE., y lo contenido en la parte final de los Fundamentos Jurídicos de la precitada Sentencia Constitucional. Así también con relación al art. 324 de la CPE., que estaba vigente a momento de emitirse el Auto de Vista recurrido, del análisis del texto de dicha norma constitucional, se puede apreciar que el constituyente hizo referencia al ejercicio de las acciones judiciales derivadas de las obligaciones emergentes de responsabilidad civil por actos indebidos o ilícitos que causen daño económico al Estado, lo cual no es aplicable al caso, en virtud de que en autos se debate la prescripción de una obligación contraída mediante un contrato de transferencia de maquinaria agrícola a crédito bajo garantía hipotecaria (obligación pecuniaria) contenido en la Escritura Pública Nº 72/88, suscrito por las partes en el proceso.

En estos antecedentes, del análisis de la resolución recurrida se tiene que el Tribunal de Alzada confirmó el razonamiento del Ad quem al centrar su razonamiento en la aplicación del art. 40 de la Ley Nº 1178, solo en lo que refiere al termino de 10 años para la prescripción de la obligación contenida en la Escritura Publica Nº 72/88 que proviene de una línea de crédito refinanciado por el Estado a través de Banco Central de Bolivia, tomando en cuenta además, los parámetros para el inicio del cómputo de dicho término, ya hasta la fecha de presentación de la demanda de la presente causa transcurrieron más de 14 años desde la fecha de vencimiento de la obligación e incluso a más de 12 años de la promulgación de la Ley Nº 1178 (art. 40), esto en virtud a que esta misma Ley en su art. 55 deroga las disposiciones contraria a esa Ley, entre ellas la imprescriptibilidad de deudas al Estado, D.L. 16390 de 30 de abril de 1990, aplicación que se realizó en relación al art. 1493 del CC que dice: “la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podida hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” descartando la aplicación que del D.L. 16390 como entiende la parte recurrente, por otra parte no existe prueba en el proceso que demuestre que el Banco de Cochabamba S.A., y posteriormente el liquidador de dicha institución, ejerció acción alguna para procurarse el cumplimiento de la obligación emergente del contrato contenido en la Escritura Publica Nº 72/88.

Ahora bien, en relación a los tres créditos posteriores se determinó que estos son provenientes de fondos propios (privados) del Banco de Cochabamba S.A., por lo que también se aplicó en forma correcta lo dispuesto en el art. 1507 del CC., motivos por los que no resulta evidente el agravio acusado en este punto, toda vez que la Ley Nº 1178 derogó el D.L. 16390 y dispuso en relación al art. 1493 del CC., el termino y parámetros para el computo de la prescripción, que en la litis fue bien aplicado por los de instancia, por otra lado si bien el año 2012 se declaró la inconstitucionalidad del art. 40 de la ley Nº 1178; por todo lo razonado en el presente fallo, los efectos de la SCP Nº 790/2012 de 20 de agosto de 2012 no pueden aplicarse al caso presente en forma retroactiva, por no estar comprendido en la regla contenida en el art. 123 de la CPE y la misma Sentencia constitucional antes citada.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 num. 2)  y el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y la forma, cursante de fs. 172 a 175 vta., de obrados, interpuesto por Sandra Kettles Vaca en representación del Banco de Cochabamba S.A., en liquidación, contra el Auto de Vista Nº 209/2009 de 22 de mayo de 2009, cursante de fs. 158 a 159 vta. Sin costas por ser institución estatal, el Liquidador de la institución demandada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto