TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 351/2015 - L

Sucre: 21 de mayo 2015         

Expediente:         SC-54-10- S

Partes: Felipe Castro Flores y Fabiola Rodríguez Ramírez. c/ Cooperativa de

            Ahorro y Crédito Jesús Nazareno, representada por Rolando

            Domínguez Soleto.

Proceso: Anulabilidad de documento público, acción negatoria de derechos,

               falsedad, comprobación de hecho ilícito dañoso y         pago de daños

              y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 624 a 635, interpuesto por Felipe Castro Flores y Fabiola Rodríguez Ramírez, contra el Auto de Vista de fecha 28 de septiembre 2009, cursante de fs. 616 a 618, emitido por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Anulabilidad de documento privado, acción negatoria de derechos, falsedad, comprobación de hecho ilícito dañoso y pago de daños y perjuicios, seguido por los recurrentes contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno; la concesión de fs. 638, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Tercero de Partido en lo Civil Comercial de Santa Cruz, el 20 de enero de 2009, pronunció Sentencia, cursante a fs. 585 a 587, que declaró Improbada la demanda de fs. 302 a 305 interpuesta por Felipe Castro Flores y Fabiola Rodríguez Ramírez; así mismo declaró Improbada la demanda reconvencional y excepción de cosa juzgada planteada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda. Declarando Probada la excepción de prescripción planteada por la misma Cooperativa.

Contra dicha determinación, presentó recurso de apelación, la parte demandante, el mismo fue elevado al Tribunal de alzada, autoridad que confirmo totalmente la Sentencia.

Contra el indicado Auto de Vista, la parte apelante presentó recurso de casación en la forma y en el fondo, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En la forma:

Acusa la vulneración de los arts. 190 y 192 inc. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, al no haberse pronunciado de manera clara, expresa y positiva sobre las acciones deducidas en demanda, como por ejemplo: 1) La Declaratoria de inexistencia del instrumento 8547 de 12 de noviembre de 1998 (acción sobre la cual usted no se ha pronunciado). 2) Falsedad del instrumento 8547 de 12 de noviembre de 1998 3) Acción negatoria sobre el patrimonio del recurrente y 4) Acción de daños y perjuicios. Dejando imprejuzgadas las diferentes acciones deducidas en la demanda, limitándose solo a pronunciarse sobre la acción de anulabilidad, vulnerando el principio dispositivo, el principio de congruencia.

Como otro punto acusa que se pronunció la Sentencia sobre aspectos no sometidos a prueba, haciendo referencia al instrumento 8863/98 base para dictar la Sentencia y el Auto de Vista, pronunciando una Sentencia extra petita, tratando de convalidar  y en cubrir el acto delincuencial de la falsedad, no solo del instrumento 8847/98 sino de todo los otros instrumentos falsos.

Indica sobre el estudio grafotécnico presentado como prueba de fs. 204 a 253 que en ningún momento fue objetado y rechazado o cuestionado por la parte demandada, ratificando la imputación formal que presentó el fiscal cursante de fs. 122 a 127 que demuestran con claridad que la cooperativa con la firma de Felipe Castro en el instrumento 8863 procedió a crear y falsificar otros cuatro instrumentos que: 6721/98, 7487/98, 7776/98 y 8547/98 los que sirvieron de base para iniciar los juicios ejecutivos en diferentes juzgados, pruebas que no fueron analizadas ni valoradas.

En el Fondo:

Acusan la infracción de los arts. 556, 1053, 1057, 1492, 1498, todos del Código Civil, toda vez que la Cooperativa demandada a fs. 321 vta., y 322 planteo excepción de prescripción y caducidad teniendo su fundamento en la aplicación del art. 490 del Código de Procedimiento Civil o sea en el hecho que no se presentó la demanda ordinaria dentro de los seis meses de ejecutoriado el proceso ejecutivo. En ningún momento alegan la prescripción por haber transcurrido cinco años desde la celebración del contrato, argumento que lo introdujo el juez A quo de oficio.

Como segundo punto acusan el error de hecho al valorar las pruebas ya que se demostraron la inexistencia en la notaría de fe pública del instrumento Nº 8547 de 12 de noviembre de 1998, documento  base para seguir un proceso ejecutivo donde, se remató el inmueble de propiedad de los recurrentes, hecho que les causó daños y perjuicios, indicando que se demostró la inexistencia del instrumento público Nº 8547, la total inexistencia de consentimiento en base a las fotocopias legalizadas de fs. 119 a 253 del proceso penal que se inició por falsedad en base al informe pericial de fs. 386 a 396 y en especial de la inspección judicial que se hizo de fs. 553 donde se demuestran: La no existencia en la notaría de fe pública Nº. 26 el instrumento Nº 8547/98 de 12 de noviembre, en donde no interviene el recurrente, solamente se intervino en el instrumento 8863/98 de 12 de noviembre,  nunca entró en ejecución y se utilizó la firma para falsificar otros documentos públicos y las fotocopias legalizadas de fs. 119 a 253 del proceso penal demuestran que se usó la firma y se falsificó en cuatro documentos que derivaron en otros juicios ejecutivos.

En el punto tercero, indica que se incurre en error en la valoración de la acción negatoria y falsedad, al argumentar que la Cooperativa tiene derechos en contra del patrimonio del recurrente y que él sería deudor, que no sería evidente.  Si alguna vez asumió la calidad de fiador, fue en el instrumento 8863/98 de 12 de noviembre, a favor del señor Holbys Ibáñez, que conforme a la misma certificación de la demandada que cursa a fs. 494 fue cancelado, por ello mismo, nunca entro en ejecución.

Solicitando declarar la inexistencia de cualquier derecho que hubiera tenido o pretenda tener la demandada en base al inexistente instrumento Nº 8547/98 de fecha 12 de noviembre de 1998 que inició el proceso ejecutivo ya que el recurrente no intervino menos asumió la calidad de garante de nadie en el referido documento, que ni siquiera existe en la notaría.

Cuarto: indica que existe una aplicación indebida del art. 984 del Código Civil sobre la declaración de hecho ilícito y la existencia de daños y perjuicios que se  deben pagar, toda vez que en fecha 12 de julio de 2005 se llevó adelante el remate del inmueble de propiedad del recurrente, por una supuesta obligación que constaba en el instrumento Nº 8547/98, donde se procedió de manera ilegal a desapoderar a la esposa e hijos en fecha 17 de diciembre de 2005, causando con ello terribles daños económicos y sobre todo psicológicos, que no han sido desmentidos ni desvirtuados por la parte demandada. Que llegarían a la suma de $us. 35.280 conforme informe pericial que no fue objetado, de la misma forma existe daños por $us. 4800 por el tiempo transcurrido en el pago de alquileres conforme el informe pericial de fs. 442, ratificado nuevamente a fs. 549 a 550, notificado a fs. 552 y que no fue objetado.

Quinto: indica que se desconoció la interpretación ordinaria constitucional del art, 490 del Código de Procedimiento Civil, en relación a las excepciones de cosa juzgada, prescripción y caducidad opuestas por la parte demandada.

Finalmente, indica el hecho ilícito generador de los daños y perjuicios sucedió después de la ejecutoria de la Sentencia, menciona que los hechos ilícitos sucedieron, la adjudicación en fecha 12 de julio de 2005 y el desapoderamiento el 17 de diciembre de 2005, hechos ilícitos que se les aplica el plazo común de prescripción y de ninguna manera la caducidad que prevé el art. 490 del C.P.C., por lo que, son inviables las excepciones de existir cosa juzgada, prescripción y caducidad del derecho ejecutoriada en fecha 12 de octubre de 2001, lo que se haya resuelto hasta ese momento puede modificarse en el proceso ordinario posterior a interponerse en el plazo de seis meses.

Por dichos motivos solicita que se anulen las resoluciones recurridas, ordenando que se dicte una nueva Sentencia enmarcada en las pretensiones deducidas por las partes y pronunciándose sobre todas las acciones y excepciones en la forma que fueron planteadas. En caso de considerar el fondo, solicita que se case totalmente las resoluciones recurridas declarando probada la demanda principal en todas sus partes.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado el recurso de casación en la forma como en el fondo, primeramente responderemos los agravios de forma y luego los de fondo, en ese entendido tenemos que:

En la Forma:

En el recurso de casación, acusa la vulneración de los arts. 190 y 192 num. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, al no haberse pronunciado, la Sentencia de manera clara, expresa y positiva sobre las acciones deducidas en demanda, como por ejemplo: 1) La Declaratoria de inexistencia del instrumento 8547 de 12 de noviembre de 1998. 2) Falsedad del instrumento 8547 de 12 de noviembre de 1998, 3) Acción negatoria sobre el patrimonio del recurrente y 4) Acción de daños y perjuicios.

De lo referido, y de la lectura de la Sentencia de fs. 585 a 587 se puede extraer que dicha Resolución hace referencia que el: “…instrumento público Nº 8547/98, (…) si existe en la Notaría Nº 26, pero es de fecha 31/12/98 y no de fecha 12/11/98 como figura a fs. 1 a 4 con el que se inició la acción ejecutiva en contra del hoy demandante.”, consideración que demuestra que lo acusado por la parte recurrente no es fundado, toda vez que el A quo en la parte considerativa de la Sentencia expone con términos claros y concretos que el referido instrumento público sí existe en la Notaría, lo que demuestra y también hace evidente que dicho instrumento no era falso como erradamente argumentan los recurrentes. Respecto a la acción negatoria y los daños y perjuicios, que a criterio de los recurrentes no fue considerado por el Juez A quo,  se debe indicar que del contexto del fundamento y los motivos por el que se declaró improbada la demanda de anulabilidad, se entiende que la acción negatoria planteada por la parte recurrente, también fue absuelta por el A quo, quien en todo caso desestimó los argumentos de los demandantes, toda vez que, no resultaban ciertos ni evidentes lo indicado por los mismos, situación que originó que en la parte de los hechos probados, se establezca que Felipe Castro Flores (recurrente) sí otorgó su consentimiento y por consiguiente firmó el instrumento Nº 8863/98 de fecha 12/11/98 que aparece en obrados como 8547/98, por tanto, la acción negatoria respecto a los supuestos derechos que tuviese la Cooperativa, fueron considerados y al no proceder los argumentos de la demanda de anulabilidad por falta de consentimiento, la declaratoria de inexistencia del instrumento 8547/98, acción negatoria de derechos, también la pretensión de daños y perjuicios, demandados en la litis, lógicamente no podían ser admitidos favorablemente por el Juez A quo, lo que no significa que no se haya tomado en cuenta dichas pretensiones.

Por otro lado, respecto a que la Sentencia se pronunció sobre aspectos no sometidos a prueba, haciendo referencia al instrumento 8863/98 documento que dio origen a la misma y al Auto de Vista, y que ésta (Sentencia) sería una Resolución extra petita; se debe considerar que la Sentencia dictada por el Juez A quo y ratificada por el Tribunal de alzada, tomó en cuenta lo siguiente: “En el documento de fs. 421, la Notaria Nº 26 certifica que: por un error involuntario, no se cambió el número que le correspondía al instrumento objeto del presente proceso que es 8863/98 habiendo quedado guardado con un No. anterior o  sea 8547/98; dicho instrumento (8863/98) está referido a un préstamo de $us. 3.360 efectuado por la Coop. Jesús Nazareno a favor de Holbys Ibáñez con la garantía de Felipe Castro, así mismo se puede evidenciar de fs. 413 a 419 que el contrato de préstamo, y el protocolo del instrumento, aparece la firma de Felipe Castro Flores incluso una fotocopia de su C.I…”, hechos que demuestran que no es fundado lo acusado por los recurrentes, habiéndose dictado la Sentencia en torno a los datos del proceso, lo que no constituye emitir una Resolución extra petita.

Por lo expuesto, queda claro que el Juez A quo, al igual que el Tribunal de alzada no incurrió en ninguna vulneración a los derechos de la parte recurrente, los de instancia, cumplieron con las formalidades procesales respectivas, absolviendo las pretensiones de la parte demandante y cumpliendo con lo establecido en los arts. 190 y 192 num. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, mediante una Resolución clara y concreta que resolvió la litis conforme a los datos del proceso, por dicho motivo al no encontrarse fundamento alguno que haga viable el reclamo en casación, se debe aplicar lo establecido en el art. 273 del Adjetivo Civil, declarándose infundado el recurso de casación en la forma.

En el fondo:

Respecto al primer punto, donde se acusa la infracción de los arts. 556, 1053, 1057, 1492, 1498, todos del Código Civil, toda vez que la Cooperativa demandada a fs. 321 vta., y 322 planteó excepción de prescripción y caducidad teniendo su fundamento en la aplicación del art. 490 del Código de Procedimiento Civil o sea en el hecho que no se presentó la demanda ordinaria dentro de los seis meses de ejecutoriado el proceso ejecutivo; al respecto, resulta evidente que los demandados basaron su fundamento en la aplicación del art. 490 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, los Tribunales de instancia, no obstante de la extemporaneidad de la presente demanda, tomando en cuenta lo dispuesto por el art. 490 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley Nº 1760,  consideró sobre el plazo estipulado en el art. 556 del Código Civil, que establece que la acción de anulabilidad prescribirá en el plazo de cinco años;  en la litis, el Juez A quo estableció de manera clara que: “En el presente caso el contrato de préstamo contenido en el instrumento Nº 8863/98 que aparece como 8547/98, se ha formado al momento de la firma del instrumento de fecha 12/11/1998 y como la demanda ha sido citada al demandado en fecha 10/01/2007 fs. 307, (momento en que se interrumpe la prescripción, art. 1503 C.C.), han transcurrido más de los cinco años establecidos por el art. 1507 del código civil.” indicando líneas más abajo que: “Si se toma como fecha de inicio de la prescripción el momento de la ejecutoria de la sentencia del proceso ejecutivo 12/12/2001 (fs. 49) hasta la citación al demandado 10/01/2007 igual han transcurrido más de cinco años…”, dos supuestos que demuestran que no existe infracción alguna a las normativas acusadas y lo considerado por el Juez A quo, se enmarca en lo legal.

Sobre el segundo punto, donde acusa error de hecho en la valoración de la prueba al demostrarse la inexistencia en la Notaría de fe Pública del instrumento Nº 8547 de 12 de noviembre de 1998, documento que originó el proceso ejecutivo y se remató el inmueble de propiedad de los recurrentes; al respecto, la Dra. Elizabeth Jordán Domínguez, Notaria de fe Pública Nº 26 informó que: “El instrumento Nº 8863/98 de fecha 12 de noviembre de 1998 referente contrato sobre otorgamiento de un préstamo de dinero en dólares americanos, que concede la cooperativa de Ahorro y Crédito “Jesús Nazareno” Ltda., en favor del señor Holbys Ibáñez.- por la suma de $us 3360.- Se encuentra registrado en archivos de esta Notaria de Fe Pública Nº 26.”, de la misma manera en el punto 3 de la certificación se indica que: “El motivo por el cual se puso el instrumento Nº 8547/98 de fecha 12 de noviembre de 1998 al préstamo de dinero que otorgara la Cooperativa Jesús Nazareno Ltda. al Sr. Holbys Ibáñez, garantizado por Felipe Castro y Robert Aldo Cañelas, fue por un error involuntario, ya que la persona que elaboró el referido documento no cambió el número de instrumento que le correspondía, en este caso era el 8863/98, habiendo quedado guardado con el numero anterior, o sea 8547/98.” Estableciendo categóricamente dicha certificación que el instrumento 8547/98 de fecha 31 de octubre de 1998, le corresponde al préstamo de dinero otorgado por la Cooperativa demandada donde la parte recurrente era garante, prueba que demuestra que lo acusado no resulta fundado.

Por otro lado, respecto al punto tercero y cuarto, donde se acusa error en la valoración de la acción negatoria y falsedad, y lo referente a la errónea aplicación del art. 984 del Código Civil sobre la declaración de hecho ilícito y la existencia de daños y perjuicios que se  deben pagar; al respecto, como se tiene establecido en la litis, cursa en obrados instrumentos notariales Nº 8547/98 de 31 de octubre de 1998 y 8863/98 de 12 de noviembre de 1998 que demuestran el préstamo concedido de $us. 3360.- a favor de Holbys Ibáñez con la garantía del recurrente, pruebas que no fueron desvirtuadas por la parte actora que en todo caso demuestran que no existe la falta de consentimiento argüida en la presente causa y más al contrario demuestran el derecho que cuenta la Cooperativa de exigir el cumplimiento de lo adeudado, motivo por lo que, se inició el proceso ejecutivo.  Respecto de la aplicación de lo normado en el 984 del Código Civil, resulta confusa la argumentación empleada, toda vez que, en la litis no se encuentra probado hecho ilícito alguno, tanto de los actores como de los demandados, por dichos motivos, lo acusado en casación resulta infundado.

Finalmente, respecto al quinto punto, donde se acusa que se desconoció la interpretación ordinaria constitucional del art. 490 del Código de Procedimiento Civil, en relación a las excepciones de cosa juzgada, “prescripción y caducidad” opuestas por la parte demandada; al respecto, se debe tener presente que la Sentencia primeramente declaró improbada lo referente a la excepción de cosa juzgada, en dicho punto no se realizara ninguna consideración; respecto a la “prescripción y caducidad”, se tiene que en Sentencia, el Juez A quo, declara probada la excepción de prescripción en base a dos supuestos explicados supra; el primero, el computo efectuado desde el momento de la firma del instrumento de fecha 12/11/1998, hasta la citación con la presente demanda en fecha 10/01/2007, donde se tiene que transcurrieron más de cinco años.  El segundo y lo que acusa el recurrente, desde el momento de la ejecutoria de la Sentencia del proceso ejecutivo 12/12/2001 (fs. 49) hasta la citación al demandado 10/01/2007, donde también transcurrieron más de cinco años, por dicho motivo, el A quo, declaró probada la excepción de prescripción ya sea conforme a lo normado en el art. 490 del Código de Procedimiento Civil o en aplicación del art. 556 del Código Civil, situación que no vulnera lo establecido en la norma adjetiva civil, que en todo caso, la presente demanda fue declarada improbada, no por haberse operado la caducidad para iniciar la acción ordinaria ni para anular el proceso ejecutivo; sino, porque los actores ahora recurrentes no probaron los hechos expuestos en la demanda, la supuesta falta de consentimiento no fue probada por los recurrentes, situación que origina y hace concluir a este Tribunal Supremo que lo acusado en casación resulta infundado.

Por lo expuesto,  y en base a los fundamentos, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 624 a 635, interpuesto por Felipe Castro Flores y Fabiola Rodríguez Ramírez, contra el Auto de Vista de fecha 28 de septiembre 2009, cursante de fs. 616 a 618, emitido por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz. Sin costas por haberse contestado fuera de plazo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto