TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA               S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 348/2015 - L                                                                 Sucre: 21 de mayo 2015                                                                 Expediente:         LP-59-10-A                                                                       Partes: Compañía explotadora de Turba S.A. representado por Minor Augusto

             Romano Meave. c/ Aguas del Illimani S.A. (Empresa Social de Agua y

             Saneamiento S.A. EPSAS).

Proceso: Acción negatoria y reivindicación.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 267 a 270, interpuesto por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS)  representada por Víctor Hugo Rico Arancibia, contra el Auto de Vista Nº 459/2009 de fecha 24 de diciembre de 2009, cursante de fs. 263 a 264, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de acción negatoria y reivindicación, seguido por la Compañía explotadora de Turba S.A. representado por Minor Augusto Romano Meave contra Aguas del Illimani S.A. (Empresa Social de Agua y Saneamiento S.A. EPSAS), la concesión del recurso de fs. 273; los antecedentes del proceso: y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, emitió el Auto Definitivo Nº 191/2008, de fecha 09 de junio de 2008, cursante a fs. 211, mediante el cual y a solicitud de parte demandada, de conformidad a lo dispuesto por el art. 309  parágrafos I y II del Código de Procedimiento Civil, declaró la perención de instancia dentro de la presente causa.

Contra la referida resolución, Minor Augusto Romano Meave por la compañía explotadora de turba, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 214 a 216 y vlta.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 459/2009 de fecha 24 de diciembre de 2009, cursante de fs. 263 a 264, mediante el cual anuló la resolución Nº 191/08 de fecha 09/06/2008 cursante a fs. 211, asimismo, dispuso que el Juez A quo prosiga con la tramitación de la causa, resolviendo las excepciones planteadas por el demandado a fs. 57-60-, en cumplimiento del art. 338 del Código de Procedimiento Civil.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en la forma, interpuesto por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS)  representada por Víctor Hugo Rico Arancibia, el mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

I. Denuncia que el Tribunal de Alzada no se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior, pues consideró y se pronunció sobre puntos ajenos a los expresamente resueltos por el Juez A quo en la resolución Nº 191/08 de 9 de junio de 2008, así como sobre puntos ajenos apelados conforme al art. 227 del Código de Procedimiento Civil, en ese sentido acusa que el Tribunal Ad quem al haber incurrido en la nulidad prevista por el Art. 236 y 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, vulneró los arts. 90 y 236 de la misma norma legal.

II. Acusa falta de pertinencia del Auto de Vista recurrido por las siguientes razones:

2.1. Porque dejó de valorar los fundamentos de la parte apelante y EPSAS, que se centraron en la declaratoria de perención de instancia, particularmente no valoró los elementos probatorios y fundamentos con basta jurisprudencia presentados por EPSAS, para la confirmación de la perención de instancia, en ese sentido señala que al haber incurrido en error en su valoración y/o al haber omitido la valoración de la prueba señala que el recurso se hace viable conforme al art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

2.2. Por no existir armonía y correlación entre su parte considerativa y su parte resolutiva.

2.3. Porque en lugar de analizar los fundamentos de la apelación sobre la perención de instancia, discrecionalmente pasó a analizar el instituto jurídico de retardo de justicia, razón por la cual acusa que dicha resolución sería nula por falta de pertinencia y congruencia.

2.4. Debido a la afirmación que se hizo en la resolución recurrida de que al ser Aguas del Illimani una entidad estatal de derecho público, correspondía la intervención fiscal, afirmación que el recurrente considera totalmente fuera de contexto conforme a la revisión de los datos del proceso.

2.5  Por haber anulado la decisión del Juez A quo, de acuerdo al principio de Fiscalización, omitiendo anunciar si el mismo perdió competencia en el presente proceso.

2.6. Por haber incurrido en error de aplicación de la norma procesal, ya que la facultad de fiscalización o revisión de oficio para saneamiento procesal por los tribunales de segunda instancia, se ejercería a tiempo de disponer el sorteo de la cusa para resolución y no a tiempo de resolver la apelación y que el mismo no puede dictarse después de cinco días del sorteo.

III. Denuncia la vulneración de la previsión procesal imperativa de saneamiento Procesal de oficio, en ese sentido acusa que la resolución recurrida sería nula por haber violado la parte segunda, párrafo II de la “Disposiciones Especiales” de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar Nº 1760 de 28 de febrero de 1997 y del art. 90 del Código de Procedimiento Civil en relación al párrafo 1 numeral 4) y párrafo II del art. 137 y numeral 7) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil, porque al ser SAMAPA parte del proceso esta no habría sido notificada con el Auto de Vista y este hecho no habría sido advertido por los jueces de segunda instancia y tampoco fue notificado en el tiempo de cinco días después de haberse sorteado la causa.

Por lo expuesto, el recurrente solicita se declare nulo el Auto de Vista recurrido y se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta fs. 212 inclusive, de manera que se procesa a la notificación con la resolución Nº 191/08 de 9 de junio de 2008 al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA).

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme a lo establecido en el art. 106 del Código Procesal Civil, en vigencia anticipada, norma que guarda estrecha relación con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Nº 025, se tiene que, la nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte en cualquier estado del proceso cuando se encuentren infracciones que interesen al orden público y de esta manera sancionar con la anulación procesal, como resultaría ser el caso de la no aplicación del principio de congruencia, sobre el cual nos referiremos previamente y diremos que :

La doctrina en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales estableció que esta debe ser avocada desde dos acepciones: 1. La externa, que establece que este principio se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, la que establece una concomitancia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales, quedándole prohibido al juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, quedando limitado a considerar las pretensiones deducidas por las partes; 2. La interna, que establece que toda resolución al ser comprendida como una unidad congruente, esta debe cuidar el orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva, es decir que esta congruencia interna evita que en una misma resolución no existan contradicciones entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, establece que: “El principio de congruencia responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia", razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014, en ese entendido, una resolución judicial debe reunir la coherencia procesal necesaria tal como lo establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y tratándose de una resolución de segunda instancia esta debe ser resuelta conforme a las formas que establece el art. 237 del mismo cuerpo legal.

En el caso de autos, el Tribunal de Alzada mediante el Auto de Vista Nº 459/2009 de fecha 24 de diciembre de 2009, y en razón al recurso de apelación interpuesto por Minor Augusto Romano Meave en representación de la Compañía Explotadora de Turba, con el fundamento de que en el caso de autos el impulso procesal debió ser realizado por el Órgano Judicial y no así por las partes, más propiamente por la parte demandante, consideró que no podía por ningún modo declararse la perención de instancia, pues el Juez A quo al declarar la perención no habría hecho una detenida revisión de los datos del proceso, vulnerando los arts. 2, 3, 5 y 338 del Código de Procedimiento Civil, los principios de impulso procesal y celeridad, así como el derecho de quien o quienes solicitan una tutela judicial pronta, oportuna y efectiva, en un plazo razonable, razón por la cual consideró que le correspondía a dicho Tribunal corregir el procedimiento, por lo que en aplicación a lo dispuesto por el art. 237 parágrafo I num. 4) del Código de Procedimiento Civil, anuló la resolución Nº 191/08 de fecha 9 de junio de 2008, que determinó la perención de instancia, disponiendo que el Juez A quo prosiga con la tramitación de la causa, resolviendo las excepciones planteadas por el demandado en cumplimiento del art. 338 del Código de Procedimiento Civil.

De lo expuesto se observa que si el Tribunal Ad quem advirtió la vulneración de los arts. 2, 3, 5 y 338 del Código de Procedimiento Civil, los principios de impulso procesal y celeridad, así como el derecho de quien o quienes solicitan una tutela judicial pronta, oportuna y efectiva, y por la cual le correspondía al Juez A quo corregir el procedimiento, este debió haber fallado en la forma prevista por el parágrafo I numeral 3) del art. 237 del Código de Procedimiento Civil, es decir revocando total o parcialmente la resolución recurrida, toda vez que, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se observa que el Tribunal de Alzada procedió a realizar un análisis y valoración de fondo, respondiendo y dando razón a los agravios que fueron denunciados en el recurso de apelación de la parte actora, consiguientemente, ante la vulneración de las normas y derechos citados supra, de las cuales se percató e identificó como vulnerados por el Juez A quo, no correspondía que en la parte dispositiva se limite a anular el Auto definitivo; en ese razonamiento si el Tribunal de Alzada en la parte resolutiva realizó un análisis de fondo y respondió a los agravios expuestos en el recurso de apelación y en la parte dispositiva procedió a anular el Auto definitivo, este  hecho conlleva a la existencia de falta de coherencia y concordancia vulnerándose consecuentemente el principio de congruencia, que debió ser respetado por el Tribunal Ad quem a momento de dictar la Resolución de Alzada, pues toda resolución en lo que respecta a su estructura, debe guardar completa correspondencia con todo lo expuesto a lo largo del texto de la Resolución, caso contrario si no se estructura de tal forma una Resolución, lo que conlleva transgresión al debido proceso.

Por lo expuesto y ante la vulneración advertida, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil con relación al art. 106 del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil y arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 459/2009 de fecha 24 de diciembre de 2009, cursante de fs. 263 a 264, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, disponiendo que sin espera de turno y previo sorteo se pronuncie nueva resolución, que guarde el Principio de Congruencia previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, tomando en cuenta además la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal Supremo de Justicia respecto al tema en cuestión.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto