TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 332/2015 - L

Sucre: 18 de mayo 2015

Expediente: B - 9 - 10 S

Partes: Isaac Shriqui Vejarano y otros. c/ Consejo de la Judicatura.

Proceso: Cumplimiento de entrega.

Distrito: Beni.


VISTOS.- El recurso de casación en la forma y en el  fondo de fs. 216 a 222 vta.,  interpuesto por Tadeo Armando Ribera Bruckner en representación del Consejo de la Judicatura, contra el Auto de Vista Nº 024/2010 de 22 de marzo de 2010 que cursa de fs. 208 a 209, emitido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) del Beni, dentro el proceso de cumplimiento de entrega seguido por Isaac Shriqui Vejarano y otros en contra del Consejo de la Judicatura, la concesión del recurso de fs. 230, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad, pronunció la Sentencia Nº 297/2009 de 2 de diciembre de 2009 que cursa de fs. 173 a 179, declarando probada en parte la demanda de entrega de dinero interpuesta por Isaac Shriqui vejarano, por si y en representación de María Esther, David José Samuel, Moisés y Clara Lourdes Shriqui Vejarano, solo en lo que corresponde a la entrega del 10% del dinero retenido por el comprador, improbada en cuento al pago de intereses; disponiendo que la entidad demandada efectúe la devolución de la suma de Bs. 225.525.- en el plazo de 10 días de ejecutoriada la resolución.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por la entidad demandada, que fue resuelta mediante Auto de Vista Nº 024/2010 de 22 de marzo de 2010 que cursa de fs. 208 a 229 vta., que confirma la resolución apelada, fallo que a su vez es recurrido de casación objeto de estudio.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma.-

1.- Señala vicio de nulidad que debe ser declarado de oficio, refiriendo que la presente causa se inicia como una medida preparatoria de demanda de exhibición, manifestando que el presente contrato fue suscrito por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, representado por el Presidente del Pleno quien autorizó mandato a José Hurtado Poveda (Gerente General del Consejo de la Judicatura) quien fue autorizado a suscribir la minuta mediante testimonio de mandato Nº 688/2007 de 16 de octubre de 2007, asimismo constituyó domicilio legal en la calle Pilinco Nº 290 de la ciudad de Sucre o la calle Joaquín de Sierra esquina Germán Busch de la ciudad de Trinidad, aduce que el mandato fue extinguido al suscribirse el contrato como establece el art. 827 del Código Civil, habiéndose confundido con la designación de Gerente General, por lo que la citación efectuada al Representante Distrital del Consejo de la Magistratura deja en indefensión al Consejo de la Judicatura.

2.- Describe el art. 29 del Código Civil y señala la constitución del domicilio especial o convencional y en el contrato se ha señalado los domicilios de  calle Pilinco Nº 290 de la ciudad de Sucre o la calle Joaquín de Sierra esquina Germán Busch de la ciudad de Trinidad, y la medida preparatoria de demanda se cita en forma personal a Otto Ries Carvalho.

Asimismo cita el art. 252 del Adjetivo Civil y 15 de la Ley de Organización Judicial, para señalar que se debe anular el proceso con la finalidad de citar al Consejo de la Magistratura en el domicilio convencional que se ha fijado en el contrato.

3.- Reitera dentro del recurso de casación en la forma que, acusa nulidad de obrados por falta de citación, describiendo la calidad de domicilio convencional, asimismo describe los arts. 120, 121 y 124 del Código de Procedimiento Civil; asimismo, señala que procede la anulación del proceso por causas  derivadas de la identidad de las partes, manifestando que se ha iniciad el proceso citando a Otto Ries Carvalho como Representante Distrital del Consejo de la Judicatura, que no es parte en el contrato, luego se invocó la identidad de Javier Garrón y en Sentencia se falla en contra de Carlos Javier Garrón como Gerente General de Consejo de la Judicatura, posteriormente el Auto de Vista, describe a aquel como representante del Consejo de la Judicatura, este defecto atenta contra el derecho a la defensa, pues debió intervenir el Consejo de la Judicatura.

Asimismo acusa nulidad del Auto de Vista, por incongruencia, citando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en sentido de que él Auto de Vista debe absolver todos los puntos apelados, asimismo debe tener una motivación precisa, acusando que e Auto de Vista no satisface las exigencias de los arts. 236 y 190 del  Código de Procedimiento Civil, constituyendo un vicio conforme al art. 254 num. 4) del mismo cuerpo legal.

En el fondo.-

1.- Cita el art. 519 del Código Civil, para acusar violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, señalando que la intención de las partes ha sido que el contrato es uno sinalagmático con obligaciones recíprocas, obligaciones para ambas partes, refiriendo que el contrato concluirá por cumplimiento que se hará constar por escrito y por resolución en el cual el vendedor o el comprador darán aviso mediante carta notariada, por lo que conforme al art. 568 del Código Civil, debió demandar el cumplimiento o la resolución del contrato, y de aplicarse el art. 518 del Código Civil y no el art. 399 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Acusa que el Ad quem vulnera el art. 47 de la Ley de Administración y Control Fiscal, pues compete la controversia a la vía de la jurisdicción coactiva fiscal.

Por lo que solicita que en base al recurso en la forma se anule obrados, y en el fondo se case el Auto de Vista.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De conformidad a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, aplicable al caso de autos conforme señala la disposición transitoria segunda de la Ley Nº 439, este Tribunal ingresará a revisar si en el presente caso de autos se ha dado cumplimiento las formalidades legales imprescindibles como la legitimación en la causa- para la manutención de los actos procesales desarrollados en el sub lite.

Para la mejor comprensión de la legitimación “ad casuam”, diremos que es la condición particular y concreta de las partes, cuyo vínculo deriva en el objeto del litigio, así podemos citar el criterio de Hernando Devis Echandía, quien en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…”

Esto quiere decir que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad que la demanda sea presentada por o en contra de quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.

Del sub lite, se tiene que en la medida preparatoria de demanda de fs. 11, se solicita emplazar a Otto Ries Carvalho en su condición de Representante del Consejo de la Judicatura, posteriormente se formalizó demanda ordinaria de cumplimiento de entrega de Bs. 225.525.- en contra de Otto Ries Carvalho, alegando que se suscribió contrato con la Gerencia General del Consejo de la Judicatura (fs. 29 a 30 vta.), posteriormente ante tal eventualidad proveyó el decreto de admisión de la demanda de fs. 31 admitiendo la misma en contra del Consejo de la Judicatura, corriendo el traslado en contra del representante Distrital del Consejo de la Judicatura; luego de ello citado dicha persona interpuso excepciones, entre ellas la de impersonería (fs. 33 y ss.), señalando que la suscripción del contrato fue efectuada por el Gerente General del Consejo de la Judicatura, por lo que el Juez declaró probadas las excepciones de incompetencia e impersonería mediante Auto de fs. 36, siendo apelada solo la decisión de la incompetencia que fue resuelto por el Ad quem revocando la misma, posteriormente los actores reformularon su pretensión (fs. 85) dirigiendo la misma en contra de Javier Garrón en su calidad de Gerente General del Consejo de la Judicatura; luego de ello, se apersona Otto Ries Carvalho en representación de la Gerencia General del Consejo de la Judicatura, adjuntando el poder Nº 303/2009.

Ahora de la revisión de los antecedentes del contrato de fs. 1 a 7 (17 a 24), se tiene que el mismo fue suscrito por el Consejo de la Judicatura, conforme a sus clausulas primera y vigésima séptima, en base a un proceso de licitación pública para la adquisición de un bien inmueble, sobre dicho contrato se debe señalar que el titular del derecho que -en ese entonces- suscribió el contrato es el Consejo de la Judicatura, cuya personería se encuentra acreditada por la Ley Nº 1718, pues en dicha cláusula primera se señaló que participa el Gerente General de Consejo de la Judicatura como representante del Consejo de la Judicatura, no a título propio de “Gerencia General”, sino que esa Gerencia General representó a la entidad del Consejo de la Judicatura, habiendo acreditado el gerente su designación (Acuerdo Nº 234/2004) y su calidad de representante mediante testimonio Nº 688/2007 de 16 de octubre de 2007, documento último que acredita que -para la firma del contrato- el Gerente General representó al Consejo de la Judicatura, lo que quiere decir que el titular de dicho contrato es esta entidad, siendo este ente el titular del derecho substancial de esa relación contractual, que se traduce en la legitimación ad causam, no pudiendo asumir esa legitimación otra entidad o unidad dependiente de dicho Consejo de la Judicatura, salvo que haya sido autorizada expresamente para tal efecto, concluyendo que la causa ha sido tramitada sin la legitimación en la causa (legitimatio ad causam) de la parte demandada, siendo la legitimación en la causa un componente fundamental de los presupuestos procesales que conforme al contrato debió ser advertido al inicio del proceso, legitimación en la causa que atribuye derechos, obligaciones y que endilga responsabilidad por el contrato suscrito a una de las partes, que no podía ser confundida con una de las dependencias de dicho Consejo de la Judicatura, deduciendo que en el sub lite al demandarse a la Gerencia General del Consejo de la Judicatura quien no es titular del derecho substancial- se ha desarrollado el proceso con vicio de nulidad insalvable.

En el caso presente, se reitera que de acuerdo al contrato descrito se tiene que el titular de la relación substancial es el Consejo de la Judicatura cuya personería jurídica estaba respaldada por la Ley Nº 1817 de 22 de diciembre de 1997, sin embargo en forma posterior a dicha ley y sus reformas, se emite la Ley Nº 212, que señala en su art. 1 lo siguiente: “(Objeto). La presente Ley tiene por objeto: I. Regular la transición, traspaso, transferencia y funcionamiento ordenado y transparente de la administración financiera, activos, pasivos, y otros del Poder Judicial al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional. II. Regular la transición y traspaso ordenado y transparente, de las causas de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agrario Nacional al Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Judicatura al Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional al Tribunal Constitucional Plurinacional...”, esto quiere decir que dicha ley señala la extinción institucional del Consejo de la Judicatura, traspasando sus activos y pasivos al Consejo de la Magistratura, establecida mediante Ley Nº 025, cuyo art. 179 señala que el Presidente del Consejo de la Magistratura es quien asume la representación legal de dicha entidad, por lo que la causa deberá ser reencaminada dirigiendo la acción en contra de dicha presidencia.

Por lo expuesto este Tribunal Supremo de Justicia, emite fallo en la forma descrita por el art. 271 num. 3) con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y los arts. 271 num. 3) y 275 ANULA todo lo obrado, pudiendo los actores reformular su pretensión en contra de la Presidencia del Consejo de la Magistratura.

Sin responsabilidad por ser excusable.

De conformidad, a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto