TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                         S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 330/2015 - L                                                               Sucre: 18 de mayo 2015                                                        

Expediente: PT 14 10 S                                                                

Partes: Silvia Sandoval Salinas Vda. de Escalante.         c/ Hortensia Rentería de Herrera.

Proceso: Nulidad de transferencia por dolo y fraude.                               

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 326 a 327, interpuesto por Johnny Romay T., en representación de Hortensia Rentería de Herrera, contra el Auto de Vista de N° 088/2010 de19 de abril de 2010, de fs. 322 a 323, pronunciado por la Sala Civil Familiar y Comercial de la Respetable Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro el proceso Nulidad de transferencia por dolo y fraude seguido por Silvia Sandoval Salinas Vda. de Escalante en contra de Hortensia Rentería de Herrera, la contestación de fs. 330 a 331, el Auto de concesión de fs. 331 vta., los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La suscrita Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la Capital y Provincia Frías del Departamento de Potosí: Falla declarando probada la demanda de fojas 20 a 22 que se subsanó a fojas 25 de obrados, de Nulidad de contrato de transferencia de inmueble registrada en la Escritura Pública N° 0163/2009 y cancelación de anotación preventiva en Derechos Reales, interpuesta por Silvia Sandoval Salinas Viuda de Escalante en contra de Hortensia Rentería de Herrera, en la parte concerniente a la transferencia del inmueble de la calle Sucre N° 121 de esta ciudad en forma unilateral por Osvaldo Escalante Trujillo, sin el consentimiento de su esposa Silvia Lizbeth Sandoval Salinas de Escalante, por tratarse de un bien ganancial e improbada la demanda en la parte referente a la falta de consentimiento de Osvaldo Escalante Trujillo para la celebración del contrato de transferencia de dicho bien inmueble e ilicitud de causa y motivo que impulso a las partes a suscribir el contrato, se dispone en consecuencia la nulidad de la Escritura Pública N°0163/2009 y la cancelación de la anotación preventiva hecha en Derechos Reales, mediante asiento B-10 de gravámenes y restricciones en la matricula 5.01.1.01.0003341 de fecha 5 de marzo de 2009.

Contra dicha Sentencia Johnny Romay T., en representación de Hortensia Rentería de Herrera de fs. 309 a 310 interpone recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista de N° 088/2010 de 19 de abril de 2010, de fs. 322 a 323, pronunciado por la Sala Civil Familiar y Comercial de la Respetable Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, por el cual CONFIRMA la Sentencia apelada, resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Johnny Romay T., en representación de Hortensia Rentería de Herrera el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma.

1.-Acusa a los Tribunales de instancia el incumplimiento a las normas esenciales del proceso, pronunciando un fallo ultra petita, es decir que la demandante no formuló su demanda conforme lo determina el art. 116 del Código de Familia y el Juez de primera instancia pronuncio Sentencia basada en la nulidad y no de la anulabilidad.

2.- Acusa al Auto de Vista la violación e interpretación errónea de la Ley.

En el fondo.

1.- Impugna el Auto de Vista por la mala interpretación de los arts. 549 incs. 2) y 3) del Código Civil.

2.- Como también acusa al Auto de Vista la mala valoración de la prueba, incurriendo en una interpretación errónea de la Ley, vulnerando el art. 519 del Código Civil, así como del art. 216 del Código de Familia.

3.- Así como también refiere que el A quo, únicamente se limitó a determinar la falta de consentimiento de Osvaldo Escalante y de la propia demandante, que obviamente ello deriva en la anulabilidad del contrato que es diferente a la nulidad, de esta manera vulnerando el art. 554-1 del Código Civil, lo cual el Tribunal Ad quem, no tomo en cuenta. 

CONSIDERANDO III:                                                           FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación “anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesen al orden público”, disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga el carácter de orden público a las normas procesales y por lo tanto de cumplimiento obligatorio; asimismo, el art. 106 del Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013, previene en su parágrafo I que : “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, preceptiva puesta en vigencia por la disposición transitoria segunda numeral 4) de la misma Ley de referencia, en el entendido, de que se hubieran vulnerado las garantías constitucionales de las partes o de una de ellas, o en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

En el caso de autos y de la revisión del proceso se tiene que, Silvia Sandoval Salinas Vda. de Escalante, presentó demanda de nulidad de contrato de transferencia de inmueble, expresada en Escritura Pública N° 0163/2009 y cancelación de anotación preventiva registrada en folio Real N° 5.01.1.01.0003341, Asiento 10 B) de Gravámenes y Restricciones, de fs. 20 a 22 y vlta., subsanada a fs. 25, dirigida su acción en contra de Hortencia Rentería de Herrera, amparándose en los arts. 452 y 549 incs. 2) y 3) del Código Civil, entre sus antecedentes de manera sucinta, señala que al fallecimiento de su esposo Osvaldo Escalante Trujillo, conjuntamente sus 3 hijos de nombres Ariel, Grisel Soraya y Laura Mariel todos de Apellidos Escalante Sandoval, han sido declarados herederos forzosos de todos sus bienes acciones y derechos, alegando que su esposo no tenía la intensión de transferir su bien inmueble, por el contrario que, al momento de adquirir el préstamo de Hortencia Rentería de Herrera, la suma de $us. 10.500 (Diez Mil Quinientos 00/100 Dólares Americanos), con un interés del 5% mensual pagadero por adelantado, fijándose el monto del préstamo por la suma de $us. 12.000.- (Doce Mil 00/100 Dólares Americanos), trasladándose a la ciudad de Sucre para suscribir el contrato de préstamo de dinero Osvaldo Escalante Trujillo y Hortencia Rentería de Herrera, posteriormente, su cónyuge le habría manifestado que el documento suscrito dio en calidad de garantía el bien inmueble de la calle Sucre N° 121, por lo que en ningún momento manifestó que se hubiese transferido dicho bien inmueble, lo que se había acordado era un préstamo y no la transferencia, al margen de ello se fue cancelando los intereses lo que se pactó en el documento suscrito en fecha 05 de abril de 2007, como también se canceló como cuota del capital la suma de $us. 4.000.- (Cuatro Mil 00/100 Dólares Americanos), conforme consta del documento de fecha 24 de agosto de 2007, haciéndose un total de $us. 4.950.oo (Cuatro Mil Novecientos Cincuenta 00/100 Dólares Americanos), señalando además que por más de diez años se encontraban casados por el cual adquirieron un bien inmueble de propiedad de Julio Escalante Trujillo tal cual se evidencia del Folio Real N° 5.01.1.01.0003341, Asiento N° 1, inmueble que se encuentra ubicado en la calle Sucre N°121, constituyéndose de esta manera en un bien ganancial conforme establece el art. 111 del Código de Familia, por el que no se puede realizar la transferencia sin el consentimiento de uno de los esposos.

De lo anterior, corresponde precisar que el hecho de que una cuestión Civil en litigio depende de establecer el carácter familiar que es determinante para la competencia, así la norma contenida en el segundo párrafo del art. 380 del Código de Familia, dispone que: “En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el juez de familia".

La norma en cuestión hace referencia a la posibilidad de que un Juez de Familia conozca de una cuestión civil, siempre que ésta dependa de la determinación previa o principal de otra cuestión de índole familiar. En el caso presente, la pretensión que se demanda es de una nulidad de contrato de transferencia  interpuesta por la actora, donde se trae a colación la ganancialidad del bien inmueble que no se encuentra definido de manera clara ese aspecto; ante esa situación surge ciertamente una cuestión de naturaleza familiar, cual es definir primero el carácter ganancial del bien inmueble. En otras palabras para determinar si es o no procedente la invalidez de la transferencia efectuada por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro aún éstos ya no se encuentren actualmente unidos en matrimonio, previamente deberá establecer si el inmueble objeto de esa transferencia reviste o revestía carácter ganancialicio, aspecto que conforme el cabal entendimiento del párrafo segundo del art. 380 del Código de Familia corresponde al Juez de Materia Familiar conocer la causa, consiguientemente será también él, el Juez competente para conocer y resolver la cuestión civil de fondo.

Respecto al tema, el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo Nº 491/2012 de 14 de diciembre de 2012, ha señalado que: “De lo manifestado precedentemente se establece que, siempre que exista una cuestión familiar de la cual dependa la cuestión civil, la competencia debe ser reconocida al Juez de Familia. En el caso de demandas que buscan invalidar actos de disposición de bienes comunes de uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, será competente el Juez de Familia, siempre que previamente resulte necesaria la determinación del carácter común del bien objeto de la disposición, pues, es posible que en algunos casos particulares tal determinación ya esté dada, como por ejemplo a través de una Sentencia de divorcio ejecutoriada que, con carácter previo a la demanda de invalidez, hubiese reconocido el carácter ganancialicio del inmueble en cuestión, o cuando el título de adquisición del inmueble se encuentra registrado a nombre de ambos cónyuges, en cuyos casos no es necesario que previamente la jurisdicción familiar defina el carácter común del bien, razón por la que el Juez competente para conocer y resolver la demanda de invalidez resultará ser el Juez de materia Civil”.

Así también la doctrina refiere que la “…Competencia por razón de la materia, Civil, Comercial, Penal, Laboral, contencioso-administrativa, del menor… está fundada en la naturaleza del derecho que se aplica a la cuestión sometida a los jueces, esta división está determinada, dice CARNELUTTI, por el modo de ser litigio, es decir, de acuerdo con la relación de Derecho material que da lugar a la causa. Según esto y por los motivos contingentes, se crean determinados tribunales a quienes se atribuye, en exclusividad, la posibilidad de conocer de ellos y decidirlos”, es en ese sentido que la Ley 025 Ley del Órgano Judicial en su art. 31 núm. 3) al respecto señala que los: “Tribunales de Sentencia y jueces con jurisdicción donde ejercen competencia en razón de territorio naturaleza o materia”,  como también el art. 90 I del Código de Procedimiento Civil, refiere que: “Las normas procesales son de orden público y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley”.

Es en ese sentido que el art. 380 del Código de Familia establece que: “La competencia de los jueces de partido e instrucción familiar se determina por la naturaleza del asunto o por razón del territorio, conforme a las disposiciones del presente Código. En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el juez de familia”.

De todos estos antecedentes reflejan la necesidad de establecer que los bienes transferidos o dados como garantía fueran gananciales y que al tener esa calidad en la presente Litis, concierne determinar cual fuera el porcentaje que corresponde a cada uno de los cónyuges, durante la vigencia del matrimonio, incumbiendo esto al ámbito enteramente familiar.

Es en ese sentido que es preciso referirnos que si un Juez toma conocimiento de una causa y resuelve sin tener competencia, tanto su intervención como las resoluciones que emitiera estarían viciados de nulidad, así de esta manera el art. 122 de la Constitución Política del Estado señala que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que nos les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

En el caso en cuestión, de la revisión del tenor de la demanda y su pretensión, referido al reclamar de haberse transferido un bien ganancial sin tener el consentimiento de uno de los cónyuges, ciertamente depende de un asunto familiar como es la determinación del carácter ganancialicio que corresponde la averiguación del porcentaje a que alcanzan sus acciones y derechos del mismo, aspecto que constituye una determinación que incumbe al ámbito familiar, como se ha dicho, siendo esto así, los Tribunales de instancia debieron establecer de manera correcta y remitir para su conocimiento y tramitación ante un Juez en Materia Familiar en sujeción a lo determinado por el art. 380 del Código de Familia, para que el Juez de la materia lo sustancie, tomando en cuenta como parámetro la fecha de adquisición del referido bien inmueble y el porcentaje de participación a que tuviera derecho, al no haberlo hecho, ciertamente han viciado de nulidad todo lo actuado, correspondiendo proceder conforme lo determina el art. 106 de la Ley 439 Nuevo Código Procesal Civil, con relación al art. 254 num. 1)  del Código de Procedimiento Civil, tratándose de infracción que interesan al orden público que vician la legalidad del proceso.    

Por lo anterior corresponde a este Tribunal fallar de conformidad a lo previsto por el art. 271 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por el art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA todo lo obrado hasta fs. 23, inclusive (admisión de la demanda), disponiendo que el Juez de la causa remita lo obrado ante el Juzgado de Partido en Materia Familiar, con la finalidad de que éste trámite la pretensión conforme a Ley.  

Siendo excusable el error, no se impone multa alguna.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto