TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                       S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 328/2015 L

Sucre: 18 de mayo 2015.                                                

Expediente: LP 56 10 S.                                                   

Partes: Lourdes Alarcón Álvarez c/ Darío López Mamani y Rosa Sánchez de

            López.

Proceso: Acción Reivindicatoria.                                                

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 139 a 140, interpuesto por Oscar Chacón Pinto en representación de Lourdes Alarcón Álvarez, contra el Auto de Vista Resolución Nº 075/2010 de fecha 03 de marzo de 2010 de fs. 135 a 136 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior de justicia de La Paz ( hoy Tribunal Departamental de Justicia de La Paz) en el proceso ordinario de acción reivindicatoria, seguido por Lourdes Alarcón Álvarez contra Darío López y Rosa Sánchez de López ; la respuesta al recurso de fs. 144 y vta.; el Auto de concesión de fs. 145; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Lourdes Alarcón Álvarez, por memorial de fs. 11 a 12 y vta., adjuntado las literales de fs. 2 a 10, interpone demanda de acción reivindicatoria, ante el Juzgado Décimo de Partido en lo Civil y Comercial del Departamento de La Paz, en la vía ordinaria contra Darío López M. y Rosa Sánchez de López, argumentando que habiendo sido propietaria junto a su difunto esposo de dos acciones del bien inmueble ubicado en la calle Chorolque Nº 852 con una superficie de 219,44 mt2 y encontrándose urgidos por problemas económicos, como el pago de un préstamo, tomaron la decisión de vender el mismo a don Darío López M. y su esposa Rosa Sánchez de López bajo las condiciones estipuladas en un contradocumento de fecha 13 de noviembre de 1990 y de una Minuta de Compra-Venta, refiriendo que los compradores no habrían cumplido con el total de la obligación de cancelar el precio total pactado y los términos del contradocumento, por lo que en vista de ese incumplimiento la demandante se vería en la necesidad de recuperar el inmueble para lo que ella efectuaría la devolución del dinero entregado, no obstante los compradores antes de saldar la totalidad de la deuda, habrían procedido a inscribir en Derechos Reales su derecho propietario.

Por su parte los demandados contestan negando la calidad de propietaria de la demandante sosteniendo que ella no contaría con título ni inscripción vigente en Derechos Reales por lo que la Ley no le facultaría plantear una acción de reivindicación, negando en su totalidad la pretensión incoada, interponiendo demanda reconvencional de usucapión quinquenal del inmueble con una superficie de 219,44 mt2, ubicado en la calle Chorolque Nº 852 de la Zona los Andes de la ciudad de La Paz, asimismo solicitan prescripción de la supuesta obligación y el pago de daños y perjuicios. 

Sustanciado el proceso, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 429/2009 de 04 de noviembre de 2009 cursante de fs. 109 a 112, declaró improbada la demanda de fs. 11, e improbada la acción reconvencional de fs. 15, sin costas por ser proceso doble.      

Contra esa resolución de primera instancia, ambas partes, de fs. 115 a 115 vta. y 119 a 120, interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior de Justicia de la Paz (Hoy Tribunal Departamental de Justicia) por Auto de Vista resolución Nº 075/2010 de fecha 03de marzo de 2010, cursante de fs. 135 a 136, CONFIRMA la Sentencia Nº 429/2009 de fecha 04 de noviembre de 2009; Resolución recurrida en casación en el fondo por la demandante, cursante de fs. 139 a 140, mismo que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:                                                                 HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del contenido del Recurso de Casación en el fondo se tiene lo siguiente:

Refiere que el Auto de Vista habría interpretado y aplicado indebidamente la Ley. Habría incurrido en franca inobservancia de la prueba principal cual es el contradocumento de 13 de noviembre de 1990, siendo éste la carga de la prueba de los hechos fundados en la demanda principal, que es de esta manera que la demanda se funda en el art. 1453, recuperando lo propio tras el despojo ajeno o por indebida posesión, ya que el comprador se habría aprovechado de la buena fe de los vendedores sin haber cumplido el pago total ni el justo precio de la venta acordada.

Aclara que su derecho propietario fue demostrado a cabalidad, en vista de que con ese derecho propietario transfirió a los compradores títulos de propiedad, porque de lo contrario los supuestos actuales propietarios no hubiesen podido registrar su nombre en derechos reales, por lo que refiere que esa es la prueba evidente que era legítima propietaria del inmueble.

Acusa violación expresa del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, que en ese contexto la Resolución Nº 075/2010 Auto de Vista, inaplica e inobserva la prueba de carga, sin considerar que la prueba es clara y fehaciente en cuanto a su contenido.

Finalmente expresa se Case la Resolución recurrida y deliberando en el fondo sea corregida, disponiendo la restitución de sus bienes y derecho a favor de la demandante.   


CONSIDERANDO III:                                                         FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


De la revisión del recurso, se tiene que la recurrente a través de su apoderado, Oscar Chacón Pinto plantea que el Tribunal de segunda instancia hubiera incurrido en no apreciar la prueba de cargo aportada al  proceso, relativa al contradocumento.

Al respecto previamente es preciso mencionar que la reivindicación, está definida como la acción real que le asiste al propietario "no poseedor" frente al poseedor "no propietario", de ello se tiene que el art. 1453 del sustantivo Civil en lo referente a la acción reivindicatoria, considerada como una acción de defensa de la propiedad, contempla ciertos requisitos para su procedencia, la doctrina orienta que tres son los supuestos para la acción reivindicatoria: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado o destituido de ésta; c) que la cosa se halle plenamente identificada. De manera que conforme señala el art. 1453 del CC, el Juez deberá determinar la reivindicación de la cosa “de quien la posee o detenta” respecto al propietario. Por lo que ante la demanda de reivindicación corresponde a los jueces de instancia analizar y verificar el derecho propietario de quien demanda esta acción, para recién ordenar la reivindicación del inmueble, de manos del poseedor en favor de quien fuera propietario.

No obstante la existencia del mencionado documento (contradocumento) cursante de fs. 5 y 5 vta., de fecha 13 de noviembre de 1990, que según la parte actora otorgaría  plena prueba valor y certeza a esta acción, se puede claramente  apreciar que se trata de un documento de transferencia del inmueble referido por acuerdo de partes sobre una suma diferente a la estipulada en un anterior documento, que para efectos de este proceso carece de absoluto valor ya que el tema en discusión no es el valor de contrastación del mismo o su efectivo cumplimiento, sino la certeza del derecho propietario correspondiente a Lourdes Alarcón Álvarez, que para el caso de autos se verifica que fue transferido en otro tiempo, en tal sentido la mencionada vendedora a partir de ese instante y en virtud a esa venta, se desprendió de su derecho de propiedad, consecuentemente dejó de contar con el registro en la oficina de Derechos Reales. En cuanto a que si las condiciones transaccionales de la misma  fueron malas, buenas o incumplidas, no corresponden ser parte del análisis de este proceso, puesto que el enfoque de la demanda reside en la acción reivindicatoria, situación esencial respecto al derecho propietario que no pudo ser probada por la demandante, por lo que Lourdes Alarcón Álvarez no tendría base sustentable para la demanda de reivindicación; cuyo título anteriormente inscrito habría sido cancelado por haberse operado la transferencia del derecho propietario en favor de los hoy demandados, mismos que cuentan con título que se encuentra registrado y vigente en la oficina de Derechos Reales. Se tiene entonces que, los tribunales de instancia valoraron la misma respecto a la acción reivindicatoria en relación a que la demandante no habría acreditado su derecho propietario sobre el inmueble que reclama, concluyendo que la actora no pudo probar los extremos sostenidos en su demanda, siendo un requisito indispensable para la procedencia de la acción reivindicatoria “la pérdida de la posesión por acción de una tercera persona”.

Respecto al mismo reclamo, que no se habría tomado en cuenta la prueba aportada refiriéndose al contradocumento, el Auto de Vista recurrido en el punto 2) refiere “Respecto al contradocumento que según la parte actora acreditaría una posible deuda pendiente entre la demandante y la parte demandada, razón por la que se habría interpuesto la acción reivindicatoria, se debe señalar que no corresponde la interposición de la acción intentada, considerando que la demanda no cumple los requisitos exigidos por ley para interponer dicha acción, mucho menos la parte actora no ha demostrado que haya perdido la posesión del inmueble.”

Concluyendo que respecto al tantas veces invocado documento que accesoriamente (contradocumento) habrían suscrito entre vendedores y compradores, cursante de fs. 5 a 5 vta., si bien versa sobre el derecho propietario de la parte demandante en el año 1990, no desvirtúa la venta que habrían efectuado a los señores Darío López M. y su esposa Rosa Sánchez de López o el derecho propietario de ellos, que actualmente se encuentra registrado en Derechos Reales bajo el asiento A-1 de la matrícula vigente Nº 2010990107355, cursante de fs. 69 y 69 vta. De tal suerte que no corresponde su análisis por cuanto su eficacia probatoria es ineficaz  para este tipo de proceso, razón por la que los tribunales de instancia tampoco ingresaron a considerar su tratamiento. 

Respecto a que se habría violado el art. 375 del CPC y el Auto de Vista no  hubiera valorado la existente prueba idónea de cargo ignorando la misma,  resulta pertinente analizar si los fallos, fueron los adecuados, ahora bien, en virtud a la Sentencia  y  resolución confirmatoria emitida por el Tribunal de Alzada, que desestima la acción reivindicatoria de Lourdes Alarcón Álvarez  respecto del inmueble objeto de la Litis, corresponde señalar que para la procedencia de la acción reivindicatoria, establecida por el art. 1453 del Código Civil, debe tomarse en cuenta que la citada norma establece que “I) El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, es decir que la acción reivindicatoria puede ser invocada por quien en primer término cumpla con ser propietario, de la lectura se entiende claramente que la accionante,  en primer lugar de acuerdo al numeral I) debe ser propietaria, sin embargo en este caso en particular no tiene registrado su derecho  propietario. Así se tiene del informe de Derechos Reales cursante en fs. 39, el cual indica que sobre la anterior partida correspondiente a Villanueva H. Saturnino y Lourdes Alarcón Álvarez, sobre un lote ubicado en la calle Chorolque Nº 852 zona los Andes, se encuentra actualmente la matrícula computarizada Nº 2010991017355 bajo el asiento A-1 de fecha 03 de mayo de 1996 se registra el derecho propietario de López Mamani Darío, Sánchez López Rosa de, terreno ubicado en calle Chorolque Nº 852.

Para el efecto de corroborar prueba documental de cargo,  respecto a la existencia real de la Minuta de Compra-Venta, cursa en fs. 29 informe de la actual poseedora del protocolo correspondiente abogada Lidia Chungara Ponce, Notario de Fe Pública primera clase Nº 071 de la ciudad de La Paz, la cual informa: “De la Escritura Pública de Protocolización de compra venta de inmueble en acciones y derechos situada en calle Chorolque número ochocientos cincuenta y dos de esta ciudad, suscrita por los esposos Saturnino Villanueva H. y Lourdes Alarcón de Villanueva, por la suma de Bs. Seis mil 00/100 (Bs 6.000) a favor de los esposos Darío López M. y Rosa Sánchez de López... …Es cuanto tengo a bien informar, para fines consiguientes de Ley”

Asimismo cursa de fs. 69 y 69 vta., Informe del Sub- Registrador de Derechos Reales de la ciudad de La Paz donde se evidencia que las partidas 01113573 y 01005160 fueron canceladas por la partida 01113573, a su vez la partida 01353236 cancela las partidas 01328430 y 01113573 registrada a nombre de Darío López Mamani y Rosa Sánchez de López, sobre un lote de terreno ubicado en la calle Chorolque 852 con una superficie de 302.77 mt2, adquirido mediante fusión dispuesta por el Juzgado 5to de Instrucción en lo Civil, depurado en el asiento A-1 de la matrícula 2010990107355 (matrícula vigente) (Las negrillas son nuestras)

Conforme a lo desarrollado y en virtud a toda la prueba aportada en el curso del proceso, se tiene que Lourdes Alarcón Álvarez no pudo probar justamente el punto relativo al derecho propietario actual que le asiste, en relación a lo establecido en los arts. 56 de la Constitución Política del Estado  y 1453 I), 105 y 1538 del Código Civil.

Examinado el Auto de Vista Nº 075/2010 de fecha 03 de marzo de 2010, se tiene que el  razonamiento realizado por el Ad Quem fue correcto, porque  precisó que la demandante no ha demostrado que haya perdido la posesión, asimismo no hubo demostrado su derecho de propiedad sobre el inmueble cuya reivindicación pretende, estableciéndose que la parte actora de forma voluntaria transfirió sus acciones a los demandados, por lo que no corresponde la acción intentada, resultando también no ser fundados los reclamos efectuados por la parte recurrente, siendo correcto el entendimiento y la interpretación realizada en relación a la aplicabilidad del art. 1453 del Código Civil. Porque precisamente la demandante a más de manifestar una venta efectuada cuyo importe no habría sido cumplido en su totalidad, no ha demostrado con título idóneo su calidad de propietaria definitiva y de titular del bien inmueble objeto de la Litis, lo que de por si hace inconsistente los agravios denunciados, asimismo corresponde señalar que el Juez al momento de dictar Sentencia está en la obligación de apreciar y valorar conforme mandan los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, labor que fue cumplida por el A quo, quien en virtud del principio de unidad de la prueba, valoro el conjunto de la prueba introducida al proceso, analizando y confrontando las diversas pruebas propuestas por las partes señalando su concordancia o discordancia entre ellas, y llegando a formar convencimiento, en cumplimiento claro del art. 375 del Código de Procedimiento Civil, valoración confirmada por el Ad quem en el Auto de Vista recurrido

Finalmente cabe resaltar que el hecho de que le adeuden una supuesta suma a la parte actora no es un elemento justificado o argumento para cuestionar la viabilidad de la acción reivindicatoria, pues si ella considera que esa obligación incumplida podría aun mantenerse vigente, tiene la vía para activar un proceso por resolución o incumplimiento de contrato.

Concluyéndose que de los antecedentes que cursan en obrados y del Auto de Vista Resolución Nº 075/2010 de 03 de marzo de 2010, se tiene que el mismo  dio respuesta en los términos que la ley prevé, por lo que no es evidente el reclamo de la parte recurrente, de lo que se establece que los Tribunales de

Instancia consideraron correctamente la normativa aplicable al presente caso, correspondiendo a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los  arts. 271 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por Oscar Chacón Pinto en representación de Lourdes Alarcón Álvarez, cursante de fs.139 a 140, contra el Auto de Vista Resolución Nº 075/2010 de 03 de marzo de 2010 de fs. 135 a 136. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto