TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 322/2015 -L

Sucre: 18 de Mayo 2015

Expediente: O 28 10 S.

Partes: Lutrán Diaz Lora y otra c/ FERRARI GHEZZI Ltda

Proceso: Modificación de resoluciones tomadas en proceso ejecutivo y otro

Distrito: Oruro

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1330 a 1334, interpuesto por Lutrán Diaz Lora y Lidia Morales de Diaz contra el Auto de Vista Nº 055/2010 de 11 de marzo de 2010 cursante de fs. 1321 a 1326, pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de Oruro, en el proceso de modificación de resoluciones tomadas en proceso ejecutivo y otro seguido por los recurrentes en contra de FERRARI GHEZZI Ltda., la concesión de fs. 1339 los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil, pronuncia la Sentencia N° 498, de 25 de junio de 2009 que cursa de fs. 1263 a 1267 y vta., declarando improbada la demanda de fs. 41 a 44 aclarada y modificada a fs. 157, con costas.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación y resuelta por Auto de Vista de fs. 1321 a 1326, que confirma la Sentencia y Auto apelados, fallo que a su vez es recurrido de casación en el fondo por la parte demandante.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma.-

1.- Señala que mediante decreto de fs. 1257 vta., el A quo hubiera decretado que el expediente vuelva a despacho para Resolución y sin Resolución de clase alguna mediante decreto de fs. 1261 vta., proveyó el decreto de “Autos”, aduciendo que anteriormente existía cuestión pendiente que resolver, pues si no existía Resolución pendiente la providencia de fs. 1257 vta., debía reponerse; el Auto de Vista señala que el recurrente no especificó la nulidad pretendida, no corresponde al litigante determinar el estado en que debe reponerse el proceso sino al Juez.

2.- Por otra parte señala que en el memorial de apelación se hubiera fundamentado la revocatoria de la Sentencia, en el que se señaló que el poder con el que Carlos Leonardo Ferrari Quevedo inició el juicio ejecutivo carecía de valor por no haber sido registrado en FUNDEMPRESA al momento de iniciarse dicha acción ejecutiva, conforme a los arts. 13 y 33 del D. S. Nº 15191 de 15 de diciembre de 1997, ese punto no ha sido considerado en el Auto de Vista, omisión que infringe el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo.-

1.- Acusa infracción del art. 809, 810 y 819 del Código Civil, manifestando que el poder con el que Carlos Leonardo Ferrari Quevedo activó el proceso ejecutivo seguido en contra de los recurrentes, es un poder general de administración y no es un mandato especial, pues no especifica el nombre de los demandados, siendo tan solo un simple mandato de administración, por lo que al advertirse dicho vicio deberá declararse la nulidad.

Por otra parte el poder de referencia es otorgado en favor de dos personas y el juicio ejecutivo fue iniciado solo por Carlos Leonardo Ferrari Quevedo y el Auto de Vista señala que uno de los mandatarios puede realizar el mandato sino existe restricción, que no coincide con el art. 819 del Código Civil, pues revisado el poder, no existe cláusula de unilateralidad y el mandato debía ejecutarse de manera conjunta por ambos mandatarios, siendo nula toda actuación en contrario.

2.- Por otra parte señala que se ha infringido los arts. 486 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 494 y 495 del Código Civil y 115 y 180 de la Constitución Política del Estado, ya que para la procedencia del juicio ejecutivo es necesario la existencia de una suma líquida y exigible, un valor determinado, que no existe en el caso de Autos, porque la obligación perseguida está sujeto a una condición suspensiva no cumplida a la fecha; manifiesta que revisando las Escrituras Nº 069 y Nº 6, de fs. 1 a 4 y trascribe la cláusula tercera del primer documento, para manifestar que conforme a dicha cláusula, debía efectuarse una liquidación para determinar el monto adeudado, así la obligación no es pura y simple, sino que tiene una obligación condicional suspensiva, liquidación que debía efectuarse para determinar la existencia de un saldo, que no se ha realizado siendo que la condición se mantiene suspendiendo la eficacia del derecho persecutorio del acreedor hasta la realización del acontecimiento futuro que es la realización de la liquidación, por lo que no se podía intentar la acción ejecutiva. También señala que la segunda Escritura, mantiene la eficacia de la cláusula tercera del la primera Escritura y en esta se impone la calidad condicional de la obligación de un hecho futuro que no se ha producido, dicha clausula tercera de la Escritura Nº 6 no ha sido considerada por el Auto de Vista.

Asimismo señala que el Auto de Vista, sostiene que no existe condición suspensiva pues entiende que existe una obligación pura y simple, que es falsa pues la entrega de productos es de tiempo pasado mientras que la condición suspensiva origina un hecho futuro; señala que realizar una liquidación de una deuda para saber cuanto se debe es una condición que suspende la liquidez de la obligación y los preceptos constitucionales descritos por el Ad quem nada tienen que ver en el presente asunto.

3.- Acusa infracción de los arts. 1311 y 295 del Código Civil, pues el Auto de Vista hubiera incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al no dar la veracidad a las pruebas de fs. 250 a 690 en el que cursan todos los depósitos efectuados en favor de FERRARI GHEZZI Ltda. como pago de las mercaderías que recibieron, y el Auto de Vista señala que esos depósitos no tienen relación con la deuda, pues no identifican que personas hubieran efectuado los depósitos, empero fueron efectuados en favor de FERRARI GUEZZI Ltda., pues no es necesario identificar al depositante y menos que tenga relación con la deuda, señala que la obligación perseguida en juicio ejecutivo se ha cancelado a través  de depósitos judiciales.

4.- Señala que se ha infringido los arts. 430 y 441 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que para el examen de las copias legalizadas remitidas por el Banco Mercantil Santa Cruz, se designó un perito que elaboró un informe que concluyó señalando que la obligación perseguida en el juicio ejecutivo está cancelada; el Auto de Vista señala que el referido informe pericial no tiene valor por no haberse cumplido con los arts. 397 y 431 del Código de Procedimiento Civil, pues FERRARI también ofreció su peritaje, y esa peritación versó sobre el monto de la obligación y su cotejo con el valor de los depósitos bancarios para saber si existía o no saldo deudor, cuya pericia dedujo que el resultado que no existía obligación pendiente, empero como dicha pericia no convenía al juzgador, declaró el peritaje como ilegal.

5.- Acusa infracción del art. 512 del Código Civil, pues el Ad quem señaló que ante la existencia de términos ambiguos en un contrato ante la situación de que los demandantes reconocen adeudar la referida suma de dinero el término de “liquidación” debe ser entendida de acuerdo a la intención de las partes; refiriendo que las escrituras mencionan una suma de dinero empero y por otra parte se menciona la existencia de una condición suspensiva sujeta a conciliación o liquidación que deben efectuar las partes, e indica que la intención de las partes ha sido de conciliar en una liquidación la existencia de obligación o de saldo de obligación que se menciona en la cláusula tercera de la escritura Nº 069, por lo que mientras ella no se realice la misma la obligación no es ejecutable.

Por lo expuesto solicita anular obrados o casar el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma.-

1.- Respecto a la acusación de no haberse resuelto una cuestión previa, y que el decreto de fs. 1257 vta., debía reponerse.

Se dirá que mediante providencia de fs. 1257 vta., el Juez dispone que el expediente vuelva a despacho para Resolución, posteriormente mediante decreto de fs. 1261 vta., el Juez de la causa providencia el decreto de “Autos” para Sentencia; sobre dicha tramitación el ahora recurrente no ha expresado de qué manera dicha forma de tramitación le hubiera causado perjuicio, que resulta ser elemental para cuestionar un vicio de procedimiento, pues el vicio procesal debe ser de tal manera que cause indefensión a la parte, quien al verse afectada con ese vicio de procedimiento se vea en la obligación de cuestionar el trámite y que deba peticionar que el procedimiento deba ser anulado retrotrayendo las etapas procesales, bajo ese criterio es que la nulidad debe fundarse en perjuicio al litigante, de tal manera que solo con la nulidad procesal pueda sanearse la indefensión que se la ha causado, criterio adoptado en base al apotegma jurídico que sostuvo Alsina “donde hay indefensión hay nulidad, si no hay indefensión no hay nulidad”, olvida el recurrente que la función del proceso es la de dirimir derechos sustantivos de las partes y no el cumplimiento ritualista de la forma procesal, como señala el art. 91 del Código de Procedimiento Civil, consiguientemente el supuesto agravio acusado por el recurrente no tiene el presupuesto de la indefensión o perjuicio que hubiera sufrido el recurrente, por lo tanto al acusación deviene en infundada.

2.- Respecto a la acusación de que en recurso de apelación hubiera argüido sobre la falta de inscripción en FUNDEMPRESA del poder con el que Carlos Leonardo Ferrari Quevedo a nombre de FERRARI GUEZZY Ltda. inició la acción ejecutiva.

Sobre dicho agravio se dirá, que el recurrente en su oportunidad debió formular complementación y explicación conforme al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, mecanismo de protección procesal para sanear sobre la falta de pronunciamiento de un agravio, que podía ser subsanado conforme a dicha norma descrita que tiene relación con el art. 196  num. 2) del mismo cuerpo legal que a la letra señala: “A pedido de parte, formulado dentro de las veinticuatro horas de la notificación, y sin sustanciación, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio…”, dicha norma -sin necesidad de modificar el fallo emitido- permite al Tribunal de apelación pronunciarse sobre un agravio no absuelto pues, como se dijo, la norma descrita permite suplir cualquier omisión sobre alguna de las pretensiones (agravios) formulados por la parte, consiguientemente, el no activar el mecanismo de protección adecuado para la omisión incurrida por el Ad quem implica que el recurrente ha convalidado dicha omisión, por lo que ese aspecto ya no puede ser recurrido en casación, consiguientemente la acusación en estudio resulta ser infundada.

En el fondo.-

1.- Sobre la acusación de haberse infringido los arts. 809, 810 y 819 del Código Civil, el que se cuestiona que el poder de Carlos Leonardo Ferrari Quevedo es uno general de administración y no especial que debía de especificar el nombre y que de acuerdo a jurisprudencia corresponde la anulación del proceso por haberse iniciado con poder  general de administración; dicha acusación no ha formado parte de la causa petendi, del tema decidendum, menos ha sido un motivo expuesto en el recurso de apelación, por lo tanto ajena al objeto de la litis, consiguientemente, sobre la misma no corresponde absolver dicho reclamo.

Por otra parte, en cuanto a la acusación relativa a que en el juicio ejecutivo Carlos Leonardo Ferrari Quevedo hubiera iniciado el proceso en base al poder conjunto que hubiera sido conferido en favor del nombrado y de María Galoppo Crovo de Araujo, en el que refiere que ante la existencia de pluralidad de mandatarios todos están obligados al cumplimiento del mandato, salvo cláusula de permisión siendo nula la actuación unilateral de un solo mandatario que no coincide con el art. 819 del Código Civil; sobre dicha acusación se dirá que el art. 819 del Código Civil tiene el siguiente texto: “(Pluralidad de mandatarios) I. Cuando por un acto único se nombran varios mandatarios para la representación en un mismo negocio, no tendrá efecto el mandato sino en cuanto a quienes lo hubiesen aceptado, a menos que se condicione a la aceptación de todos. II. Los comandatarios que actúen conjuntamente están obligados en forma solidaria ante el mandante. III. Si no se expresa ni se exige actuación conjunta, cada uno de los mandatarios puede realizar la gestión, con responsabilidad personal, salvando la del mandante si no ha advertido a tiempo a los demás mandatarios sobre la conclusión del asunto. Se salva también el caso en que el nombramiento de mandatario se haya hecho en forma ordinal o para actuación sucesiva…” el tercer parágrafo del mencionado artículo señala que cuando el mandato no exija la actuación conjunta, cualquiera de los apoderados puede realizar la gestión, ahora de la revisión del poder Nº 75/2000 de 4 de julio de 2000 otorgado ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 7 con el que Carlo Leonardo Ferrari Quevedo inició la acción ejecutiva que cursa de fs. 729 a 732 (inmerso en el proceso ejecutivo acumulado) se tiene que en el tenor de la misma, el conferente no exige la participación conjunta de los mandatarios Carlos Leonardo Ferrari Quevedo y María Galoppo Crovo de Araujo, esto quiere decir que por la permisión del tercer parágrafo del articulo en estudio, cada uno de los mandatarios puede ejercer las facultades previstas en dicho mandato, consiguientemente el argumento de que necesariamente debían de asentir y concurrir todos los mandatarios para iniciar el proceso de ejecución a nombre de FERRARI GUEZZI Ltda., no es el correcto por ello no se evidencia la infracción del art. 819 ni de los arts. 809 y 810 del Código Civil.

2.- Sobre la acusación de haberse infringido el art. 486 del Código de Procedimiento Civil y los arts. 494 y 495 del Código Civil y los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado, en el que arguye que para la procedencia de la acción ejecutiva es necesario la existencia de una suma líquida y exigible, y la obligación perseguida se encontraría sujeto a condición suspensiva, alegando que la escritura Nº 069 en su cláusula tercera señala que debía efectuarse una liquidación para determinar el monto de la obligación que fue ratificada mediante la Escritura Nº 06, ese acontecimiento futuro no fue realizado; asimismo menciona que el criterio del Ad quem de que la misma es una obligación pura y simple no es correcto, pues la entrega de productos es de fecha pasada y la condición suspensiva es un hecho futuro, y los preceptos constitucionales no tienen nada que ver en el presente asunto.

Corresponde señalar, que mediante Escritura Pública Nº 069/1999 de 25 de enero otorgado ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 15, relativa a un reconocimiento de obligación, cumplimiento y forma de pago suscrito por Lutrán Diaz Lora y Lidia Morales de Diaz en favor de FERRARI GUEZZI Ltda. por la suma de $us.354.883,89, en la cláusula segunda señalaron que los primeros suscriben en calidad de deudores y la entidad en calidad de acreedor en el que reconocen la existencia y vigencia de la obligación, obligándose los dos primeros al cumplimiento de lo adeudado y describen diferentes montos de dinero y fechas para su pago, posteriormente en la clausula tercera señalan que los deudores garantizan el cumplimiento de la obligación con todos sus bienes, posteriormente se insertó el texto siguiente: “En caso de producirse la mora por el monto total o parcial de la obligación, la Empresa FERRARI GUEZZI Ltda., podrá iniciar la acción judicial respectiva, sin que exista intimación, requerimiento o formalidad de mora previa alguna sea judicial extrajudicial, convirtiéndose en esta situación el monto total adeudado, que será determinada de acuerdo a liquidación: puesto que es de carácter líquido, exigible y de plazo vencido. Por lo que en su caso FERRARI GUEZZI LTDA., podrá iniciar la acción judicial que crea conveniente… para la recuperación de los montos adeudados la sola presentación de este contrato, acompañando la liquidación que comprenderá el capital adeudado, intereses corrientes, intereses penales, impuestos, gastos, costas, honorarios profesionales…”

Posteriormente entre las mismas partes se suscribió la Escritura Pública N° 6/2000 de 30 de marzo de 2000, relativa a modificación de contrato de reconocimiento de obligación y  cumplimiento de forma de pago por la suma de $us.354.883,89.- en cuyo documento señalaron en la cláusula primera que anteriormente se suscribió la Escritura N° 069/1999 que señalaba la forma de pago en 23 cuotas desde el 30 de diciembre de 1998 al 30 de noviembre de 2000; luego en la cláusula segunda refieren que los deudores (Díaz-Morales), no han abonado ninguna de las cuotas y de acuerdo a la cláusula tercera del anterior contrato (E.P. N° 069/1999) se hubiera producido la mora del total de la obligación y con el propósito de dar una oportunidad a los deudores modifican la cláusula segunda efectuando un nuevo plan de pagos en 87 cuotas cada una de $us.4.000.- y la última de $us.6.883,89 pagaderos a cada fin de mes siendo la primera cuota el 30 de enero de 2000 y la ultima el 30 de abril de 2007; asimismo en la cláusula tercera se señaló lo siguiente: “El resto de las condiciones del documento original se mantienen sin modificación alguna, teniendo toda su vigencia, aspecto que también es de conocimiento de las partes, por lo que no podrán acudir al presente contrato para intentar otras modificaciones a otras cláusulas del documento original…”

El recurrente activa la acción ordinaria en el que alega que la cláusula tercera de la E.P. N° 069/1999, se debía efectuar una liquidación, la misma que constituía una condición suspensiva, dicho argumento no tiene sentido porque en el primer documento (E.P. N° 069/1999) en el nomen iuris del contrato se indicó que se trata de un reconocimiento de obligación, cumplimiento y forma de pago habiéndose descrito los montos con precisión y la fecha de pago de cada uno de esas sumas adeudadas pagaderas en 23 cuotas, habiendo constituido una cláusula de aceleración de mora en la cláusula segunda, lo que quiere decir que el término descrito en el contrato de: “convirtiéndose en esta situación el monto total adeudado, que será determinado de acuerdo a liquidación…” en un término empleado erróneamente por la falta de tecnicismo del abogado de redactó el contrato, pues en la parte final de la cláusula tercera, se señala que para la recuperación del crédito se acompañará entre otros “la liquidación” , como si el acreedor fuera una entidad comercial de intermediación financiera, para ello corresponde aplicar la regla de interpretación del contrato consignada en la primera parte del art. 510 del Código Civil, que refiere aplicar la común intención de las partes, conforme a ello, es que la intención de acuerdo a ello el contrato contenido en la E. P. Nº 069/1999, se tiene que las partes han pactado un reconocimiento de deuda, han fijado el monto adeudado con bastante precisión y de paso han convenido en un plan de pagos fijando fechas para el pago de cuotas fijadas con exactitud.

Por otra parte también se debe señalar que mediante la E.P. Nº 6/2000, las mismas partes han suscrito un contrato modificatorio de la E.P. Nº 069/1999, en aquel se ha fijado un nuevo plan de pagos de 87 cuotas de $us.4.000 y una última cuota de $us.6.883,89,  y en la cláusula tercera se ha mantenido el contrato contenido en la E.P. Nº 069/1999; ahora si en la E.P. Nº 6/2000, se ha introducido la frase de: “el resto de las condiciones”, se debe interpretar como “el resto de los términos” que se acomoda al reconocimiento de deuda, cumplimiento y forma de pago de una obligación, conclusión a la que se arriba en base a la última parte del art. 510 del Código Civil, norma que para descifrar la común intención de los contratantes se debe tomar en cuenta “el comportamiento total de las partes y las circunstancias del contrato”, en base a ello se dirá que los recurrentes tratan de forzar que en los contratos suscritos existía una condición suspensiva para determinar el monto líquido de la obligación, si esa es la tesis como explican los montos consignados en ambos contratos, la forma del pago, la descripción de cada cuota fijada con bastante precisión, por qué hubieran establecido los contratantes fechas de pago y un monto fijo que se indicó que es un reconocimiento de deuda, siendo así qué monto de obligación debía liquidarse?, ese comportamiento de los recurrentes no ha sido expresado en el tenor de la demanda y se trató de forzar el presente proceso de modificación de proceso ejecutivo, abusando de una redacción del contrato efectuada con falta de tecnicismo, pues a ello se suma que en la segunda Escritura se indicó que los deudores (ahora recurrentes) no cancelaron ningún monto y que se efectúa un nuevo plan de pagos, no existiendo ninguna infracción de los arts. 494 del Código Civil, que se refiere a que la eficacia del contrato puede estar condicionado a un evento futuro e incierto, requisitos no descritos por la parte recurrente, pues como se entendió los contratos de referencia no se encuentran sujetos a condición suspensiva, sino que son obligaciones puras y simples, consiguientemente no se evidencia haberse vulnerado los arts. 494 y 495 del Código Civil, menos que el proceso ejecutivo haya sido tramitado sin el requisito de “la fuerza ejecutiva”.

Por otra parte el hecho de que el Ad quem haya insertado los arts. 115 y 180 de la Constitución, si bien no tienen incidencia en la presente causa, empero justifican la ejecución de crédito en la vía del proceso ejecutivo.

3.- Acusa infracción de los arts. 1311 y 295 del Código Civil, pues el Auto de Vista hubiera incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al no dar la veracidad a los depósitos en favor de FERRARI GUEZZI Ltda., que cursan de fs. 250 a 690, no siendo necesario identificar al depositante y menos que tenga una relación con la deuda, además que se ha cancelado la deuda en el proceso ejecutivo.

Los documentos que los recurrentes pretende hacer valer, para considerar su pretensión de haberse cancelado la deuda, son los que cursan de fs. 250 a 690, consiguientemente se dirá que dichos documentos tienen las siguientes observaciones: 1) datan de las gestiones de 1995, 1996, 1997, 1998  y en la E.P. Nº 069/1999 de 25 de enero de 1999, los recurrentes firmaron un documento de reconocimiento de deuda en favor de FERRARI GUEZZI Ltda. por la suma de $us.354.883,898, posteriormente en la E. P. Nº 6/2000 de 30 de marzo de 2000,  los recurrentes volvieron a firmar un documento en el que asintieron que a esa fecha de suscripción de ese documento, no habrían cancelado ningún importe de la deuda reconocida en la E.P. Nº 069/1999, por lo que nuevamente fijaron un plan de pagos, lo que significa que los documentos que los recurrentes  pretenden hacerlos valer atribuyéndoselos como propios- no conformaron como medios de pago imputable a la obligación asumida, y la lógica (regla de la sana critica) entiende que los mismos ya fueron considerados para efectuar el reconocimiento contenido en las E.P. Nº 069/1999 y posteriormente en la Nº 6/2000, por lo que este Tribunal considera -por la data de los documentos- que los medios descritos no resultan ser medios de pago imputables al reconocimiento de deuda asumido; 2) por otra parte, al margen de lo expuesto en el punto anterior, se dirá que si bien es cierto que el art. 295 del Código Civil permite que la obligación contraída por la parte pueda ser cumplida por un tercero, la norma esta sujeta a la permisión del acreedor como señala el art. 296 del Código Civil el cual puede rechazar dicho pago con la finalidad de no confundir las obligaciones que el acreedor tenga con el deudor y con el tercero, al margen de dichas normas, se deberá acreditar y demostrar en el proceso que ese tercero ha cumplido la obligación (total o parcialmente) en favor del deudor, esa acreditación (medio de prueba) no ha sido expuesta por el recurrente, por lo que no se evidencia infracción de los arts. 1311 y 295 del Código Civil.

4.- Sobre la infracción de los arts. 430 y 441 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la prueba pericial que la hubieran practicado en obrados, sobre la misma corresponde señalar que el Ad quem consideró que el informe pericial relativo a las fotocopias legalizadas remitidas por el Banco Mercantil, que los documentos de fs. 250 a 690 (fotocopias remitidas por el Banco Mercantil S.A.), ya fueron objeto de evaluación en el punto anterior, sobre los que este Tribunal señaló que no pueden ser considerados como medios de pago principalmente por la data de sus depósitos respecto a la fecha del reconocimiento de deuda contenidos en las E.P. Nº 069/1999 y E.P. Nº 6/2000, por lo que el informe pericial no corresponde ser considerado, ante tal situación no se evidencia infracción de los arts. 430 y 441 del Código de Procedimiento Civil.

5.- Sobre la infracción del art. 512 del Código Civil, que ante la existencia de términos ambiguos, se dirá que en el punto 2 de la respuesta a los fundamentos del recurso de casación en el fondo que antecede, este Tribunal consideró que no se trata de cláusulas ambiguas, sino se trata de un lapsus scriptus del abogado que redactó el contrato pues se indicó que en ambos contratos, se encuentra determinado con precisión un monto fijo que los recurrentes reconocieron en calidad de deuda fijando un plazo para su pago, siendo el término descrito en la E.P. Nº 069/1999 de: “convirtiéndose en esta situación el monto total adeudado, que será determinado de acuerdo a liquidación…”, no llegaría a causar efecto alguno en el mencionado contrato, en el que se ha generado una obligación pura y simple no sujeta a condición suspensiva como erróneamente entienden los recurrentes- y el término de que será determinado de acuerdo a liquidación es un lapsus generado por la falta de técnica del abogado que suscribió el contrato, no pudiendo confundirse el mismo con clausulas ambiguas, por ello no se evidencia infracción del art. 512 del Código Civil.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Organo Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1330 a 1334, interpuesto por Lutrán Diaz Lora y Lidia Morales de Diaz contra el Auto de Vista Nº 055, de 11 de marzo de 2010, cursante de fs. 1321 a 1326, pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de Oruro. Sin costas.

No se regula honorario del abogado de la parte demandada, por no haber sido contestado el recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto