TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 318/2015 - L

Sucre: 18 de Mayo 2015

Expediente: B-12-10-S

Partes: Rosendo Alarcón Selum c/ Jessica Nogales Velarde y Marlisse Nogales

            Velarde                

Proceso: Usucapión

Distrito: Beni


VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 471 a 474, interpuesto por Rosendo Alarcón Selum, contra el Auto de Vista Nº 061, de fecha 6 de julio de 2010, cursante de fs. 464 a 465, pronunciado por la Sala Civil de la entontes Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso ordinario de usucapión, seguido por Rosendo Alarcón Selum contra Jessica Nogales Velarde y Marlisse Nogales Velarde; la concesión del mismo mediante, Auto interlocutorio Nº 047, de 03 de agosto de 2010 cursante a fs. 478; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:                                                                                                                                                     

Tramitado el Proceso, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Trinidad, emitió la Sentencia Nº 09, de fecha 18 de enero de 2010, cursante de fs. 411 a 420 y vta., declarando IMPROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por Rosendo Alarcón Selum y PROBADA la demanda reconvencional interpuesta por Jessica Nogales Velarde y Marlisse Nogales Velarde, sin costas, por lo tanto desconoció cualquier derecho que pudiere alegar Rosendo Alarcón Selum sobre el bien inmueble objeto del presente proceso, es decir sobre la superficie de 188.00 Mts2. registrado en Derechos Reales bajo la matricula Nº 8.03.2.01.0002224, Asiento A-2 de fecha 29 de octubre de 2007. De igual forma dispuso que en ejecución de Sentencia se proceda a la desocupación  y entrega del bien inmueble por parte del demandante Rosendo Alarcón Selun a sus propietarias, concediendo el plazo de 10 días a partir de la ejecutoria de la Resolución, debiendo entregar completamente desocupado bajo prevenciones de librarse mandamiento de desapoderamiento.

Contra la referida Sentencia, Fidel Zelada Osinaga en representación de Rosendo Alarcón Selum, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 424 a 427.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil de la entonces Corte Superior de Justicia del Beni, emitió Auto de Vista Nº 061, de fecha 6 de julio de 2010, cursante de fs. 464 a 465, CONFIRMANDO totalmente la Sentencia recurrida, con costas; y en merito a la solicitud de complementación y enmienda del citado Auto de Vista por parte del apoderado del actor principal, emitió el Auto de fecha 14 de julio de 2010 cursante a fs. 468, declarando no haber lugar a dicha solicitud.  

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación interpuesto por Rosendo Alarcón Selum, el que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Denuncia la infracción de los arts. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Auto de Vista debía circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.

Acusa mala observancia e interpretación del art. 1453 del Código Civil, porque considera que la reivindicación exige que el propietario demandado, debe primordialmente demostrar el fundamento de su propio derecho y su mejor derecho sobre el poseedor demandante, y para que ese derecho real surta efectos contra terceros este debe ser público, empero señala que en el caso de Autos, las demandadas recién el 29 de octubre de 2007, es decir después de planteada la presente demanda, procedieron a inscribir este su derecho en Derechos Reales, por lo que consideran que el señor Durval Nogales Guardia al momento de iniciar la presente demanda aún mantenía la titularidad de su derecho propietario  como dueño del lote, razón por la cual consideran que el citado señor tenía la obligación de asumir defensa y demostrar su posesión.

Denuncia también que el Tribunal de Alzada incurrió en error de hecho,  cuando fundamentó la posesión que ejercía Durval Nogales Guardia a través de un supuesto detentador Bernardo Álvarez Retamozo, cuando él jamás hizo defensa propia, prueba de ello serían las declaraciones de Mario Peña y Solange Asbun de Mundaca.

Señala que el Tribunal de Alzada cayó en aforismo y ritualismo pernicioso porque el objeto de la litis no sería el taller de zapatería sino la perdida efectiva de la posesión de Durval Nogales Guardia y del supuesto detentador.

Acusa error de derecho en la apreciación del mandato del art. 138 del Código Civil, pues si bien las actoras compraron dicho inmueble en 1999, no sería menos cierto que ellas dejaron que Durval Nogales Guardia continúe ejerciendo su derecho propietario hasta el 29 de octubre de 2007, año en que habrían hecho público su derecho propietario, extremo que demostraría que su posesión se extendió desde el año 1990.   

Acusando actos y hechos que habrían sido omitidos respecto a la perdida de posesión de Bernardo Álvarez señaló como agravios que: 1. La Declaración Jurada de fs. 49 hecha por Bernardo Álvarez habría sido manipulada por la respuesta que da de que habría vivido 14 años en el inmueble sin especificar el año que inició y concluyó; 2. Las declaraciones de los testigos de descargo Mario Peña y Solange Asbun testimoniarían que el zapatero vivió hasta el 82 y 83., 3. En la confesión provocada de la demanda Jessica Nogales, ésta habría señalado que su padre Durval Nogales no vive en San Borja desde el año 89 o 90, empero en el año 90 el dueño habría sido Ismael Nogales. 4. Haciendo referencia a la misma acta de confesión provocada, hace referencia a que la confesante habría señalado que vivió en la ciudad de Santa Cruz de 1995 hasta el 2003 y desde el 2003 en la ciudad de Trinidad.

Denuncia también que se omitió el alcance y contenido jurídico de los arts. 427 I) y II) del Código de Procedimiento Civil y art. 1334 del Código Civil que es la inspección ocular de fs. 219 a 221 de obrados, ya que ese acto demostraría las mejoras de más de 10 años que tendría en el inmueble objeto de la litis, por lo que considera que debieron establecerse en estricta aplicación y observancia del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto solicita que éste Tribunal Supremo case el Auto de Vista y declare probada la demanda de usucapión decenal e improbada la demanda  reconvencional de reivindicación y negatoria, con costas.

CONSIDERANDO III:                                                          FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


En el recurso de casación en el fondo que se analiza, se observa que el primer agravio, donde el recurrente acusa la infracción de los arts. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil, porque el Auto de Vista debía circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación, corresponde señalar que estas son acusaciones relativas a la forma procesal, las que debieron ser acusadas en un recurso de casación en la forma, toda vez que el objetivo de dicho recurso es la nulidad procesal, y no así en el fondo como erróneamente planteó el recurrente, solicitando además se case el Auto de Vista recurrido, finalidad que resulta diferente de la nulidad que persigue el recurso de casación en la forma, consiguientemente en razón a esta acusación de forma en un recurso de casación en el fondo no corresponde la consideración del mismo.

Respecto a que Durval Nogales Guardia debió ser quien asuma defensa y demuestre su derecho propietario, porque las demandadas habrían realizado la inscripción de su derecho propietario en Derecho Reales después de que fue planteada la presente demanda, corresponde señalar que en virtud a la prueba adjunta al presente proceso, el Tribunal de Alzada señaló que las demandadas reconvencionistas, Jessica y Marlisse Nogales Velarde, probaron la titularidad de su derecho propietario el que se halla debidamente registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la Matricula Nº  8.03.2.01.0002224., sobre el particular diremos que si bien este registro en DD.RR. es de fecha 29 de Octubre de 2007, es decir posterior a la fecha de presentación de la demanda principal de usucapión del recurrente que data de fecha 21 de agosto de 2007, no menos cierto es el hecho de que dicho registro fue realizado meses anteriores a la publicación de los edictos de fecha 13 de febrero de 2008 y la última de fecha 20 de febrero de 2008, mediante las cuales se procedió a citar tanto a Durval Nogales Guardia como a otras personas que pudieran alegar tener mejor derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis, en ese sentido, si bien la demanda principal de usucapión en principio fue interpuesta contra Durval Nogales Guardia y otros posibles propietarios, empero, en razón al apersonamiento de Durval Nogales que interpuso excepción de impersonería porque el derecho propietario y la posesión sobre el inmueble fue transferido, así como el apersonamiento de Jessica y Marlisse Nogales Velarde en fecha 11 de marzo de 2008 quienes  dándose por citadas con los edictos, contestaron de forma negativa a la demanda de usucapión y reconvinieron la reivindicación y acción negatoria del inmueble, adjuntando para tal fin, entre otros, certificado Treintañal del bien objeto de la litis, Testimonio de Escritura Publica Nº 79/99 de fecha 19 de julio de 1999 relativo a la transferencia del inmueble suscrito entre Durval Nogales Guardia y Nevaige Velarde Cortez en su calidad de madre y tutora de  las demandadas, el que se encuentra registrado en Derechos Reales en la Matricula Computarizada Nº 8.03.2.01.0002224, el juez A quo en razón a esos antecedentes y a la excepción de impersonería planteada por Durval Nogales Guardia recondujo el proceso disponiendo que se prosiga únicamente contra Jessica y Marlisse Nogales Velarde, excluyendo a Durval Nogales, pues conforme lo señaló el Tribunal de Alzada en razón al registro del derecho propietario en Derechos Reales de las demandadas reconvencionistas, ellas son las titulares actuales del  bien objeto de la litis, por lo que la demanda de manera correcta fue tramitada contra ellas, pues conforme a la extensa jurisprudencia emitida por este Supremo Tribunal la usucapión produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure en el Registro de Derechos Reales, por ende el agravio acusado en este punto resulta infundado.

Con relación al error de hecho en que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada al señalar que Durval Nogales Guardia habría ejercido posesión en el inmueble a través de un supuesto detentador, cuando este jamás habría asumido defensa y una prueba de ello sería las declaraciones de Mario Peña y Solange Asbun de Mundaca, debemos señalar que si bien Durval Nogales Guardia fue excluido del presente proceso por haber transferido el inmueble objeto de la litis a sus dos hijas Jessica y Marlisse Nogales Velarde, el recurrente en razón al art. 1283 del Código Civil y art. 375 del Código de Procedimiento Civil, debió probar los hechos en los cuales basa su pretensión, es decir, la posesión que ejerció en el inmueble de manera pacífica, libre, consentida y continuada por más de 10 años, pues las declaraciones a las cuales hace referencia y que fueron ofrecidas por las demandadas reconvencionistas, están destinadas a desvirtuar la pretensión del actor principal, en ese sentido es que con dichas declaraciones lo que se demostró es que en el inmueble se encontraba un taller de zapatería a cargo de Rosendo Álvarez Retamozo quien tenía la calidad de cuidador del anterior propietario Durval Nogales, es decir que con esas atestaciones las demandadas reconvencionistas desvirtuaron la pretensión del actor respecto a la posesión que señaló ejercer por más de 10 años, por lo tanto el error de hecho que acusa en la valoración de dichas declaraciones resultan infundadas.

Respecto a la denuncia de que el objeto del presente proceso no sería el taller de zapatería sino la pérdida efectiva de la posesión de Durval Nogales Guardia y del supuesto detentador, corresponde aclarar al recurrente que en razón a la demanda principal de usucapión y la reconvención de acción negatoria y reivindicación, ambas partes tenían la obligación de demostrar sus pretensiones y desvirtuar las de la otra parte, en ese sentido con relación al Auto de relación procesal (fs. 149 vta.) donde se establecieron los hechos que debieron ser demostrados por ambas partes, las demandadas reconvencionistas demostraron que la posesión que ejerce el recurrente sobre el inmueble no tiene una data mayor a 10 años y que en dicho bien inmueble se encontraba un taller de zapatería a cargo del cuidador del anterior propietario que era Durval Nogales Guardia, situación que no supone que el objeto del proceso sea el taller de zapatería sino que con la demostración de que en dicho bien inmueble habría funcionado dicho taller lo que se hizo fue desvirtuar la pretensión del actor respecto a la posesión que alega tener sobre el inmueble por más de 10 años.

Con relación a que las demandadas pese a haber comprado el inmueble el año 1999 dejaron que Durval Nogales Guardia continúe ejerciendo este derecho propietario hasta el año 2007 porque recién ese año registraron su derecho en oficinas de Derechos Reales y que dicha situación demostraría que la posesión del recurrente dataría desde 1990; es preciso aclarar que, el Testimonio Nº 79/99 de 19 de julio de 1999 referente a la minuta de transferencia del inmueble objeto de la litis de fecha 18 de mayo de 1999, suscrito entre Durval Nogales Guardia y Nevaige Velarde Cortez en su condición de madre y tutora legal de las compradoras Jessica y Marlisse Nogales Velarde, y que recién en fecha 29 de octubre de 2007 fue registrado en Derechos Reales, es decir años después de haber realizado la compra, este hecho no significa que dicha minuta no haya surtido efectos durante el tiempo que esta no fue registrada en DD.RR., pues la falta de registro no es óbice para negar el derecho propietario, toda vez que el registro como tal no otorga el derecho propietario, sino simplemente tiene carácter publicitario frente a terceros conforme lo establece el art. 1538 del Código Civil, por lo que no resulta evidente lo señalado por el recurrente de que al no haber registrado las demandadas su derecho propietario en Derechos Reales el anterior propietario aun tendría derecho sobre el inmueble.

Ahora bien, con relación a los agravios de que la declaración jurada de fs. 222, habría sido manipulada, que las declaraciones de los testigos de descargo Mario Peña y Solange Asbun testimoniarían que el zapatero vivió hasta el año 1982 y 1983, que en la confesión provocada de la demanda Jessica Nogales, ésta habría señalado que su padre Durval Nogales no vive en San Borja desde el año 89 o 90 y que ésta habría señalado que vivió en la ciudad de Santa Cruz de 1995 hasta el 2003 y desde el 2003 en la ciudad de Trinidad, debemos señalar que el recurrente al hacer mención a estos agravios no señaló de manera clara, precisa y concreta cuales serían los agravios sufridos, la ley o leyes aplicados falsa o erróneamente, o si en la valoración de las mismas existió error de hecho o de derecho, limitándose simplemente a indicar dichas pruebas, señalando de manera general que esos actos y hechos fueron omitidos y que le causarían agravios, por lo tanto no corresponde la consideración de las mismas.

Con relación a que no se habría tomado en cuenta la inspección ocular cursante de fs. 219 a 221, debemos señalar que la falta de pronunciamiento, motivación y fundamentación, así como la pertinencia de la Resolución de segunda instancia, o la no respuesta a los puntos de agravio que fueron acusados en el recurso de apelación y otros aspectos relacionados a la infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, hacen a la forma y no así al fondo del proceso, razón por la cual el recurrente debió denunciar dicho aspecto en un recurso de casación en la forma mas no así en el fondo, máxime si las finalidades que persiguen ambos recursos, es decir en el fondo y forma, son totalmente diferentes.

Por lo expuesto precedentemente, corresponde fallar en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara  INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Rosendo Alarcón Selum, contra el Auto de Vista Nº 061, de fecha 6 de julio de 2010, cursante de fs. 464 a 465, pronunciado por la Sala Civil de la entontes Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, con costas.

Se regula honorarios del profesional abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto