TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 309/2015 - L

Sucre: 11 de Mayo 2015

Expediente: PT-16-10-S

Partes: Rafael Fernando Rivero Terán c/ Zulma Garnica Linares.

Proceso: Divorcio

Distrito: Potosí

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 218 a 219,  interpuesto por Zulma Garnica Linares contra el Auto de Vista Nº 120 de 24 de mayo de 2010, cursante a fs. 213 a 215, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de Divorcio seguido por Rafael Fernando Rivero Terán contra Zulma Garnica Linares, la concesión del recurso a fs. 221 vta., y;

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Partido Tercero de Familia de la ciudad de Potosí, pronunció Sentencia Nº 016, de 06 de abril de 2010, cursante a fs. 184 a 193 y vta., que declara Probada la demanda de divorcio establecida por la causal enmarcada en el art. 131 del Código de Familia. Improbada la demanda reconvencional interpuesta por la causal  fijada por el art. 130 inc. 1) y 4) del Código de Familia, y dispone entre otros: 1º.- La disolución del vínculo matrimonial de los esposos Rivero-Garnica. 3º Dentro de los efectos definitivos dispone: a) Se excluye del beneficio alimentario a la demandada, en razón de la causal de la acción que establece la desvinculación matrimonial, entendiéndose corresponsabilidad de ambos contendientes. b) Los dos hijos menores de edad deberán continuar bajo la guarda de la madre, asignándose una asistencia familiar para los referidos menores en la suma total de Bs. 2.400, c) Se señala días y horas de visita. d) Con referencia a los bienes gananciales esta dicho que no existen por carencia probatoria.

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandada mediante escrito de fs. 198 a 201 y vta., que merece el Auto de Vista Nº 120, de 24 de mayo de 2010, cursante a fs. 213 a 215, que revoca en forma parcial la Sentencia apelada Nº 016, de 06 de abril de 2010, de fs. 184-193, disponiendo la división y partición de los bienes gananciales en ejecución de Sentencia, previa averiguación. Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo y en la forma por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente refiere que el Auto de Vista recurrido refleja que existe violación del art. 1283 del Sustantivo Civil, porque el demandante jamás demostró la causal de separación invocada en su demanda, resaltando este aspecto en su memorial de apelación, sin embargo el A quo sustentó como hecho probado esta causal (art. 131 del Código de Familia) basándose únicamente en la audiencia de desavenencia conyugal, sin tomar en cuenta la existencia de la reconciliación suscitada, tiempo en el cual se produjeron los actos de violencia perpetrados en contra de su persona, o más aún los hechos de infidelidad a los que fue sometida, resultando consiguientemente contradictorio llegar a determinar sin lugar a dudas que simplemente del acta de desavenencia matrimonial se evidencia que su persona y el demandante se encuentran separados a partir del 25 de julio de 2006, con supuesto sustento de testigos de descargo, quienes respaldan  por sus declaraciones dicho extremo, al manifestar falazmente que tienen domicilios distintos, dichas atestaciones no resultan absolutamente creíbles, dado que la simple lógica nos lleva a colegir que pudo haberse llegado a constatar la separación de su persona respecto al demandado incluso unos días antes a interponer la demanda sin que este aspecto implique la continuidad de la supuesta separación, al no ser personas que compartan su vida con la suya, es así que este aspecto resulta también un tenue sustento en la cual el Juez funda su decisión, más aún cuando por declaraciones de cargo efectuadas se indicó que su persona durante la gestión 2007 fue vista en la ciudad de Oruro, pero por vacaciones invernales, sin embargo no pudieron explicar cómo les consta este aspecto, cuando su persona acreditó que vivió en el domicilio que fue conyugal hasta 2008 sustentadas por las declaraciones de fs. 118 a 120.

Sin embargo, desestima las atestaciones de sus testigos, techándolas de meramente referenciales.

Conforme al análisis de las pruebas referentes a informe social y psicológico, claramente “uniforman” que no existe separación por más de dos años (fs. 161 a 180) en sustento de la convivencia existente (durante el tiempo que se alegan de separación), a más de los actos de infidelidad y violencia, sin embargo de igual forma incomprensible en el Auto de Vista Nº 120/2010 señala que ni siquiera el informe social es determinante.

Por consiguiente existe vulneración de normas procesales, y mala valoración de la prueba aportada, contrariamente a lo manifestado a fs. 214 del Auto de Vista ahora recurrido.

Por todo expuesto, solicita que en sujeción a lo dispuesto por el art. 250, 253, 255 y 271 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil se resuelva el presente recurso y deliberando en el fondo se case el auto impugnado y fallando en lo principal del litigio se apliquen las leyes conculcadas. 

CONSIDERANDO III:                                                          FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La recurrente refiere que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, sin embargo en su escrito de casación solo desarrolla agravios de fondo, por lo que se pasa a resolver el mismo en el orden en que fue interpuesto.

1. Sobre su denuncia de violación del art. 1283 del Sustantivo Civil, porque el demandante jamás demostró la causal de separación invocada en su demanda.

1.1. De la revisión de obrados se evidencia que los Tribunales de instancia en el presente caso de Autos, hubieron acogido la decisión de desvinculación conyugal, por la causal 131 del Código de Familia la misma que se encuentra sustentada en el “Acta de Desavenencia-Conciliación Nº 31/06” de fecha 25 de julio de 2006 de fs. 4 a 5, suscrita por los ahora litigantes Rafael Fernando Rivero Terán y Zulma Garnica Linares por ante el Juzgado de Partido Primero de Familia de la Capital y Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, quienes en dicho convenio llegaron al siguiente acuerdo conciliatorio: “1.- Ambos esposos a partir de la fecha se separan”, firmando al final del mismo las partes intervinientes en constancia junto al señor Juez y secretario del juzgado referido; este acuerdo conciliatorio suscrito ante Autoridad pública competente con plena facultad para ello, no ha sido desconocido expresamente por la parte demandada a tiempo de contestar y de interponer la mutua petición, tampoco existe constancia de que dicho acuerdo conciliatorio hubiera sido dejado sin efecto por las partes suscribientes, por lo que el distanciamiento voluntario acordado en dicho documento tiene la eficacia establecida por los arts. 1287.I y 1289.I del Código Civil y arts. 399.I y 401 del Código de Procedimiento Civil, distanciamiento voluntario que además se encuentra ratificado por la certificación y literales de fs. 15 a 18 emitidas dentro el sumario de asistencia familiar que hubo seguido Zulma Garnica Linares contra Rafael Fernando Rivero Terán, donde se da cuenta de que la relación matrimonial se encuentra deteriorada y que hace dos años atrás por problemas de incompatibilidad de caracteres firmaron un acuerdo de carácter transaccional, oportunidad en que se realizó un inventario de bienes, quedando ella con el departamento con todos los muebles y enseres obtenidos durante el matrimonio, la misma que también se encuentra corroborada por las declaraciones testificales de cargo de fs. 118 y 120, atestaciones que de manera personal y directa conocen de la separación de las partes por más de dos años y que su presentante siempre estuvo solo y que por lo mismo no ha existido reconciliación. Cumpliendo de ésta manera el demandante con la carga de la prueba que constriñe el art. 1283.I del Sustantivo Civil y art. 375 num. 1) del adjetivo civil, lo que a su vez conforme al principio de la comunidad de la prueba, se encuentra revalidado por la confesión provocada del demandante (fs. 122 a 123) quien asegura que no hubo reconciliación ni vida en común en la ciudad de Oruro.

Sin embargo, la prueba testifical de descargo referida por la ahora recurrente, que cursa a fs. 121 y vta., y de fs. 124 a 126, no desvirtúa el referido convenio ni tampoco la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de dos años cuyo inicio consta en el referido documento de fecha 25 de julio de 2006 (fs. 4 a 5), porque dichas atestaciones son referenciales, ya que conocen de los malos tratos y relación adulterina por referencias de su misma presentante (Zulma Garnica Linares) y de su hijo Rafael (menor de 12 años al momento de la declaración), testigos que además hacen referencia a hechos que se han suscitado en años anteriores (el año 2003 y dos años anteriores al inicio de la presente demanda) y hechos sobrevinientes a la presente demanda (dos a tres meses, fs. 96 a 97), haciendo constar que recientemente no han sabido ni les consta de la existencia de malos tratos que hubiera, extremos estos que restan credibilidad a las atestaciones de defensa, máxime si no existe otro medio de prueba al respecto, de donde se infiere que las atestaciones de los testigos de descargo resultan siendo eminentemente referenciales, conjeturales y subjetivas, no concordantes en tiempos, lugares y hechos, lo que les resta credibilidad; e inclusive de considerarse a las declaraciones testificales de descargo que hacen referencia a malos tratos y hechos de infidelidad que se hubieran suscitado durante la gestión 2003 y hace dos años atrás, dichos extremos ya han prescrito al tenor del art. 140 del Código de Familia que dispone que: “la acción de divorcio se extingue si el esposo ofendido no la ejerce hasta los seis meses de conocida la causa en que se funda y, en caso de ignorancia hasta los dos años de que se produce”. Por lo que los Tribunales de instancia han valorado dicho medio de prueba en el marco de los arts. 1286, 1330 del Código Civil y arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, es decir en el marco de la ley y de su prudente arbitrio y sana crítica; más aún, si la parte demandada no acredita con prueba idónea y fehaciente el tiempo de reconciliación que refiere, ni los hechos de violencia e infidelidad que se hubiera suscitado durante dicho tiempo.

De consiguiente resulta una exageración de parte de la ahora recurrente el argumento de que su persona fue vista por los testigos de cargo en la ciudad de Oruro, asimismo si bien los testigos de descargo refieren que su presentante se fue a vivir a la ciudad de Oruro, empero no se refieren en ningún momento a la reconciliación y convivencia en el hogar conyugal hasta la gestión 2008 que argumenta la impugnante en su mutua petición.  

En consecuencia se concluye que los Tribunales de instancia al desestimar las atestaciones de descargo y apreciarlas de meramente referenciales han asumido correctamente y en el marco de sus atribuciones y facultades.

1.2. Ahora bien, en relación a los informes social y psicológico a que hace referencia la ahora recurrente; debemos concretar que los referidos informes no tienen como fin inmediato demostrar las causales de desvinculación conyugal, sino el de informar al juzgador el contexto social y el ámbito psicológico, en el que se desenvuelve la familia y sus integrantes, por lo que a más de servir como prueba corroborativa no tienen como fin específico el de constituirse en elementos de prueba determinantes para demostrar las causales de divorcio establecidas en los arts. 130 (numerales 1 al 5) y 131  del Código de Familia, Ley Nº 996, porque precisamente rescatan las propias versiones de las partes y de su familia.

En ese antecedente, en el punto VI, del Informe Social elaborado por el Servicio Departamental de Gestión Social que cursa de fs. 161 a 170, al elaborar su diagnóstico social, la Trabajadora Social sin respaldar ninguna de las versiones de las partes, y sin fundamento aparente concluye que las partes ahora en litigio: “Se encuentran separados desde abril de 2008 aproximadamente”, y que la esposa tuvo conocimiento de la infidelidad del esposo sin especificar la fecha de dicho conocimiento. Sin embargo, éste informe social es desvirtuado por los informes psicológicos elaborados por el Servicio Departamental de Gestión Social que cursan de fs. 172 a 174, y de fs. 175 a 176, donde en su punto V (Conclusiones), la Psicóloga concluye que: “la señora Zulma, ya no vive con el señor Rafael hace más de dos años, se separaron por los contantes malos entendidos entre ambos”…”El proceso de divorcio siga su curso ya que están separados hace más de dos años”. Ingresando de esta manera los informes referidos en contradicciones evidentes e incertidumbre en relación al tiempo de inicio de la separación, lo que no ha permitido crear certitud sobre sus conclusiones, en ese entendido no ha sido tomado en cuenta por los Tribunales de instancia, por lo se han basado principalmente en la prueba de cargo que acredita la separación libremente consentida y continuada por más de dos años, y que en esa circunstancia se hace aplicable en el caso de Autos lo establecido por el art. 140 del Código de Familia en relación a las causales fundamentadas en la demanda reconvencional.

En consecuencia se concluye que tampoco los informes social y psicológico referidos, determinan la inexistencia de la separación por más de dos años aludida por la demandada, sino precisamente por su contradicción en el tiempo de inicio de la separación no han sido asumidos por los de instancia.

En ese antecedente se infiere que la valoración de la prueba de los tribunales de instancia ha sido efectuada correctamente y sobre todo se encuentra enmarcada en la ley. Por lo señalado precedentemente el recurso interpuesto no contiene la fundabilidad suficiente para revertir la decisión asumida por el Tribunal de alzada, por lo mismo no se hace evidente las vulneraciones acusadas, lo que hace infundado los agravios denunciados por la ahora recurrente.

Por lo que corresponde fallar en sujeción a lo mandado por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación, interpuesto por Zulma Garnica Linares contra el Auto de Vista Nº 120, de 24 de mayo de 2010, cursante de fs. 213 a 215, pronunciada por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la ex Corte Superior de Justicia de Potosí. Sin costas por no existir contestación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto