TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 308/2015 - L                                                             Sucre: 11 de mayo 2015                

Expediente: LP-156-10-S                                        

Partes: Jaime Rafael Cardozo Larrea, Edgar Bruno Cardozo Larrea. c/ Justino

            Avendaño Renedo, Edith Larrea Vda. de Cardozo.        

Proceso: Reconocimiento de Derecho Propietario.                        

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 302 a 305, interpuesto por Jaime Rafael Cardozo Larrea por sí y su mandante Edgar Bruno Cardozo Larrea, contra el Auto de Vista Nº S-240/10 de 13 de septiembre de 2010 de fs. 296 a 298 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental), en el proceso de Reconocimiento de Derecho Propietario, seguido por Jaime Rafael Cardozo Larrea, Edgar Bruno Cardozo Larrea, contra Justino Avendaño Renedo y Edith Larrea Vda. de Cardozo, concesión de fs. 314, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo de Partido en lo Civil y comercial de ciudad de La Paz, dictó Sentencia Nº 158/2008 de fecha 28 de mayo de 2008 cursante de fs. 242 a 243 vta., por el que declara PROBADA PARCIALMENTE la demanda de fs. 46-50, interpuesta por el Sr. Jaime Rafael Cardozo Larrea por si y en representación de Edgar Bruno Cardozo Larrea y en tal virtud se dispone lo siguiente: 1.- Se reconoce que asiste a los demandantes sobre el Departamento signado con el Nro. 301, Piso 3, Edificio Guanabara situado en la Av. Arce No. 2809, inscrito en Derechos Reales  bajo la Partida 1111, fs. 1111, libro “A”, Partida Computarizada No. 01121292, actual Matrícula 2010990013643 en acciones y derechos en la proporción de una sexta parte, para cada uno. 2.- Se dispone que por Derechos Reales se modifique el registro de la referida propiedad actual matrícula 2010990013643, en la forma que se tiene señalado en el punto precedente. 3.- Por ante las Oficinas de Derechos Reales procédase al levantamiento de cualquier medida precautoria, hipoteca, gravamen o cualquier otra carga que pesare sobre las acciones y derecho del inmueble registrado bajo la Partida Computarizada No. 01121292 y actual Matrícula 2010990013643, sea en el porcentaje que se está reconociendo a los demandantes. 4.- Ejecutoriado que sea la presente resolución se dispone su registro en la oficina de Derechos Reales, sea con entrega de las ejecutoriales de ley. Se declara IMPROBADA en cuanto a los daños y perjuicios e igualmente IMMPROBADA la acción reconvencional de acción negatoria. Se salvan los derechos de Justino Avendaño Renedo para la vía legal que corresponda.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Jaime Rafael Cardozo Larrea por si y en representación de Edgar Bruno Cardozo Larrea, mediante memorial de fs. 246 y vta.; y por Justino Avendaño Renedo por memorial de fs. 251 a 253 vta.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental) emitió el Auto de Vista cursante de fs. 296 a 298 vta., por el que REVOCA en parte la Sentencia apelada No. 158/2008 de 28 de mayo de 2008 de fs. 242-243, dictada por el Juez Décimo de Partido en lo Civil, en consecuencia declara IMPROBADA la demanda principal de fs. 46-50 instaurada por Jaime Rafael Cardozo Larrea por si y en representación  de Edgar Bruno Cardozo Larrea contra Justino Avendaño Renedo y Edith Larrea Vda. de Cardozo, quedando firme y subsistente respecto a las otras determinaciones.

Resolución que dio lugar al recurso de casación, interpuesto por parte de Jaime Rafael Cardozo Larrea por si y por su mandante Edgar Bruno Cardozo Larrea, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.-  Que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma contra el Auto de Vista, señalando de inicio antecedentes procesales (I) referidos a la presentación de la demanda, la contestación a la demanda por parte de su madre, la participación del demandado, relación procesal, apelación concedido en el efecto diferido, apelación a la sentencia dictada, señalando que el Tribunal de apelación debe dictar en forma conjunta las apelaciones tanto en el efecto diferido como de la sentencia; al no haber cumplido con ello habría viciado de nulidad, por lo que pide se declare en forma alternativa la nulidad del proceso hasta fs. 296 y dictarse nuevo Auto de Vista conforme a los datos del proceso.

2.-Habiendo dice- las partes formulado sus pruebas el Juez habría dictado Sentencia Nº 158/2008 de 28 de mayo de 2008 que declaró probada la demanda e improbada la reconvención y que se resolvió en Auto de Vista de 13 de septiembre de 2010, que fuera motivo de recurso de casación.

3.- Signa con el No. II señalando “legítimo derecho de adquisición por sucesión hereditaria. Violación de los arts. 110 y 1538 del Código civil y 1000, 1029 del Código de Procedimiento Civil”.  Señalando que acredita el fallecimiento de su padre en fecha 26 de agosto de 1994; que por disposición del art. 1.000 del Código Civil se apertura la sucesión, el art. 1029 de la misma norma de diez años para aceptar la herencia; que fueron declarados herederos por resolución No. 1172/2000 de 24 de octubre de 2000 que les declara como herederos de todos los bienes, acciones y derechos fincados  por el causante. Que se registró ante la Oficina de Derechos Reales y que fueran oponibles ante terceros conforme al art. 1538 del Código Civil desde el 30 de mayo de 2001, por lo que concluye por denunciar violación de los arts. 110 y 1538 del Código Civil y Arts. 1.000 y 1.029 del Código de Procedimiento Civil en el Auto de Vista hoy recurrido.

Señala que fuera necesario dejar establecido que la adjudicación judicial del demandado fue posterior a la inscripción de los derechos sucesorios, señalando como fecha 7 de mayo de 2004.

4.- En el punto III bajo el título de “Bien inmueble ganancial.- violación de los arts. 111, 112, 116 del Código de Familia” señala al art. 12 de la norma familiar sobre los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, que el registro indicaría el nombre de la compradora como casada, entonces se establecería compra en la vigencia del matrimonio el departamento cuyo registro anota, por el mismo bien común cual dispone el art. 111 del Código de Familia. Por otro lado para la disposición de bienes según el art. 116 de aquella norma fuera necesario el consentimiento de ambos esposos, que al no haber suscrito la hipoteca Jaime Nicolás Cardozo Vargas, fuera nula en el 50% por lo que correspondería legalmente a los herederos forzosos al haber registrado su derecho sucesorio con anterioridad a la adjudicación judicial, que las leyes fueran de obligatorio cumplimiento conforme al art. 164 de la Constitución Política del Estado, por lo que acusa violación de los arts. 110 del Código Civil y 11, 112 y 116 del Código de Familia.

5.- Como punto IV refiere “Proceso ejecutivo y violación de los arts. 50 y 195 del Código de Procedimiento Civil y art. 28 de la Ley 1760.” Conforme a la norma las partes en el proceso fueran el demandante, demandado y Juez, que en el proceso ejecutivo seguido por Justino Avendaño Renedo no fueron parte, además el art. 194 del Código de Procedimiento Civil la sentencia solo comprende a las partes que intervienen en el proceso, que por ello los efectos del mismo tuvieran validez jurídica para las partes en litigio, por lo que acusa la violación de la referida norma.

Por otra parte dice acusar violación del art. 28 de la Ley 1760 por que esta norma determinaría que lo resuelto en proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario, en el plazo de seis meses, aclaran que no son parte del proceso ejecutivo, por lo que no tuviera aplicación para sus personas.

6.- Punto signado como V “Errónea e ilegal aplicación de los art. 380 y 369 del Código de Familia...” En el tercer considerando el Auto de Vista en forma ilegal haría referencia a los arts. 380 y 369 del Código de Familia, que dichas normas determinarían la competencia de la jurisdicción familiar, por cuanto la demanda pediría reconocimiento de derecho propietario emergente de la sucesión hereditaria del que fuera su padre, por lo que no tuvieran aplicación los preceptos contenidos en el Código de Familia en la forma que refiere el Auto de Vista, por lo que acusa de infracción de las normas citadas.

7.- Acápite VI “Violación  del art. 1457 del Código Civil…” En forma ilegal se haría referencia a la  aplicación del art. 1457 del Código Civil que tuvieran relación y concordancia en el art. 1456 del mismo código y que reglarían la normas de la petición de herencia, que la presente no versa sobre petición de herencia sino el reconocimiento de derecho propietario emergente de sucesión hereditaria, por lo que dice acusar la violación del art. 1457 del Código Civil.

Para concluir señala que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma a fin de que se dicte la “casación” del Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare probada la demanda e improbada la reconvención, o en forma alternativa anulen obrados hasta fs. 296 para que se dicte nuevo Auto de Vista por no haberse resuelto apelación concedida en el efecto diferido.

CONSIDERANDO III:                                                          FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:        

Sin embargo de señalar que se plantea recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, no existe disgregación de qué aspectos considera fueran en uno u otro entendimiento. Sin embargo de lo anterior, bajo el amparo de lo determinado por el art. 180 II de la Constitución Política de Estado se ingresa a analizar los argumentos glosados por el recurrente identificando en primer término el planteado en la forma, bajo ese antecedente se tiene que:

En la forma

1.- En el punto I cuando refiere a antecedentes procesales y de manera entreverada hace alusión a la existencia de un presunto vicio a efectos de nulidad del proceso hasta fs. 296, es decir el Auto de Vista; la tesis utilizada es que no se hubiera pronunciado en aquel fallo respecto a una apelación en el efecto diferido, al respecto cabe aclarar que si bien fue interpuesto ese recurso, se lo desechó por no haberse ratificado ni fundamentado conjuntamente a la sentencia habiéndose procedido a una nulidad de obrados y finalmente la concesión se concretó a la apelación de la Sentencia como se ve del Auto de fs. 286, resultando extraviado el argumento de los recurrentes, que además conviene aclarar el recurso como tal fue planteado por el demandado Avendaño Renedo, consiguientemente cualquier no pronunciamiento al respecto debió ser reclamado por aquel, denunciando y evidenciando algún perjuicio, al no haberlo hecho así, y mas bien por su contraparte, se está frente a una postulación con carencia de legitimación evidente, pues los recurrentes no pueden atribuirse para sí un aspecto que a ellos no les causa agravio alguno.

Lo propio ocurre cuando hace mención a la apelación de sentencia de primera instancia que fuera presentada por el demandado, aparentemente con el afán de mostrar que no hubo pronunciamiento al respecto, debiendo haber comprendido los recurrentes que el Auto de Vista fue revocatorio, utilizando los argumentos expuestos por el entonces también recurrente de apelación Avendaño Renedo.

Consecuentemente resulta impertinente el argumento y la petición realizada de nulidad de obrados, y al respecto corresponderá pronunciarse por el improcedente conforme prevé el art. 271 num. 1) del Código de Procedimiento Civil por su manifiesta improcedencia.

En el fondo

1.- Cuando los recurrentes acusan violación de los arts. 110 y 1538 del Código Civil así como de los arts. 1000 y 1029 del Código de Procedimiento Civil, denota confusión en su entendimiento pues no existen los artículos que nombran de la última norma legal, consecuentemente no se puede realizar análisis pertinente respecto a los mismos, y en cuanto a los dos primeros artículos, el recurso como tal no tiene sustento alguno para respaldar aquella posición, pues de la lectura íntegra del punto se limita a referir aquellas normas y de manera genérica señalar que hubo violación, sin explicar cómo sucedió aquello, a efectos del entendimiento que hubieran sido afectados en su derecho cuando señalan que fuera necesario dejar constancia que la adjudicación judicial fuera posterior a la inscripción de los derechos sucesorios de los actores, no habiendo considerado en esa referencia la fecha de constitución de hipoteca que data de 31 de marzo de 1997, que si bien es cierto que la fecha de registro de la adjudicación es de fecha posterior, no desvirtúa de ninguna manera los argumentos vertidos en el Auto de Vista con relación a la constitución de hipoteca producto del contrato de préstamo que fue garantizado en su integridad por la codemandada cual si fuera la única propietaria.

Al respecto debe considerarse que el demandado actuó prevalido del elemento subjetivo de buena fe, -en la creencia- de suponer la existencia de un elemento objetivo, que en este caso es el justo título que exhibió la entonces deudora a fin de garantizar la acreencia a obtener. Esa buena fe subjetiva o creencia se funda precisamente en la apariencia jurídica, en otros términos, la buena fe subjetiva como ignorancia de estar afectando un derecho ajeno tutelado por el derecho, está sometido a una valoración normativa de comportamiento, para conducirse según el criterio de corrección, pues la codemandada -madre de los actores- exhibió el título que respaldaba su derecho propietario registrado simplemente a su nombre, es mas, cuando suscribió el contrato de préstamo señaló ser propietaria del departamento, sin hacer mención a copropiedad alguna, otorgando el mencionado inmueble “en su integridad y sin limitación alguna” (Cláusula Tercera fs. 4 vta.), situación que aconteció luego de transcurridos más de dos años del fallecimiento de su cónyuge. La constitución de hipoteca y su registro están protegidos por el art. 1538 del Código Civil, estableciéndose que “La protección al acreedor sólo se inicia en el Registro, en el momento de la garantía de su crédito; sea voluntaria (hipoteca voluntaria) legal (hipoteca legal, crédito refaccionario, etc.) o judicial (anotación de embargo)” como señala el Autor Alex Parada Mendía en su obra “El Tercero en el Proceso Civil” (Pag. 264), resultando errada la concepción que pretenden los recurrentes en sostener que su derecho propietario fuera anterior en razón de haber registrado la declaratoria de herederos en fecha 30 de mayo de 2001 y por el contrario la adjudicación judicial del demandado registraría como fecha el 23 de enero de 2004, no habiendo tomado en cuenta para ello la inscripción de la hipoteca en la Oficina de Derechos Reales ya en fecha 31 de marzo de 1997, es decir, mas de cuatro años antes del registro de la declaratoria de herederos del que pretenden valerse a fin de conseguir protección del art. 1538 aludido supra, resultando sesgado su análisis derivando por lo mismo a carecer de sustento válido. 

2.- En otro acápite pretenden ganancialidad del bien en cuestión, y que por el ejercicio de la sucesión les correspondería derechos en ella, acusando violación de los arts. 111, 112, 116 del Código de Familia; al respecto corresponde aclarar que los argumentos se extienden a relato descriptivo desde su punto de vista, para concluir señalando que acusa la violación de las normas descritas así como del art. 110 del Código Civil, trayendo a colación para sustentar aquello que, el copropietario “Jaime Nicolás Cardozo Vargas” no hubiera otorgado su consentimiento en la hipoteca en el 50%, sin especificar que el nombrado falleció en fecha 26 de agosto de 1994, el préstamo de dinero con garantía hipotecaria data de 25 de marzo de 1997 y su registro del 31 del mismo mes y año. Sin embargo de lo anterior, lo resaltante del caso es que los recurrentes a mas de señalar que acusan “violación” de las normas citadas, incumplen una vez mas en sustentar cómo hubiera sucedido aquello, y pretenden tener razón con la sola mención de las disposiciones legales, además con postulado sesgado cuando se quiere dar el entendimiento de que su padre no habría otorgado su consentimiento, cuando el mismo ya se encontraba fallecido en la fecha en que se constituyó la hipoteca y se la registró válidamente en la Oficina de Derechos Reales como se explicó supra, bajo esas consideraciones concluiremos una vez mas que se hace inconsistente la pretensión de los actores.

3.- Respecto a la presunta violación de los arts. 50 y 195 del Código de Procedimiento Civil y 28 de la Ley 1760, con el entendimiento que la norma refiere quienes son las partes y el alcance de lo dispuesto en la sentencia, además de la posibilidad de revisión de lo resuelto en proceso ejecutivo en el término de seis meses, que aquello estuviera reservado precisamente para las partes de ese proceso y que ellos no fueran parte del mismo, por lo que no tuviera aplicación lo determinado por última norma citada, corresponde señalar que aun de esa exposición, no existe cuestionamiento alguno tendiente a demostrar de qué manera el Auto de Vista hubiera violado la norma señalada, por lo mismo inviable su consideración y análisis.

4.- De manera escueta refiere que el Auto de Vista recurrido hace referencia a los arts. 380 y 369 del Código de Familia, acusándolos de infraccionados, sin mayor explicación de su razonamiento, que señalar que el presente no fuera un proceso familiar sino la petición de reconocimiento de derechos propietario emergente de la sucesión hereditaria del que fuera su padre, en ello no existe argumento recursivo alguno para evidenciar alguna vulneración, consecuentemente no amerita mayor abundamiento.

Lo propio ocurre en el último acápite en que señala se habría referido a la aplicación del precepto legal contenido en el art. 1457 del Código Civil, que tuviera concordancia con lo determinado por el art. 1456 de la misma norma referido a la petición de herencia, aclaran que no se trataría de petición de herencia sino de reconocimiento de derechos emergente de sucesión hereditaria el presente caso, por lo que acusa dice, la violación de la referida norma, sin concretar la pretensión perseguida como tal, consecuentemente queda como referencia únicamente.

5.- Sin embargo de haberse abordado cada uno de los puntos glosados por los recurrentes a propósito de lo que entienden fuera recurso de casación, que de principio no se identifica si se lo planteó en la forma o en el fondo, y por ello con la amplitud necesaria acudiendo al principio de impugnación se ingresó a considerar los mismos, encontrando que lo planteado en el fondo, resulta descriptivo de antecedentes con la sola mención de las presuntas violaciones a normas legales, no siendo argumentos suficientes para dar curso a su pretensión de casación pues si bien señala de manera vaga que sujeta su petitorio a lo previsto por el art. 271 y 275, no adecúa su razonamiento a cual de los presupuestos descritos en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil enmarcarían las infracciones que pudiera existir en el fallo de segunda instancia que ameritaría fallar por el improcedente, sin embargo en consideración a que se ingresó a dar respuesta en lo pertinente a aspectos que de alguna forma contenía algún argumento, al no encontrar sustento jurídico en las mismas como se explicó, corresponde emitir resolución conforme prevé el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los Arts. 271 num. 1), 2); 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma e INFUNDADO el de fondo, formulados contra el Auto de Vista Nº S-240/10 de fs. 296 a 298 vta., mediante memorial de fs. 302 a 305 por Jaime Rafael Cardozo Larrea por sí y su mandante Edgar Bruno Cardozo Larrea. Con costas.

Se regulan los honorarios de profesional abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                            

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Cuarto