TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                            S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 299/2015 - L

Sucre: 5 de Mayo 2015

Expediente: SC-35-11-S

Partes: Tatiana Agustina Ortiz Flores, Defensoría de la Niñez y Adolescencia c/

            Fanny Suarez de Feeney

Proceso: Maltrato

Distrito: Santa Cruz

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma, cursante de fs. 466 a 482  y vta., interpuesto por Cástulo Martin Mauricio Chávez Jara en representación de Fanny Suarez de Feeney contra el Auto de Vista Nº 580 de 23 de octubre de 2009, cursante de fs. 420 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de maltrato, seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Tatiana Agustina Ortiz Flores contra Fanny Suarez de Feeney, la respuesta de fs. 487 y vta., concesión de fs. 490, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


La Juez Tercero de Partido de la Niñez y Adolescencia de la Capital Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 14 de 05 de Agosto de 2009 cursante de fs. 199 a 201, declaró PROBADA la demanda de fs. 3 de obrados, con costas y de conformidad con lo  establecido en el art. 219 del Código Niño, niña y adolescente, aplica como medida: una advertencia a la demandada Fanny Suarez Barba de Fenney.


Deducida la apelación por ambas partes y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº 580, Anuló la Sentencia apelada de fs. 199 a 201, y se dispuso que la Jueza A quo dicte nueva conforme a ley.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la parte demandada interpuso recurso de casación en el fondo y la forma, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En el Fondo.-

Que existiría violación del derecho a la defensa en juicio de la demandada, en primera y segunda instancia, lo que significaría la violación de los 115.II y 119, de la C.P.E., y los arts. 282 y 284 del C.N.N.A., ya que no se habría permitido la  participación del apoderado de la demandada ni la producción de pruebas en la audiencia de juicio  pese a haberse acreditado su impedimento físico insalvable se estaría violando  el arts. 115 y 119, de la CPE.

 

Que existiría errónea apreciación, parcializada y con falta de objetividad de las pruebas del proceso que demostrarían la equivocación manifiesta de los juzgadores.


Que se habría impedido y negado la producción de medios probatorios de descargo ofrecidos en el proceso, prescindiendo de las declaraciones testificales, por lo que no se habría permitido fundamentar defensa material y jurídica, producir pruebas, producir las testificales necesarias y ofrecidas con anterioridad, observar los informes del equipo interdisciplinario, así como pedir su complementación y todos los actos inherentes a su defensa.


Que existiría violación al debido proceso ya que se habría resuelto el Auto de Vista sin escuchar a las partes en audiencia, pese al ofrecimiento de prueba en segunda instancia, tanto en el recurso de apelación como por memorial especifico, prueba que no habría sido toma en cuenta por el tribunal de apelación, obteniéndose como resultado una Resolución unilateral. Este principio habría sido plenamente suprimido en el Auto de Vista recurrido, ya que la misma realizaría una afirmación sancionadora, sin tener pruebas que la respalden y sustente.


Acusa errónea valoración de prueba en virtud a que no existiría prueba alguna presentada por la parte demandante que demuestre que la demandada habría realizado acción alguna de maltrato hacia los menores, ni en forma personal, ni por interpósita persona, hecho que vulneraria el principio de inocencia.


Que no se habría compulsado la excepción de Litispendencia por doble juzgamiento, que habría sido interpuesta en tiempo y plazo legales presentada de forma anterior a la audiencia de juicio de primera instancia, pues de la Sentencia ejecutoriada emanada por el juez conocedor del proceso interdictal, la cual ya habría adquirido calidad de cosa juzgada, se habría determinado que en ningún momento habría existido violencia ni eyección alguna contra los menores en cuestión, hecho que vulneraria el art. 117.II de la C.P.E.


Que existirá carencia completa de apreciación de las pruebas en directa violación del art. 236 del C.P.C.


En la Forma.-


Que existiría falta de exhaustividad en la Resolución recurrida por no contener  pronunciamiento sobre ninguno de los puntos de apelación, puesto que no se encontraría debidamente motivada en base a los puntos antes señalados y sobre  las pretensiones reclamadas de forma oportuna y reiterada violando el derecho a una Resolución motivada.


Que existiría falta de trámite sobre sobre la producción de pruebas ofrecidas por esta parte tanto en primera como en segunda instancia, considerada esencial, y debió tenerse en cuenta que  las pruebas ofrecidas por esta parte habrían sido la principal forma de ejercer y materializar los fundamentos de su defensa, que no habría sido permitido ya que no se permitió la participación de la parte en  audiencia cuando habría acreditado impedimento físico insalvable.


Por lo expuesto solicita se dicte Auto Supremo  declarando procedente el presente recurso y CASANDO totalmente el Auto de Vista recurrido y declarando improbada la demanda, con responsabilidad y multa  al juez y tribunales inferiores.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión y de verificar la existencia de vicios de procedimiento o de haberse generado indefensión, esto tomando en cuenta que se trata de derechos de menores, en aplicación del principio de eficacia y celeridad, corresponde a éste Tribunal Supremo, tomando en cuenta que para tomar medidas judiciales concernientes a un niño, niña o adolescente debe primar siempre el “interés superior del niño”, la primacía de sus derechos y su desarrollo integral, es que resulta necesario realizar las siguientes consideraciones:

El Interés Superior del Niño es un principio rector del ordenamiento jurídico Boliviano que gradualmente se fue incorporando en las Resoluciones judiciales donde se resuelven la vulneración de derechos de un menor, por lo que se constituye un principio que tiende a garantizar las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños, niñas y adolescentes alcanzar un desarrollo integral y una vida digna, a través de acciones y razonamientos que procuren este fin por parte de los servidores judiciales.

Al respecto la Convención Sobre Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 suscrita por Bolivia el 8 de marzo de 1990 en su art. 3 dice: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas…”.

En este sentido la Constitución Política del Estado en su art. 60 establece: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Por otra parte el abrogado Código del Niño, Niña y Adolescente Ley Nº 2026 vigente a momento de emitirse el Auto de Vista recurrido, y aplicable al presente caso, en su art. 6 disponía: “Las normas del presente Código deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes, y las leyes de la República.”, precepto normativo que tenía relación con el art. 7 que decía: “Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño, niña o adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos.”, y el art. 8 del mismo cuerpo legal que al respecto disponía: “Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades judiciales y administrativas”.

En este contexto, en el caso de Autos se tiene que la Juez A quo emitió Sentencia de primera instancia declarando probada la demanda de maltrato y aplicando una advertencia a la demandada Fanny Suarez Barba de Fenney, Sentencia que fue apelada por ambas partes y mereció el Auto de Vista de fs. 199 a 201 donde el Tribunal de Alzada en virtud al recurso de apelación de la parte actora quien en su petitorio solicito “se modifique en parte la Sentencia dotándola de medidas que la hagan eficaz  y supriman los efectos del comprobado maltrato”, anulo la Sentencia por considerar que la juez A quo no habría adoptado medidas que tengan eficacia jurídica, sin resolver nada con relación al petitorio de fondo y tampoco adoptando medida alguna contra la demandada limitándose solo a una advertencia, razonamiento de los de instancia que da a entender que existió maltrato hacia los dos menores, y que lo dispuesto en la Sentencia no tiene efecto alguno para suprimir dicho estado de maltrato en que actualmente se encuentran los menores.

En este sentido es preciso hacer referencia que en virtud principio de celeridad y conservación de los actos, si el Tribunal de Alzada consideró que la Sentencia apelada adolecía de deficiencias por ser carente de Resolución y no eficaz, por no contener medidas que tengan eficacia jurídica, éste debió ingresar a considerar dicha situación y emitir lo que por ley corresponde, en aplicación del principio del interés superior del niño, niña y adolescente y en aplicación del art. 211 de la Ley Nº 2026 que disponía: “De acuerdo al caso y en los términos previstos por esta Ley, las Defensorías o el Juez de la Niñez y Adolescencia, pueden aplicar las medidas previstas aislada o conjuntamente, así como sustituirlas en cualquier tiempo, en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Las obligaciones previstas en el presente Código no excluyen otras formas de prevención.”, y no dejar dicha tarea para el juez A quo en desmedro de los menores en cuestión, sin considerar la obligación de primacía en precautelar los derechos supuestamente vulnerados de los menores, a través de una Resolución que suprima dicha vulneración (maltrato) antes de proceder a una nulidad; determinación que privó a los menores por más de cinco años de una tutela efectiva a una posible afectación de sus derechos.

En este entendido, por lo expuesto supra todo servidor judicial a momento de impartir justicia, está obligado a precautelar los derechos y garantías fundamentales de los menores, cuando se sustancian procesos en los que se ven involucrados los derechos de los menores, en este caso, niños, niñas y adolescentes, todo en virtud de la protección que prevé el principio del interés superior del niño, es decir, velar por su correcto desarrollo tanto físico, emocional, social y psicológico, en este sentido todos los jueces y Tribunales, tienen la obligación de resguardar el mejor interés de los menores, cuando éste es sometido a presiones, manipulaciones u otro tipo de agresión externa o interna y adoptar determinaciones para resguardar los intereses del menor, bajo la perspectiva señalada, evidentemente el Auto de Vista recurrido, ha vulnerado la esencia de las disposiciones legales contenidas en la C.P.E. y Código del Niño, Niña y Adolescente así como la Convención y Declaración de los Derechos del Menor, 

Por lo anteriormente manifestado y en aplicación del Principio de interés superior del niño, niña y adolescente, corresponde fallar a éste Tribunal Supremo en la forma establecida en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil y el art. 106 del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3), 275 del Código de Procedimiento Civil y 106 del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 580 de 23 de octubre de 2009, cursante de fs. 420 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental de Justicia) y dispone que el Ad quem emita nueva Resolución sin espera de turno y previo sorteo, en estricta observancia de lo establecido en el presente Auto Supremo y resolviendo los recursos de apelación interpuestos por ambas partes.

Sin multa por ser excusable.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Tercero